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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 16 D’ABRIL DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 5 de abril de 2019
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 5 de abril de 2019.
(BOE, 16-04-2019)

Euro
Resolución de 15 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 15 de abril de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 16-04-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/index.php?d=91&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 16 D’ABRIL DE 2019

Laboral

Las empresas prevén un freno al empleo
Una de las grandes evidencias de la pérdida de dinamismo del sector privado es que el peso la creación de empleo recae cada vez con más fuerza sobre el sector público, hasta el punto de que uno de cada cuatro puestos de trabajo generados el último año vino de la mano de las Administraciones, mientras que el sector manufacturero redujo su plantilla por primera vez desde 2014 y la hostelería pierde fuelle por la pérdida de los turistas prestados. Por ello, los empresarios reclaman que el Gobierno que salga de las próximas elecciones retome la senda reformista, de forma que se dé un nuevo impulso a la creación de empleo.

Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmCham) señala que la estabilidad tras las elecciones es fundamental para dar certidumbre a las empresas y que estas se animen a contratar, mientras que Multinacionales por marca España reclama un trato igualitario para el capital extranjero que reactive las inversiones en el país, lo que a su vez apoyaría la creación de nuevos puestos de trabajo.

La ausencia de la desaceleración económica del debate electoral también se contrapone con el temor cada vez mayor entre los principales organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la Comisión Europea, que en los últimos meses han rebajado constantemente sus previsiones de crecimiento. El último recorte lo hizo el FMI esta misma semana, restando dos décimas a sus pronósticos de crecimiento para este año.

Aunque el crecimiento español se mantiene más firme que el de otros países, hay que tener en cuenta que el grueso de esta rebaja de las perspectivas está teniendo lugar en Europa, adonde se dirige el 60% de las exportaciones nacionales. Por eso, muchos empresarios sospechan que la desaceleración va a acabar llegando a España antes o después, aunque de momento esté encubierta por el aumento del gasto público y la tendencia positiva de la construcción. En concreto, Alemania crecerá este año un 0,8%, según el Fondo, mientras que Italia quedará prácticamente estancada, con un escaso avance del 0,1%.

Y los problemas no acaban ahí, ya que el servicio de estudios de BBVA calcula que la incertidumbre sobre política económica que puede tener lugar dar tras las elecciones desincentivaría tanto las contrataciones como la inversión, pudiendo provocar un ajuste extra de dos décimas más en el PIB, hasta el 2%. En cambio, un Gobierno sólido que no dependiera de elementos extremistas alejaría estos temores, a la vez que haría más viable retomar la senda reformista que permitiera elevar el potencial de crecimiento. Asimismo, alejaría las tentaciones de volver a elevar el déficit, algo muy peligroso en un contexto de desaceleración.
(Expansión, 16-04-2019)

Los expertos laboralistas alertan de las dificultades que conlleva para las empresas implantar un registro
El próximo 12 de mayo entra en vigor la obligación de que las empresas registren diariamente la jornada de sus empleados. Un fichero que deberá incluir, según el real decreto ley que lo regula, “el horario concreto de inicio y finalización” del trabajo, y que tendrá que estar a disposición del interesado, los sindicatos y la Inspección de Trabajo para el control de posibles abusos.

El diagnóstico del mercado de laboral español, en esta materia, es preocupante. Según la encuesta de población activa (EPA), más de la mitad de los asalariados desempeña jornadas semanales que exceden las 40 horas; y, de entre ellos, el 48% no cobra las horas extras. Una circunstancia que merma los ingresos de los trabajadores y, vía cotizaciones, también los de la Seguridad Social.

El registro de jornada, la vacuna diseñada por el Ministerio de Trabajo, sin embargo, no va a resultar sencillo de implantar en las empresas. En primer lugar, porque la fórmula de fichar a la entrada y a la salida de la oficina o la fábrica, tal y como señala Alex Santacana, socio de Roca Junyent, “sirve para documentar la presencia en el centro, pero no las horas efectivamente trabajadas”. O, dicho de otro modo, no todo el tiempo que el empleado pasa en las instalaciones de la compañía es jornada laboral.

