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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 13 AL 15 D’ABRIL DE 2019

Laboral

Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar con procesos de congelación y refrigeración
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar con procesos de congelación y refrigeración.
(BOE, 15-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes
Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.
(BOE, 13-04-2019)

Unidades judiciales correspondientes a la programación de 2019
Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta y cinco unidades judiciales correspondientes a la programación de 2019.
(BOE, 13-04-2019)

Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado
Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado.
(BOE, 13-04-2019)

Euro
Resolución de 12 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 12 de abril de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 13-04-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/index.php?d=90&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/index.php?d=89&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 13 AL 15 D’ABRIL DE 2019

Laboral

Los expertos prevén una fuerte caída de ocupados en el primer trimestre
Los datos de empleo del primer trimestre del año son habitualmente malos y vienen reflejando siempre una destrucción de empleo respecto al trimestre anterior. Esto es algo que manejan los Gobiernos y dan por descontado los expertos, pero este año, las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre la marcha del mercado laboral entre enero y marzo adquieren una relevancia especial. El motivo es que estos datos se conocerán el próximo 25 de abril, solo tres días antes de que los ciudadanos acudan a las urnas a elegir presidente del Gobierno y el Ejecutivo para los próximos cuatro años.

Por ello, cuanto peor sean estos datos, peor resultará para el actual Gobierno de Pedro Sánchez, que se verá obligado a dar explicaciones por ellos y justificarlos en vísperas electorales. Las cifras de la próxima EPA serán, por tanto, las más determinantes electoralmente hablando de los últimos años. E irrumpirán, precisamente, en una campaña que no se prevé que gire especialmente en torno a los asuntos económicos.

Por ello, surge una incógnita: dado que se trata de un mes estacionalmente negativo para el empleo ¿cómo de negativos serán los datos? Distintas estimaciones de expertos apuntan a que las cifras de destrucción de empleo de este primer trimestre serán seguramente peores que las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Los analistas más pesimistas son los de la patronal de empresas de trabajo temporal (Asempleo). La actividad de estas funciona como indicador adelantado del mercado laboral. Si bien, en este caso no se trata de adelantar las cifras sino calcular que es lo que ha ocurrido ya. Así, el servicio de estudios de Asempleo espera un comportamiento de la EPA del primer trimestre “algo más negativo al observado en los últimos dos años”. De hecho, esperan una destrucción de empleo cercana a las 200.000 personas y un incremento de 36.000 parados solo entre enero y marzo. Esto se traduciría en un incremento de tres décimas de la tasa de paro hasta el 14,7%.

Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones, las cifras registradas por la afiliación a la Seguridad Social en los tres primeros meses del año no anticipan que este declive vaya a ser tan importante. Asimismo, las cifras previsibles de aumento de rentas por la subida de los salarios, el aumento del salario mínimo o las ofertas de empleo público sugieren que la EPA podría no ser tan mala como la pintan.

Los datos sin corregir del efecto estacional reflejan una leve ganancia que no llega a los 20.000 cotizantes en el primer trimestre. Si bien, una vez hecho el ajuste estacional, que es el dato que refleja mejor la tendencia de la marcha del empleo, se observa la ganancia de unos 130.000 nuevos afiliados entre enero y marzo.
(Cinco Días, 15-04-2019)

El TJUE no ve discriminatorio que los trabajadores temporales cobren en España doce días por año trabajado tras el fin de la contrata
Mientras que sus compañeros de plantilla sean indemnizados con veinte días. Mediante dos sentencias, hechas públicas este jueves, resuelve la duda planteada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia sobre un asunto que enfrenta a tres trabajadores de la empresa Cobra Servicios Auxiliares S.A. por la resolución de su contrato de trabajo.

En sus sentencias, el tribunal europeo, aplicando su doctrina sobre igualdad de trato en las condiciones laborales de los trabajadores, y tras analizar los hechos y la legislación aplicable, concluye que hay "razones objetivas" que justifican que los temporales cobren menos indemnización que los fijos tras el cese de su contrato.

