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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’11 AL 13 DE MAIG DE 2019

Laboral

Adaptación de la organización y el funcionamiento de los centros docentes militares a las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo
Resolución de 9 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se adapta la organización y el funcionamiento de los centros docentes militares a las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.
(BOE, 13-05-2019)

Acuerdo para la regularización y mejora retributiva del personal docente de educación privada concertada en la Comunidad Autónoma de Aragón, afectados por el VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo para la regularización y mejora retributiva del personal docente de educación privada concertada en la Comunidad Autónoma de Aragón, afectados por el VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
(BOE, 13-05-2019)

Acuerdo relativo a la fijación de cuantías de complementos retributivos del personal docente de los centros concertados de La Rioja del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a la fijación de cuantías de complementos retributivos del personal docente de los centros concertados de La Rioja del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
(BOE, 13-05-2019)

Acuerdo sobre creación de complemento salarial para los docentes de los ciclos formativos de grado superior de los centros privados del ámbito de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2018-2019, afectados por el VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre creación de complemento salarial para los docentes de los ciclos formativos de grado superior de los centros privados del ámbito de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2018-2019, afectados por el VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
(BOE, 13-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Norma de calidad para el pan
Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan.
(BOE, 11-05-2019)

Euro
Resolución de 10 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de mayo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 11-05-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/index.php?d=114&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/index.php?d=113&s=3

 

RECULL DE PREMSA DE L’11 AL 13 DE MAIG DE 2019

Fiscal

La atención en oficinas para hacer la declaración de la Renta empieza
La atención presencial en oficinas para la confección de la declaración de IRPF de 2018 comienza el próximo martes, de acuerdo con el calendario publicado por la Agencia Tributaria (AEAT) en su página web. Los contribuyentes que necesiten ayuda presencial para elaborar su declaración podrán acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria o entidades colaboradoras, como comunidades autónomas, ayuntamientos o registros, con cita previa, que se puede solicitar desde el 9 de mayo por internet o en los teléfonos 901223344 y 915530071.

Otras vías para presentar la declaración son por internet con el programa renta web, a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria o de manera telefónica con el plan "Le llamamos", por el que se fija una cita para que la AEAT llame al contribuyente y le ayude a presentar su declaración. El pasado año se presentaron 2,2 millones de declaraciones presencialmente en oficinas, el 11 % del total.

La campaña de la renta arrancó el pasado 1 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio, último día para presentar la declaración, salvo aquellos que quieran domiciliar el resultado a ingresar, que tendrán que hacerlo antes del 26 de junio. La Agencia Tributaria espera gestionar 20,35 millones de declaraciones, de las que 14,3 millones saldrán a devolver por un importe total de 10.468 millones.
(Expansión, 13-05-2019)

Pedro Sánchez se ha comprometido ante la Comisión Europea a abordar la reforma del sistema de financiación en esta legislatura
Así figura en el Plan de Estabilidad 2019-2022 remitido la semana pasada a Bruselas. Los líderes de los partidos políticos, sin embargo, evitan el debate sobre este importante asunto en la campaña electoral. El resultado de las próximas elecciones y el color de los nuevos Gobiernos autonómicos será decisivo para sacar adelante la reforma. Además, por primera vez, el Ejecutivo también tendrá que buscar apoyos en el Congreso para lograrlo.

La reforma del sistema de financiación es uno de los asuntos más trascendentes del Estado de las autonomías y uno de los más complejos de abordar desde el punto de vista político. Requiere poner de acuerdo a la mayoría de las autonomías, con independencia del signo político de su Ejecutivo. Hasta ahora, los sucesivos gobiernos centrales solventaban el asunto poniendo más dinero sobre la mesa. Así ocurrió en 2009, cuando Rodríguez Zapatero aprobó el modelo en vigor a cambio de ofrecer 11.000 millones más a las autonomías. Este sistema de reparto, que regula cómo se distribuyen los recursos entre las comunidades para prestar la sanidad, educación y otros servicios sociales, tenía que haberse reformado en 2014, pero el gabinete de Mariano Rajoy lo aplazó bajo pretexto de la crisis y las tensiones independentistas en Cataluña.

