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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 10 DE MAIG DE 2019

Laboral

Criterios que deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras
Orden TMS/513/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras.
(BOE, 10-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Anexo 1 que define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 10-05-2019)

Euro
Resolución de 9 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 9 de mayo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 10-05-2019)

Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios
Resolución de 3 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 10-05-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/index.php?d=112&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 10 DE MAIG DE 2019

Fiscal

La AIReF cuestiona las previsiones de ingresos del Gobierno de Pedro Sánchez y centra su atención en los incentivos a la contratación
Si cuando el Ejecutivo presentó una catarata de subidas de impuestos en los Presupuestos y en los proyectos de ley que creaban las 'tasas Google' y 'Tobin' sus previsiones eran que cada tributo recaudara menos de la mitad, o incluso menos, que lo que estimaba el Gobierno, ahora cree que habrá un desfase global de una décima del PIB, de cerca de 1.200 millones.

Así el Ejecutivo estima una recaudación de 5 décimas del PIB, cerca de 5.700 millones, y la AIReF augura una décima menor, de unos 4.500 millones. En sus valoraciones anteriores, pesaba el hecho de que los impuestos sólo entrarían en vigor a mitad de año. Ahora, en el Programa de Estabilidad, el Ejecutivo plantea que las alzas fiscales entrarán en vigor en 2020, con lo que el efecto recaudatorio será de un ejercicio completo. Sin embargo, para la AIReF, las previsiones del Gobierno siguen siendo "optimistas".

Además, la AIReF cree muy ajustada la reducción del déficit prevista en el Programa de Estabilidad y alerta de la existencia de riesgos. La senda fiscal prevista plantea una reducción del déficit de 2,5 puntos del PIB en cuatro años, lo que considera factible hasta 2021 e improbable en 2022.

En la búsqueda de reducir el déficit y el gasto público, el Gobierno ha puesto el ojo en los incentivos a la contratación. La Actualización del Programa de Estabilidad enviada a Bruselas la semana pasada plasma el planteamiento del Ejecutivo para ahorrar unos 1.500 millones de euros en este campo. Lo que no revela es que esta iniciativa supondrá, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la eliminación del 60% de estas bonificaciones.

Así lo indica el ente en el informe que ha publicado sobre el Programa de Estabilidad. La propia AIReF ha sido requerida por el Gobierno para analizar dichos incentivos para la contratación y su eficiencia, aunque fuentes de la misma indican que todavía no hay conclusiones sobre dicho estudio, que se está poniendo en marcha.

De hecho, indican que lo único que deja claro el Gobierno son sus intenciones respecto a las bonificaciones de la contratación. De ahí que todavía no puedan valorar, tampoco, el impacto que puede tener esta medida, por pondría fin a la deducción de cotizaciones por valor de una décima de PIB.

Asimismo, la AIReF se corrige. A pesar de que avisó que de que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros podría suponer la destrucción de al menos 60.000 puestos de trabajo a lo largo de 2019, la institución reconoce que, al menos hasta abril, no ha habido ningún tipo de impacto negativo en el mercado de trabajo.

En cualquier caso, desde la Autoridad se advierte de que su análisis está hecho en datos agregados y no con microdatos, así que en verano - que será cuando aparezca el próximo informe al respecto - estas conclusiones podrían cambiar, sobre todo porque el impacto del SMI podría ser paulatino. Si esto se da, será solo en trabajadores con menor formación y asalariados, no en autónomos
(El País, 10-05-2019)

Laboral

El Supremo ratifica que el despido del indefinido no fijo se indemniza con 20 días
Es la segunda sentencia del Tribunal Supremo en el mismo sentido y, por tanto, sienta jurisprudencia. Los indefinidos no fijos cuyo despido se produzca por cobertura de plaza tienen derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado. El alto tribunal insiste así en equiparar esta situación con el despido por causas objetivas, e incide en la diferencia entre indefinidos no fijos e interinos. Los segundos, tal y como resolvió recientemente en pleno de la Sala de lo Social, pueden ser despedidos sin indemnización alguna.

