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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 D’ABRIL DE 2019

Laboral

Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
(BOE, 26-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Composición y plantilla del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo
Orden JUS/468/2019, de 24 de abril, por la que se determina la composición y plantilla del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
(BOE, 26-04-2019)

Euro
Resolución de 25 de abril de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de abril de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 26-04-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/index.php?d=100&s=3 

 

RECULL DE PREMSA DEL 26 D’ABRIL DE 2019

Fiscal

Hacienda detectó un alza de casi el 30% en el cobro del reparto beneficios
La reforma fiscal incluida en el plan presupuestario para 2019 que diseñó el Gobierno de Pedro Sánchez amenazaba con elevar el gravamen sobre las rentas del capital mobiliario, el que pesa sobre el cobro de dividendos, y con rebajar al 95% la actual exención sobre el 100% del reparto de beneficios de filiales en el extranjero. La Agencia Tributaria ha detectado que el mero anuncio de estas medidas en octubre, que terminaron decayendo en el Congreso el pasado enero, provocó “un adelantamiento del reparto de beneficios” de multitud de empresas a “los meses finales” de 2018 “para evitar el cambio en la tributación” previsto para el ejercicio 2019.

Hacienda ha tenido constancia de este fenómeno al evaluar las retenciones practicadas sobre las rentas del capital mobiliario que se aplican a los particulares que participan del reparto de beneficios de las empresas. En el primer mes de cada año, explican fuentes de la Agencia Tributaria, se retienen los dividendos cobrados en diciembre de las firmas cotizadas y los percibidos durante todo el cuatro trimestre del año anterior del resto de compañías. Pues bien, “en enero de 2019 destacó el extraordinario crecimiento de cerca del 30% en las retenciones por rentas del capital mobiliario”, según la memoria de recaudación del fisco. En concreto, en ese primer mes de 2019 se retuvieron 730,19 millones de euros, la mayor cifra desde junio de 2012.

La Agencia Tributaria asume que la “explicación se encuentra en el cambio en la tributación del ahorro previsto en el proyecto de Presupuestos para 2019 y que, de aprobarse, supondría la elevación del tipo para las bases del ahorro superiores a los 140.000 euros”. En concreto, los beneficios del ahorro que superasen esa cuantía habrían pasado a ser gravados al 27% frente al tipo máximo del 23% que opera ahora para las ganancias del ahorro de más de 50.000 euros. Los tipos inferiores, un 19% hasta los 6.000 euros, un 21% desde ahí hasta los 50.000 euros, o el 23% hasta el nuevo tramo anunciado, se habrían mantenido inalterados con la reforma. “Esta posibilidad pudo suponer que parte de las rentas que en principio se preveían distribuir en 2019 se adelantasen a 2018”, concluye la Agencia Tributaria en su informe.

Una explicación que confirman desde la patronal empresarial CEOE. “Hubo preocupación por esas medidas”, reconoce su experto en fiscalidad, Bernardo Soto, quien argumenta que “el anticipo de dividendos que se produjo a 2018 así lo indica”. En su opinión, el factor que más pesó en la decisión empresarial de adelantar el reparto fue el anuncio de que se rebajaría del 100% al 95% la exención sobre los beneficios de filiales en el extranjero en el impuesto de sociedades. En la práctica, explica, hubiera supuesto que el 1,5% de unos dividendos por los que actualmente no se tributa pasasen a quedar en manos del fisco (aplicando el tipo general del 25% sobre el 5% del monto que pasaría a estar gravado). “Nosotros presentamos un documento en el que proponíamos que esta medida no siguiese adelante porque suponía una doble tributación sobre unos beneficios que ya habían tributado en el extranjero”, expone Soto, agregando que la situación se agravó por el plan ya mencionado de “subir el gravamen a los particulares a partir de un nivel de renta”.
(Cinco Días, 26-04-2019)

El 65% de contribuyentes declaran IRPF, aunque sus bajos sueldos no les obligan
La Agencia Tributaria estima que la campaña de la renta del ejercicio 2018, que arrancó el pasado 2 de abril, concluirá con un número récord de declarantes. Se espera que para el 1 de julio, cuando finaliza, el fisco habrá recibido más de 20,3 millones de declaraciones de la renta. Paradójicamente, cerca del 65% de los contribuyentes que las presentarán no tienen la obligación de hacerlo debido a su bajo nivel de ingresos.

