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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 D’ABRIL DE 2019

Laboral

Revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2018 del Convenio colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compuestos para animales
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2018 del Convenio colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compuestos para animales.
(BOE, 12-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 11 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de abril de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-04-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/index.php?d=88&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 12 D’ABRIL DE 2019

Fiscal

El sueldo limpio que el trabajador se lleva a casa después de impuestos y cotizaciones se limita al 60,6% del bruto
La 'cuña fiscal' que soportan los salarios españoles -por efecto del impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales- volvió a subir en el 2018 y alcanzó el 39,4% del sueldo bruto total. La organización de países desarrollados OCDE ha publicado este jueves su informe anual sobre 'Tributación de los salarios' ('Taxing wages 2019') y en él se pone de relieve que la 'cuña fiscal' que soporta un trabajar medio sin cargas familiares es más de tres puntos superior en España que en la media de la OCDE (36,1%).

Cuando existen cargas familiares (ejemplo de dos hijos), la brecha es aún mayor y alcanza los 7,3 puntos (33,9% en España frente a una media del 26,6% en la OCDE) ya que este tipo de beneficio social es más bajo en España que en la media de los países desarrollados.

El concepto ‘cuña fiscal’ pone en relación la carga que soporta un salario por los conceptos de impuesto sobre la renta y de cotizaciones sociales (de empresario y empleado), después de descontar los beneficios familiares, con el coste laboral total. En definitiva, la cuña fiscal mide la diferencia entre los costes laborales totales y el salario neto que el trabajador recibe.

Según los datos de la OCDE, en el conjunto de los países desarrollados, la cuña fiscal media de un trabajador soltero sin cargas familiares volvió a bajar en el 2018 por cuarto año consecutivo y se situó en el 36,1% respecto del coste laboral total (0,1 puntos por debajo del dato del 2017).

Eso quiere decir que del sueldo bruto total, el 36,1% se destinó a pagar el impuesto sobre la renta y cotizaciones a la Seguridad Social, de modo que el salario limpio (neto) se limitó al 63,9% del salario bruto total (el concepto de salario bruto al que alude la OCDE no coincide exactamente con el que se maneja en las relaciones laborales españolas que, por los general no incluye el montante de las cuotas sociales que corresponden al empleador).

En el caso de España, la cuña fiscal no bajó en el 2018 sino que subió 0,1 puntos hasta situarse en el 39,4%, ligeramente por encima de la media del 36,1% de los 36 países miembros de la OCDE. Según esto, el salario limpio que un trabajador español sin cargas familiares se lleva a casa equivale al 60,6% del sueldo bruto total. En el caso español, la cuña fiscal alcanzó un máximo del 40,7% sobre el salario bruto total en los años 2013 y 2014. Desde entonces, se ha ido reduciendo hasta el entorno actual del 39,4%.

Desde este punto de vista, España es el décimo sexto de los 36 países de la OCDE con mayor cuña fiscal, en un listado liderado por Bélgica (52,7%), Alemania (49,5%), Italia (47,9%), Francia (47,6%) y Austria (47,6%). También tienen una mayor cuña fiscal que España otros países como Grecia (40,9%), o Portugal (40,7%).
(Expansión, 12-04-2019)

Los ayuntamientos españoles tienen ya en su conjunto más ahorro que deuda
Los 27.000 millones en depósitos que guardan en los bancos ya superan los 26.000 millones que soportan de endeudamiento, según se recoge en su informe publicado este jueves sobre los presupuestos de las Administraciones territoriales. Los municipios son la parte del Estado que cuenta con unos ingresos más estables y menos sensibles al ciclo económico. El IBI y el impuesto de circulación no dejan de pagarse porque haya una recesión, es difícil escapar de ellos y son los únicos tributos cuya recaudación ha aumentado durante la crisis. Además, los consistorios pudieron ajustarse dejando de prestar muchos servicios que no les correspondían y que no eran esenciales. Y algunos expertos consideran que pueden estar algo sobrefinanciados para sus actuales competencias.

En términos agregados, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que preside José Luis Escrivá observa que las corporaciones locales han estabilizado el superávit anual en sus cuentas. En estos momentos se halla en una cifra del orden del 0,5% del PIB, unos 6.000 millones de euros. Y eso les ha permitido ir cancelando deudas y acumular fondos en las cuentas de las entidades financieras. Muchos alcaldes se quejan de tener ese dinero ahí aparcado, un problema difícil de explicar ante sus votantes. A pesar de que se han ido relajando los criterios para que los ayuntamientos puedan emplear parte de esos excedentes en un catálogo de inversiones financieramente sostenibles, el superávit no ha descendido. En buena medida porque las condiciones para poder invertir están bastante tasadas.

