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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 3 DE MAIG DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Carta de servicios 2019-2022 de la Presidencia del Gobierno
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios 2019-2022 de la Presidencia del Gobierno.
(BOE, 03-05-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/03/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/03/index.php?d=106&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 3 DE MAIG DE 2019

Fiscal

Hacienda pide a la Airef que revise las exenciones de IVA, IRPF y Sociedades
La actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 revela que el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando se ponga en marcha en la próxima legislatura, quiere abordar una profunda reforma fiscal en la que también se van a revisar las exenciones, deducciones y reducciones tributarias que a día de hoy permite la política impositiva. Concretamente, el Ejecutivo va a revisar la efectividad de 13 beneficios fiscales que a día de hoy generan un gasto de 57.187 millones de euros.

Dentro de esta revisión, se tocarán particularmente el campo del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades, del IVA y de los Impuestos Especiales. Es decir, que se evaluarán reducciones a las que se pueden acoger tanto empresas como personas físicas. Dentro de ellos, lo que más gasto genera, o más bien lo que más recaudación bloquea, son los tipos reducidos del IVA que suponen unos 25.600 millones.

También se evaluarán las exenciones de los servicios financieros -por valor de 7.040 millones-; las deducciones de carácter social, que suman la de maternidad, familia numerosa y discapacidad -4.800 millones-, y los tipos reducidos en el Impuesto de Hidrocarburos, que impiden la entrada de una mayor recaudación por los combustibles.

Sin embargo, para algunas de estas reducciones de impuestos ya hay previstos cambios. A lo largo de este año, presumiblemente, el Ejecutivo pondrá en marcha sus acciones de fiscalidad verde, que incluyen una equiparación de la tributación del gasóleo con la gasolina. Sin embargo, fuentes del PSOE, durante la campaña electoral, reconocieron que la idea de los socialistas es llevar a cabo un alza fiscal, en términos generales, de los combustibles, para acercar la fiscalidad española a la europea.

Esta revisión de los beneficios fiscales había sido avisada por los socialistas durante la campaña electoral, particularmente en el campo de las empresas. Aquí se van a revisar los incentivos a la I+D+i y los tipos reducidos y las donaciones en Sociedades.

Con todo, este ambicioso análisis de las deducciones y exenciones del sistema tributario, que ejecutará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no tiene plazo para publicarse, aunque es de prever que a lo largo del año el órgano emita un dictamen.

En cualquier caso, ya en el proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, hoja de ruta económica del Gobierno durante el primer año de la próxima legislatura, aunque no se hubiese aprobado, ya se preveía una fuerte disminución de los beneficios fiscales de las empresas con el Impuesto sobre Sociedades.

Este es uno de los planes que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez para ejecutar una ambiciosa reforma con la que acercar los niveles de presión fiscal de España a la media de Unión Europea, lo cual supondrá aumentarla en 26.000 millones entre 2019 y 2022. Entre ellos se cuenta tanto con una disminución del gasto público - si en 2018 se quedó en el 41,3% de PIB, en 2022 la idea es que descienda hasta el 40,7 - como con un incremento de los ingresos, tanto a través de cotizaciones como de la recaudación tributaria.

En este sentido, Moncloa se ha comprometido con la Comisión Europea a que todas sus medidas para lograr ingresos adicionales, más allá del ciclo económico, estén en marcha para 2020. Se trata, exactamente, del conjunto de iniciativas que el Gobierno prometió en el proyecto de Cuentas y que valoró en unos 5.654 millones.

El impuesto al que más rendimiento le quiere sacar el Ejecutivo es al de Sociedades, que el año pasado permitió ingresar 24.838 millones. Los socialistas apuestan por crear un tipo mínimo para grandes empresas del 15%, y del 18% en el caso de entidades financieras y compañías de hidrocarburos. Así mismo, se limitarán las exenciones para evitar la doble imposición en los dividendos y plusvalías generados por empresas españolas en el exterior como consecuencia de su participación en sociedades filiales, pasando del cien por cien actual al 95%. Con estas propuestas, el Ejecutivo aspira lograr 1.776 millones adicionales.

