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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 18 D’ABRIL DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 17 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de abril de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 18-04-2019)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 17 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 18-04-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/index.php?d=93&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 18 D’ABRIL DE 2019

Fiscal

Los pequeños empresarios ya pueden deducirse los gastos de manutención
Desde el pasado 2 de abril y hasta el próximo 1 de julio se desarrolla la campaña de la renta 2018, en la que los empresarios que cuentan con pequeñas empresas se van a encontrar con algunas novedades respecto al ejercicio anterior. Una de las más destacadas, por cuanto era de las más esperadas por los empresarios individuales, ha venido de la mano de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, conocida como Ley de Autónomos, y es la deducción de los gastos de manutención realizados con motivo del desarrollo de la actividad económica.

Para poder deducir en el rendimiento neto, y siempre que se tribute en el régimen de estimación directa, los gastos han de producirse en establecimientos de restauración y hostelería y abonarse mediante medios electrónicos de pago, no en metálico.

Para el año 2018, los límites son los siguientes: 26,67 euros diarios si no se pernocta y 53,34 euros diarios si se pernocta, cuando el gasto ha tenido lugar en España. Si ha sido en el extranjero, las cantidades pasan a ser de 48,08 euros diarios si no hay pernoctación y de 96,16 euros diarios si la hay.

“Con la Ley de Autónomos, los empresarios disfrutan ahora de una deducción que antes solo tenían los trabajadores por cuenta ajena”, señala Leonardo Cárdenas, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Desde ejercicios anteriores a 2018 hay que recordar que los gastos por atención a clientes y proveedores, como pueden ser las comidas, son también deducibles. No así los de representación.

En la Ley de Autónomos se encuentra también otra nueva ventaja que puede ser válida para aquellos pequeños empresarios que realicen actividades económicas, o parte de ellas, en su domicilio y es la deducción de los gastos de suministros (agua, electricidad, gas, telefonía e internet). Ahora bien, esta deducción solo se puede practicar sobre el espacio de la vivienda utilizada para trabajar, con lo que hay que calcular la proporción de este espacio respecto a los metros totales de la casa y a esa proporción aplicarle un 30% de deducción.

Por ejemplo, si se utiliza un 10% del espacio total del domicilio, a este porcentaje se le aplica el 30% para deducir los gastos. Cárdenas afirma que “se trata de un beneficio fiscal muy limitado porque, como ocurre en el ejemplo anterior, que es muy frecuente, el empresario autónomo solo se deduce un 3% de los gastos en suministros”. En todo caso, avisa: “Es obligatorio presentar justificantes”.
(Cinco Días, 18-04-2019)

La deuda pública aumenta un 0,9% en febrero hasta los 1,19 billones
La deuda del conjunto de las administraciones públicas se elevó en febrero en 10.382 millones de euros hasta los 1,19 billones, un 0,9% más respecto a enero, según los datos del Protocolo de Déficit Excesivo publicados este miércoles por el Banco de España. Desde febrero de 2018, el pasivo público se ha incrementado en 30.767 millones, un 2,7% más.

A pesar de que en términos absolutos la deuda soberana ha aumentado desde el año pasado, en términos relativos, esto es, en su comparativa con el Producto Interior Bruto (PIB), ha bajado. Así, el pasivo de las administraciones públicas de febrero equivalió al 97,78% del PIB, casi un punto porcentual menos que un año antes, cuando se situó en el 98,71%, según ha señalado el Ministerio de Economía. En ese sentido, el Ministerio ha remarcado que las cifras provisionales del segundo mes del año son "plenamente consistentes con la previsión de reducción de la ratio a final de año hasta el entorno del 96%" del PIB.

Economía ha puntualizado que la ratio de deuda sobre el PIB mensual tiene "una gran estacionalidad" debido a la "concentración de emisiones [de deuda soberana] en los primeros meses del año y de los vencimientos en enero, abril, julio y octubre".

La Administración del Estado sigue siendo, de lejos, la que acapara la inmensa mayoría de la deuda pública: 1,05 billones de euros, esto es, el 88% del pasivo. En febrero, la deuda del Estado aumentó en 10.035 millones, casi un 1% más.

