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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 17 D’ABRIL DE 2019

Laboral

Marco de asociación estratégica entre el Gobierno de España y ONU mujeres
Marco de asociación estratégica entre el Gobierno del Reino de España y ONU mujeres (2019-2021), hecho en Nueva York el 14 de marzo de 2019.
(BOE, 17-04-2019)

Oficinas de asistencia en materia de registros del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Orden EFP/451/2019, de 10 de abril, por la que se regulan las oficinas de asistencia en materia de registros del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
(BOE, 17-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 16 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 16 de abril de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 17-04-2019)

https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/
https://boe.es/boe/dias/2019/04/17/index.php?d=92&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 17 D’ABRIL DE 2019

Fiscal

Airef prevé que la deuda pública siga por encima del 90% del PIB hasta 2022
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve probable que el nivel de deuda pública siga reduciéndose lentamente en los próximos años y que llegue al entorno del 91% del producto interior bruto (PIB) en 2022, de acuerdo con su último "Observatorio de deuda" publicado este martes. Sin embargo, la entidad indica que la probabilidad de que la deuda no se reduzca en los próximos cuatro años se calcula cercana al 25%.

La deuda pública se situó a finales de 2018 en el 97,2% del PIB, lo que supone una reducción de 3,2 puntos respecto al máximo registrado en 2014, pero casi 37 puntos por encima del nivel de referencia legal del 60%, recuerda el informe. La contribución del crecimiento del PIB (efecto denominador) a la reducción de la ratio de deuda ha sido de 14,8 puntos desde 2014.

La AIReF ha simulado en esta edición del observatorio el efecto de un "shock macroeconómico" y demográfico de carácter permanente, como el observado en Japón durante los años 90, lo que se traduciría en una deuda creciente a partir de 2035, que superaría el 125 % del PIB hacia 2050.

En el caso de "japonización", la mayor parte del incremento adicional en la deuda se explicaría por el peor comportamiento de la población en edad de trabajar y un mercado laboral menos dinámico, que generaría menor crecimiento económico y presiones inflacionarias más contenidas, además de un deterioro del saldo de la Seguridad Social y un aumento en la carga de intereses.

La AIReF señala que la principal debilidad sobre los riesgos regionales y locales está en las comunidades autónomas, con un nivel de deuda muy elevado, casi dos veces superior al máximo nivel de referencia legal del 13% del PIB. El riesgo es muy alto en Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, donde se necesitan más de 100 días de trabajo para pagar la deuda del gobierno regional.

Por el contrario, en las entidades locales la acumulación de depósitos debido a la existencia de saldos estructurales positivos ha causado que por primera vez la ratio de deuda neta de depósitos bancarios se volviese negativa en el último trimestre de 2018. Existen casos particulares donde la deuda todavía es muy elevada, recuerda, no obstante, la AIReF.
(Cinco Días, 17-04-2019)

Revés del Constitucional a Hacienda: paraliza los pagos adelantados en sociedades
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de una empresa contra el Real Decreto-ley 2/2016 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy para elevar la recaudación del impuesto sobre sociedades. Esa reforma introdujo un mínimo en los pagos fraccionados (parte del impuesto que se adelanta durante el año a la espera de la liquidación definitiva tras el cierre del ejercicio) con el objetivo de elevar la recaudación de ese año en unos 8.000 millones de euros. En otras palabras, las empresas adelantarían una parte del impuesto que abonan definitivamente a lo largo de la primera mitad del año siguiente cuando conozcan sus resultados reales.

La Audiencia Nacional planteó una cuestión de constitucionalidad al TC para que analice si se adapta a las reglas establecidas en la Constitución Española y finalmente ha sido admitida a trámite. El Constitucional ha comunicado que, por el momento, queda en suspenso la modificación de la "disposición adicional decimocuarta" de la ley 27/2014 introducida en dicho decreto-ley, lo que significa que el pago mínimo a cuenta queda paralizado hasta que se conozca el fallo definitivo.