El otro filón con el que cuenta Sánchez es el de la creación de nuevos impuestos. Solo a través de la incorporación del tributo a determinados servicios digitales, la tasa Google, se espera recaudar unos 1.200 millones, mientras que con el de transacciones financieras, es decir, la tasa Tobin, se vaticinan 850 millones más.

A todo esto, hay que sumar el conjunto de iniciativas contra el fraude fiscal, cuyo proyecto de ley ni siquiera se llegó a presentar en el Congreso de los Diputados antes de que cerraran las Cortes por el adelanto electoral del 28-A y que permitirían recuperar de la economía sumergida 828 millones.

Sin embargo, estas pretensiones de ingresos estarían infladas, según varios organismos reguladores como el Banco de España o la propia AIReF. Concretamente, consideran demasiado elevados los pronósticos sobre las tasas Google y Tobin, sobre todo teniendo en cuenta que no hay experiencia previa en su uso.

Por otro lado, hay medidas que no se acercarán ni remotamente a las estimaciones del Gobierno. Es el caso de los 339 millones esperados por subir el impuesto de patrimonio a grandes fortunas. Lo más posible es que, a pesar de esta alza, la recaudación sea, como mucho, de diez millones más, dado que se trata de un tributo que está bonificado en varias regiones.
(Cinco Días, 03-05-2019)

Todos los ministerios deberán remitir a Hacienda un calendario semestral de actuaciones para 2019
Según el Programa Nacional de Reformas enviado a Bruselas, todos los ministerios deberán remitir a Hacienda un calendario semestral de actuaciones para 2019, con especial atención a las partidas de subvenciones, convenios, créditos de las comunidades, cuotas a organismos internacionales, transferencias a entes públicos, compra de acciones, aportaciones patrimoniales, o concesión de préstamos, que no podrán impulsar sin luz verde del fisco. Hacienda también establecerá “limites” a los nuevos gastos propuestos, aunque podrá aprobarlos excepcionalmente.

Del lado tributario, el Ejecutivo espera un incremento del 4,6% en la recaudación. Aunque la cifra es inferior al 7,6% de aumento registrado en 2018, supone un alza similar, de unos 10.000 millones de euros, con la diferencia de que el PIB crecerá este año un 2,2%, cuatro décimas menos. A su vez, eso sí, prevé ingresar 3.786 millones de cotizaciones por medidas como el incremento del 22% de las bases mínimas que acompañó la subida del salario mínimo (1.339 millones), la del 7% de las máximas (850 millones), la cotización de los becarios (75), los empleados de hogar (16), parados de 52 años subsidiados (193), o cuidadores de dependientes (296).

En paralelo, Economía asume un incremento del gasto de 3.829 millones por el alza de pensiones aprobada por el PP en 2018 (1.175 millones), la actualización con el IPC que impulsó Sánchez (123), la ampliación del permiso de paternidad (252), o el subsidio para mayores de 52 años en el paro (349).

Con todo, Economía asevera que el crecimiento, la reordenación de partidas presupuestarias y la revisión de beneficios fiscales permitirán rebajar el peso del gasto sobre el PIB del 41,3% al 41,1% este año e ir moderándolo al 40,7% para 2022. El Gobierno ultima además un plan de reordenación de los incentivos a la contratación para ahorrar 500 millones al año desde 2020. En paralelo, los ingresos crecerían del 38,9% al 39,1% en 2019, saltarían al 39,8% con la reforma fiscal prevista para 2020 (alza de IRPF, Sociedades, subida de gravamen del diésel y tasas Tobin o Google) y se igualaría al 40,7% del gasto en 2022 para permitir recuperar el equilibrio presupuestario. En este periodo la presión fiscal subiría del 35,1% al 37,3% lo que suponen 26.600 millones más de ingresos tributarios.
(Expansión, 03-05-2019)

El sueldo promedio de los trabajadores en España el año pasado ascendió a 25.442 euros
Los consejeros de empresas ingresaron 3.151 millones de euros durante 2018, un 4,8% más que el año anterior, y el doble que, en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, según datos difundidos el martes por la Agencia Tributaria. De esta cantidad, Hacienda ya ha retenido 1.052 millones de euros a cuenta del impuesto de la renta que tendrán que liquidar ahora. El tipo efectivo que pagan los miembros de los consejos de administración de las empresas españolas en el IRPF asciende al 33,38%, según la estadística oficial.