Y hay un motivo no confesado para ello: aunque de una manera un poco artificiosa, los distintos Gobiernos han aprovechado ese superávit para compensar en las cuentas públicas el elevado deterioro de las finanzas de la Seguridad Social. De modo que los números que presentan en Bruselas muestran así un saldo menos negativo. No obstante, en su informe sobre las cuentas de las entidades territoriales, la Autoridad Fiscal cree que ese superávit puede disminuir levemente debido a que el 30 de marzo se ampliaron las condiciones para poder invertir esos dineros. Pero ni aun así será fácil gastar esos fondos: el retraso en la constitución de los nuevos gobiernos locales tras las elecciones retrasará mucho las decisiones de inversión, sostiene la institución encargada de tutelar disciplina presupuestaria.

En cuanto a las comunidades autónomas, la Airef espera que vayan convergiendo este año hacia el equilibrio presupuestario. Y ve factible el objetivo del 0,1% de déficit en 2019. Sin embargo, dos de ellas, Valencia y Murcia, corren el riesgo de incumplir por mucho. Hasta en un punto de PIB. El caso de la Comunidad Valenciana es particularmente flagrante: ya elevó el desfase presupuestario en 2018 y ahora lleva en sus presupuestos medidas de gasto que podrían provocar otra vez un déficit superior. Es decir, en 2019 aumentaría el déficit público por segundo año consecutivo.

Aunque en menor medida, también presentan riesgos de incumplimiento Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha. La Autoridad Fiscal recomienda a Hacienda una evaluación de estas comunidades. Respecto a Valencia, la Airef advierte de que hará "un seguimiento particular" y reclama a Hacienda que la vigile. Sobre todo, porque el gasto está creciendo a tasas del 7%, bastante por encima de lo que crece la economía. Estos mayores gastos incluyen la reapertura del canal de televisión autonómico. La comunidad siempre se ha quejado de que está infrafinanciada y está a la espera de un nuevo sistema de reparto de los fondos autonómicos.

En términos de probabilidad, la Autoridad Fiscal estima que el objetivo del 0,1% de déficit es muy probable en Canarias, Navarra y País Vasco, las tres autonomías con unas condiciones especiales de financiación. Ve probable el cumplimiento en Asturias, Galicia y Madrid. Y lo considera factible en Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y La Rioja.

La Airef está, además, haciendo un seguimiento exhaustivo de 24 ayuntamientos con problemas de sostenibilidad a medio plazo. Hay más en mala situación. Pero esos son los peores que el organismo puede vigilar con los recursos que tiene. En general, estos siguen en circunstancias similares. No obstante, se aprecian mejoras en Gandía, Totana, Los Palacios y Villafranca e Isla Cristina. De confirmarse, su calificación mejoraría, subraya la institución.

Entre los grandes municipios, destaca el caso de Barcelona, que si bien no tiene problemas de deuda no cumplirá con la llamada regla de gasto, un límite a los desembolsos que se fija por la ley de estabilidad y que se determina en función del crecimiento a medio plazo de la economía española. Es decir, estaría gastando por encima de lo que es esperable que a medio plazo crezcan sus ingresos. También se señala al Ayuntamiento de Vigo, que no lograría ni alcanzar ni la meta de déficit ni ceñirse a la regla de gasto. Sevilla y L'Hospitalet incumplirían solo la regla de gasto.
(El País, 12-04-2019)

Aedaf recurre la decisión de Hacienda de acabar con la declaración de la renta en papel
Hacienda suspendió la posibilidad de presentar una predeclaración física antes de que arrancara, dejando la opción de imprimir el borrador, pero obligando a los contribuyentes a presentarla digitalmente bien sea en las propias oficinas de la Agencia Tributaria, mediante su servicio de atención telefónica, en su web o mediante su aplicación móvil.

La Asociación de Asesores Fiscales Aedaf ha decidido ahora presentar un recurso contencioso administrativo para impugnar la orden ministerial HAC/277/2019, de 4 de marzo solicitando su suspensión, por no permitir la presentación de la declaración de IRPF en papel.

La asociación denuncia que hay 350.000 contribuyentes que utilizaron la predeclaración en papel en la campaña de la renta de 2017 (celebrada el pasado ejercicio) y cuyos derechos habrían quedado desamparados por la decisión de la Agencia Tributaria.