El umbral de renta a partir del que es obligatorio presentar la declaración de la renta se sitúa actualmente en los 22.000 euros al año. En 2016, último año del que existen datos oficiales, solo 7,2 millones de contribuyentes, de los 19,62 millones que participaron en la campaña de la renta, percibían ingresos superiores. Por el contrario, 12,41 millones de declarantes se encontraban por debajo de los 21.000 euros, según las cifras que maneja la Agencia Tributaria.

Existen excepciones, sin embargo, que sí obligan a parte de este colectivo a presentar la declaración de la renta. La principal razón se da cuando el contribuyente cuenta con varios pagadores. El límite para ellos es también de 22.000 euros, pero sí de los secundarios solo se perciben hasta 1.500 euros. En caso de cobrar más de ellos, el umbral de rentas que exime de declarar el IRPF para contribuyentes con varios pagadores ascendió en 2018 de 12.000 a 12.643 euros anuales. A partir de ahí debe hacerse.

Existen otros motivos que pueden obligar a las rentas bajas a presentar la declaración, como el hecho de que "el pagador o pagadores no hayan retenido nada, o lo hayan hecho a tipo fijo, si se ha obtenido rendimiento de capital mobiliario por encima de los 1.600 euros, si se generan rendimientos de capital inmobiliario por encima de los 1.000 euros o si se han tenido ganancias patrimoniales superiores a 1.000 euros o pérdidas de más de 500 euros", explican los expertos en fiscalidad del comparador financiero Rastreator.com.
(Cinco Días, 26-04-2019)

Macron bajará impuestos y subirá las pensiones en Francia para aplacar a los chalecos amarillos
El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó este jueves que prevé bajar en unos 5.000 millones de euros el impuesto sobre la renta, al tiempo que pretende vincular las pensiones más bajas con la inflación, en respuesta a las protestas desatadas por el movimiento de los "chalecos amarillos". En una rueda de prensa, Macron defendió la necesidad de "trabajar más" para compensar el descenso de impuestos y la reducción del gasto público que busca su Gobierno.

"En torno a 5.000 millones, pienso que estaría bien", dijo sobre la reducción que desea en el impuesto sobre la renta, aunque dejó en manos de su Gobierno precisar el montante, y añadió que esta bajada se financiará en parte con el fin de algunas exenciones fiscales que benefician a las empresas. Respecto a las pensiones, la intención de Macron es que el mínimo para las pensiones contributivas quede por encima de los mil euros.

Abogó por alargar el periodo de cotización para los trabajadores, aunque no por retrasar la edad legal de jubilación. También enumeró otros objetivos para el resto del mandato, como una reforma constitucional que permita una descentralización "diferenciada", la reducción del número de parlamentarios y la introducción de un porcentaje de proporcionalidad en la Cámara Baja.

Se mostró favorable a la supresión de la Escuela Nacional de Administración (ENA), que es considerada el vivero de las elites del país, una de las medidas más polémicas de las que desgranó en su comparecencia y que tenía previsto anunciar el pasado 15 de abril en un discurso cancelado por el incendio de la catedral de Notre Dame.

Las principales medidas anunciadas hoy ya habían sido filtradas por los medios franceses tras la anulación del discurso televisado, que finalmente no tuvo lugar.
(La Vanguardia, 26-04-2019)

Laboral

La Audiencia rechaza que deba anularse todo el sistema de incentivos y obliga a retribuir el concepto controvertido
El hecho de que uno de los objetivos introducidos para el cálculo del bonus sea de imposible cumplimiento por parte de los trabajadores, no anula el sistema de incentivos en su conjunto, sino únicamente dicho ítem. Eso sí, tal y como establece la Audiencia Nacional, el castigo ante un objetivo inalcanzable es darlo por íntegramente cumplido por los empleados.