Las empresas cotizadas en el mercado continuo contaban con unos 130 consejeros durante el año pasado. Pero en España hay muchos más miembros de consejos de administración, en compañías que no están en Bolsa. El aumento en la retribución de los consejeros durante el año pasado es el menor de los últimos años. Desde que se inició la recuperación sus rentas han crecido a dos dígitos, alcanzando su máximo en 2015 cuando sus ingresos se incrementaron un 23,8%. Esta subida se puede deber tanto al aumento del número de consejeros como al incremento de sus retribuciones, aunque la estadística de la Agencia Tributaria no ofrece datos tan precisos.

En España no hay un registro oficial de consejeros, pero un informe elaborado por PwC explica que el sueldo medio de los consejeros de las empresas cotizadas varía entre los 127.468 euros y los 233.756 euros al año, un aumento de hasta el 7%. En el Informe anual de recaudación tributaria correspondiente a 2018, publicado ayer por la Agencia Tributaria, figura la mayor cifra de ingresos fiscales registrada hasta ahora por las Administraciones Públicas españolas. El año pasado lograron recaudar 208.685 millones de euros, un 7,6% más que el año anterior.

La prolija estadística de Hacienda, también recoge los ingresos totales que perciben los trabajadores españoles. El año pasado ingresaron unas rentas conjuntas de 370.752 millones de euros, un 5,4% más que el ejercicio precedente. Este aumento de rentas de los asalariados se debe fundamentalmente al incremento del número de trabajadores —más de 500.000 nuevos asalariados, según recoge la estadística de Hacienda—.

“En un entorno de crecimientos más moderados del empleo, el aumento de la remuneración se explica por el incremento de los salarios medios que, tras años de estancamiento, empezó a remontar a finales de 2017 y en 2018 se consolidó, especialmente tras la subida de salarios públicos aprobada a mitad de año junto con los Presupuestos”, señala el Informe anual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria correspondiente a 2018 y difundido el martes por Hacienda.
(El País, 03-05-2019)

Laboral

CC OO y UGT pasan de tener el 76% del total de delegados en 2007 al 68% en la actualidad
La pérdida de la fuerza sindical tiene su máxima expresión en el estancamiento del número de delegados que representan a los trabajadores españoles. A pesar de la clara recuperación del empleo que se está produciendo desde 2014 –primer año en el que se crearon puestos de trabajo en términos netos desde el inicio de la crisis en 2008– el número de delegados sindicales en España ha tenido una evolución prácticamente plana e incluso con leves pérdidas de representatividad en los últimos años.

Así, mientras el número de asalariados ha crecido por encima del 3% anual desde el 2015, las cifras de delegados sindicales que certifica el Ministerio de Trabajo indican que han pasado del máximo de 312.017 que había en 2007 –cuando se produjo el máximo nivel de ocupados en España– a los actuales 268.247 registrados ayer mismo en el cómputo dinámico facilitado por dicho departamento del Gobierno. De esta forma, el número de delegados a fecha de hoy sigue en niveles muy parecidos desde los últimos tres o cuatro años.

Esta evolución de los datos pone de manifiesto, entre otras cosas, que los sindicatos no convencen a los nuevos asalariados que han surgido durante la recuperación. Algo que fuentes sindicales atribuyen a la alta precariedad de los nuevos ocupados y, sobre todo, a su elevada rotación entre el empleo y el paro. Aunque esta interpretación choca con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año indicaban que en los últimos doce meses el 80% de los 565.500 nuevos asalariados ocuparon un empleo indefinido.