El Gobierno de Sánchez se ha comprometido con la Comisión Europea, en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales, a reformarlo en la próxima legislatura. Así figura en el Plan de Estabilidad 2019-2022 que la semana pasada envió a Bruselas: “Aunque se han dado pasos orientados a facilitar los debates a nivel político, en los últimos meses no se han dado las circunstancias imprescindibles para conseguir los consensos necesarios requeridos para avanzar en la reforma del sistema, ya que es preciso que este trabajo se desarrolle en un marco en el que exista una perspectiva de estabilidad política en el medio plazo, situación que se espera tras la formación de un nuevo Gobierno”.

Pero entre tanto los líderes políticos soslayan este debate en la campaña electoral. “Para hablar de este tema hay que saber, es un asunto muy complejo. Y meter la pata ahora puede ser desastroso”, explica el número dos de un consejero regional del PP, que ha participado en más de una docena de reuniones del Consejo de Política Fiscal (CPFF), el órgano donde Hacienda negocia con las autonomías los asuntos financieros.

“Es un asunto urgente”, abunda un consejero socialista de Hacienda. “Nosotros sí hablamos, pero a nivel regional. Nos preocupa la despoblación y la dificultad de financiar los servicios públicos en un contexto de elevada dispersión geográfica. Lo que no entendemos es por qué no se habla a nivel nacional. En los debates de los líderes nacionales [durante la campaña electoral del 28-A] no se abordó el asunto”, apunta antes de rematar: “La polarización no favorece una negociación que tiene que ser multilateral”.

El debate de la financiación ha protagonizado las pasadas elecciones en la Comunidad Valenciana. El presidente autonómico Ximo Puig (PSOE) y su socia de Gobierno, Mónica Oltra (Compromís) reivindicaron una mejora para esta comunidad, la peor tratada. Los presidentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura también han pedido que se acelere la reforma.

“Hay otras prioridades políticas”, insiste otro responsable de regional. “El eje del debate territorial se ha desplazado a Cataluña. Están los separatistas, los que acusan a Sánchez de ser cómplice de los independentistas. Se ha polarizado el discurso. En este ambiente a nadie se le ocurre comentar nada de la financiación, un tema que requiere sosiego”, añade.

Mientras que los líderes políticos evitan pisar ese charco para no salpicar a sus candidatos, los partidos apenas recogen propuestas vacuas en sus programas electorales. El PSOE es la formación que más detalles da: plantea incluir en la Constitución los principios generales del reparto de recursos y contemplar la atención a la dependencia en el modelo.
(El País, 12-05-2019)

España podría crecer una décima extra este año tras su buen primer trimestre
La economía española crece con fuerza frente al resto de potencias europeas, pero sigue inmersa en un proceso de desaceleración. Con todo, el buen dato de crecimiento de "un primer trimestre de 2019 mejor de lo esperado" podría permitir al país crecer una décima más de lo que espera Bruselas, ha reconocido este jueves el director general adjunto de asuntos económicos y financieros (Ecofin) de la Comisión Europea, Carlos Martínez Mongay.

Durante su intervención en unas jornadas organizadas por el Consejo General de Economistas y la Cámara de Comercio de España, Martínez Mongay, ha detallado que el incremento del 0,7% del PIB español en los tres primeros meses del año, frente al 0,6% esperado, podría permitir al país crecer un 2,2% en el conjunto de 2019.

Esto supondría cumplir las expectativas del Gobierno de Pedro Sánchez y superar el alza del 2,1% que la Comisión Europea acaba de anunciar que mantiene para España en sus previsiones económicas de primavera.

"Esto no cambia la narrativa", aduce en todo caso Martínez Mongay, advirtiendo que "la demanda interna sigue siendo el principal motor de crecimiento de la economía española" ya que la contribución neta de las exportaciones en el primer trimestre de 2019 tras meses a la baja no se debe a una mejora de las ventas al exterior sino a una caída mayor de las importaciones que contablemente arroja un saldo positivo para las exportaciones.

Para Martínez Mongay el gran problema de España es la productividad, que crece marginalmente en torno al 0,1% en los últimos años pese a la recuperación económica y del empleo. De hecho, el representante del Ecofin advierte que mientras que el reto de Europa ha vivido un shock transitorio y crecerá más en 2020 que en 2019, España seguirá desacelerándose hasta un 1,9%, según los cálculos europeos. Así, si el país no lograr impulsar su productividad la inercia ascendente que vive actualmente irá agotándose en los próximos años.
(Expansión, 11-05-2019)

El BOE publica la reducción del IVA para panes integrales
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto por el que se aprueba la nueva norma de calidad para el pan, que incluye una reducción del IVA al 4% para panes integrales y de otros cereales diferentes al trigo.