El litigio tiene su origen en el conflictivo sector de los contact centers. Los sindicatos impugnaron el sistema porque se había establecido un objetivo de llamadas a la hora que era de inalcanzable cumplimiento, argumentaron, si se tenía en cuenta el tiempo de descanso de los empleados y los periodos en los que estos debían hacer tareas que no era estar al teléfono.

Según explica la sentencia (cuyo texto puedes consultar aquí), el establecimiento de un sistema de bonus o incentivos es una manifestación más del poder de dirección y organización del empresario, así como de la libertad de empresa. Por ello, no cabe admitir la impugnación del conjunto del mismo. Eso sí, los magistrados recuerdan que las normas generales sobre contratos determinan la nulidad de las “condiciones imposibles” (artículo 1.116 del Código Civil) y, además, obligan a tener “por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento”.

La resolución subraya que cuando los objetivos no puedan conseguirse “por imposibilidad física, por no ser humanamente o jurídicamente posibles”, o porque requiera del quebranto de alguna norma legal, ello no dará lugar a la nulidad del sistema. Al contrario, en el mes en que se haya impuesto tal meta, la misma “se dé por cumplida para todos los trabajadores”; solución que, sorprendentemente, los sindicatos no solicitaron.

En todo caso, y a pesar de que los magistrados subrayan cómo debe actuarse en caso de encontrarse con un incentivo inalcanzable, la Audiencia termina por dar la razón a la empresa porque logró probar con “parámetros racionales y contrastados”, que el número de llamadas fijadas no era imposible.
(Cinco Días, 26-04-2019)

Más del 20% de los empleos de España pueden acabar en manos de robots y máquinas
Uno de cada cinco empleos en el país tiene un alto riesgo de desaparecer por la automatización, según un informe publicado este jueves por la OCDE, el organismo que reúne a las 36 mayores economías del mundo. La institución alerta de la vulnerabilidad de España por su alto número de empleos temporales y llama a acabar con los falsos autónomos.

El 22% de los trabajadores españoles corre el riesgo de ser reemplazado por una máquina en el futuro, 8 puntos más que la media de la OCDE (14%). Entre las grandes economías, España sería el país que saldría más perjudicado, solo por detrás de Grecia, Eslovenia y Eslovaquia. A ese 22% de empleados se suma otro 30% que sufriría cambios significativos en el desempeño de su puesto.

Si la formación de los trabajadores constituye un elemento clave para poder asegurar una “transición serena”, la OCDE advierte de la vulnerabilidad del mercado laboral español para acometer esta transformación. En efecto, el organismo sostiene que existe una brecha formativa “particularmente preocupante” entre los trabajadores indefinidos y aquellos con contrato temporal o parcial, cuyo peso ha ido en aumento en los últimos años. España es, de hecho, uno de los países de la OCDE con la tasa de temporalidad más alta (del 27% frente al 11% de la media del resto de países), y el peso de los trabajadores por cuenta propia que dependen de un único pagador ha crecido un 40% desde 2010, señala el informe.

Por todo ello, la institución insta reforzar la protección de los trabajadores precarios, a través de una serie de medidas como la lucha contra las empresas que emplean a falsos autónomos, la supresión de los incentivos fiscales que fomenten la clasificación errónea de los trabajadores, la extensión de la protección a los empleados que se encuentren en “una zona gris” entre trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena, como por ejemplo los trabajadores de plataformas digitales –como Deliveroo o Uber– , y el reequilibrio de la negociación colectiva, actualmente favorable a la patronal, detalla la OCDE.

Pese a todo, el organismo destaca los avances emprendidos por el Gobierno para aumentar la capacidad de la Inspección de Trabajo, dotando de mayor preparación a los inspectores y concentrado esfuerzos en los sectores donde el fraude es más frecuente. En ese sentido, el pasado año, Trabajo detectó más de 19.000 falsos autónomos de los que el 60% provenía del sector cárnico. Igualmente, en 2018 se convirtieron en fijos casi 200.000 falsos contratos temporales, más del doble que un año antes.