La primera sentencia que establecía la indemnización de 20 días fue dictada el 28 de marzo de 2017. En ella, el Supremo recordaba que la figura del indefinido no fijo es una creación jurisprudencial a través de la cual se trataba de encauzar legalmente el problema del abuso de los contratos temporales por parte de la Administración Pública. El remedio a tal abuso, explicaban los magistrados, no puede ser la conversión del temporal en funcionario, porque ello atentaría contra los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. En consecuencia, concibieron un contrato que no aparecía regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP): el del indefinido no fijo.

Fijada la jurisprudencia, el socio director de Zeres Abogados, Fabián Valero, explica que es muy relevante que los empleados públicos no esperen al momento del cese para clarificar su relación laboral con la Administración. "El interino no cobra indemnización y el indefinido no fijo sí. Si el trabajador solo impugna su situación contractual tras ser despedido, el juez puede preguntarse: 'Si nunca manifestó ninguna objeción durante la relación laboral, ¿por qué ahora?", relata.

Además, Valero subraya otra diferencia relevante. Así como el interino está adscrito a una plaza (y, por tanto, si esta resulta cubierta, su contrato se extingue sin compensación), el indefinido no fijo no, de tal modo que podrá reclamar por su despido. En el litigio analizado, un profesor con la condición de interino no fijo demandó a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León después de ser cesado en el instituto en el que había sido contratado, al retornar el titular de la plaza (que se encontraba de baja). El juzgado de instancia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) regional rechazaron que se le pudiera reconocer indemnización alguna; criterio que corrige el Supremo.

Cuando el cese del indefinido no fijo "no resulta improcedente, sino que es ajustado a derecho, la consecuencia del reconocimiento de la indemnización de 20 días deviene automática", asevera el alto tribunal. Y lo mismo sucedería, continúa, con la indemnización de 12 días si se tratara de una relación temporal.

Los magistrados, no obstante, tal y como ya hicieron en la primera sentencia, subrayan que la decisión de que los interinos no fijos tengan una indemnización de 20 días por año trabajado no surge de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) del caso De Diego Porras (de 14 de septiembre de 2016). Una resolución "cuya dificultosa y problemática interpretación ha sido corregida", recuerdan en la sentencia.
(Cinco Días, 10-05-2019)

La Airef reconoce que el alza del SMI no está teniendo “ningún efecto negativo” en el empleo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha dado su aval con matices al Programa de Estabilidad que el Gobierno de Pedro Sánchez remitió a Bruselas la pasada semana. Si bien rebaja levemente la previsión oficial de ingresos y ve improbable que logre el equilibrio presupuestario en 2022, la Airef da un espaldarazo a una de las medidas estrella de Sánchez: el alza del salario mínimo interprofesional.

"No encontramos ningún efecto negativo en estos cuatro meses" sobre el empleo "en ningún ángulo, por la subida del salario mínimo", han aseverado este jueves fuentes del organismo fiscal independiente coincidiendo con la remisión al Gobierno de su informe de evaluación del Programa de Estabilidad. Desde el organismo asumen que, transcurridos siete meses desde el anuncio y cuatro desde la entrada en el mayor incremento de la historia del salario mínimo, un 22% hasta los 900 euros al mes, es momento de poder hacer un análisis, aunque sea "provisional".

Tras estudiar la evolución de cotizaciones, empleo, afiliación, paro, así como la evolución laboral en las Comunidades Autónomas en las que el salario mínimo es más común, la Airef entiende que no hay impacto negativo alguno. "Nos pasamos de negativos", ha reconocido la Airef sobre su previsión de que el alza podría suponer una rebaja de 40.000 empleos en 2019, pese a que esta estimación estaba en la parte baja de la horquilla de impacto de diversos organismos, como el Banco de España, que apuntaban a la destrucción de hasta 120.000 empleos.

Más allá, la Airef considera factible la hora de ruta remitida por el Ejecutivo a la Comisión Europea, aunque estima que los ingresos anunciados serán ligeramente inferiores (en tres décimas, por lo que consideran la estimación oficial improbable) y el gasto algo superior (dos décimas, por lo que ve factible el objetivo del Gobierno). Esto, dice el organismo, impediría alcanzar el equilibrio presupuestario en 2022 como pretende el Gobierno. La Airef estima que el déficit, que cerró 2018 en el -2,48 y pasaría este año al -2,1 según su visión, pasaría al -0,5 en 2022.