Esta decisión supone un gran golpe para las cuentas públicas, ya que aunque no significa que se modifique la recaudación total, sí puede provocar que se retrasen los ingresos a 2020, lo que agravaría el déficit de este ejercicio. Precisamente esta modificación se introdujo en 2016 para adelantar una parte de la recaudación y evitar que el déficit se descontrolara todavía más. En concreto, las empresas con una cifra de negocios superior a los 10 millones de euros en el ejercicio anterior estaban obligadas a adelantar un 23% de su beneficio a lo largo de los tres pagos fraccionados.

Si el Constitucional retrasa el fallo, o si finalmente anula este pago fraccionado mínimo, significaría que la Agencia Tributaria sufrirá una fuerte caída de los ingresos por sociedades este año, ya que una buena parte de la recaudación de 2018 ya se abonó a lo largo del año precisamente por estos mínimos. En resumen, la recaudación de la liquidación del ejercicio de 2018 sería reducida y los pagos fraccionados de este ejercicio, caerían todavía más.

La Audiencia Nacional ya tenía dudas sobre la constitucionalidad de este decreto-ley por dos motivos. El primero, porque el pago mínimo se justificaba únicamente por los ingresos de los 12 meses anteriores puede obligar a tributar a una empresa que no tiene tales beneficios. De hecho, en muchas ocasiones la liquidación del tributo es favorable a la compañía y Hacienda tiene que devolver el dinero. Esto podría atentar contra el principio de contribuir al mantenimiento del Estado en función de la capacidad económica de cada uno, establecido en el artículo 31.1 de la Constitución.

En segundo, porque suponía una modificación sustancial de una ley orgánica desarrollada a través de un decreto-ley, lo que genera dudas legales. El TC se refiere aquí al artículo 86.1 de la Constitución, que determina que los decretos-leyes "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado".

Si finalmente el Constitucional anula la modificación de la disposición adicional decimocuarta realizada por el Real Decreto-ley 2/2016 podría obligar a Hacienda a devolver a las empresas los intereses correspondientes a ese adelanto del impuesto. El TC ha dado 15 días al Gobierno y a las Cortes para que presenten sus alegaciones respecto a ese decreto-ley antes de que resuelva definitivamente la cuestión planteada.
(Expansión, 17-04-2019)

La deuda pública externa supera los 560.000 millones
Las cuentas públicas de 2018 volvieron a incidir en el incremento del déficit estructural, maquillado por el fuerte crecimiento de la recaudación cíclica. Las administraciones volvieron a pedir prestado en el exterior para financiar el ritmo del gasto y, si bien demuestra una alta confianza de los mercados en el país, también supone aumentar la principal vulnerabilidad de su economía: una deuda pública del 97% del PIB.

En los dos últimos años, las administraciones habían hecho un esfuerzo por reducir su endeudamiento con el exterior, pero en 2018 todos los avances saltaron por los aires. Según las cuentas financieras publicadas por el Banco de España, la deuda pública neta en manos de extranjeros (deuda y préstamos) aumentó en 28.470 millones de euros.

En total, la deuda se incrementó un 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que significa un crecimiento superior al PIB, de modo que se incrementó la ratio de endeudamiento. Esta es la primera vez en tres años que las administraciones elevaron su deuda con el exterior, rompiendo así con dos años de ajuste. En la práctica, esto hace más vulnerable la economía ante cualquier 'shock' externo.

La mayor parte de este pasivo está conformado por valores representativos de deuda (básicamente, letras y bonos), cuyo montante supera los 517.000 millones de euros. El resto, 78.000 millones, lo conforman préstamos y créditos al sector público. Es cierto que el ritmo del flujo de la deuda desde el exterior hacia España muestra la confianza que tienen los inversores internacionales en la capacidad de pago del país; sin embargo, sus previsiones no siempre son acertadas. Durante la burbuja inmobiliaria, los flujos de dinero hacia España, principalmente hacia el sector privado, apuntaban también a una gran confianza en la capacidad de repago, pero se trataba de un espejismo que no tardó en desvanecerse.