“Contribuir es una obligación y se debe, especialmente en las personas mayores, facilitar su cumplimiento sin complicarle aún más la vida al contribuyente. Hay perfiles de contribuyentes que no están familiarizados con las nuevas tecnologías, por ejemplo, algunas personas mayores, y esta medida les causa confusión y desconcierto”, ha declarado José Ignacio Alemany, presidente de Aedaf, quien considera que la medida convierte en una obligación el derecho a relacionarse con la administración por medios electrónicos.

“Hay zonas de nuestro país en las que Internet aún tiene bajas tasas de penetración y donde tampoco hay a mano una sucursal bancaria y menos aún una Delegación de la AEAT. ¿Qué espera la Agencia Tributaria que hagan en ese caso estos contribuyentes?”, agregan desde Aedaf, donde recuerdan que la digitalización no es plena en todas las regiones de España.
(La Vanguardia, 12-04-2019)

España regula la exención del IVA por las ventas en la Unión Europea
Los trabajadores autónomos y las empresas que venden productos en otros Estados de la UE y conocen los datos del comprador deben darse de alta como operadores intracomunitarios, lo cual supone su inscripción en el censo VIES -Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA-, porque cambia la legislación del Impuesto.

A partir del 1 de enero de 2020, estas operaciones comerciales ya no se considerarán una transferencia de bienes con posterior entrega en el otro Estado comunitario, sino que se tratarán como entrega intracomunitaria exenta en el Estado de partida y una adquisición intracomunitaria en el Estado de llegada, siendo el sujeto pasivo el adquirente de las existencias.

Así se regula en la Directiva 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, cuya transposición ha iniciado el Ministerio de Hacienda y que deberá estar lista antes de concluir este año. La norma exige que el proveedor no tenga establecimiento permanente en el Estado miembro de llegada, aparte de conocer la identificación del destinatario de los bienes.

Para la aplicación de la exención en la entrega intracomunitaria por el proveedor se establece la obligatoriedad de llevar un Registro de existencias de reserva transferidas en el que conste la identificación del sujeto pasivo que adquiere los bienes, y se exige el cumplimiento de un plazo de 12 meses para que estos sean entregados al empresario al que estaban destinados.

La inclusión del número de identificación del adquirente en el Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA (VIES) pasa a ser condición material y no formal como hasta ahora, para poder aplicarse la exención. Es decir, será requisito material para que la entrega intracomunitaria de bienes se encuentre exenta que el destinatario tenga un NIF-IVA registrado en VIES.

Además, se exigirá que el proveedor haya presentado a la Administración tributaria el modelo de información recapitulativo de operaciones intracomunitarias, a menos que este pueda justificar ante las autoridades tributarias competentes cada una de sus carencias respecto del estado recapitulativo. En las operaciones en cadena, en las que se realizan sucesivas entregas de bienes que son objeto de un único transporte intracomunitario (de proveedor a intermediario y de éste al cliente) se establece una norma común para determinar a qué entrega de la cadena de operaciones se imputa el transporte, a fin de evitar planteamientos divergentes entre los Estados miembros.

La entrega intracomunitaria exenta se imputará únicamente al "operador intermediario", siempre que este haya comunicado al proveedor el número de identificación a efectos de IVA en el Estado miembro de partida de los bienes. En caso contrario, la única entrega exenta será la efectuada por el proveedor.

Se entenderá por operador intermediario un proveedor de la cadena distinto del primer proveedor, que expide o transporta los bienes, que puede ser él mismo o bien hacerlo a través de un tercero que actúe en su nombre.

Junto con esta norma, también entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, la modificación del Reglamento de intercambio de información a efectos de vigilancia de la correcta aplicación de los acuerdos de existencias de reserva, y el de Ejecución sobre determinadas exenciones relacionadas con operaciones intracomunitarias.
(El Mundo, 12-04-2019)

Laboral

Cotizaciones especiales y progresivas para los autónomos
La plataforma Autónomos Unidos para Actuar (AUPA) ha propuesto una reforma en el sistema de cotizaciones a la Seguridad Social por parte del colectivo, y lo ha hecho a través de un comunicado en el que desgrana sus ideas.

La principal propuesta es cotizaciones especiales y progresivas para los autónomos cuyos beneficios sean superiores al salario mínimo interprofesional. Mientras que aquellos autónomos que ganen menos del SMI tengan una simbólica cuota de 50 euros.

En segundo lugar, proponen que aquellos autónomos que trabajen de manera esporádica puedan cotizar por días y no tengan que pagar todo el mes. Aunque realmente la medida más novedosa es la llamada cotizaciones a tiempo parcial, destinada a los autónomos que también tienen un trabajo por cuenta ajena.