Los trabajadores en cuestión entraron a trabajar en Cobra con un contrato por obra o servicio de duración determinada. Prestaban servicio en Unión Fenosa, que tenía subcontratado el servicio de lectura de contadores de electricidad con la compañía, hasta el fin de contrata. Cobra informó a los empleados que, debido a la decisión de Unión Fenosa de asumir con sus trabajadores el servicio, su relación laboral se extinguía, indemnizándoles con doce días por año de servicio, tal y como establece el artículo 49, apartado 1, letra c), del Estatuto de los Trabajadores. Simultáneamente, Cobra inició los trámites para el despido colectivo (por motivos de producción) de 72 trabajadores indefinidos que prestaban sus servicios en la contrata.

Los interesados impugnaron sus despidos. El Juzgado de lo Social n.º 3 de Santiago de Compostela, mediante sentencias de marzo de 2017, consideró que sus contratos de trabajo eran fraudulentos y que, en consecuencia, su extinción carecía de base legal y constituía un despido improcedente. Cobra fue condenada o bien a readmitir a los trabajadores, o bien a extinguir sus relaciones laborales abonándoles la indemnización correspondiente a los casos de despido improcedente (equivalente a 33 días de salario por año trabajado).

La empresa recurrió ante el TSJ de Galicia, que le dio la razón en cuanto a que los contratos de trabajo de duración determinada en cuestión eran válidos. Sin embargo, apreció trato discriminatorio en la compensación concedida a los trabajadores recurrentes respecto a sus compañeros fijos posteriormente despedidos. El tribunal gallego planteó que, si bien la diferencia de trato se basa en el distinto origen de la extinción de la relación laboral de unos y otros empleados, no es una razón objetiva para que reciban una indemnización inferior. Por este motivo, remitió dicha cuestión al TJUE para que dictaminara si la legislación nacional es compatible con la Directiva 1999/70 del Consejo, de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada y con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En sus sentencias dictadas hoy, el TJUE declara que el precepto del Estatuto de los Trabajadores cuestionado es compatible con la normativa europea de referencia y que, en este supuesto, no existe trato discriminatorio. En el caso de los trabajadores recurrentes había finalizado la obra o servicio para la que fueron contratados, mientras que sus compañeros de contrata sufrieron un despido colectivo por causas económicas. El tribunal europeo considera que esta premisa constituye una razón objetiva suficiente para avalar que los primeros cobren menos indemnización que los segundos.

El Acuerdo Marco, recuerda el TJUE, incluye una prohibición de tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.
(Cinco Días, 13-04-2019)

El Supremo tendrá que fijar los límites del control laboral con videovigilancia
El Tribunal Supremo tendrá que aclarar si las obligaciones de información de la empresa con los empleados, en caso de que las cámaras de seguridad capten a un trabajador cometiendo actos ilícitos, se relajan o no. Ya existen sentencias que aplican criterios contradictorios; solo falta que la línea más garantista sea refrendada por algún Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El conflicto proviene de la redacción del artículo 89.1 de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Dicho precepto, que regula el uso de dispositivos de videovigilancia en el lugar de trabajo, determina que "los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o empleados públicos" de dos circunstancias: primero, de la instalación de las cámaras; y, segundo, de que estas pueden ser empleadas "para el ejercicio de las funciones de control" laboral.

Sin embargo, el párrafo segundo del mismo artículo asevera que "en el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica". ¿Qué dice ese precepto? Que el deber de información para la videovigilancia "se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento". Es decir, no es necesario que se haya informado al empleado pillado in fraganti de la concreta finalidad de control laboral, sino que basta con que sepa de la existencia de las cámaras.

¿Se está, por tanto, relajando el deber de información si lo que se captan son "actos ilícitos"? Del literal de la norma así se puede deducir. Sin embargo, un juzgado de Pamplona, en la primera sentencia tras la Ley Orgánica de Protección de Datos que analiza el uso de cámaras de videovigilancia en el trabajo, rechaza que exista un régimen más laxo en el caso de "actos ilícitos". El juez que dicta la sentencia considera que la "contradicción" entre los párrafos primero y segundo del artículo 89 debe resolverse haciendo una interpretación proteccionista con los derechos del trabajador (consulte aquí el texto íntegro de la sentencia).

"Excluir la exigencia informativa de la finalidad de la videovigilancia, que forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales, supone que la ley orgánica no está respetando el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales conforme a la doctrina del TEDH". Tampoco las garantías que establece el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que "no permite degradar la exigencia en el ámbito de las relaciones laborales".