Su estimación es que el alza de recaudación se fía demasiado al ciclo, pues solo se ha planteado públicamente retomar en 2020 la reforma fiscal anunciada para 2019, y prevén una décima menos de ingresos por cotizaciones sociales que el Ejecutivo. A su vez, asumen que la inversión pública y los salarios de los funcionarios elevará el gasto contemplado por el Ministerio de Economía.

En todo caso, desde la Airef instan al Gobierno a agilizar sus planes económicos, especialmente la reforma fiscal anunciada ya para 2020, en cuanto se forme el nuevo Ejecutivo salido de las elecciones del 28 A, a fin de que dé tiempo a que las novedades tributarias previstas estén plenamente operativas desde el 1 de enero del próximo ejercicio. Además, subraya que el Ejecutivo no ha detallado sus planes fiscales para 2021 ni 2022.

El paquete tributario, incluido en el fallido plan presupuestario de 2019 pero que el Gobierno busca volver a impulsar el año próximo, aspira a recaudar 5.654 millones si bien la Airef estima que permitirá ingresar unos 1.200 millones menos. En concreto, una horquilla entre 3.541 y 4.889 millones.

En cuanto al escenario a medio y largo plazo, la Airef se muestra más optimista que el Gobierno en la evolución del gasto en pensiones hasta 2050, periodo que en el que se espera un fuerte incremento de costes por la jubilación de la generación del baby boom y el envejecimiento de la población. Para entonces, el Ejecutivo espera una caída de cinco millones en la población activa (la Airef, de un millón), más paro y un sobrecoste del 1,7% del PIB. Para el mismo horizonte, pero con perspectivas más positivas en lo laboral, la Airef prevé un alza de gasto de solo el 0,5%. Ambos cálculos asumen que, pasada la nueva legislatura, seguirá vigente una revalorización anual del 0,25%. De blindarse la actualización anual con el IPC, como prometió el PSOE, la autoridad prevé un sobrecoste del 2,6% del PIB para 2050 por lo que urge al Ejecutivo a actuar para costear un sistema en el que Sánchez es ya hoy más pesimista que la propia Airef.
(Expansión, 10-05-2019)

Los sindicatos dudan de la aplicación efectiva del registro de jornada laboral
A partir de este domingo será obligatorio que todas las empresas del país registren la jornada laboral de sus empleados, en cumplimiento de una nueva regulación que busca atajar la precariedad laboral y el elevado número de horas extras –2,6 millones de horas semanales, según la EPA– por las que los trabajadores ni cobran ni cotizan. No obstante, los sindicatos dudan de que su implementación pueda realmente llevarse a cabo, dada la poca de concreción de la norma y la falta de control interno en muchos centros de trabajo. En un tejido empresarial compuesto en su mayoría por microempresas sin representación ni control sindical, temen además que el cumplimiento efectivo por parte de los empresarios quede en papel mojado, por mucho que se enfrenten a multas de más de 6.000 euros si no cumplen con su obligación.

“El problema es que la ley deja muy abierto el cumplimiento estricto del registro de horas a un acuerdo entre la negociación colectiva y la empresa, por eso insistimos en la necesidad de cerrar mucho más el abanico", sostiene el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino. También pide que sea la Inspección de Trabajo "quien realmente actúe para que el control sea efectivo”, especialmente en los sectores donde se sabe que la incidencia de horas extras no pagadas es mayor: hostelería, turismo y comercio.

Lo mismo opina la secretaria de acción sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente, quien señala que el real decreto concreta muy poco cómo se debe proceder para hacer el registro que, insiste, no supone meramente fichar. "La regulación es farragosa y no sabemos si la empresa va a tener que acordarlo con la negociación colectiva o simplemente informarla", detalla. Además, explica que su puesta en marcha puede tener muchas complicaciones legales, como por ejemplo la implantación de la huella digital o de la geolocalización para aquellos empleados que trabajen a distancia. "Va a generar un montón de datos sensibles". Por ello, insiste en que, para garantizar la protección de datos, el derecho a la intimidad y a la desconexión digital, tendrá que "estar perfectamente negociado y controlado".