Los sindicatos más representativos CC OO y UGT han sido, además, los más perjudicados. Antes de la crisis económica, en 2007, el 76% de los delegados sindicales que había ese año en España pertenecían a uno de estos dos sindicatos de clase. Sin embargo, el peso de UGT y CC OO en el conjunto de los delegados que hay en la actualidad ha bajado al 68%.

Esta pérdida ha ido en favor de otros sindicatos y organizaciones de trabajadores –existen alrededor de 150 en toda España según las cifras oficiales de Trabajo– que suman alrededor de 86.581 delegados a fecha de hoy. Esto supone que casi uno de cada tres representantes sindicales pertenece hoy a una central que no es CC OO ni UGT.

Ninguna de estas dos organizaciones ha recuperado tampoco los afiliados que perdió durante la crisis. Desde el entorno de los 1,2 millones que llegaron a alcanzar ambos entre 2008 y 2010, CC OO contaba a finales de 2018 con 934.809 afiliados y UGT, 941.485. Aunque hay que precisar que estas cifras de afiliación son difícilmente comprobables ya que solo los sindicatos las manejan sin ningún tipo de auditoría.
(Cinco Días, 03-05-2019)

El sector público ha sido uno de los grandes motores del empleo en el último año
Sin embargo, la construcción, el transporte, el comercio y las actividades administrativas también han sido otros de los principales dinamizadores del mercado laboral en el primer trimestre. El mercado laboral sigue creando empleo con fuerza en el primer trimestre, aprovechando el impulso del acelerón de la economía entre enero y marzo. A pesar de la pérdida de empuje de dos tradicionales motores de la economía, como son el turismo y la industria, España ha sido capaz de encontrar nuevos sectores que puedan tirar del carro de la contratación.

Así, en el primer trimestre del año hubo 51 ramas de actividad que aumentaron su número de ocupados con respecto al mismo periodo de 2018, sumando en total 811.100 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa, que publicó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística (INE). La educación, la construcción, el transporte y el comercio quedan a la cabeza de la clasificación.

La educación es el subsector que más aumenta su plantilla, con 111.000 ocupados más que en el primer trimestre de 2018, hasta alcanzar los 1.434.000 puestos de trabajo en total. Esta ocupación es también la que más ha crecido en los últimos años, capitalizando el repunte del gasto público antes del nuevo ciclo electoral, ya que el número de alumnos se ha mantenido muy estable. Aunque no todos los ocupados en esta área dependan de las Administraciones, lo cierto es que el empleo público tiene un gran peso en esta plantilla, ya sea directa o indirectamente.

Y algo similar ha sucedido en otros sectores con un elevado peso de las Administraciones, como es el caso de los servicios sociales (sin incluir alojamiento), que suman 21.300 ocupados más; las actividades postales (21.200 trabajadores más), muy impulsadas por la oferta de empleo de Correos en 2018, que se ha materializado ahora; la asistencia social en establecimientos residenciales (18.300 ocupados más); la Administración Pública, incluyendo Defensa y Seguridad Social aunque no los servicios sociales (12.700); o las actividades sanitarias (4.200). En total, uno de cada cinco nuevos empleos es un puesto público.

En segundo lugar, la construcción también ha sido un potente foco de creación de empleo, con todas sus ramas en positivo. Así, la construcción de edificios suma 73.900 trabajadores en los últimos doce meses y rebasa el medio millón de ocupados, seguida de la construcción especializada (49.200 ocupados más) y la ingeniería civil (6.500).

Todo ello se explica por tres factores: la fuerte inercia positiva del mercado de la vivienda, con un fuerte crecimiento del número de proyectos en cartera, la reactivación de las inversiones empresariales y el aumento de la obra pública, que se disparó un 23% en el primer trimestre por la cercanía a las elecciones, de acuerdo con los datos de la patronal del sector, Seopan. Además, las actividades inmobiliarias suman 24.500 ocupados más.

Más adelante, el transporte terrestre y por tubería ha incrementado su plantilla en 54.200 trabajadores, en un movimiento también ligado al transporte aéreo (13.400) pero sobre todo al comercio, con fuertes incrementos en todas sus áreas, tanto la minorista (52.800 ocupados), como la mayorista (22.400) y la venta de vehículos (10.600).