El informe de la OCDE también critica que la situación de los jóvenes en el mercado laboral haya empeorado en la última década, afectando especialmente a aquellos sin estudios universitarios y estando las mujeres peor paradas que los hombres. A pesar de la recuperación y la consolidación de la economía, el organismo con sede en París alerta de que el porcentaje de los llamados Ninis –jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan– es todavía 4 puntos más alto que en 2007, llegando al 20%, el tercer peor puesto entre el resto de grandes economías.

Pero la precariedad laboral no solo afecta a los jóvenes sin estudios superiores, sino también a aquellos altamente cualificados: casi la mitad (44%) de quienes están muy preparados en España tiene un empleo poco remunerado o con salarios bajos, una cifra que se ha disparado desde 2006, cuando la proporción era 20 puntos menor.
(Expansión, 26-04-2019)

Educación y el transporte son los sectores que más nuevos puestos de trabajo generaron mientras que la hostelería y el comercio, los que más perdieron
La Encuesta de Población Activa (EPA) ofrece un saldo neto entre todo el empleo que se ha creado y se ha destruido en un trimestre y en los doce meses anteriores al periodo de referencia. Las cifras conocidas hoy reflejan así que en el saldo entre las ganancias y pérdidas de empleo entre enero y marzo de este año en comparación con el último trimestre de 2018 reflejan que hay 93.400 ocupados menos que cuando terminó el año, pero 506.900 más que hace un año.

Sin embargo, esto no es más que el resultado de una balanza entre lo que se crea y se destruye. Pero cuando se mira el detalle de lo ocurrido en el mercado laboral, el comportamiento del empleo en el primer trimestre de este año ha sido muy dispar según qué sectores se analicen. Así, por ejemplo, pese al saldo negativo en el trimestre, hubo casi 40 actividades económicas, de entre el centenar que cuantifica la EPA, que ganaron ocupados entre enero y marzo, mientras que los 60 restantes destruyeron empleo.

La lista de los diez sectores que crearon empleo en un trimestre tradicionalmente malo para el mercado de trabajo está encabezada por las actividades de educación, donde se crearon 46.200 empleos en el primer trimestre. No obstante, esta ganancia de ocupados podría estar condicionada al alza por aquellos trabajadores que en el último trimestre de 2018 declararon no estar trabajando al estar afectados por la práctica fraudulenta de dar de baja a los trabajadores en periodos vacacionales como la Navidad o el verano, y que después recuperaron su empleo a partir de enero.

En segundo y tercer lugar se situaron los sectores del "transporte terrestre y por tubería" y la "agricultura, ganadería y caza" que generaron 20.800 y 20.000 nuevos empleos en el primer trimestre, respectivamente. En el caso de la agricultura, por ejemplo, solo las provincias andaluzas con más peso de este sector (Almería, Huelva, Jaén y Córdoba) ganaron 34.200 ocupados.

Entre el resto de actividades que también crearon puestos de trabajo destacaron las de los sectores jurídicos y de consultoría (18.900 ocupados más); la programación y consultoría informática (13.300); el comercio al por mayor (11.900) o la fabricación de productos farmacéuticos (11.700) entre otros.

En total, los diez sectores que generaron nuevos puestos de trabajo en el primer trimestre sumaron unos 186.000 trabajadores más. Esta cantidad no sirvió para contrarrestar los 261.200 empleos que se perdieron en los otros diez sectores que destruyeron más ocupación en este mismo periodo. Así, la hostelería fue el sector más perjudicado en este trimestre en el que, a diferencia de 2018, no se celebró la semana santa, que se retrasó a abril este año. Tanto los bares y restaurantes como los hoteles y otros servicios de alojamiento destruyeron 51.600 y 35.200 empleos, respectivamente.

El fin de la campaña de Navidad repercutió en un empeoramiento del empleo en el comercio, a pesar de la celebración de las rebajas en enero, con una pérdida de casi 37.000 empleos en el primer trimestre. Las empresas de servicios a otras empresas y las actividades administrativas en general, también restaron 35.400 empleos en este periodo respecto a finales del año pasado.