La interpretación del juzgado de Pamplona choca frontalmente, sin embargo, con la que ha dado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco en una reciente sentencia (a cuyo texto íntegro puede acceder aquí). En ella, los magistrados confirman la suspensión de empleo y sueldo de un conductor de autobús que, gracias a una cámara instalada en el vehículo, fue descubierto conduciendo de forma temeraria. En este caso, la empresa advertía de la presencia del dispositivo de grabación, pero no de la concreta finalidad de control laboral para el que podían emplearse las imágenes.
(El País, 13-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las señales de desaceleración en el sector turístico son cada vez más evidentes
España cerró 2018 con un nuevo récord de turistas extranjeros (82,8 millones de turistas), pero las señales de desaceleración cada vez son más evidentes. Por un lado, los dos mayores mercados emisores (Reino Unido y Alemania), que aportan el 36% de viajeros internacionales a España, están dando muestras de flaqueza por diferentes motivos: el brexit y la depreciación de la libra están condicionando al turismo británico, mientras que la desaceleración económica y los mejores precios en otros destinos como Turquía o Egipto han provocado una fuerte pérdida de viajeros germanos.

Una situación que ha llevado al lobby Exceltur, en el que participan las principales compañías del sector turístico (NH, Meliá, Renfe, Amadeus, Facebook, Iberostar o Iberia, entre otras) a presentar un pacto de estado para la próxima legislatura (2019 a 2023) para preparar al sector ante la menor demanda, el cambio de ciclo económico y otros desafíos, como la gestión de las viviendas turísticas o la renovación de los hoteles del litoral.

Ese pacto de estado incluye 14 medidas diferentes, cuya aplicación, según los cálculos hechos por el lobby, garantizarían que el PIB turístico (la riqueza que genera el turismo en España) crecería a una tasa sostenida del 3%, un punto por encima del PIB de España. Ese escenario cambiaría radicalmente si no se aplican las medidas, puesto que reduciría el crecimiento del PIB turístico a una media del 1%. “Supondría una desaceleración progresiva del PIB turístico en un contexto de ralentización de la economía internacional donde en España no se toma ninguna medida efectiva de política turística de gran calado transformador”, remarca José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

Y la primera petición es un mayor rango administrativo para el turismo y una mayor dotación presupuestaria. “Como mínimo debería contar con una Secretaría de Estado y con un presupuesto más adecuado acorde a su peso al PIB”, recalca en clara alusión a la infrafinanciación del turismo, que supone el 11% del PIB y el 13% del empleo en España. En los Presupuestos Generales del Estado de 2018 solo tenía asignados 336 millones de euros. “El turismo no va ni irá solo”, denuncia Zoreda.

El documento recalca la necesidad de abordar un Plan Renove del litoral español. “Es necesaria una ambiciosa política de estado en favor de la rehabilitación y la reconversión de destinos maduros de primera generación, con incentivos públicos y facilidades crediticias para que la inversión privada sea la principal locomotora”, subraya.

El lobby también considera necesario una revisión completa de las infraestructuras de transporte y su relación entre coste y beneficio ante el cambio de ciclo. En ese escenario, algunos gobiernos autonómicos y locales han aprobado tasas e impuestos sobre actividades turísticas que Exceltur rechaza. “Es necesario evitar subidas o nuevos impuestos o tasas discriminatorias que graven más al turismo en un entorno de ralentización, donde el resurgir de los países competidores, nos hace más vulnerables a elevación de precios”.
(Expansión, 15-04-2019)

El FMI actuará rápidamente contra la ralentización global
El comité ejecutivo del FMI cerró hoy su reunión de primavera sin llegar a un consenso sobre la posibilidad de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y proceder así a un programa de rescate, aunque con un compromiso de "actuar rápidamente" contra la ralentización global.

En la conferencia de prensa final de la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, aseguró que el organismo internacional no ha llegado por ahora a un acuerdo sobre un posible reconocimiento de Guaidó.

"Solo podemos dejarnos guiar por los miembros, no es una cuestión de que nosotros decidamos. Tiene que ser una amplia mayoría de nuestros miembros la que reconozca diplomáticamente a las autoridades que contemplan como legítimas, y en cuanto eso pase, nosotros actuaremos", afirmó Lagarde.