Pero, además, según los datos del Ministerio de Trabajo, el 43% de los empleados en España trabaja en empresas con menos de 50 asalariados, donde la representación sindical es casi anecdótica. “Tenemos un verdadero problema de que se cumpla la ley si no hay voluntad del empresario”, reconoce Pino. Por esa razón defiende que se deroguen los “efectos más dañinos de la reforma laboral”, que hizo que prevaleciera el convenio de cada empresa sobre el convenio sectorial, un paraguas que, dice, podría proteger mucho más a las microempresas (de entre uno y nueve empleados) y las pequeñas empresas (de 10 y 49).

A pesar de valorar la medida como un paso en la buena dirección, el coordinador nacional de empresa privada de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Pedro Poves, cree que, hoy por hoy, el registro de la jornada laboral es "un brindis al sol". "Si no hay representación sindical y por tanto control interno en la empresa, y no se refuerza la Inspección de Trabajo, va a quedar al arbitrio del empresario, lo que resultará en un cumplimiento meramente formal y no material", advierte. Eso significa que los empresarios tendrán un registro firmado por los trabajadores que mostrará que cumplen, pero en la práctica, las horas extras seguirán sin cotizar, sostiene Poves.

El responsable de CSIF lamenta que en España la representación sindical sea tan escasa. Detalla que las empresas con menos de nueve empleados -que concentran al 30% del empleo en España- no tienen representantes sindicales, las de 10 a 29 asalariados, solo uno, y las de menos de 50, solo tres. Pero no es obligatorio y en la práctica, dice, son muy pocas las que cuentan con delegados. Critica, además, que la normativa -la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de 1985- es "anticuada y tremendamente compleja" y pide que se cambie el sistema electivo para que los sindicatos, más allá de los mayoritarios UGT y CC OO, tengan mayor protagonismo y puedan representar a un mayor número de trabajadores.
(El País, 10-05-2019)

Inspección de Trabajo actuará con mesura en el control del registro de la jornada
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha dicho que la normativa para el registro de la jornada laboral, que entra en vigor el día 12, se tiene que cumplir "con seriedad", pero también "sin agobios", y ha señalado que la Inspección de Trabajo actuará "con mesura" y se dará "un margen".

En un desayuno con medios de comunicación en Santander, junto a los candidatos socialistas a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga, y a la Alcaldía de Santander, Pedro Casares, ha recordado que el 12 de mayo entra en vigor el registro de jornada en las empresas, y ha indicado que es consciente de que "hay un cierto revuelo" sobre cómo llevarlo a cabo.

Valerio ha manifestado que se ha dado "mucha libertad" para aplicar esta medida, a través de la negociación colectiva y, "sobre todo", negociando dentro de las propias empresas. "No tiene por qué seguir todo el mundo con la ficha en la boca, a fichar allí físicamente. Sabemos que existen las jornadas flexibles, sabemos que existe el teletrabajo, sabemos que existen personas que trabajan para una empresa española y a lo mejor están en China o en México", ha comentado.

Así, ha aludido a la posibilidad de fichar telemáticamente y ha repetido que cada empresa va a tener libertad para ordenar su registro. "Eso sí: hay que acabar con el fraude", ha advertido la ministra, que ha insistido en que con esta reforma se ha querido "dar un toque" y a la vez "también tranquilizar". Según ha indicado, se preveía un periodo de dos meses para implantar este registro, pero muchas veces se dejan las cosas "para el último minuto".

Con todo, ha subrayado que la Inspección de Trabajo actuará "con cabeza, con mesura y con sentido común" y que, "evidentemente, se dará un margen". Se ha referido a que en algunos casos este registro se tiene que someter a negociación colectiva y renegociar convenios, y a que la Inspección de Trabajo tiene la directriz de "dar un poquito de margen de maniobra" y "no sancionar el día 13". "Conclusión: entra en vigor el día 12 y se va a vigilar que esté regulado por la empresa o que, al menos, se esté en trámite y en negociación con la representación de los trabajadores", ha apostillado.

Además, la ministra ha hablado del compromiso del PSOE de revertir los aspectos más lesivos de la reforma laboral. "El acuerdo de retoque de los aspectos más lesivos de la reforma laboral ha descarrilado en cuanto se convocaron las elecciones, igual que ha pasado con el Pacto de Toledo en materia de pensiones", ha comentado, antes de advertir de que con la convocatoria electoral hubo "un antes y un después".
(El Mundo, 10-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La CNMV registra una plataforma de renta fija
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha avanzado que esta tarde está previsto que el organismo conceda la licencia a un mercado de renta fija radicado en Reino Unido que ha optado por relocalizarse en España tras la incertidumbre generada por el Brexit. Así lo ha comunicado en declaraciones a los medios tras la clausura del XXVI Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC, si bien ha indicado que se conocerán más detalles una vez se apruebe la gestión.