Las comunidades autónomas concentraron el 25% del pasivo público hasta los 293.288 millones, un 0,4% más respecto a enero, mientras que la deuda de las entidades locales y ayuntamientos supuso tan solo el 2,2% del total, hasta los 26.130 millones, un 1,3% más que en el mes anterior. El endeudamiento de la Seguridad Social se mantuvo al mismo nivel, en los 41.193 millones.

La mayor parte de la deuda soberana se situaba en valores representativos de deuda (1.027.020 millones), sobre todo a largo plazo (961.029 millones) y menor medida, a corto plazo (65.991 millones). El resto se repartía entre préstamos (157.181 millones) y efectivo y depósitos (4.718 millones).
(Expansión, 18-04-2019)

Hacienda avisa del riesgo en sociedades patrimoniales
La Agencia Tributaria alerta de los riesgos de estas sociedades y muestra su criterio a la hora de iniciar actuaciones contra los contribuyentes. En los últimos meses, varios políticos se han visto salpicados por su uso.

Poco antes de que se presentaran oficialmente las listas electorales, la Agencia Tributaria (AEAT) publicó un informe en el que redobla su aviso sobre los riesgos de las sociedades patrimoniales, que pueden llevar aparejadas contingencias regularizables en el IRPF, en el Impuesto sobre Sociedades, en el IVA y en el Impuesto sobre el Patrimonio. Todo un aviso a navegantes para la confección del eventual gobierno que se pueda conformar tras el 28-A, dados los problemas de varios miembros del actual Ejecutivo.

En concreto, el informe de la Agencia Tributaria, que ahonda en su estrategia sobre estas sociedades, avisa de la interposición de sociedades en el proceso de facturación o canalización de rentas de personas físicas como consecuencia del desarrollo de una actividad profesional, así como los riesgos derivados de ostentar la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias.

La AEAT admite que "no se trata de impedir la posibilidad de que un contribuyente pueda realizar una actividad profesional por medio de una sociedad, lo cual se enmarca, a priori, en el derecho que asiste a cualquier profesional a elegir libremente la forma en que quiere desarrollar su profesión".

Pero advierte de que esto no significa que deba aceptar automáticamente la validez jurídica de todo tipo de operaciones. El hecho de que un profesional tenga libertad para elegir la manera en que decide prestar sus servicios, de ninguna forma puede servir para amparar prácticas tendentes a reducir de manera ilícita la carga fiscal mediante la utilización de las sociedades a través de las cuales supuestamente se realiza la actividad (elusión de la práctica de retenciones, aplicación del tipo del Impuesto sobre Sociedades, del 25%, en lugar del IRPF, de hasta el 48%, remansamiento de rentas, etc.).

Lo que el ordenamiento no ampara es que se utilice una sociedad con la única finalidad de reducir la imposición directa del profesional, destaca.

La AEAT detecta dos grandes casos de interposición de una sociedad en el desarrollo de una actividad profesional. En uno de ellos, la sociedad carece de estructura para realizar la actividad profesional que se aparenta realizar, al no disponer de medios personales y materiales suficientes y adecuados para la prestación de servicios de esta naturaleza, o bien teniéndola no ha intervenido realmente en la realización de las operaciones. En estos supuestos, la respuesta dada por la AEAT ha consistido en ocasiones en la regularización acudiendo a la figura de la simulación que define la Ley Tributaria.

Sin embargo, hay otro caso, en el que efectivamente la entidad dispone de medios personales y materiales adecuados y ha intervenido realmente en la operación de prestación de servicios, pero dichas prestaciones no se encuentran correctamente valoradas. Cuando la Administración detecta la incorrecta valoración, recurre a la regularización y, en su caso, sanción si existe una reducción ilícita de la carga fiscal.

En otras ocasiones los contribuyentes tratan de localizar una parte relevante de su patrimonio en sociedades. En este caso, la AEAT alerta de riesgos de confusión entre el patrimonio del socio y de la sociedad. Es frecuente, detalla el Fisco, que se sitúe en la sociedad la vivienda habitual y viviendas secundarias, coches, yates y aeronaves, además de gastos asociados (mantenimiento y reparaciones) y otros gastos personales (viajes de vacaciones, artículos de lujo, retribuciones del personal doméstico, manutención, etcétera).