Vidal Galindo, of counsel de Jones Day, apunta a que son múltiples los pronunciamientos judiciales en este sentido. Así, salvo acuerdo en contrario, no es tiempo de trabajo el dedicado al acceso y la salida del centro (circunstancia relevante en empresas muy grandes); al aseo y cambio de ropa (con algunas excepciones), o aquel en el que se utilizan instalaciones accesorias, como la cafetería o el gimnasio. Tampoco forma parte de la jornada, como estableció el Tribunal Supremo en 2010, el llamado descanso para el bocadillo, siempre que el convenio no establezca otra cosa. Además, a lo largo del día, los empleados pueden hacer otras pausas no previstas en la normativa que la compañía podrá descontar, como la de salir a fumar o a tomarse un café.

Que el registro distinga entre el tiempo efectivo de trabajo y aquel en el que no se están desempeñando tareas laborales puede resultar determinante ante una eventual inspección. Sin embargo, los expertos consultados coinciden en la dificultad de dar con la fórmula adecuada de recogida de datos, puesto que no parece razonable, económica ni organizativamente, la instalación de tornos o aparatos de fichar en cada espacio de las instalaciones.

La segunda gran dificultad que plantea el registro horario es cómo computar el tiempo de trabajo de aquellos que pasan toda o parte de su jornada fuera del centro, una materia muy conflictiva. “¿La jornada de un comercial empieza al llegar a su primera visita o desde que sale de su casa hacia ese destino? No está claro, hay mucha discusión”, ejemplifica Santacana, que cree que el real decreto ley elevará aún más los litigios en este sentido.
(El País, 16-04-2019)

El Estado paga la cotización a cuidadoras no profesionales desde 1 de abril
Desde el 1 de abril corren a cargo del Estado las cotizaciones de los cuidadores no profesionales de beneficiarios de la Ley de Dependencia -unas 180.000 personas, de las que el 90 % son mujeres-, siempre que suscriban o ya tengan suscrito un convenio especial con la Seguridad Social.

Aquellos convenios especiales que se hubieran firmado antes del 1 de abril continúan vigentes, con la diferencia de que el Estado pasa a asumir las cuotas sociales, un cambio que se ha producido de oficio para los 7.000 cuidadores que lo tenían suscrito, ha explicado este lunes en un comunicado el Ministerio de Trabajo.

La principal ventaja de este convenio es que los años dedicados al cuidado de la persona dependiente se integran en la vida laboral y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente.

En 2012 se modificó vía decreto ley la naturaleza de este convenio, de forma que desde el 1 de enero de 2013 ha sido el cuidador el que ha tenido que hacerse cargo en exclusividad de sus cotizaciones si quería seguir manteniendo su relación con la Seguridad Social. El pasado 1 de marzo se recuperó la integridad del convenio, también vía decreto ley, con entrada en vigor el 1 de abril.

La base de cotización de los cuidadores no profesionales con convenio especial será la mínima del régimen general (1.050 euros mensuales en 2019), aunque si optan por una base superior deberán pagar la diferencia.

Para poder suscribir el convenio especial, el cuidador no debe estar dada de alta en la Seguridad Social en ningún régimen a tiempo completo ni en el desempleo, en tanto que la persona que recibe los cuidados ha de tener reconocida la prestación económica de dependencia para dar opción a su cuidador a suscribir este convenio.

En los casos en los que la persona dependiente tuviera reconocida la prestación económica antes de esa fecha, hay un plazo de 90 días naturales para pedir el convenio y que sus efectos se extiendan desde el propio 1 de abril. Si se hace después del 30 de junio, tendrá efectos a partir de la fecha de suscripción.