"Hoy vamos a aprobar en el comité ejecutivo de la CNMV conceder la creación de una sociedad de valores que va a gestionar un mercado de renta fija especializado en determinado segmento ahora radicado en Reino Unido", ha informado. Según ha señalado Albella, en Reino Unido hay diversos mercados de renta fija y muchos de ellos han elegido relocalizarse en Ámsterdam (Países Bajos) ante la incertidumbre que genera el Brexit.

"Uno de esos mercados privados ha optado por España, y esta tarde vamos a aprobar las licencias correspondientes", ha adelantado el presidente del organismo supervisor, quien ha añadido que en cualquier caso Ámsterdam se está convirtiendo en "el nuevo hub de mercados organizados".

Asimismo, ha afirmado que ha habido movimientos adicionales en el mismo sentido y que varias empresas pequeñas y medianas han optado por la relocalización en España, además de Credit Suisse. "Lo que pasa es que estamos en un momento de cierta tranquilidad, porque todo se ha propuesto hasta octubre", ha explicado.
(Cinco Días, 10-05-2019)

EE UU sube al 25 % sus aranceles a miles de productos de China
Estados Unidos ha impuesto una subida del 10% actual al 25% en los aranceles a importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares, una medida que enturbia las negociaciones con Pekín para contener la guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales.

A las 00:01 del viernes en la costa este de EE UU (4:01 GMT) entró en vigor el aumento en los aranceles a más de 5.000 productos chinos que anunció el pasado domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, y que China había tratado de impedir durante unas negociaciones a contrarreloj en Washington.

China lamentó "profundamente" la decisión de Estados Unidos y anunció que tendrá que adoptar "las contramedidas necesarias". En un comunicado emitido apenas minutos después del anuncio estadounidense, el Ministerio de Comercio chino señala que las conversaciones comerciales con Washington "están en desarrollo" y espera que ambas partes "trabajen juntas para resolver los problemas existentes por medio de la cooperación y el diálogo".

Fuentes de la Casa Blanca habían confirmado poco antes de la medianoche que los aranceles entrarían en vigor según estaba previsto. La cena de trabajo que mantuvo este jueves el jefe negociador de China, el viceprimer ministro Liu He, con el encargado de comercio exterior de EE.UU., Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, no cambió los planes de Washington.

Liu volverá a reunirse este viernes con los negociadores estadounidenses, en un intento de lograr un pacto que permita retirar, rebajar o contener el impacto de los aranceles. El pasado domingo, Trump rompió una tregua de más de seis meses en la guerra comercial al anunciar que hoy subiría al 25 % los aranceles que impuso el año pasado a productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares.

El mandatario estadounidense retomaba así su plan original de aumentar la carga de los aranceles contra esos productos chinos, que decidió congelar el pasado diciembre para abrir una negociación con China que aún sigue activa. El anuncio del domingo revolucionó los mercados y aumentó la incertidumbre sobre las conversaciones entre las dos potencias, que hasta hace una semana parecían acercarse a la firma de un acuerdo comercial.

Los aranceles incrementados hoy afectan a más de un tercio de las exportaciones chinas anuales a EE.UU., entre ellos productos como cereales, textiles, material de construcción, productos químicos y combustibles. Trump amenazó este jueves, además, con imponer aranceles también del 25 % a otros 325.000 millones de dólares en importaciones de China, lo que cubriría el valor total de los bienes chinos importados anualmente por Estados Unidos.
(Expansión, 10-05-2019)

La banca se rebela contra las mayores exigencias de capital
Las reacciones a las advertencias y recomendaciones del Banco de España sobre las necesidades de que las entidades financieras mejoren sus ratios de capital no se han hecho esperar. Si el miércoles fue el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, el que contestó poniendo el ejemplo de Estados Unidos, en el que los requerimientos de capital son más laxos que en Europa y la banca puede llegar a dar un pay-out del 100%, ayer le tocó el turno al presidente de la AEB, José María Roldán, y a Jaime Sáenz de Tejada, director financiero de BBVA.