Esta mejora ha estado ligada al incremento del poder adquisitivo, que también ha arrastrado de los servicios de comidas y bebidas (20.800 trabajadores más). Este año, no obstante, los servicios de hostelería han ido desligados de los servicios de alojamiento (que apenas suman 1.200 ocupados), debido a la pérdida de los turistas prestados en favor de Turquía o Egipto.

Sin embargo, es quizá el área de los servicios ligados a empresas donde hay un mayor número de nichos de empleo. Hay que mencionar en este campo las actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (con 27.600 ocupados más), las jurídicas y contables (23.800 nuevos trabajadores), las de seguridad (20.500), las de programación y consultoría informática (19.700), los servicios a edificios y jardinería (13.600) o los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (9.700). Todo esto muestra que las empresas están percibiendo una demanda que puede ser sostenida en el futuro, lo que le lleva a aumentar las contrataciones.

También en la industria hay un buen número de sectores en positivo, si bien con números no muy elevados, lo que arroja una luz tras los malos resultados al final del año pasado. Así, la fabricación de productos minerales, la de fármacos y la de bebidas superan los 10.000 nuevos ocupados respecto al primer trimestre del año pasado, mientras que los grabados, la industria química, la metalúrgica, la textil, la reparación e instalación de maquinaria, la de productos informáticos, electrónicos y ópticos y la de vehículos de motor, entre otras, se sitúan también en positivo, aunque a menores ritmos. Y a todo esto hay que sumar los 17.700 nuevos contratos en cuanto a suministro de energía, que está muy vinculada a la actividad manufacturera.
(Expansión, 03-05-2019)

La mochila austriaca, la revolución laboral que prevé Sánchez
Pedro Sánchez mantiene en su programa de reformas enviado a Bruselas la mochila austriaca como uno de los posibles cambios que impulse el futuro Ejecutivo. En concreto, se plantea la creación de un fondo “que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación”.

Desde el Gobierno, en una idea que ya se avanzó el pasado febrero, se sostiene que esta alternativa “tiene potencial para contribuir significativamente al dinamismo laboral y la productividad”, se apunta en el documento oficial.

La mochila austriaca es un concepto que ya intentó introducir el equipo económico de José Luis Rodríguez Zapatero durante su mandato, pero finalmente no salió adelante. Es una cuenta de ahorro individual que acompaña al trabajador a lo largo de su vida laboral. De hecho, al surgir en Austria se lo planteó como una forma de acabar con las indemnizaciones. El sistema no perjudica los cambios de empresa o ciudad, ya que no se prima o perjudica por antigüedad.

Según explica el Gobierno en el programa de reformas, se puede acceder a las cantidades acumuladas “en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación”. Es decir, cuando se da un despido, cuando el trabajador cambia de ciudad, cuando quiere formarse o cuando se jubila puede echar mano de los fondos que ha acumulado.

En una primera fase se tendrá que definir cómo se aplica la mochila austriaca en España. En ese sentido, se realizará un estudio que estará apoyado por el Structural Reform Support Programme. Además, su implementación “se abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles”. La CEOE ha planteado, y se recoge en el documento, “estudiar la implantación de un fondo de despido similar al modelo austríaco”.

En la Agenda del Cambio, que presentó el Gobierno en febrero y con una redacción calcada a la del documento remitido a Bruselas, se planteaba una implementación “gradual” a partir de 2020, se apunta en el documento.
(La Vanguardia, 03-05-2019)

La justicia reconoce como accidente laboral una baja por ansiedad
Un Juzgado de lo Social de San Sebastián ha reconocido como accidente laboral el período de baja por ansiedad al que se acogió un empleado de una empresa de seguridad debido al acoso al que le sometió uno de sus jefes, ha informado este jueves CCOO.

Según el sindicato, el trabajador afectado, que desempeñaba labores de vigilante, permaneció de baja laboral entre mayo y julio de 2018, después de que un informe realizado por la empresa para la que trabajaba reconociera la existencia de "una actitud abusiva y hostil" hacia él por parte del jefe de su equipo. CCOO explica que, aunque en un principio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la mutua de la empresa no reconocieron "el origen profesional de la dolencia", la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián sí lo hace ahora.

