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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 15 DE MAIG DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Registro unificado sobre certificados y centros de formación de gases fluorados
Orden TEC/544/2019, de 25 de abril, por la que se constituye y regula el registro unificado sobre certificados y centros de formación de gases fluorados.
(BOE, 15-05-2019)

Euro
Resolución de 14 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de mayo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 15-05-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/index.php?d=116&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 15 DE MAIG DE 2019

Fiscal

España acumula seis décadas de crecimiento dispar de renta y empleo
En las últimas seis décadas, España ha vivido “un periodo de rápido crecimiento de rentas y de moderado aumento de la población y el empleo”, si bien el comportamiento “no ha sido uniforme”, dando lugar a importantes “disparidades” por regiones. Así lo concluye el análisis económico de la etapa 1955 a 2016 que acaba de publicar Fedea y en el que detalla que, aunque esta brecha va reduciéndose progresivamente, el ritmo es tan lento que se tardarían 80 años en recortar a la mitad las diferencias de riqueza que persisten hoy entre las comunidades autónomas.

El informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), La dinámica territorial de la renta en España, 1955-2016: una primera aproximación, recoge que en este periodo la población ha aumentado un 59%; el número de ocupados, un 63%; el PIB se ha multiplicado por 8,6; y la renta real por habitante ha aumentado un 2,76% anual, siendo hoy 5,4 veces superior a la de 1955.

Este es el resultado de un camino sinuoso que el director de Fedea, Ángel de la Fuente, divide en cinco etapas: una primera expansiva, de 1955 a 1974; una de crisis entre 1973 y 1985; un nuevo auge desde entonces a 2007, con un breve retroceso a comienzos de los noventa; la Gran Recesión que se alargó hasta 2013; y el periodo de recuperación actual.

Así, entre 1955 y 1989 las diferencias de renta per cápita entre regiones se redujeron a la mitad mientras que el ritmo de equiparación se ha estabilizado desde entonces. Según Fedea, cuyo informe ha contado con la financiación de BBVA y la colaboración del Ministerio de Economía, volver a lograr una reducción a la mitad de la brecha de rentas actual no se lograría hasta los albores del próximo siglo.

Hasta los años ochenta, la convergencia de renta por habitante con la media nacional fue a la baja para las grandes comunidades industriales (Madrid, País Vasco y Cataluña), estabilizándose luego con una ligera tendencia alcista, y creciente para las comunidades del sur (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia) que se estancan en las últimas tres décadas. A su vez, las regiones del noroeste han mantenido un crecimiento estable, las de la cuenca del Ebro o el Levante, un movimiento sostenido a la baja, y los territorios insulares han mantenido una tendencia claramente al alza durante la mayor parte del periodo que se ha visto revertido en buena medida durante la última recesión.

Esta evolución viene también marcada por el movimiento geográfico de la población, que ha tendido a concentrarse en las zonas más ricas, con un incremento del 60% de las regiones industriales entre 1950 y 1980 o una salida del 20% de los territorios del sur en el mismo plazo.

Así, en cuestión de renta per cápita, las comunidades más pobres han mejorado y las más ricas han perdido terreno, si bien el ritmo de convergencia ha ido rebajándose hasta el 0,82% anual. En estos 60 años, los ciudadanos de nueve regiones han ganado renta, los de siete la han perdido y los de Andalucía y La Rioja se quedan casi igual. En el proceso, Extremadura se ha mantenido como la región más pobre mientras que Madrid ha arrebatado al País Vasco el primer puesto en rentas.
(Cinco Días, 15-05-2019)

La AIReF prevé que el crecimiento del PIB se estabilice
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el PIB español avance un 0,75% en el segundo trimestre, por lo que el crecimiento de la economía se estabilizará entre marzo y junio, así como en el tercer trimestre. El organismo ha actualizado su termómetro en tiempo real de la evolución de la economía española, que se elabora a partir de las previsiones del crecimiento del PIB en tiempo real generado por el modelo Mipred.

Con la última información coyuntural disponible, la tasa intertrimestral del PIB para el segundo trimestre de 2019 se situaría en el 0,75%, prácticamente en línea con la observada en el primer trimestre del año, según el avance del PIB publicado por el INE el pasado 30 de abril.