Seguidamente se situó el sector de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria donde se destruyeron 20.100 empleos, que fueron compensados fundamentalmente por empleo público del sector de la educación, que sí generó empleo. Así, el sector público en general arroja un saldo positivo en el trimestre de 2.600 trabajadores más.

Otras cuatro áreas de actividad completan la lista de los sectores que más empleo perdieron entre enero y marzo: sanidad (con una caída de 17.100 trabajadores); sector financiero y de seguros (-16.200); la industria de la alimentación (destruyó 15.300 puestos) y las telecomunicaciones, con 12.800 trabajadores menos que en el cuarto trimestre de 2018.
(El País, 26-04-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La AEB critica las incesantes exigencias de capital en la banca
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha querido contestar a algunos grupos políticos, como Unidas Podemos, que insisten en que la banca no paga impuestos. Roldán, como lo hiciera unas horas antes la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha indicado que el sector bancario ya paga “muchos impuestos”. Y ha insistido, también como Dancausa, en que las entidades que forman parte de la patronal (los bancos tradicionales) “no han recibido ni un euro de ayudas públicas, sino más bien han contribuido con 20.000 millones de euros” para ayudar a las cajas de ahorros, que fueron las que tuvieron problemas.

Según cálculos de la asociación, la banca es el segundo sector que más impuestos paga, al estimar que se sitúa en el 24% sobre la base imponible. El responsable de la AEB ha criticado que se calcule el importe pagado en impuestos tomando como base el resultado consolidado y se compare con lo que se paga en España. Ha explicado que en estos datos se están incluyendo ganancias ya gravadas en países extranjeros. “Pagamos muchos impuestos, como cualquier otro contribuyente, y estamos contentos de hacerlo”, recalcó.
El ejecutivo ha restado importancia al efecto del continuo goteo de cierre de oficinas y la petición de los supervisores de más fusiones. Ha asegurado que estos ajustes no perjudican a la competencia. “La falta de competencia no va a ser un problema en las dos próximas décadas”, defendió.

Aunque no quiso precisar cuál sería el número idóneo de oficinas en España o el de entidades financieras, sí aseguró que en “España queda margen para mejorar la eficiencia del sector”, y los cierres de oficinas es un medio para ello. Criticó las mayores exigencias de capital para la banca en Europa frente a las entidades financieras de EE UU, lo que hace que las firmas europeas sean menos rentables. “Es muy descorazonador ver las valoraciones tan bajas” de los bancos europeos, dijo. Y se quejó de que la solución no es pedir más capital “sin saber muy bien para qué”.

Además, reflexionó que el incesante capital exigido a la banca en Europa pone en guardia al inversor sobre la salud de las entidades en lugar sofocarla. El banquero denunció que hay “una especie de subasta al alza” del umbral de capital exigido “que no entiendo”. “Lo que van a pensar los inversores es: ¿qué están viendo que no vemos?”, indicó al referirse al capital en una rueda de prensa tras la Asamblea General celebrada por la AEB.

Hizo un llamamiento a las fuerzas políticas para que intenten mantener la confianza de los inversores como prioridad, ya que sin ella “es muy difícil” poder continuar con el comportamiento favorable que ha venido experimentado la economía española durante los últimos años. También reclamó seguridad jurídica. “Para mantener la viabilidad del sector es necesaria la existencia de una norma estable que nos permita tener un horizonte temporal. Lo importante es la estabilidad, la certidumbre y la predictibilidad”, ha aseverado.
(Expansión, 26-04-2019)

La CNMV quiere introducir importantes novedades en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere introducir importantes novedades en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, aprovechando que España debe transponer la directiva europea sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. La más "revolucionaria", en palabras del presidente de la CNMV, Sebastián Albella, será la ampliación de la facultad del regulador para cuestionar los acuerdos societarios: "Hemos propuesto que la CNMV amplíe su legitimidad para impugnar acuerdos sociales".