Con la aplicación de este decreto, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, "se establece una fiscalidad positiva y se garantiza que los ciudadanos adquieran productos de calidad perfectamente caracterizados y etiquetados", explica el Ministerio.

La nueva norma contempla requisitos más estrictos para considerar un pan integral, ya que se le exige que el 100% de la harina empleada sea integral, además de concretar la definición de masa madre, definir la elaboración artesana del pan, introducir una nueva definición del pan común y limitar la cantidad de sal que se puede emplear en su elaboración.

Así, la nueva definición de pan común permite que, a partir de ahora, se aplique el IVA reducido del 4% a más productos que se consideran de consumo habitual en los hogares y que ahora se gravan al 10%, como los panes integrales, los de otros cereales distintos al trigo o los elaborados con salvado.

"Esta norma llega para tratar de mejorar la información que tiene el consumidor porque el pan es un alimento fundamental en la cesta de la compra de los españoles", explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó la medida.

De esta forma, el Gobierno defiende que la aplicación de este decreto facilita la innovación, atendiendo a las nuevas necesidades de los consumidores, mejora la información que reciben, clarificando las denominaciones de venta y garantizando un alto nivel de calidad de los productos, mejora la competitividad del sector y asegura la competencia entre industrias, estableciendo las mismas condiciones a todos los productores.
(Expansión, 11-05-2019)

Laboral

Arranca el registro de jornada en las empresas
Este domingo entró en vigor en toda España la obligatoriedad para las empresas de registrar diariamente la jornada de trabajo de sus empleados. ¿Por qué el Gobierno ha aprobado esta medida? Fundamentalmente porque la Inspección de Trabajo lleva años instando a que dicho registro fuera obligatorio, como única vía para atajar el fraude en las horas extra.

El Estatuto de los Trabajadores ya exigía que empresario registrara las horas extraordinarias de sus trabajadores, pero los inspectores se quejaban de que al no existir un control de la jornada diaria era imposible calcular si los trabajadores hacían horas extra no reconocidas por la empresa.

La Inspección ha ganado la batalla y ha conseguido que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara este registro obligatorio en marzo pasado. A partir de hoy, siempre y cuando la empresa cumpla la ley, los trabajadores podrán tener constancia escrita del número de horas que trabajan y, por tanto, poder probar si hacen o no horas extra.

Pero ¿y ahora qué? ¿Cuándo se considera que una hora es extraordinaria? ¿Están los trabajadores obligados a hacerlas? ¿Cómo deben retribuirse? Aquí están algunas respuestas a esas y otras preguntas sobre las horas extra:

¿Qué se considera legalmente una hora extraordinaria? El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores es el que regula este tipo de horas. Este texto indica que son aquellas horas de trabajo "que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo". Así dicho parece claro, pero las jornadas son casi tan variadas como los trabajadores, por lo que es pertinente preguntarse, dónde aparece la jornada de cada uno. La jornada ordinaria aplicable a un trabajador debe estar o bien en el contrato o en el convenio colectivo de referencia.

En este punto se aplica el principio denominado "condición más beneficiosa" que hace que, si la jornada que aparece en el contrato es superior a la del convenio, se tomaría como jornada ordinaria esta última, para no perjudicar al trabajador. Y, si no apareciera ni el convenio ni en el contrato, el tope máximo serían las 40 horas semanales que marca la ley.

¿Estoy obligado a hacer horas extra? En principio, la realización de estas horas es voluntaria, salvo que se hayan pactado específicamente en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo. En ese caso, el pacto deberá cumplir los límites legales (80 horas anuales como máximo). No obstante, en caso de que ni el contrato ni el convenio del trabajador incluyan la realización de horas extra, este podrá realizarlas si así lo desea y si su empleador se lo permite.