Respecto a la estimación inicial de Mipred de 0,81% para el segundo trimestre, efectuada el pasado 30 de abril, la AIReF señala que la última información coyuntural disponible ha proporcionado una señal de "ligera desaceleración" en el ritmo crecimiento dentro del segundo trimestre.

La última estimación del modelo integral Mipred de la AIReF apunta a un crecimiento trimestral del 0,75% en el segundo trimestre y del 2,6% interanual, al tiempo que para el tercer trimestre augura un avance de la actividad del 0,7% trimestral y un repunte interanual del 2,7%.

La demanda nacional aportará 2,5 puntos del PIB en el segundo trimestre, frente a solo una décima que provendría de la demanda externa. En el tercer trimestre en cambio el avance del 2,7% del PIB se debería en tu totalidad a la aportación de la demanda nacional.

En cuanto a la cifra de ocupados en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA), proyecta un avance del 0,7% y del 0,6% trimestral en el segundo y tercer trimestre del año. A nivel interanual estima un avance del 2,9% en ambos casos.
(El País, 15-05-2019)

Hacienda devuelve 3.031 millones de IRPF en mes y medio de campaña
Transcurrido mes y medio desde el arranque de la campaña de la renta del ejercicio 2018, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 3.031 millones de euros a 4.481.000 contribuyentes a los que la declaración les salía a pagar. De esta forma, ayer que el fisco abría sus oficinas a la atención asistencial de aquellos contribuyentes que lo solicitan, el volumen de devoluciones se había incrementado ya un 14% respecto a las mismas fechas del año pasado.

Hacienda achaca este incremento en el ritmo de devoluciones a la mayor celeridad de los contribuyentes en la presentación de sus declaraciones gracias, entre otros aspectos, al resto de canales no presenciales puestos en marcha por la Agencia Tributaria. Estas vías incluyen el servicio de atención telefónica del fisco, su mejorada aplicación móvil o el uso de la web que, junto a las oficinas recién abiertas al público han acabado este año con la predeclaración en papel.

Así, hasta la fecha, 7.037.000 contribuyentes han presentado ya su declaración de la renta, un 8,9% más que el año anterior. De ellas, 5.772.000 han salido a devolver (un 8,75% más) y 1.058.000, a pagar (un 9% más).

Para el conjunto del ejercicio, Hacienda espera recibir un total de 20.350.000 de declaraciones, lo que supondría 361.000 más que en 2018 y un récord histórico. La administración estima que 14.314.000 saldrán a devolver, por un importe de 10.160 millones de euros, mientras que otras 5.161.000 obligarán a los contribuyentes a abonar al fisco 10.160 millones de euros. La campaña, que arrancó el 1 de abril, concluirá el próximo 1 de julio.
(La Vanguardia, 15-05-2019)

Laboral

La Justicia Europea respalda la implantación del registro de jornada obligatorio
La Justicia europea avaló ayer la implantación del registro diario de la jornada, que entró en vigor en España el domingo pasado. De hecho, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), obliga a los 28 Estados miembros a implantar dicho control horario en las empresas.

Dos días después de la entrada en vigor de la obligatoriedad del registro en España, este tribunal, ubicado en Luxemburgo, ha declarado que los Estados miembros “deben imponer a los empresarios” la obligación de implantar un “sistema objetivo, fiable y accesible” que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.

Este fallo judicial responde al recurso presentado por el sindicato CC OO que pidió a la justicia que obligara a Deutsche Bank España a establecer un registro de la jornada laboral. El TJUE ha terminado dando la razón a esta central sindical española. Por este motivo el sindicato mostró ayer su satisfacción por la sentencia y por la nueva normativa española que responde a esta exigencia del control horario en las empresas. Y concluyen que, tras esta sentencia “ya no hay marcha atrás gobierne quien gobierne” en España.

El TJUE defiende que este tipo de registro, sin entrar a cómo debería implantarse, “ofrece a los trabajadores un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo realizado”. Ese sistema “puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos”.

Dicho esto, la justicia comunitaria dictamina que serán los propios Estados miembros los encargados de “definir los criterios concretos de aplicación de ese sistema”, especialmente la forma que éste debe revestir. Para ello, cada país debe tener en cuenta, “las particularidades propias de cada sector de actividad” e incluso “las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño”.