"Hay algunos miembros examinando su posición, y en cuanto eso ocurra y podamos identificar a las autoridades, estamos preparados para actuar, y desplegar todos nuestros recursos si se nos pide ayudar, junto con otros" organismos, añadió.

La titular del FMI reiteró su "profunda preocupación por la crisis humanitaria" en Venezuela, que ha llevado a "millones de personas" a verse "desplazadas" o "afectadas en su integridad física", aunque no mencionó directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Más de 50 países de todo el mundo han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela desde que ese líder opositor proclamó su llegada al poder en enero, pero algunas naciones poderosas, como Rusia y China, siguen respaldando a Maduro.

Lagarde dijo esta semana que, una vez concluya la actual crisis política, "Venezuela necesitará una ayuda enorme" para superar su situación económica, con una contracción estimada para 2019 del 25% y una inflación de más del 10.000.000%.

Algunos analistas sitúan el posible paquete de rescate del FMI y otras instituciones para estabilizar la economía venezolana en al menos 60.000 millones de dólares. La ralentización del crecimiento global fue el otro gran tema de la jornada, según reflejó el comunicado final de los ministros de Finanzas y gobernadores centrales de los 189 países miembros del FMI, reunidos en el Comité Financiero y Monetario Internacional.

"Se espera que el crecimiento se fortalezca en 2020, pero sigue habiendo riesgos negativos", indicó el comité, que es el principal órgano ejecutivo del FMI. Entre esos riesgos, señaló "las tensiones comerciales, la incertidumbre política y los riesgos geopolíticos", sin mencionar explícitamente la guerra comercial entre EE.UU. y China o las dudas acerca del "brexit", como se conoce a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

"Para proteger la expansión, seguiremos mitigando los riesgos, mejorando la resiliencia y, si es necesario, actuaremos rápidamente con el fin de apuntalar el crecimiento, para el beneficio de todos", aseguraron los responsables financieros en su comunicado. En la conferencia de prensa junto a Lagarde, el presidente del comité, Lesetja Kganyago, advirtió de "los pasos comerciales que están dando algunas economías están teniendo un impacto negativo en la economía global".
(Expansión, 14-04-2019)

España es una de las grandes economías que resiste el frenazo global
España es una de las grandes economías en el mundo que resiste pese al difícil entorno y ralentización global, destacó hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño, que participa en la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Veo una valoración muy positiva de la situación económica en España", dijo Calviño en rueda de prensa.

"Somos percibidos como una de las grandes economías que están resistiendo bien a este entorno menos positivo en el ámbito internacional, (de las) que más crece", recalcó. El FMI divulgó esta semana sus previsiones globales, y mantuvo a España al frente del crecimiento entre las mayores economías de la zona euro con un 2,1% para este año, pese a que lo rebajó una décima frente a lo estimado tres meses atrás.

Para 2020, el Fondo pronosticó una expansión en España del 1,9%. Calviño apuntó como causas de la ralentización global las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las dudas acerca del "brexit". El Fondo rebajó las previsiones de crecimiento mundial en dos décimas respecto a las de hace tres meses hasta el 3,3%, con una marcada reducción en la zona euro, Latinoamérica y, en menor medida, en Estados Unidos.

Por otro lado, destacó el "compromiso claro" del Gobierno español de avanzar en la consolidación fiscal y reducción de la deuda. "No hemos podido ir más allá por la falta de aprobación de los presupuestos", indicó la ministra española, al señalar que el déficit público cerrará este año en torno al 2,6 % del producto interior bruto (PIB). Remarcó, no obstante, que el ajuste de las cuentas públicas debe hacerse de manera "gradual" para no afectar el crecimiento económico.