¿Cómo deben retribuirse las horas extra? Se deben pagar aparte o compensarse con descanso durante los cuatro meses siguientes a su realización. El Estatuto de los Trabajadores indica que será el convenio colectivo o el contrato de trabajo el que fije la retribución de las horas extraordinarias. Si bien, la ley precisa que "en ningún caso podrá ser inferior a la hora ordinaria". Otra alternativa es que la retribución que se establezca en contrato o convenio sea su compensación en tiempo equivalente de descanso retribuido. Pero si la empresa opta por compensar las horas extra con tiempo de descanso en lugar de retribuirlas monetariamente, estas horas no computarán para el límite máximo de 80 horas extra anuales, siempre y cuando dicha compensación se haya hecho en los cuatro meses siguientes.

Si no hay ningún tipo de referencia a cómo pagar las horas extra, la ley dice que "se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización".

¿Quiénes están exentos de realizar horas extraordinarias? Hay varios casos en los que el empleado se puede negar a hacer horas extraordinarias. Se trata en primer lugar de los trabajadores nocturnos. Según el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, estos empleados son los que realizan su actividad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. De esta forma, la jornada de los empleados nocturnos no podrá exceder las 8 horas y no podrán realizar horas extraordinarias.

En segundo lugar, también podrán negarse a hacer horas extra quienes tengan un contrato a tiempo parcial. Aunque estos últimos sí podrán hacer horas complementarias, que son distintas de las extraordinarias. Y, finalmente, aquellos empleados que trabajen en una empresa inmersa en un Expediente de regulación de empleo Temporal (ERTE) de reducción de jornada, aunque no afecte al propio trabajador.

¿Qué puedo hacer si mi empresa no me paga ni compensa con descanso las horas extraordinarias? En ese caso se pueden reclamar judicialmente. Para ello es imprescindible que el trabajador pueda demostrar que ha realizado dichas horas extras y la mejor forma es con un registro diario de jornada documentado, como el que hoy entra en vigor. Precisamente, la nueva normativa permite el acceso del trabajador a su jornada diaria, lo que, según los abogados laboralistas, facilitará y aumentará las reclamaciones judiciales por este tipo de horas no satisfechas.

¿Cuántas horas extra puedo reclamar? Solo se pueden reclamar judicialmente las horas extraordinarias realizadas de un año hacia atrás. Las anteriores a los doce meses previos de la reclamación habrán prescrito. Además, si la empresa no ha retribuido estas horas tampoco las habrá cotizado a la Seguridad Social, por lo que el trabajador, además de la reclamación económica, podrá denunciar a la empresa ante la Inspección de Trabajo para exigirle las cotizaciones correspondientes al tiempo extra de trabajo. En este caso, la reclamación puede hacerse por los cuatro años anteriores, más allá las cuotas también habrán prescrito.
(El País, 13-05-2019)

Un juez reconoce como accidente laboral una dolencia previa agravada por el trabajo
El Juzgado de lo Social nº8 de Bilbao ha reconocido como accidente laboral una dolencia anterior que se agrava en el puesto de trabajo. La sentencia (cuyo texto puede consultar aquí) confirma así la petición de una vendedora de Conforama de 51 años que se dio de baja, a causa de una lumbalgia aguda producida por el sobreesfuerzo moviendo objetos de considerable peso como sofás, armarios o colchones, calificándola de enfermedad común en lugar de considerarse accidente de trabajo.

En concreto, sufrió un tirón cuando cargaba un mueble en su centro de trabajo, a lo que se añadió un gran dolor en la zona lumbar que se irradiaba hacia la cadera izquierda y que le provocó cojera. La mujer contaba con una patología anterior degenerativa, una hernia discal que padecía desde hacía 20 años, pero que no había mermado sus facultades para ejercer las labores propias de su profesión. En su resolución, el tribunal establece que el origen profesional de la dolencia “no se excluye porque se haya acreditado que el trabajador padeciera la enfermedad con anterioridad” o se hubieran presentado síntomas antes de iniciarse el trabajo. Según razona el juez, lo que se valora a estos efectos “no es la acción del trabajo como causa de la lesión, sino como factor desencadenante de una crisis”.

Por su parte, la mutua alegó que no lo considera accidente profesional porque ya una semana antes había presentado una dolencia similar y porque la afectada ya contaba con antecedentes personales en relación a esta patología. Por lo tanto, percibe que no se ha agravado “en tiempo y lugar de trabajo”, sino que se trata de una patología de “origen común y degenerativo”. Por este motivo “entienden que la baja de la trabajadora está bien emitida por el servicio público de salud” y, por lo tanto, “debe ser calificada como enfermedad común”.