En 2018, por primera vez en la historia, la deuda pública en manos de extranjeros superó los 550.000 millones de euros, alcanzando los 561.160 millones, según los datos del Banco de España (descontando la deuda externa en manos de las administraciones públicas). Tal montante, que equivale al 46,4% del PIB, significa el mayor riesgo posible para la economía española. El país vuelve a endeudarse, como hizo antes de la crisis, pero con la diferencia de que, esta vez, el punto de partida es mucho peor.

En el año 2003, cuando empezó a incrementarse la deuda pública, su peso sobre el PIB apenas alcanzaba el 20,6%. Sin embargo, ahora es más del doble, suponiendo un 46,4% del PIB. Tal situación hace que España sea muy dependiente de la financiación exterior y que pueda atravesar graves problemas, en un futuro, si el flujo de crédito hacia el país se frena.
(El Mundo, 17-04-2019)

Laboral

Los días de impago a proveedores de las grandes compañías son casi tres veces superiores a los de los trabajadores autónomos
La morosidad es uno de los grandes dolores de cabeza de los autónomos y empresarios, aunque a algunos les pesa más que a otros. Concretamente a mayor dimensión tiene la empresa menor prisa tienen sus gestores para abonar los pagos a los proveedores, tal como constata un informe de la organización de autónomos ATA, publicado este martes. Este señala que los días de impago de las compañías con más de 1.000 empleados son casi tres veces superiores a los que acumulan los trabajadores autónomos.

Los impagos acumulados son sinónimo de malos recuerdos para parte del empresariado español. Muchas grandes compañías resistieron la embestida de la crisis acosta de poner por delante a las más pequeñas, tal como constató en su momento la patronal Cepyme en un informe. Este denunció que la morosidad fue la causa directa de la desaparición de 61.642 pequeñas y medidas empresas entre el 2007 y el 2012, lo que acabó provocando la destrucción de unos 600.000 empleos.

Las perspectivas no son las mismas hoy en día, pero la disparidad entre grandes y pequeñas persiste. ATA cifra el periodo medio de impago acumulado de las empresas españolas en los 71 días. La media encubre una tendencia proporcionalmente ascendente entre más empleados trabajando en la empresa, mayor número de impagos. Los autónomos persona física pagan a 40 días, aquellos que tienen entre uno y nuevos empleados a 49 y así hasta escalar hasta los 105 días de morosidad de las compañías con entre 250 y 1.000 trabajadores o los 111 días de aquellas con plantillas superiores a las 1.000 personas.

Según explican fuentes del sector, dicha situación de impagos persiste, pese a existir una ley que obliga a la Administración a pagar a 30 días y al sector privado en un plazo de 60. La explicación es sencilla: no existe un régimen sancionador que penalice el impago. La redacción y aprobación final del mismo es uno de los múltiples proyectos que quedó varado en el Congreso de los Diputados tras el adelanto electoral. "No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador", ha declarado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Pese a que el sector privado es el que acumula las medias más dilatadas de días de impago, el informe de ATA señala que muchas administraciones tampoco están cumpliendo con sus obligaciones. En el primer trimestre del 2019 la administración central y las autonómicas pagaron a 39 días y las locales a 60 días. No obstante, hay algunos casos mucho más retrasados que otros. A nivel autonómico destaca como ejemplo de mal pagador la comunidad de Cantabria, que pagó a 90 días. Y en el terreno municipal el peor ejemplo es el de Jaén, que acumuló una morosidad de 531 días.

A nivel catalán, la Generalitat se situó en el primer trimestre del 2019 ligeramente por encima de la media de demora en los pagos, con un saldo de 43 días.
(Expansión, 17-04-2019)

Derechos mínimos laborales a trabajadores con contratos de muy corta duración o a tiempo parcial
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la normativa que extiende una serie de derechos mínimos laborales a trabajadores con contratos de muy corta duración o a tiempo parcial, así como a empleos llamados "no convencionales", como aquellos a demanda o de plataformas en línea como Uber y Deliveroo.