Y aquellos en los que la prestación económica haya sido reconocida a partir del 1 abril, hay 90 días para solicitar el convenio para que sus efectos sean desde la fecha en la que se les haya reconocido la prestación. Si se hace después, tendrá efectos desde la fecha de suscripción del mismo.

Si el cuidador pasa a ser titular de una pensión de jubilación, incapacidad permanente de viudedad o de favor familiar o cumpla los 65 años, tendrá que dar de baja su convenio, que también se extingue cuando fallece la persona asistida, se deja de percibir la prestación económica para cuidados familiares o se dejan de prestar servicios como cuidador.
(El Mundo, 16-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La banca española todavía ofrece un descuento del 29% frente al Ibex 35
Durante las últimas semanas el gran protagonista en la bolsa de la eurozona ha sido el sector bancario, con un repunte del 10% en las últimas 12 sesiones. En el caso de la banca del Ibex este ascenso ha sido del 9,2%. Estas subidas han llevado a la banca a romper resistencias por técnico y, según los expertos de Ecotrader, esto abre la puerta a "un escenario potencialmente alcista con alzas de entre un 10 y un 15%".

A nivel fundamental, lo cierto es que el sector se ha encarecido un 12% tras subir un 9,4% en 2019, pero todavía se compra sensiblemente más barato que el Ibex 35. En concreto, los bancos españoles cotizan a 8,6 veces sus beneficios de los próximos 12 meses, lo que implica un descuento del 29% con respecto a las 12,2 veces a las que se paga el selectivo español.

Esta rebaja supone prácticamente duplicar el descuento medio del 14% que ha ofrecido durante la última década y apenas 7 puntos porcentuales por debajo de la mayor rebaja, en el año 2016. Alargando la fotografía a los últimos 15 años, los bancos se han comprado históricamente un 12% más baratos que el índice español.

Así las cosas, el sector bancario todavía tendría recorrido para volver a la normalidad y en caso de que siguiese el impulso de la industria el Ibex 35 sería uno de los más beneficiados por su elevada bancarización -ponderan el 29% del total del selectivo-. De hecho, este ha sido el motivo que ha llevado al Ibex a quedarse 4 puntos rezagado frente a la eurozona en 2019.

El último giro bursátil del sector bancario ha venido de la mano de las especulaciones sobre una posible ayuda del BCE. Esta podría llegar mediante unas condiciones más favorables de lo inicialmente esperado por el nuevo TLTRO o dejando de cobrar por el exceso de liquidez, que ahora se penaliza con un 0,4%.

Sin embargo, los expertos advierten de que estos movimientos no son tan relevantes y que, como mucho, lograrán proteger de más recortes a las previsiones, pero no impulsarlas. "Estimamos que en los bancos que cubrimos en el mejor de los casos dejar de penalizar el exceso de reservas tendría un impacto del entorno del 3% en el beneficio antes de impuestos en 2020 (...). Sin embargo, el break-even del euribor a 3 meses se ha desplazado tras las comparecencias del BCE desde septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que llevaría a recortes de entre el 2% y el 3% del beneficio, neutralizando el impacto positivo", explican en JP Morgan.

Por su parte, desde Deutsche Bank reflexionan con respecto a la ronda de liquidez: "Vemos el TLTRO como una protección de los riesgos a la baja si la volatilidad crece por causas políticas o por otros efectos impredecibles que afecten el acceso de la banca al mercado. Pero si las condiciones no son más favorables de lo que esperamos, no debería ser capaz de aumentar los préstamos".

En este contexto, los expertos creen que más allá de lo que pueda hacer el BCE será clave el entorno macroeconómico y la magnitud de la desaceleración. "El sector lo hizo mejor que el mercado a principios de abril apoyándose en las buenas noticias con respecto a las amenazas políticas, lo que incluía los pasos dados en las negociaciones entre Estados Unidos y China y un mayor optimismo en torno al Brexit", apuntan desde RBC Capital Markets.
(Cinco Días, 16-04-2019)

Los españoles vuelven a endeudarse
Tras ocho años de caídas, el endeudamiento de los hogares volvió a repuntar ligeramente a finales del año pasado. En diciembre, los pasivos de las familias españolas alcanzaron los 781.700 millones de euros, un 0,9% más que en el mismo mes de 2017, según reflejan las Cuentas Financieras publicadas ayer por el Banco de España.