El directivo recordó, durante su intervención esta semana en la presentación de la obra colectiva titulada Sociedades cotizadas y transparencia en los mercados, que hasta ahora la CNMV sólo puede actuar en situaciones muy concretas, como cuando los accionistas adoptan acuerdos teniendo el derecho de voto suspendido.

"Queremos evitar operaciones que afecten gravemente al funcionamiento de los mercados y a su transparencia", señaló Albella, poniendo como ejemplo la situación que se produjo cuando las juntas de Abengoa y Urbas propusieron aprobar un desdoblamiento -split- de sus acciones. "La regla que permite la cotización de valores por debajo del céntimo da lugar a situaciones en las que ciertas sociedades alcanzan un precio de mercado totalmente antinatural".

El presidente de la CNMV ha lanzado otras propuestas al Gobierno para incluir en la modificación de la Ley de Sociedades de Capital. Con la reforma, Albella aspira a equiparar las reglas que manejan las empresas que cotizan, independientemente del mercado en el que operan. "Queremos que el régimen de opas general también se aplique a las sociedades del MAB".

Albella justificó esta decisión explicando que su sensación es que las empresas presentes en el mercado alternativo bursátil "quieren que se les aplique esta regulación por una cuestión de reputación y de confianza desde el punto de vista de los inversores".

El presidente del organismo señaló que, de no ser por la convocatoria electoral, la propuesta de la transposición de la normativa europea, "habría salido hace un mes a consulta pública". Además, insistió en la posibilidad de modificar la periodicidad de la información obligatoria que los emisores remiten al supervisor, con el fin de homologar las condiciones con otros países de la UE. Concretamente, se podría eliminar la obligatoriedad de que las sociedades reporten información trimestral. "La CNMV está a favor de que las cotizadas publiquen informes, pero está en contra de que este régimen sea un impedimento para tener un mercado ágil".
(Expansión, 26-04-2019)

Las nueve mejores universidades de España son públicas y las cuatro peores, privadas
No es lo mismo el rendimiento docente de una facultad que su capacidad investigadora. Tampoco pueden medirse por los mismos patrones el desarrollo tecnológico y la incorporación de los titulados al mercado de trabajo. Sin embargo, sí pueden analizarse diferentes indicadores y con ellos elaborar una media. Eso es lo que han hecho, por séptimo año consecutivo, el Ivie y la Fundación BBVA, que han presentado este jueves el U-Ranking 2019, una tabla que analiza y clasifica a buena parte de las 82 universidades españolas.

En total, mediante el seguimiento de 25 indicadores distintos y la construcción de diversos índices sintéticos se analizan 62 centros, 48 de titularidad pública y 14 privada. Así, y a partir de estas medidas, se evalúa el rendimiento de cada institución en su actividad docente, investigadora y en innovación y desarrollo tecnológico. Con estos resultados se puntúa a cada centro y se ordenan de mejor a peor rendimiento, incluyendo a los que comparten nota en el mismo puesto de la tabla. Las instituciones que no disponen de la información necesaria para elaborar este análisis, dos públicas y 18 privadas, quedan fuera de la clasificación

Las conclusiones son claras. La Universidad Pompeu Fabra, con una puntuación de 1,7, ocupa el número uno, seguida por la Carlos III de Madrid, con 1,5 puntos. El bronce lo tienen las Politécnicas de Cataluña y Valencia al compartir una nota de 1,4 y la cuarta posición, con un 1,3, la conforman la Autónoma de Madrid, la Universidad de Cantabria, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Rovira i Virgili. Todas de ellas públicas.

Hay que esperar a la quinta posición de la tabla para encontrarse al primer campus privado, la Universidad de Navarra, que comparte una puntuación de 1,2 con la de Alcalá, la Miguel Hernández, la Politécnica de Madrid, la Universidad de Santiago, la de Lleida y la de Valencia. La última parte del ranking, en el puesto 11 y con 0,6 puntos, la componen la Universidad a Distancia de Madrid, la Cardenal Herrera-CEU, la Católica de Valencia y la Francisco de Vitoria, todas ellas de titularidad privada.