La subgobernadora de Banco de España, Margarita Delgado, propuso incluso adaptar el dividendo a la caída de resultados y rebajar el pay-out (parte del beneficio destinado a remunerar al accionista) para reforzar los ratios de capital.

Roldán, que fue director general de regulación del Banco de España, demandó en las jornadas de banca organizadas por ABC, Deloitte y la Sociedad de Tasación, que “pensar” en establecer requerimientos de capital a la banca “que sean razonables” para evitar que la incesante demanda de colchones acabe perjudicando al crédito y contribuya a sembrar dudas sobre la fiabilidad de los balances de la entidad, como indicó que ya está ocurriendo.

“No puede ser que, pensando en la crisis del 2008,” por los eventos que alimentaron entonces los problemas “pongamos en riesgo la financiación de la economía productiva de los próximos 99 años”, alertó. El representante de la banca aseguró que el Banco Central Europeo (BCE), en su doble función de fijar la política monetaria de la zona del euro y de supervisar a los bancos de la misma, está poniendo en práctica una "agresiva política de tipos de interés bajos e, incluso, negativos, con la que empuja al sector a tomar recursos y prestarlos a la economía productiva", dijo.

Pero al mismo tiempo está mandando mensajes "muy restrictivos" de aumento de capital y de las exigencias supervisoras", que hacen que las entidades se vean "muy presionadas" y al final presten menos. Sobre la subida de los requerimientos de capital añadió que "genera inquietud en el mercado", pues los inversores pueden pensar que el supervisor ve problemas en el sector que el mercado no ve y eso hace que baje la valoración de la banca.

"En la Unión Europea existe un complejo de que hemos sido blandos en el pasado y ahora tenemos que recuperar terreno", pero lo cierto es que cuando sumas las exigencias de capital y las exigencias de resolución "Europa es el campeón mundial".

"Si tenemos problemas en algunos países o en algunas partes del sector, tratémoslas con los instrumentos discriminatorios que permite la supervisión, pero no hagamos café para todos que genere una enorme desconfianza a nivel internacional", reclamó.
(El País, 10-05-2019)

Sector

Solo el 21% de laudos arbitrales impugnados es anulado por la justicia
El arbitraje en España goza de buena salud. O al menos eso se deduce del primer Observatorio del Arbitraje realizado en nuestro país, que revela que los tribunales únicamente anularon el 21% de los laudos impugnados en 2018. En concreto, y en línea con los años anteriores, fueron ocho de las 38 resoluciones que fueron llevadas ante la justicia. Y hay que tener en cuenta, además, que no todos los laudos son impugnados por una de las partes.

El informe, elaborado por el despacho Fieldfisher Jausas, será repartido en la V Edición del Open de Arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje que se celebra hoy en Madrid. Del observatorio también se desprende que el 100% de las solicitudes exequatur (procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en nuestro país) fueron estimadas.

De las ocho acciones de anulación estimadas, cinco lo fueron por infracción del orden público y las tres restantes por invalidez o inexistencia del convenio arbitral. No obstante, el orden público continúa siendo la causa de anulación más invocada (en 31 de los 38 casos). La invalidez o inexistencia del convenio se alegó en 9 ocasiones.

La abogada María Domingo, asociada senior del Departamento de Arbitraje de Fielfisher Jausas y autora del estudio, considera que los datos del Observatorio ponen de manifiesto que el estado del arbitraje en nuestro país es “positivo”, una tendencia sostenida en los últimos años. Además, destaca que la ratio de anulaciones sigue siendo baja, circunstancia que “respalda indudablemente la labor arbitral y convierte a España en una sede relativamente segura” para las partes.

La letrada confía en que el informe pueda convertirse en una “herramienta útil para ver el feeling y los motivos por los que la jurisdicción se alarma frente a las circunstancias que pueden afectar al arbitraje en España cada comienzo de ejercicio”. El estudio, que también analiza cifras de 2014 y 2016, pone de manifiesto que en ningún año la proporción de anulación de laudos superó el 30%.
(Cinco Días, 10-05-2019)

 
 
 
 
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