Con los bolsillos algo más llenos, las familias españolas aumentaron su consumo y se animaron a contraer más deudas. En efecto, el repunte del apalancamiento registrado en 2018 se produjo después de que un año antes la riqueza financiera neta de los españoles (los activos descontando las deudas) alcanzara máximos históricos, llegando hasta los 1,42 billones de euros.

En el ejercicio que se acaba de cerrar, la riqueza neta se situó en los 1,37 billones, casi un 3% menos, debido especialmente al fuerte descenso de la renta variable por la mala evolución, en el último tramo de 2018, de los mercados bursátiles. Se trata de la primera vez en diez años que los activos netos de las familias caen en España. De esta forma, la riqueza neta alcanzó el equivalente al 113,4% del PIB, 7,6 puntos porcentuales por debajo del ejercicio anterior.

Las dudas generadas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China; la desaceleración económica de la zona euro provocada por el frenazo de Alemania y el pulso presupuestario entre la Comisión Europea y el Ejecutivo italiano; así como el acelerón de la Reserva Federal de Estados Unidos en el proceso de normalización monetaria –subida de tipos–, lastraron a las Bolsas. Así, el índice Ibex 35 se dejó un 15% el año pasado, mientras que el Eurostoxx 50 cedió un 14,4%.

El mayor endeudamiento de los hogares se explica por el repunte del crédito al consumo, algo sobre lo que el Banco de España viene avisando desde hace ya varios meses. Así, mientras que el importe de los préstamos a largo plazo –en su inmensa mayoría endeudamiento hipotecario– ha ido descendiendo paulatinamente desde 2010 (y un -0,45% el pasado año) por las amortizaciones de los mismos, los créditos a corto plazo (adquisición de coches, electrodomésticos, tecnología...), escalaron un 11,5% en 2018. Con todo, las hipotecas siguen representando el grueso de la deuda de las familias: suponen el 87% del total de los pasivos.
(Expansión, 16-04-2019)

La empresa alerta de la parálisis reformista y urge medidas contra la desaceleración
El panorama económico es uno de los grandes olvidados en la campaña electoral, en un momento en el que la mayoría de los partidos proponen grandes aumentos de gasto o rebajas de impuestos que evitan decir cómo van a financiar e incluso tratan de inventar nuevas trabas a la creación de empleo, precisamente en un momento en el que la contratación ya se está frenando por el frenazo de las exportaciones, la industria y la inversión y la subida de costes laborales.

Todo ello, unido a la complicada aritmética electoral tras las elecciones, ha llevado al mundo empresarial a movilizarse para reclamar dos cosas: recuperar la senda reformista, paralizada desde hace casi seis años, y tomar medidas contra la desaceleración. Y todo ello sólo es posible con un gobierno de amplio consenso o que, al menos, cuente con apoyos sólidos en el parlamento. Tanto la CEOE como el Círculo de Empresarios, Cepyme, la Cámara de Comercio de EEUU en España, las Multinacionales por la Marca España o el Consejo General de Economistas han hecho reclamaciones en este sentido, que se han visto respaldadas por organismos de la talla de Moody's, Barclays o JPMorgan.

De hecho, lo que más temen tanto los empresarios como los economistas es un gobierno que vuelva a quedar en manos de "partidos antisistema, extremistas y que quieren destruir el Estado español", según señaló el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), tal como ha sucedido en el último año con Pedro Sánchez. Eso no sólo volvería a dar alas a las contrarreformas y al aumento del gasto, sino que reduciría la confianza empresarial, dañando las inversiones y la creación de empleo.