De esta forma, Luxemburgo, deja la puerta abierta, expresamente, a que los Estados discriminen este control en función del número de trabajadores de las empresas, algo que ahora no se tiene en cuenta en la normativa que acaba de entrar en vigor. La nueva obligatoriedad empresarial afecta a todas las empresas por igual y a todos los sectores y solo exonera a algunas relaciones laborales especiales.

En este sentido, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) criticó ayer que en España no se haya excluido a las micro y pequeñas empresas del registro horario como se hace en otros países. En concreto, se refirió a mercados laborales como los de Alemania o la mayoría de los países escandinavos y anglosajones en los que Europa, “prácticamente todas sus normas eximen siempre de aplicaciones a pequeñas empresas para evitar que se conviertan en una nueva traba”.

Otra de las cosas que precisa esta sentencia –cuyo texto completo se conocerá en unos días– es que “el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral”, por lo que la ley debe impedir que el empresario “pueda imponerle una restricción de sus derechos”. Y añade que los Estados deben velar por que los trabajadores se beneficien de los derechos que les reconoce la norma.

Asimismo, los magistrados europeos precisan que el coste económico para las empresas de implantar este registro, no puede primar sobre la salud y la seguridad de los trabajadores que supone la limitación de las horas de trabajo y el respeto al descanso. “La protección eficaz de la seguridad y la salud de los trabajadores no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico”, indica concretamente el tribunal.

Es más, en el caso del conflicto de CC OO con Deutsche Bank, que fue el que motivó la sentencia de ayer, el TJUE indicó que ni la entidad financiera ni el Gobierno español habían identificado de forma precisa y concreta los obstáculos prácticos que podrían impedir a los empresarios implantar este registro con un coste razonable.
(Expansión, 15-05-2019)

El bocata, el café y el cigarrillo no son jornada de trabajo
El nuevo registro de jornada va a aflorar horas extraordinarias, pero precisamente por este motivo es muy posible que el resto de horas, las ordinarias, se cuenten de otra forma, extrayendo del total las pausas como la del café o la que se hace para hacer una gestión personal a través de internet para establecer un tiempo «efectivo» y otro «presencial» que se reconozca, pero ni se pague ni cotice a la Seguridad Social. Es decir, distinguir en negro sobre blanco el tiempo que se está trabajando del tiempo que se pasa allí.

Sería una fórmula legal por ser pactada que promete generar largas discusiones en el seno de las empresas, pero sobre la que Trabajo «no vería ningún problema». Así se lo aseguró hace unas semanas Yolanda Valdeolivas, secretaria de Estado de Empleo a un numeroso grupo de empresarios en la sede de la CEOE en Madrid.

«Yo no tendría ningún problema en que la negociación colectiva extrajera de la jornada diaria un tiempo redondeado», expuso. En palabras de la mayor responsable de Empleo, se trabaja «pero hay dos horas para interrupciones varias: el almuerzo, una llamada personal, estirar las piernas, bajar a fumar un cigarrillo o tomar un café...» Esta fórmula negociada de redondeo por acumulación de las pausas en el día a día laboral «sería tiempo de trabajo, pero no efectivo y por tanto no retribuido ni cotizado», explicó.

No hubo más detalles ni pistas hasta que el pasado lunes Trabajo incluyó una referencia mucho más sutil en su Guía sobre el registro de jornada. Pero las palabras no cayeron en saco roto para la patronal. Según la ley, los empresarios deben consultar la puesta en marcha del registro con los trabajadores, pero, con o sin acuerdo, la decisión final es suya.

Según los datos que maneja la Encuesta de Población Activa (EPA)cada semana se realizan un total de 2,6 millones de horas extraordinarias que no se reconocen, ni se pagan, ni se cotizan. En el otro lado se sitúa el absentismo no justificado, que en el último trimestre de 2018 generó la pérdida del 1,2% de las horas pactadas.