Calviño participó también en la reunión de ministros del G20 que se celebró en los márgenes de la asamblea de primavera del FMI y el Banco Mundial (BM), que concluye mañana y que ha congregado en Washington a los líderes económicos de sus 189 países miembros.
(El País, 13-04-2019)

El Gobierno aprueba un programa de ayudas para pymes
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un paquete de medidas para impulsar el crecimiento y la internacionalización de las pymes. "España es un país de pymes", aseguró la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Del importe total (unos 455 millones de euros) de la batería de ayudas anuales que lanza el Gobierno, un total de 95,8 millones de euros corresponderán a una línea de la empresa pública Enisa para acompañar al emprendedor de base tecnológica ('startups'), otros 50 millones de euros serán con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y el mayor importe -307 millones de euros- se destinará a un programa de ayudas de eficiencia energética, que será gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por otro lado, el Ejecutivo también aprobó la distribución de 109,5 millones de euros en 2019 entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para la asistencia integral a víctimas de violencia de género y también para la atención a víctimas de agresiones sexuales. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá.

Por un lado, explicó que el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución de 100 millones de euros para el desarrollo en las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre otros criterios, se tiene en cuenta "la insularidad, ciudad fronteriza, mujeres de más de 65 años, mujeres extranjeras, con discapacidad, con trabajo temporal o desempleadas".

Por otro lado, aprobó la distribución para el presente ejercicio de 9,5 millones de euros, de los cuales 6,5 millones serán para la asistencia integral de víctimas de violencia de género y atención de menores, para desarrollar planes especializados y para programas de atención a víctimas de agresiones y abusos sexuales. Así, en total se ha repartido, con acuerdos "unánimes", un total de 109,5 millones de euros para 2019.

Además, el Consejo de Ministros dio luz verde dos contratos por un total de 164 millones para la modernización y transformación digital de sedes judiciales y sistemas de apoyo a juzgados y fiscalías. A propuesta también del Ministerio de Justicia, el Gobierno aprobó la creación de 75 unidades judiciales y un real decreto para ampliar la plantilla del Ministerio Fiscal, en 80 nuevas plazas de fiscales.

Asimismo, Gobierno creo la figura del Fiscal de Sala Coordinadora de las personas con discapacidad y mayores en situación de vulnerabilidad, que, según ha indicado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, actuaría en casos como el de la residencia Los Nogales de Madrid investigada por maltrato a sus internos.
(La Vanguardia, 13-04-2019)

La luz y la gasolina impulsan la subida de los precios del 1,3% anual en marzo
Los precios en España subieron en marzo un 1,3% en comparación con el mismo mes de 2018, según ha confirmado de forma definitiva el Instituto Nacional de Estadística. En términos anuales, la luz y la gasolina se perfilan como los principales responsables del repunte en los costes para los consumidores. A día de hoy, los españoles pagamos los combustibles en su conjunto un 6,3% más caros que hace un año, mientras que la energía cuesta un 5,6% más al no haber caído tanto sus precios en el mes de marzo como ocurrió el año pasado.

En comparación con el mes de febrero, el IPC escaló un 0,4% impulsado por el transporte aéreo de pasajeros (5,7%), el vestido y el calzado (4,4% más caro); los servicios de alojamiento (3,2%) y los carburantes (2,1%). En el lado contrario, los bienes y servicios que bajaron sus precios en el mes de marzo fueron la electricidad (-3,3%), equipos de telefonía y fax (-2,8%); las legumbres y hortalizas (-2,3%); las frutas (-1,7%) y el pescado y otros mariscos (-0,6%).

La inflación es un dato muy importante para saber el cariz que tomará la economía en el futuro. Además de servir como uno de los termómetros de la situación de un país, es el dato que el Banco Central Europeo tiene en cuenta para decidir su política de tipos de interés. La institución que preside Mario Draghi tiene la misión de mantener la inflación por debajo pero cerca de un 2% en la zona euro, y los datos demuestran que, a pesar de los estímulos, los precios no terminan de alcanzar el nivel deseado por el BCE.

Si ya la inflación en su conjunto de España se sitúa lejos del 2%, el dato de inflación subyacente, aquella que se calcula sin tener en cuenta los elementos más volátiles del IPC como son los precios del carburante, de la energía o de los alimentos sin elaborar, es aún más desalentador desde la perspectiva del BCE al haberse mantenido en un 0,7% interanual durante el mes de marzo.

Por comunidades autónomas, Baleares, Castilla la Mancha y Galicia son las que más han incrementado su IPC en el mes de marzo. Canarias, Navarra y Madrid registran los avances más flojos.
(El Mundo, 13-04-2019)

 
 
 
 
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