Para ello, la resolución argumenta que, aunque el trastorno de ansiedad puede tener múltiples causas, la inmediatez temporal entre el conflicto y la asistencia sanitaria prestada al trabajador, así como la inexistencia de antecedentes psiquiátricos en este caso demuestran que "la conflictividad laboral y la situación de acoso fue el único desencadenante" de su dolencia. En opinión del sindicato, esta argumentación del juzgado "derriba los argumentos de Seguridad Social y la mutua", y le permite incrementar la prestación que tendrá que pagarle esta última al trabajador.

Comisiones Obreras califica de "deplorable" la actuación de la mutua, que "derivó al trabajador al sistema público de salud para ocultar el origen profesional de la patología, aun habiendo referido el empleado que había sufrido un empujón y una agresión verbal".

Esta central considera "absolutamente necesario" que las empresas de seguridad privada "incrementen los controles, el seguimiento y las evaluaciones de riesgos psicosociales debido a la propia especificidad del sector, que incluye factores de riesgo como trabajo a turnos, frecuente cambio de cuadrantes y la posibilidad de sufrir agresiones".
(El Mundo, 03-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La industria acelera y crece al mayor ritmo desde enero
La industria española ganó pulso durante el mes de abril, según la encuesta de gestores de compras PMI. La consulta mostró mejoras tanto en producción como en nuevos pedidos y empleo. El índice PMI elaborado por la empresa Markit cerró el mes en 51,8 puntos, por encima de los 50,9 de marzo. Se trata del mejor dato desde enero. Los 50 puntos son el umbral que separa la contracción de la expansión económica.

"El sector industrial español ha disfrutado de un mes relativamente positivo, especialmente en el contexto de un entorno de demanda internacional exigente", explicó en una nota el economista de Markit Pail Smith. "Además, la subida de la demanda parece haber sorprendido a muchos industriales, con las empresas tirando de inventarios durante el mes y, en ocasiones, sufriendo escasez de personal".

El índice de empleo subió a 51,3 puntos desde 51,1 en marzo. El incremento de las ventas fue el mejor observado durante diez meses, mientras que la producción ha aumentado ininterrumpidamente durante casi cinco años y medio. Por último, la confianza a plazo de doce meses vista mejoró también en abril. "Se espera que el lanzamiento programado de nuevos productos, el aumento de las actividades comerciales y los pronósticos de una mayor demanda incrementen las ventas y la producción durante los próximos doce meses", explica Markit en su comunicado.
(Expansión, 03-05-2019)

La UE afirma que el endurecimiento del embargo contra Cuba "debilita la confianza" en EEUU
La Unión Europea (UE) lamentó este jueves "profundamente" la plena aplicación de la Ley Helms-Burton de 1996 por parte de Estados Unidos, que permite demandar en ese país por propiedades confiscadas en Cuba, y consideró que "debilita" la asociación transatlántica. La entrada en vigor hoy de esa ley, que estaba suspendida desde su promulgación por el rechazo causado a nivel internacional, "supone una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos UE-EEUU de 1997 y 1998, que ambas partes han respetado sin interrupción desde entonces", indicó la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini.

"Ello originará fricciones innecesarias y debilita la confianza y la previsibilidad de la asociación transatlántica", enfatizó Mogherini en una declaración en nombre de los Veintiocho. La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales "contraviene el Derecho internacional", por lo que "recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la Ley Helms-Burton, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio y el uso del estatuto de bloqueo de la UE", recordó.

Y agregó que seguirá trabajando con sus socios internacionales, "quienes también han manifestado su preocupación a este respecto". La entrada en vigor de esta ley da luz verde a las demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba tras la Revolución de 1959.

Desde este jueves, los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución comunista podrán demandar en los tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas, en virtud de la activación del Título III de la mencionada ley.
(El País, 03-05-2019)

 
 
 
 
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