El fallo recuerda que en el artículo 156.2 de la Ley General de la Seguridad Social consta como accidente de trabajo aquellas enfermedades que, no siendo profesionales, pueda contraerlas el trabajador con motivo de la realización de su trabajo “siempre que se pruebe que tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo”. Y, además, esta misma norma también recoge que tendrán la consideración de accidente de trabajo las enfermedades padecidas con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva de accidente. Algo que, según el tribunal, ha sido objeto de una amplia jurisprudencia “a menudo contradictoria”.

Por tanto, entre sus argumentos, el juez confirma que el hecho de que existan enfermedades o defectos que, aún congénitos o comunes, se padezcan con anterioridad y resulten agravados como consecuencia de una lesión evidente y constitutiva del accidente de trabajo, tales dolencias o secuelas “deberán ser conceptuadas como contingencias profesionales”.

Además, el fallo cita la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y en ella ha ido determinando tres elementos básicos por los que se configura el accidente de trabajo: la existencia de una lesión corporal (incluido el psicológico o el psíquico), la condición de trabajador por cuenta ajena del sujeto accidentado, y la relación de causalidad entre el trabajo y la lesión.
(Cinco Días, 11-05-2019)

Trabajo lanzará una guía para controlar la jornada laboral en las empresas
El registro obligatorio de la jornada laboral en las empresas, que se inicia este domingo 12 de mayo, contará con una guía de aplicación editada desde el Ministerio de Trabajo, pero que llegará el lunes 13, cuando ya las compañías tendrían que tener listo su sistema. Así lo ha anunciado el Gobierno en una nota lanzada hoy.

La medida supondrá registrar el inicio y la finalización de la jornada de cada trabajador, según estableció un real decreto el Gobierno el pasado mes de marzo. Se busca acabar con abusos en las horas extra y mejorar la protección de los empleados, “con el objetivo de salvaguardar el derecho de los trabajadores a tener una jornada previsible y a una retribución proporcional a su tiempo de trabajo efectivo, permitiendo además la conciliación de la vida laboral y personal”, recuerda el Ministerio.

En la nota se recuerda que las empresas han contado con dos meses para prepararse para la nueva normativa, si bien su entrada en vigor no está exenta de dudas y críticas, ante la falta de concreción en algunos detalles del registro.

“Las empresas deberán haber consensuado con los representantes legales de los trabajadores, mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa, el modelo de registro de jornada. En caso de no alcanzarse un acuerdo (o que no haya representantes de los trabajadores), la empresa decidirá la modalidad correspondiente que se considere idónea a los propósitos legales”, se apunta.

Las empresas pueden enfrentarse a multas si no cumplen con la legislación. Trabajo explica, en todo caso, que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podría no aplicar sanciones “de forma excepcional” si no se dispone de un modelo ya acordado y se “acredita” que se está trabajando en ello.
(La Vanguardia, 11-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

España tarda de media 12 meses más que el resto de países de la UE en adaptar su normativa
La trasposición de directivas comunitarias ha marcado buena parte de la regulación patria de los últimos años y promete ser crucial también en la próxima legislatura. Como punto de partida, el nuevo Gobierno que tratará de formar Pedro Sánchez tras ganar las elecciones generales deberá trasponer 18 directivas pendientes y lidiar con la amenaza de cuatro multas europeas por los retrasos ya acumulados.

Las normas comunitarias pendientes de ser aplicadas en España son un conjunto de directivas, aprobadas entre 2015 y 2018, que regulan campos tan cruciales como los fondos de pensiones de empleo; la seguridad ferroviaria; la resolución de litigios fiscales en la UE; el transporte terrestre de mercancías peligrosas; la lucha penal contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión; el riesgo medioambiental de los organismos modificados genéticamente; el convenio sobre el trabajo en la pesca de la OIT; la seguridad de los juguetes o la armonización y la simplificación del IVA en los intercambios entre los Estados miembros, entre otros asuntos.