El panorama es ciertamente complejo, ya que los empresarios reclaman tomar medidas ante una desaceleración que ellos ya notan, pero que muchos partidos prefieren ignorar. Y el diagnóstico es muy complicado, porque por un lado el PIB mantiene el ritmo de crecimiento, pero por otro su composición hace que este avance sea muy vulnerable. Es cierto que la actividad mantuvo un avance del 2,6% el año pasado, pero la tendencia es cada vez más apagada y artificial. De hecho, el servicio de estudios de BBVA calcula que si no se hubiera producido un fuerte incremento del gasto público (vía sueldos, pensiones y otros subsidios), el PIB apenas habría crecido un 2%.

Este incremento del presupuesto de las Administraciones, se contrapone con la debilidad de las exportaciones, que se han ralentizado al 1% en el cuarto trimestre de 2018, cuando un año antes avanzaban en torno al 5%. Y eso ha asestado un duro golpe a la producción industrial, que cae un 1,3% en el mismo periodo, cuando en 2017 crecía a una velocidad en torno al 4,5%. Esto, unido a la subida de los costes eléctricos, está provocando el cierre de varias plantas, lo que a su vez arrastra a la industria auxiliar que la rodea.
(Expansión, 16-04-2019)

La UE respalda abrir negociaciones para un acuerdo de comercio con EEUU
Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron hoy la apertura de conversaciones con Estados Unidos para lograr un acuerdo de comercio centrado en la eliminación de los aranceles a los productos industriales, un pacto de un alcance mucho menor que el TTIP, abandonado tras la llegada de Donald Trump.

Los ministros de Agricultura de los Veintiocho, reunidos en un Consejo en Luxemburgo, dieron su respaldo al mandato de negociaciones propuesto por la Comisión Europea (CE) el pasado enero para abrir unas negociaciones que incluirán al sector del automóvil, pero no la agricultura.

Fuentes europeas dijeron a Efe que Francia votó en contra de la apertura de las negociaciones y Bélgica se abstuvo, pero se trata de una decisión que se toma por mayoría cualificada, esto es, con el apoyo de 16 de los 28 Estados de la UE que representen al menos al 65 % de la población.

A su llegada a la reunión, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló que España es partidaria de que los productos agrícolas estén "totalmente excluidos de la negociación" y que deben respetarse "los compromisos de (el acuerdo de) París", uno de los aspectos por los que Francia era reticente a la apertura de las conversaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en junio de 2017 que Estados Unidos se retiraría del acuerdo de París sobre el cambio climático aprobado por 195 países en diciembre de 2015, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se opone a aceptar acuerdos con potencias que no respeten este pacto.

Planas añadió que para España es relevante que "no se produzcan aplicaciones extraterritoriales de las normas nacionales por parte de EE.UU."

Este punto, junto a la exclusión de la agricultura y el respeto al medioambiente, son elementos "importantes desde el punto de vista de la confianza y para poder desarrollar este mandato de acuerdo en las negociaciones posteriores con EE.UU.", concluyó Planas.

El nuevo mandato llega tras un tenso 2018 para las relaciones transatlánticas, un año en el que Trump impuso aranceles al acero y aluminio europeos, materializando así la agenda proteccionista que fue una de sus grandes promesas electorales.

La llegada de Trump a la Casa Blanca en 2017 fue también el detonante de la congelación de las negociaciones para el TTIP que la UE llevaba desde 2013 negociando con la administración liderada por Barack Obama y que el mandato aprobado hoy por los Estados miembros considera "obsoleto".

En un comunicado, el Consejo indicó que la UE "no concluirá las negociaciones" mientras se mantengan activos los aranceles al acero y al aluminio, y que podría suspender las negociaciones de forma unilateral si Estados Unidos impone nuevos gravámenes.