Se trata de conductas contrarias a la norma que se deben evitar y que, normalmente, se concretan en no registrar ningún tipo de renta en sede de la persona física. Por su parte, en la sociedad el único registro suele ser la deducción del gasto y, en su caso, la deducción de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios que, de haber tenido directamente como destinatario a un particular fuera de una actividad económica, nunca habrían podido deducirse.
(Expansión, 18-04-2019)

Hacienda ha devuelto ya 1.200 millones a dos millones de contribuyentes del IRPF
Transcurridos 15 días desde el arranque de la campaña de la renta del ejercicio 2018, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 1.200 millones de euros a 2,042 millones de contribuyentes, lo que supone un incremento del 32% en el número de beneficiarios y del 42% sobre el monto abonado en el mismo plazo del año anterior.

En este tiempo, 3,248 millones de contribuyentes han presentado su declaración, 613.000 más que un año antes, frente a los más de 20,35 millones de personas que se espera que participen en la campaña que culmina el próximo 1 de julio.

Hacienda estima que 14,13 millones de contribuyentes obtendrán un resultado a devolver tras presentar sus declaraciones, con lo que la administración deberá compensarles con unos 10.468 millones de euros. La cifra supone un 4,5% más que lo abonado el año pasado, mientras que 5,161 millones de contribuyentes tendrán que abonar unos 10.160 millones de euros al fisco.

La Agencia Tributaria ha celebrado la aceleración en el ritmo de declaraciones que achaca, en un comunicado, a las mejoras de su sistema de declaración online, a su mejorada aplicación web y al refuerzo de la atención que presta telefónicamente. Como resultado, a estas alturas se han presentado 168.000 declaraciones con la aplicación móvil, un 49% más, lo que supone que se ha alcanzado el 84% de usos de toda la campaña anterior.

A su vez, 245.000 contribuyentes han concertado ya cita telefónica mediante el plan “Le llamamos”, lo que ha permitido confeccionar hasta ahora 45.000 declaraciones por este canal, un 80% más que el año anterior. En cuanto a la nueva herramienta web de gestión de carteras de valores, 154.000 contribuyentes ya la han utilizado.
(La Vanguardia, 18-04-2019)

Laboral

La desconvocatoria de huelgas en el transporte alivia la operación salida
El aeropuerto de Madrid-Barajas recuperó ayer la normalidad después de que Air Nostrum, aerolínea que opera para el grupo Iberia, recuperara la totalidad de los vuelos que inicialmente se habían cancelado (52). La empresa, logró un acuerdo con el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) para frenar la externalización, que, según el sindicato, se estaba llevando hacia otras aerolíneas de los mismos propietarios.

En total, la convocatoria comprendía seis días de huelga (lunes martes y miércoles de esta semana y de la próxima) y la compañía estimaba que 10.000 pasajeros podrían verse afectados por los 148 vuelos previamente suprimidos.

Igualmente, también se desconvocó la huelga a la que Comisiones Obreras había llamado ayer a los trabajadores de Adif por no haber entrado en vigor el convenio colectivo acordado el pasado mes de diciembre y al que el departamento de recursos humanos de la compañía ha dado finalmente el visto bueno. El sindicato sí que mantiene, de momento, la jornada de huelga prevista para el próximo 26 de abril y su desconvocatoria dependerá del resultado que arroje la reunión entre las partes, programada para el día 24.

No obstante, Renfe canceló ayer 46 trenes, precisamente, por la huelga convocada por el Sindicato de Circulación Ferroviaria en Adif y Adif Alta Velocidad para denunciar que “los trabajadores llevan sin convenio colectivo desde el 1 de enero” porque “los Ministerios de Fomento y Hacienda no han autorizado el preacuerdo que se firmó el pasado 27 de diciembre de 2018”. De los trenes cancelados, 19 fueron AVE y Larga Distancia, y los 27 restantes, de Media Distancia, según detalló la operadora. Los servicios mínimos decretados para la jornada de ayer alcanzaron el 95% de los trayectos, ya que fue una de las de mayor movilidad de viajeros del año por el arranque de la Semana Santa.