Teóricamente, el futuro Ejecutivo tendrá hasta finales de año para trasponerlas todas, según el calendario que maneja el grupo mixto, si bien el Parlamento español no es precisamente el más riguroso en el cumplimiento de los plazos comunitarios. Más bien lo contrario, según el documento La trascendencia de las cuestiones europeas para los ciudadanos y las empresas españolas, publicado la pasada semana por el Consejo General de Economistas. “España tarda de media 12 meses más que el resto de los países miembros en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional”, lo que ha llevado al país a concentrar “el 70% de las sanciones por estos retrasos”, revela el informe.

“En España se tarda demasiado en transponer las directivas europeas, nuestra lista de temas pendientes es muy extensa porque no se cumplen las fechas”, denuncian desde el Consejo General de Economistas, advirtiendo de que esta demora generalizada “no sólo es negativa por las multas que la UE puede terminar imponiendo a España, sino también por todos esos periodos de inseguridad jurídica que se generan de manera artificial y que deberían evitarse para que las empresas y los inversores no sufran ningún tipo de incertidumbre”.

Actualmente España se juega cuatro sanciones de este tipo. La más célebre se debe al retraso del país en adoptar la directiva de 2014 de protección de los consumidores de crédito inmobiliario, la reforma hipotecaria que el Parlamento aprobó el pasado febrero con tres años de retraso sobre la fecha límite establecida por Bruselas. Como consecuencia, la Comisión Europea denunció al país ante el Tribunal de Justicia de la UE, que decidirá en las próximas semanas si aplica una multa coercitiva de 105.991,6 euros a España por cada día de demora. La ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció que pedirá clemencia a Bruselas tras aprobar in extremis en las últimas semanas el desarrollo reglamentario que termina de trasladar la directiva europea al ordenamiento español.
(Cinco Días, 13-05-2019)

El FMI quiere un colchón de capital anticíclico
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha metido de lleno en el terreno de los supervisores bancarios en su último Informe de Estabilidad Financiera. Las autoridades de los distintos países tienen armas a su alcance para frenar amenazas para el sector, y para todo el globo por extensión, pero no las están utilizando, así que el organismo presidido por Christine Lagarde insta a que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. Para ello quiere imponer un colchón de capital anticíclico.

Este escudo extra de solvencia para los bancos se cosecha en tiempos de bonanza, cuando las condiciones de financiación son buenas y el crédito se recalienta, para ser utilizado cuando llegan las vacas flacas y todo el arsenal acumulado en el granero es poco. Además, contener los préstamos bancarios en momentos álgidos es una manera de ir en contra del ciclo y de ayudar a que los riesgos de la expansión crediticia sean menores.

Hay países que ya han visto las orejas al lobo. Sin ir más lejos, Francia ha decidido establecer un colchón anticíclico del 0,25% a sus bancos a partir de julio y subirlo al 0,5% el año que viene. Islandia, Noruega o Suecia ya lo tienen, y Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo han aprobado, al igual que Francia, aplicarlo desde este ejercicio.

En España la tasa es del 0%. Trimestre tras trimestre, el Banco de España se ha reafirmado en los últimos años en su análisis de que la evolución del crédito en España con respecto al PIB no representa un peligro. Italia, Alemania o Grecia están en la misma línea.

El FMI disiente. El informe no da nombres concretos de países, pero apunta específicamente que la zona euro es una de las áreas del mundo donde la deuda corporativa está presentando su peor perfil. En estos momentos, la mitad del endeudamiento corporativo europeo está en manos de compañías que están catalogadas como de alto o elevado endeudamiento, pero también algunos Estados, sectores y los hogares de ciertos países están en zona peligrosa.

A eso se une que el incremento de las ganancias empresariales globales «probablemente ha alcanzado su pico», dice el FMI, y que hay amenazas de freno en el crecimiento mundial. «Las políticas macroprudenciales deberían ser usadas de forma más proactiva para impactar en las condiciones financieras allí donde las vulnerabilidades son elevadas y crecientes», añade el informe.

El colchón anticíclico es el arma preventiva perfecta, según el FMI. «Varios países lo han incorporado o ampliado», señala, «pero hay más naciones que pueden beneficiarse de usarlo activamente para incrementar la resistencia de sus sistemas financieros y para enfriar el crecimiento del crédito», añade.
(Expansión, 13-05-2019)

 
 
 
 
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