Por otro lado, la Comisión elaborará lo antes posible un informe de impacto en la sostenibilidad "a la luz de los compromisos de la UE en acuerdos internacionales", como el Acuerdo de París, cuyos resultados se tendrán en cuenta en las negociaciones.
(El País, 16-04-2019)

Sector

Las reclamaciones del sector legal, al próximo ministro de Justicia
Son muchas las demandas que los operadores del sector pondrán sobre la mesa del nuevo Notario Mayor del Reino una vez tome posesión de su cargo. Después de unas legislaturas especialmente conflictivas en el seno de la Administración de Justicia, muchas de las reclamaciones siguen a la espera de ser abordadas. Algunas son de tipo organizativo y otras de carácter presupuestario. En 2019, la partida para Justicia es de 1.838 millones de euros, un 4,8% más que en 2018. Estos son los deberes que los principales actores del sector legal ponen al nuevo ministro.

La Ley de Derecho de Defensa. Es la primera petición de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ya que, de llevarse a cabo, “nos situaría a la vanguardia mundial en protección de derechos de los ciudadanos ante la justicia”. Una reivindicación a la que se suma José María Alonso, decano del Colegio de Madrid (ICAM), y Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de Barcelona (ICAB). Alonso urge al nuevo ministro su aprobación “de una vez por todas” y Gay incide en la necesidad de contar con la norma para “asegurar la intervención de la abogacía como única garantía del acceso pleno y efectivo a la justicia”.

Reforma del sistema de acceso. Para el sector es inaplazable que Justicia acepte adecuar el examen de acceso a la abogacía a las demandas del mercado, haciéndolo “eminentemente práctico y útil para el ejercicio de la profesión”, declara Ortega. Esta medida ya ha sido negociada con los anteriores responsables y tiene como fin hacer un modelo más serio y acorde a los países de nuestro entorno.

Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Además, Ortega apuesta por la “actualización de baremos y pagos puntuales”, así como “dignificar el turno de oficio por el servicio público esencial que presta”. A esta petición, la decana del Colegio de Barcelona reconoce que también se sumará.

Sistema de elección del CGPJ. Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), apunta que la primera medida que exigen es cumplir con las llamadas de atención de Europa sobre la independencia judicial. El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) reclama, especialmente, que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Tenemos la impresión de que se ha convertido en un club de golf. Se nombra a conocidos”, critica. Tras esta reforma, exige su fortalecimiento para dotarlo de mecanismos que eviten intromisiones del resto de poderes del Estado.

Retribución de jueces y letrados de Justicia. Una de las viejas peticiones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia ha sido la adaptación de sus retribuciones a las del resto de Cuerpos Superiores de la Administración Pública y de Justicia; en especial, la de los letrados de nuevo ingreso. “En algunos juzgados, sus salarios no alcanzan ni los 1.500 euros”, reprocha Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de Justicia. Asimismo, exige una modificación del Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados de Justicia para adaptarlo a las competencias asumidas en los últimos diez años. “En virtud de esto, en la actualidad, se tramitan y resuelven el 90% de los procedimientos ingresados en los juzgados”, expresa. Por su parte, la judicatura recuerda que han perdido un 14% del sueldo de 2009 a 2018 y Justicia no ha hecho caso de sus reclamaciones.

Aumento de la planta judicial y fiscal. Incrementar el número de jueces y fiscales es una de las necesidades que la AJFV considera más urgentes dado el colapso que sufren los tribunales españoles. “En relación al número de jueces y fiscales por habitante, estamos muy por debajo de los países europeos”, dice Prado. Sin embargo, si bien es cierto que el Gobierno acaba de anunciar la creación de 300 nuevas plazas para jueces, la realidad es que solo hay 75 oficinas creadas. “Unos 200 jueces no saben dónde van a ir”, alerta. Para ello, insta al próximo ministro a crear los “famosos tribunales de instancia y racionalizar el sistema”. “Lo hacen en otros países y funciona, pero aquí no se atreven”.
(Cinco Días, 16-04-2019)

 
 
 
 
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