Del mismo modo, los trabajadores de seguridad de Ilunion que operan en el aeropuerto de Madrid-Barajas continuaron con su sexta jornada de huelga indefinida, que dio comienzo el pasado 12 de abril, convocada por el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid (ATES) que reclama una mejora de las condiciones laborales (entre ellas el pago de los pluses de aeropuertos, radioscopia y variables a toda la plantilla). Los servicios mínimos fijados son del 90%, por lo que solo pueden ejercer el derecho a huelga 70 de los 700 vigilantes con los que cuenta el aeropuerto.

También, UGT y USO han llamado a la huelga a cerca de 60.000 empleados de handling (servicios de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros) para los próximos días 21 y 24 de abril, ante la negativa de la patronal Aseata de garantizar la subrogación de las plantillas. El Ministerio de Fomento ya ha fijado unos servicios mínimos de entre el 100% para los vuelos nacionales con las islas y del 38% para los peninsulares.
(Cinco Días, 18-04-2019)

La Autoridad Fiscal propone una revolución de los servicios públicos de empleo para que coloquen más parados
Las Administraciones destinan unos 6.500 millones al año a políticas activas de empleo. La Intervención o el Tribunal de Cuentas ejercen de auditores y certifican que se cumpla con todos los requisitos legales al desembolsarlos. Sin embargo, no existe un análisis detallado de sus costes y beneficios, de hasta qué punto esos recursos se gastan de forma eficaz. Los expertos siempre han denunciado este hecho, que lleva a elaborar los presupuestos por pura inercia, sin que se reorienten los fondos hacia aquellas prácticas que mejores resultados brinden. Según el INE, ahora mismo solo un 2,1% de los asalariados dice haber encontrado su trabajo gracias a una oficina pública de empleo.

Con el objetivo de cambiarlo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ultima su informe sobre políticas de empleo, conocido en la jerga como spending review. Aunque el organismo ha rehusado hacer comentarios, ya ha adelantado a las Administraciones afectadas sus conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre ellas, destaca el problema que han tenido en la Airef para poder evaluar de verdad lo que hacen las autonomías.

En este ejercicio, la Autoridad Fiscal podía cruzar los datos con el historial de los trabajadores en la Seguridad Social, de forma que se pudiese comprobar cómo había mejorado su empleabilidad tras el paso por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, a pesar de la colaboración de las comunidades, faltaban datos homogéneos y comparables. No había trazabilidad de los gastos y en muchas ocasiones se desconocía en qué se habían empleado exactamente. Al estar dividido entre 17 autonomías, con unos sistemas informáticos muy distintos, la información sobre los cursos o los itinerarios es parcial y de una calidad que varía mucho, señala el documento de presentación de la Airef. Y se complica todavía más cuando entran en juego lo que hacen las entidades locales o las entregas de fondos europeos. Todo ello ha impedido elaborar lo que en verdad se pretendía: una evaluación exhaustiva de lo que funcionaba y de lo que no.

“No es posible tener identificado todo el dinero que se destina a políticas activas de empleo en nuestro país”, dice el organismo que preside José Luis Escrivá. Por eso, ante todo, la Autoridad Fiscal subraya en sus conclusiones la necesidad de homogeneizar las bases de datos, avanzar en la digitalización e, incluso, marca una guía de cómo se debería hacer. En definitiva, reclama crear una arquitectura común que permita saber qué se hace y cuánto cuesta. Al poder comparar entre las prácticas de distintas regiones y localidades, se puede ver qué iniciativas resultan más eficaces. En esta línea, también pide que un mismo desempleado pueda ser atendido en varios sitios distintos de manera coordinada, gracias a la existencia de un expediente único por demandante.