Todo esto, en lo relativo a las puntuaciones generales. A la hora de desgranar los diferentes tipos de rendimiento, los números y posiciones cambian. Así, en rendimiento docente, las mejores son la Universidad de Navarra, la Nebrija y la Politécnica de Valencia. En investigación, las más avanzadas son la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona y la Autónoma de Madrid y Carlos III. Y en innovación y tecnología, el oro lo tiene la Carlos III, seguida de la Politécnica de Cataluña y la Politécnica de Valencia.

Otro de los temas que preocupan a los expertos del Ivie es el abandono universitario. Mientras que España tiene elevados porcentajes de matriculación en los menores de 25 años (45,4%) y está ligeramente por debajo de la OCDE (47,7%), las tasas de graduación son del 32,9%, bastante más alejadas de la media, en un 38,5%. Con datos que parten del curso 2012-2013, observados hasta 2016-2017, el estudio cifra en un 33,3% el porcentaje de alumnos que inicia los estudios de grado y no los finaliza. De ellos, un 11,9% abandona una titulación para comenzar otra. El 21,4%, al otro lado, sale fuera del sistema para no volver a él. Traducido en costes, esto supone que los abandonos desaprovechan el 12% del gasto en universidades públicas y privadas, que ronda los 1.000 millones de euros anuales. Por eso, señala Francisco Pérez, investigador del Ivie, hay que “orientarse bien” antes de decidir qué se va a estudiar y cuáles son las preferencias.
(El País, 26-04-2019)

Sector

El Poder Judicial pide a los jueces que no busquen por Internet a las partes o los hechos que juzgan
La Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial pide a los jueces que eviten buscar información a través de Internet o de las redes sociales sobre las partes, los abogados o los hechos objeto del proceso pueda "alterar la posición imparcial que deben adoptar en su enjuiciamiento". Por ello, señala que "no es aconsejable que el juez haga una búsqueda de la verdad material fuera del acervo probatorio".

Esta afirmación está contenida en el dictamen emitido por la Comisión de Ética Judicial en su respuesta a la consulta realizada por un juez de lo social que debía resolver un pleito sobre invalidez en el que una de las partes había alegado la existencia de una lesión que le limitaba la capacidad de andar y, por tanto, de realizar su trabajo como peón de la construcción. La otra parte en litigio había aportado una prueba médica contradictoria con la anterior.

Dos horas después del juicio, y de forma casual, el juez coincidió en la estación de Renfe con el trabajador que dijo haber sufrido la lesión y vio que éste caminaba normalmente. En su consulta, el juez plantea si puede tenerse en cuenta el conocimiento de esa circunstancia para resolver el pleito y, en una reflexión más genérica, si puede el juzgador hacer alguna indagación relacionada con el hecho objeto de enjuiciamiento a través de internet o de las redes sociales.

La Comisión señala que la cuestión suscitada por la consulta afecta, desde la perspectiva ética, a la independencia y a la imparcialidad judicial, principios en cuya preservación el juez debe ser "extremadamente diligente"; de modo que, en el proceso de decisión sobre los hechos y de valoración de la prueba, el juez no debe contaminarse "por cualquier clase de prejuicio contra alguna de las partes que pudiera tener su origen en información obtenida fuera de los cauces procesales oportunos".

En opinión de la Comisión, en la actualidad revisten especial interés las posibilidades que el juez tiene de obtener información sobre las partes, los abogados o los hechos objeto del proceso a través de internet o de las redes sociales. Por esta razón, señala que el juez debe ser especialmente diligente y cuidadoso "en evitar que la información que pudiera llegarle por esta vía pueda alterar la posición imparcial que debe adoptar en su enjuiciamiento".

Puesto que el juez puede llegar a conocer hechos o circunstancias que no han sido aportadas al proceso u obtener información sobre alguna de las partes o sus letrados que sesguen de forma inconsciente su enjuiciamiento, la Comisión concluye que "en cualquier caso, no es aconsejable que el juez haga una búsqueda de la verdad material fuera del acervo probatorio".
(El Mundo, 26-04-2019)

 
 
 
 
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