Los eurodiputados han dado su visto bueno con 466 votos a favor, 145 en contra y 37 abstenciones al acuerdo preliminar alcanzado con los Estados miembros, que ahora tendrán un plazo de tres años para aplicar las nuevas reglas.

En concreto, la normativa obliga a las empresa a informar a sus trabajadores el primer día como norma general, y de forma excepcional dentro de los primero siete días, de las características fundamentales del contrato, entre ellas la descripción de las tareas, la fecha de incorporación, la duración, el salario y el horario.

Los trabajadores a demanda tendrán el derecho a un mínimo de predictibilidad en sus horarios mediante el establecimiento de horas y días "de referencia" predeterminados. Además, podrán rechazar, sin consecuencias, trabajos fuera del horario de referencia o a obtener una compensación si no se les notifica a tiempo la cancelación de un contrato.

De la misma forma, los empleadores no podrán prohibir, penalizar o impedir a sus trabajadores a demanda la firma de contratos con otras empresas siempre que sea fuera del horario laboral que ambas partes han pactado de forma predeterminada.

Otra de las novedades es que los periodos de prueba no podrán superar los seis meses o, cuando se trate de contratos temporales, un periodo equivalente y proporcional a la duración del mismo. Asimismo, si existe un nuevo contrato para el mismo puesto, éste no podrá volver a tener un periodo de prueba.

El responsable del informe aprobado por la Eurocámara es el eurodiputado liberal español Enrique Calvet, quien ha afirmado que la directiva es "el primer gran paso" hacia la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales".

"Todos los trabajadores que han estado en el limbo tendrán, gracias a esta directiva y a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), garantizados sus derechos mínimos. A partir de ahora, ningún empleador podrá abusar de la flexibilidad existente en el mercado laboral", ha enfatizado.
(Expansión, 17-04-2019)

La efervescencia de contratos de Semana Santa promete alargarse hasta el verano
Las vacaciones de unos son sinónimo de empleo para otros y esta Semana Santa el mercado laboral español se prepara para engrosar sus filas con manos extras que cubran las demandas de sectores como el turismo, la hostelería o las actividades aeroportuarias.

Pasados ya los peores momentos de la crisis y dado el gran peso del sector servicios, la economía española recupera su cintura de acordeón: se ensancha para las fechas señaladas y el buen tiempo y se adelgaza de nuevo en los meses que conectan una estación con otra. No obstante, una de las novedades que los expertos pronostican para este año es que el impulso del empleo estacional se alargue un poco más.

Los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, Yolanda Valdeolivas y Octavio Granado, no escondieron su satisfacción ante los datos de afiliación y paro del mes de marzo. Los ocupados subieron en 155.104 personas y el ritmo de crecimiento interanual se mantuvo al 2,9%, pese a que la Semana Santa del 2018 cayó un mes antes que este año. Los registros de abril, impulsados por el pico estacional, prometen mejores y las consultoras y empresas de recursos humanos ya han ido lanzando sus previsiones.

Randstad estima que la campaña de Semana Santa creará un total de 198.980 contratos, el 7% más que la anterior. En Catalunya las estimaciones pintan mejor para la consultora, con 27.140 nuevos contratos, el 7,8% más que en el 2018. Similar estimación hace su competidor, Adecco, que pronostica algo menos de nueva ocupación, un total de 159.400 contratos para estas fiestas en todo el país, el 4,2%. No obstante, las cifras para Catalunya son mejores que las de Randstad, con una previsión de casi 29.000, el 6,5% más.