Pese a no poder llegar hasta donde quería, la Airef sí que esboza varias recomendaciones que implican cambios de calado en la manera en que trabajan las oficinas de empleo. Sobre todo, al cotejarlas con los países que tienen un historial de mejores prácticas y que, siendo comparables, han conseguido mejorar mucho sus servicios de recolocación. Si bien estos países dedican más recursos por parado que España, apunta la Airef.

Una de las principales recomendaciones va en la misma línea que han instado organismos como el FMI. El Fondo habla de alinear los incentivos de las comunidades y la Administración central. Es decir, las autonomías son las encargadas de controlar a los parados, pero no tienen ningún interés en vigilarlos porque no se gasta su dinero. En cambio, la Administración central pone los fondos, pero no puede supervisar a los parados. Y esa separación lastra el correcto funcionamiento del sistema. La Airef va un paso más allá y defiende que todo ello se fusione en una misma ventanilla, en la que se gestione la prestación social, las políticas para reactivar al parado y, además, como una novedad, incluye las políticas sociales. De manera que en un solo punto se dilucide qué hacer con una persona desocupada: si en realidad lo que precisa es una ayuda social y no la recolocación. En la actualidad, solo unas pocas comunidades integran las políticas sociales con las de empleo.

Según los hallazgos de la Autoridad Fiscal, semejante articulación debe reforzarse con un sistema común que clasifique rápida y automáticamente a los parados en función de su empleabilidad, el llamado perfilado. Y a partir de ahí que los orientadores traten con ellos y que se establezcan itinerarios de formación. Debe haber un diagnóstico, un registro de las acciones que se toman, una tutoría continua y una comprobación de lo que al final ha pasado con el desempleado.
(El País, 18-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno protegerá los intereses españoles en Cuba frente a Trump
El Gobierno español anunció ayer que protegerá los intereses españoles en Cuba, que son principalmente negocios hoteleros. Pero ¿qué ha pasado exactamente? Pues que Donald Trump ha asestado el enésimo golpe al orden establecido, en lo que parece ser la tónica de su controvertido mandato. Después de más de 20 años, el mandatario estadounidense decidió, de forma unilateral, romper el estatus quo en Cuba.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció este miércoles de forma oficial la activación por primera vez en la historia del título III de la ley Helms-Burton, que permitirá denunciar ante tribunales estadounidenses a empresas que operen en Cuba en propiedades expropiadas por el castrismo.

Pompeo confirmó que entrará en vigor el 2 de mayo. La secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, aseveró que “no habrá excepciones” a ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea. Además, el gobierno Trump confirmó nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela, al que prohibirá el acceso a dólares de EE UU.

Precisamente la Unión Europea, que ya había amenazado con denunciar a EE UU ante la Organización Mundial del Comercio por prácticas ilícitas, elevó ayer el tono, una vez confirmada la ejecución de la medida. En un comunicado conjunto, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y la ministra de exteriores canadiense Chrystia Freeland, aseguraron que estudiarán “prohibir la aplicación o reconocimiento en la UE y Canadá de sentencias extranjeras basadas en el título III”. Ambas mostraron su intención de acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y Bruselas de recurrir al uso del “estatuto de bloqueo”.

Esta herramienta prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el título III de la ley Helms-Burton dentro del territorio europeo. Además, abre la puerta a que las compañías que sean demandadas en tribunales estadounidenses, puedan ser indemnizadas por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en los tribunales europeos.

“La Unión Europea reitera su fuerte oposición a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba que son contrarias al derecho internacional”, explican las representantes de la UE. Se estima que en la actualidad existen 6.000 reclamaciones certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente del gobierno estadounidense, por un importe estimado de 9.000 millones de dólares.

El gobierno español, a través del ministerio de Exteriores, expresó “su tajante rechazo” a la decisión de la administración estadounidense. “Disuadir y penalizar el comercio y las inversiones de empresas de terceros Estados en la isla atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana”, afirma el comunicado, en el que se destaca el compromiso de defender los intereses “y el futuro de las empresas españolas en Cuba”.

El embajador español en Cuba, Juan Fernández Trigo, aseveró que la demanda de la UE ante la OMC contra EE UU es “casi obligada”.
(La Vanguardia, 18-04-2019)

 
 
 
 
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