En una circular que ha distribuido a sus asociados y a la que ha tenido acceso este diario, la CEOE recomienda negociar con los trabajadores un «módulo» diario de tiempo «razonable» en el que se «redondeen» los periodos cotidianos de pausas acordadas o consentidas y se excluyan del tiempo de trabajo efectivo. Al quedar fuera del registro, el tiempo incluido en estos módulos no se pagaría y, por lo tanto, no cotizaría.
(El País, 15-05-2019)

España registra en marzo una de las mayores caídas del paro de la OCDE
España tuvo una de las mayores bajadas del paro en marzo en la OCDE con un descenso de dos décimas hasta el 14%, mientras que la tasa de paro se mantuvo estable en el 5,3% de la población activa de los 36 países miembros. La caída de dos décimas en España sólo se vio superada por las tres décimas de Irlanda (al 4,7%), Italia (al 10,2%) y Lituania (al 5,8%), según las cifras publicadas este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El desempleo bajó dos décimas en Israel (al 3,9%) pero subió en Japón (dos décimas al 2,5 %), en Corea del sur (una décima al 3, %) o en México (una décima al 3,5%). España siguió siendo el país con el segundo índice de paro más elevado de los 36 miembros de la organización, por detrás de Grecia (18,5% en enero, último dato disponible).

El número absoluto de desempleados en toda la OCDE se incrementó en 90.000 en el tercer mes del año, hasta 33,61 millones, y los 3,207 millones de España representaban un poco más del 9,5%. Estados Unidos era el país con más parados, 6,211 millones, aunque su tasa de desempleo era de las más bajas: un 3,8 % en marzo y un 3,6% en abril, la cifra más baja desde diciembre de 1969.
(El Mundo, 15-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El 85% de los negocios obtuvo el préstamo que necesitaba
El porcentaje de pymes que no ha encontrado ningún problema en conseguir financiación subió del 38% en 2016 al 44% en 2017, hasta situarse en un alentador 65% en 2018, según una encuesta de la confederación española de sociedades de garantía recíproca (SGR) Cesgar.

De acuerdo con los resultados del estudio, publicado el pasado 23 de abril, el 85% de los pequeños negocios que se acercó a pedirle prestado al banco recibió un sí como respuesta y el 84% obtuvo el total del importe solicitado.

“Los tiempos en que las entidades financieras cerraron el grifo quedaron atrás”, confirma Josep Lores, consejero delegado de Avalis, SGR de Cataluña. “Pero eso no quita que todavía las empresas con menos capital o poca trayectoria tengan serias dificultades para obtener financiación si no disponen de garantías suficientes”, advierte.

En efecto, la mayoría de las pymes consultadas por Cesgar asegura que la falta de avales es el principal obstáculo para acceder a la financiación, aunque su importancia ha venido disminuyendo con el tiempo, ya que, si en 2016 este requisito era señalado como el escollo más grande por el 35% de las encuestadas, en 2017 solo lo era para el 29% y en 2018, para el 17%.

“Ahora las entidades están más proclives a prestar y esperamos que esto continúe así en los próximos meses”, comenta Antonio Couceiro, presidente de la confederación. La necesidad más recurrente es la financiación de circulante, seguida por la de inversiones en maquinaria e instalaciones

Los bancos observan en el primer trimestre una evolución dispar: mientras que los pequeños negocios mantienen su petición de préstamos, las multinacionales lo han reducido. En Sabadell achacan el descenso de la demanda en este último segmento a la caída de la inversión en maquinaria e instalaciones y a la disminución de las operaciones de fusiones y adquisiciones.

En cambio, notan una mayor competencia entre las entidades por atender a las pymes, lo que favorece la reducción de los tipos de interés para este grupo. En cualquier caso, “la tendencia es positiva y el acceso al crédito está normalizado”, enfatiza José Manuel Pedregal, director de soluciones de financiación de Sabadell.
(Cinco Días, 15-05-2019)

Sector

Los bufetes del 'top 10' de EE.UU. facturan más de 2.000 millones de dólares
La publicación jurídica Am Law 100 ha difundido su ranking de despachos estadounidenses por facturación y las diez primeras posiciones están ocupadas por organizaciones que ingresaron el pasado año más de 2.000 millones de dólares el pasado año.

2018 fue un buen ejercicio para las firmas Big Law, con crecimientos, en muchos casos, de doble dígito. Según señala Am Law 100, las cifras ponen de manifiesto la "brecha" cada vez mayor entre los grandes bufetes y el middle market. La tendencia, explica la publicación, es que los clientes acudan a firmas especializadas y boutiques, y, cuando no lo hacen, "corren con incluso más fervor" a los brazos de los despachos de mayor tamaño, "el tipo de bufetes que nadie es despedido por contratar".