Que este año la Semana Santa caiga tardía no es algo indiferente para contratación, tendente a evaporarse con el fin de las vacaciones. Según InfoJobs, el 57% de las vacantes publicadas estas fechas en dicha plataforma alargarán la duración de sus contratos hasta la campaña de verano. Una cifra que sube siete puntos respecto a la de la Semana Santa anterior.
(El País, 17-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

EE.UU. levantará mañana la suspensión del título III de la ley Helms-Burton
Endurecerá el embargo a Cuba y permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la Revolución cubana, pese a la oposición de España y otros países de la Unión Europea (UE). "Mañana, Estados Unidos pondrá fin a unos 20 años de suspensiones del Título III de la ley Helms-Burton", dijo hoy un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, a un reducido grupo de medios.

La reacción de la Unión Europea no se ha hecho esperar y ha advertido a Washington que cualquier movimiento para permitir que los ciudadanos estadounidenses demanden a las empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba podría llevar a un desafío de la Organización Mundial del Comercio y a un ciclo de contra reclamaciones en los tribunales europeos. La UE está seriamente preocupada por la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a la práctica de suspender en forma rotativa durante seis meses una sección de la Ley Helms-Burton de 1996 que permitiría tales demandas, principalmente de cubano-estadounidenses.

Los comentarios se enviaron en una carta dirigida por la comisaria de política exterior de la UE, Federica Mogherini, y la comisionada de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, al secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, con fecha del 10 de abril. Las dos ejecutivas de la UE hicieron un llamamiento a Washington de que considerara una exención constante para las empresas y los ciudadanos de la UE, mientras que el bloque suspende su en la OMC sobre el tema. "De no ser así, la UE estará obligada a utilizar todos los medios a su disposición, incluso en cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses", decía la carta, según informa la agencia Reuters.

La carta también decía que los tribunales de la UE estaban facultados para permitir que las empresas de la Unión Europea recuperaran las pérdidas causadas por reclamos sobre Cuba. Dijo que una abrumadora mayoría de los 50 mayores reclamantes, representando más del 70% del valor de las reclamaciones, tenía activos en la Unión Europea. "Esto podría desencadenar un ciclo contraproducente de reclamaciones que perjudicará el clima empresarial, sin llevar justicia a los titulares de reclamaciones, ni afectar la situación en Cuba de manera positiva",

La administración de Trump anunció el 4 de marzo que permitiría demandas de ciudadanos estadounidenses contra docenas de compañías cubanas en la lista negra de Washington. Sin embargo, no llegó a permitir acciones legales contra extranjeros que habían usado propiedades confiscadas por el gobierno cubano desde la revolución de 1959, aunque dejaron la puerta abierta para hacerlo en el futuro.

Pompeo a principios de este mes extendió hasta el 1 de mayo la exención para firmas extranjeras.
El movimiento de Trump marcó una intensificación de la presión de Estados Unidos sobre Cuba y también parecía apuntar a castigar a La Habana por su apoyo al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro.
(Cinco Días, 17-04-2019)

Bruselas aprueba medidas para reducir el riesgo de los bancos
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes una serie de medidas que tienen el objetivo de reducir los riesgos a los que se enfrenta el sector bancario europeo y que pasan, por ejemplo, por la obligación para las entidades sistémicas de contar con un ratio de apalancamiento del 3% o con una capacidad mínima de absorción de pérdidas en caso de quiebra.

Los eurodiputados han dado su visto bueno al principio de acuerdo logrado con el Consejo de la UE (los Estados miembros) a principios de diciembre para introducir en la legislación comunitaria reformas acordadas a nivel internacional tras la crisis financiera, tanto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea como por el Consejo de Estabilidad Financiera.

Así, las nuevas normas buscan fortalecer el marco de resoluciones bancarias y los requisitos de capital, con el objetivo de reducir los incentivos para la asunción de riesgos, incluidos un ratio de apalancamiento obligatorio del 3% y un coeficiente obligatorio de financiación estable neta (NSFR).

Además, los bancos de la UE considerados "sistémicos" tendrán que contar con el nivel mínimo de absorción de pérdidas (TLAC) acordado a nivel internacional para asegurar que en casos de quiebra no se tenga que utilizar dinero del contribuyente y la reestructuración se hace a través de un rescate interno o 'bail in'.