También proponen rebajar la cuota a los autónomos societarios, de manera que quede equiparada a la de autónomos no societarios. Desde AUPA se propone bonificar a las autónomas durante el periodo de lactancia o de reducción de jornada, o en su defecto que las personas que contraten para sustituirlas no les repercutan en costes de seguros sociales.

Además, se pide que cuando un trabajador por cuenta propia esté más de un mes de baja por enfermedad grave no tenga que pagar su cuota de autónomo, mientras que en el caso de que sea el asalariado, sea la mutua o la seguridad social la que se encargue de pagar el salario

En relación a esto, también se pide que se equipare la situación de los autónomos con la de los asalariados, con medidas como la posibilidad de bonificación por cierre de vacaciones o el acceso a una jubilación parcial precipitada.

Desde AUPA se pide no realizar el pago trimestral en caso de que los beneficios no alcancen el SMI, así como un pago reducido si son inferiores a 1.500 euros. Otro punto en el que ponen acento es en el hecho de declarar las facturas por fecha de cobro, y no por fecha de factura.
(Cinco Días, 12-04-2019)

Los empleados de ETT tienen derecho al mismo bonus que los de plantilla
Los empleados cedidos por empresas de trabajo temporal (ETT) tienen derecho a percibir no solo las retribuciones fijadas en el convenio colectivo aplicable a la empresa de destino, sino también el salario total que la empresa abona a sus propios trabajadores, incluyendo los bonus por beneficios.

Así lo determina la Audiencia Nacional en una reciente sentencia en la que argumenta que recurrir a la mano de obra de las ETT debe ser un medio para atender a necesidades temporales y no para reducir costes salariales.

Según la resolución, la obligación de igualdad de trato se extiende incluso a las condiciones retributivas que deriven de decisiones del empresario, “siempre que estas tengan eficacia personal general en el ámbito de la empresa usuaria”. Así, el salario de los empleados cedidos debe comprender “todas las remuneraciones económicas, fijas o variables”, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la compañía.

Los magistrados se apoyan en la Directiva europea de 2008 relativa al trabajo a través de ETT y al principio de igualdad de trato entre trabajadores. Su primer artículo señala que las condiciones esenciales de empleo de personal cedido por ETT “serán, como mínimo, las que les corresponderían si hubiesen sido contratados directamente por dicha empresa para ocupar el mismo puesto”. En este sentido, recuerdan que es doctrina unificada que este tipo de empleados puedan superar la retribución total “por producirse pactos entre la empresa de trabajo temporal y sus trabajadores”.

En definitiva, la Audiencia Nacional dictamina que, ya que a los empleados de plantilla se les abonó en 2018 un total de 2.785 euros en concepto de bonus por los beneficios obtenidos, (2.497 euros fruto de un acuerdo colectivo y 288 como suplemento económico extraordinario por los esfuerzos realizados), este criterio también debe extenderse a los provenientes de las ETT. “La obligación de abono se extiende no solo a los conceptos salariales en sentido estricto, sino a todo tipo de retribuciones”, concluye.
(Cinco Días, 12-04-2019)

El coste de la brecha de género en pensiones supera los 26.000 millones
El impacto económico de la brecha de género en las pensiones superó los 26.000 millones de euros durante el pasado año, lo que supone un 2,2% del PIB. La abultada cifra corresponde al Valor Añadido Bruto derivado de una menor capacidad de consumo de las mujeres pensionistas, que perciben menores ingresos que los hombres a pesar de suponer el 48,4% de los pensionistas y recibir el 51,6% de las pensiones, más de una en muchas ocasiones

Es una de las conclusiones que se extraen del tercer estudio que publica el clúster ClosinGap, y que en esta ocasión ha elaborado Mapfre. El informe, El coste de oportunidad de la brecha de género en las pensiones, pone de relieve las consecuencias de esta desigualdad. Este salto implica, entre otras consecuencias, una menor recaudación fiscal por parte de la Agencia Tributaria, traducida en 2.422 millones de euros en IRPF y 2.884 millones en IVA que dejaron de recaudarse en 2018 por la inexistencia de esta potencial actividad económica.

El informe también calcula lo que supone, en términos de empleo, esta menor actividad económica: dejaron de crearse 414.600 puestos de trabajo, el equivalente al 2,1% del total de los ocupados en España durante 2018.