El top 10 de despachos norteamericanos por facturación, de acuerdo con las cifras de 2018 recopiladas por Am Law 100, es el siguiente (las cifras se encuentran redondeadas):

1º. Kirkland & Elis, con 3.750 millones de dólares (creció un 18%).
2º. Latham & Watkins, con 3.380 millones de dólares (un 10% más que un año antes).
3º. Baker McKenzie, con 2.900 millones de dólares.
4º. DLA Piper, con 2.800 millones de dólares.
5º. Skadden, Arps, Slate, con 2.600 millones de dólares (creció un 3,5%).
6º. Sidley Austin, con 2.200 millones de dólares (un 9% más).
7º. Hogan Lovells, con 2.100 millones de dólares (incrementó sus ingresos un 4.1%).
8º. Morgan, Lewis & Bockius, con 2.095 millones de dólares (un 4,7% superior).
9º. Jones Day, con 2.057 millones de dólares.
10º. White & Case, con 2.050 millones de dólares (y un aumento del 13,7%).

El ascenso de White & Case le permite hacerse con la décima posición en el ranking, reemplazando en el mismo a Norton Rose Fulbright, que cae al puesto número 11.
(Cinco Días, 15-05-2019)

Los nuevos nichos de negocio de los abogados
Programador de smart contracts, asesor de criptomonedas o experto en derechos de autor de objetos impresos en 3D. Quizá suene futurista, pero estas tres son algunas de las nuevas funciones que, antes de lo que se cree, tendrán que asumir los abogados y, por tanto, que surtirán de negocio a los bufetes. Así lo revela el informe Abogacía Futura 2020: áreas de negocio emergente, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

El informe, que ha sido presentado en el XII Congreso Nacional de la Abogacía en Valladolid, explora el impacto que están teniendo en el sector jurídico los avances científicos más disruptivos. Para ello, identifica seis ejes tecnológicos principales: blockchain, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial (IA), objetos conectados (internet of things) e innovaciones médicas.

En el ámbito del blockchain, el impacto es significativo. Esta tecnología, que se basa en un hilo de información estructurada en bloques enlazados y cifrados unos con otros, aporta un plus de protección, seguridad y privacidad a los procesos y transacciones, convirtiéndose en una atractiva oportunidad de negocio. No obstante, el estudio señala que todavía no existe una certeza sobre dónde se dirige esta tecnología y qué tipo de aplicaciones surgirán de la misma. Lo que sí está claro es que, de sus aplicaciones, hay una que va a generar un profundo impacto en el sector legal: los smart contracts.

Como su propio nombre indica, un contrato inteligente es un registro informático digital entre dos o más partes que facilita el cumplimiento un acuerdo de manera automática. Es el propio sistema el que identifica de forma autónoma si se han cumplido las condiciones acordadas por las partes. No necesita por tanto un tercero que lo verifique, agilizando de manera significativa el proceso.

El uso de este sistema es ya una realidad en sectores como el energético, la banca, telecomunicaciones o seguros. Concretamente, la compañía Fizzy Axa, especializada en seguros de vuelo, ofrece un servicio por el cual el cliente introduce el número de vuelo y la plataforma verifica si se ha producido un retraso de más de dos horas. De ser así, abona el importe de la compensación automáticamente, sin que el pasajero tenga que proceder al engorroso trámite de reclamar.

En este sentido, el informe revela la aparición de nuevas prácticas como asesor o programador de smart contracts, en las que los abogados podrán elaborar plantillas de contratos inteligentes de, por ejemplo, compraventa o de alquiler. Asimismo, los colegios de abogados podrían ofrecer un servicio de certificación por el que se garantice que los contratos son ajustados a derecho, otorgando “sellos de calidad”.

Por otro lado, las criptomonedas, divisas basadas en la metodología blockchain, también ofrecen una oportunidad a las firmas, que podrán asesorar sobre su uso a los clientes. Además, el informe sugiere que, en determinadas circunstancias, los bufetes con clientes internacionales pueden admitir esta moneda para el cobro de sus servicios.
(Cinco Días, 15-05-2019)

 
 
 
 
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