Las entidades financieras europeas que no tengan una importancia sistémica, sin embargo, seguirán guiando la construcción de sus colchones de capital a través del nivel mínimo armonizado de fondos propios y pasivos exigibles (MREL).

Por otro lado, las nuevas normas introducen la posibilidad de que las autoridades de resolución impongan los llamados 'corralitos' (suspensión temporal de ciertos pagos y obligaciones contractuales) cuando se encuentran en un proceso de resolución. Estas 'moratorias' tendrán que ser "proporcionadas" y "ajustadas" a cada caso.

En paralelo, la Eurocámara ha apoyado la propuesta de la Comisión Europea de crear un nuvo activo financiero europeo compuesto por deuda nacional de todos los países de la eurozona, pero que no supondría la mutualización de los riesgos ni de las pérdidas, como sí sucedería con los eurobonos.

Los eurodiputados han aprobado con 448 votos a favor y 199 en contra el informe del eurodiputado del PSOE Jonás Fernández, quien ha destacado que se trata de un paso "esencial" para evitar la repetición de "crisis fiscales" como las de 2010 y 2012.

"Esta propuesta supone un paso adelante en la creación de los eurobonos, tan necesarios como difícilmente negociables en este momento político", ha enfatizado el representante socialista de la Eurocámara, para después pedir a los países que aceleren sus debates internos para que puedan comenzar las negociaciones con los eurodiputados.
(Cinco Días, 17-04-2019)

La justicia declara ilegal cobrar comisiones por la cuenta para el pago de la hipoteca
La Audiencia Provincial de Barcelona ha declarado abusiva, y, por tanto, ilegal, la práctica bancaria de cobrar comisiones sobre la cuenta que la entidad obliga al cliente a abrir para el pago de su préstamo hipotecario. Lo abusivo, explica la sentencia (cuyo texto íntegro puede consultar aquí), es el uso que hace el banco y no la cláusula que lo establece, que no es "abusiva en sí misma".

En el litigio examinado, el demandante ejerció la acción de nulidad sobre la cláusula que le imponía que el pago de las cuotas del préstamo hipotecario debía hacerse desde una cuenta de la entidad bancaria prestamista (en este caso, el BBVA) y reclamó que se le permitiera designar otra cuenta de otro banco. Su escrito fundamentaba su pretensión en la práctica abusiva de cobrar, cada seis meses, comisiones indebidas, sobre una cuenta que era únicamente instrumental. Asimismo, solicitó una indemnización por daños y perjuicios.

La sentencia del tribunal barcelonés resuelve que, de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no cabe declarar la nulidad de la cláusula impugnada, "sino de la práctica abusiva que la parte demandada realiza con el cobro indebido de comisiones en relación con una cuenta que constituye el lugar del pago del préstamo hipotecario". En efecto, tal y como estableció el Banco de España en una circular, no corresponde cobrar a los clientes ninguna comisión por mantenimiento o administración cuando estas cuentas se han abierto "por imposición" de la entidad o cuando son utilizadas exclusivamente para abonar un préstamo.

"Es su reconocido carácter indebido lo que la convierte en abusiva por no corresponderse con ningún servicio prestado", asevera la resolución de la Audiencia Provincial, que obliga a la entidad a cesar en dicha práctica, "si bien no cabe estimar que pueda abrir una cuenta en cualquier otra entidad de crédito desde la que pagar el préstamo hipotecario". Ello derivaría de la nulidad de la cláusula, algo que los magistrados no han estimado.

Por último, la sentencia acepta la reclamación de la indemnización por daños morales "que ha debido sufrir el demandante al tener que ir reclamando, de forma reiterada, la devolución de las comisiones indebidamente cobradas". Una cuantía que se fija en 500 euros.
(Cinco Días, 17-04-2019)

 
 
 
 
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