“Todas las brechas de género son inaceptables, pero la de las pensiones es especialmente lesiva para las mujeres, porque su longevidad y sus necesidades de atención a la salud son aún mayores”, explicó este jueves Antonio Huertas, presidente de Mapfre, en la presentación del estudio. Se trata, continuó, de una desigualdad que va corrigiéndose año a año, pero que a día de hoy supone que ellas reciban 422,2 euros menos al mes que los varones en el caso de las pensiones públicas, incluyendo las contributivas. Además, en el caso de las pensiones de jubilación, esta diferencia se amplía hasta llegar a los 450,1 euros mensuales.

La trayectoria laboral de las mujeres es uno de los factores determinantes de la menor cuantía percibida. Las lagunas de cotización por maternidad y cuidados de los hijos, y las lagunas de cotización por desempleo de larga duración, explican en gran parte esta brecha. “La Seguridad Social no discrimina por razón de género, sino que arrastra los problemas del mercado laboral”, recordó José Antonio Herce, director asociado de Afi. En 2018, por ejemplo, el 11,3% de las mujeres de entre 35 y 44 años, según los cálculos de la aseguradora, habría generado lagunas de cotización por desempleo con motivo de la crisis económica.

El informe también analiza el peso del nivel educativo en las pensiones contributivas. Una mujer que haya completado la ESO y, por ejemplo, decida coger una excedencia para el cuidado de un hijo durante tres años, así como un periodo de interrupción laboral para crianza de nueve años, tendrá una pensión un 10% menor a la que hubiera recibido en el caso de no interrumpir su carrera. En este supuesto, pero con dos hijos y con un periodo mayor de parón, la pensión sería casi un 12% menor. Con los mismos ejemplos, en el caso de mujeres con nivel de cualificación alto, la pensión se vería reducida en un 14,8% y un 18,4% respectivamente.

Esta situación se irá corrigiendo poco a poco, prosiguió Herce, ya que las mujeres que se jubilan hoy no tienen las mismas características que las primeras que lo hicieron. En los últimos 17 años, por ejemplo, la duración de la trayectoria laboral de las mujeres ha aumentado de media más de ocho años, alargando su carrera de cotización.
(Expansión, 12-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La precariedad laboral empuja a los jóvenes al alquiler
Más allá de cambios sociales, el Banco de España apunta a la precariedad laboral como uno de los principales factores que empujan a los jóvenes (y a los que ya no lo son tanto), a alquilar en vez de comprar.
Pero a pesar de que les mueva la necesidad económica, el organismo también advierte de que los precios de los alquileres ya superan, en Madrid y Barcelona, a los registrados durante el boom inmobiliario. No así los de venta, aunque también se acercan (ver gráfico). Así lo sostienen los economistas del organismo regulador Pana Alves y Alberto Urtasun en el informe Evolución reciente del mercado de la vivienda en España publicado este jueves.

Entre 2008 y 2017, el número de hogares que vivían de alquiler pasó del 14% al 17%, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). A pesar de que esa proporción todavía se encuentra lejos de la media europea –que ronda el 30%, según Eurostat–, los datos muestran que “la tendencia hacia un mayor peso del alquiler es generalizada”, sostiene el Banco de España. Dos grupos de población engordan las cifras: los jóvenes de entre 16 y 29 años, de los que casi uno de cada dos vive de alquiler (17 puntos porcentuales más que en 2008), y los que tiene entre 30 y 44 años: uno de cada cuatro es arrendatario (9 puntos más).

Y sin descartar los “factores sociológicos ligados a cambios en las preferencias”, el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos apunta al “impacto de la crisis económica” y la precarización del empleo como una de las razones más importantes. En concreto, los autores del informe recuerdan cómo afectó la recesión a las personas recién incorporadas al mercado laboral. Entre 2008 y 2016, los jóvenes de 20 a 24 años perdieron un 15% de su sueldo, mientras que aquellos entre 25 y 29, percibieron un 9% menos.

A ello vinieron a sumarse altas tasas de paro y de temporalidad. “Para los trabajadores de entre 16 y 29 años, la tasa de paro alcanzó el máximo del 42% (2013), con una incidencia del paro de larga duración del 52% (2014) y una ratio de temporalidad del 57% (2017)”, reza el estudio. En 2018, con la recuperación ya supuestamente consolidada, uno de cada tres jóvenes (29%) seguía en paro y más de la mitad (56%) tenía un contrato temporal.

El informe menciona también la reducción de los incentivos fiscales a la compra de vivienda como otra de las causas que explican la tendencia creciente del alquiler. En concreto, el Banco de España recuerda que en 2013 se eliminaron las deducciones por inversión en vivienda habitual, a lo que le siguieron subidas impositivas tanto a la tenencia como a la compraventa, como la de transmisiones patrimoniales y la del IVA.
(El País, 12-04-2019)

 
 
 
 
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