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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 18 AL 20 DE MAIG DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 9 de mayo de 2019, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Autonómica y Local, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 30 de enero de 2015, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.
(BOE, 18-05-2019)

Euro
Resolución de 17 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de mayo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 18-05-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/index.php?d=120&s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/index.php?d=119&s=3


RECULL DE PREMSA DEL 18 AL 20 DE MAIG DE 2019

Fiscal

La Agencia Tributaria permite dividir el abono del IRPF en dos cuotas o hasta en 12 meses a un coste muy inferior al de los bancos
El 2 de julio, el contribuyente recibirá el cargo en la cuenta bancaria elegida. Cabe recordar que solo podrán optar por el pago mediante domiciliación bancaria aquellos que presenten la declaración como tarde el 26 de junio. No obstante, el contribuyente no tiene por qué realizar el desembolso de una sola vez, es decir, la AEAT da la posibilidad de fraccionar el pago en dos sin sobrecargo alguno.

En este caso, abonará el 60% de la deuda el 2 de julio y el 40% restante el 5 de noviembre. Esta opción también es posible para aquellos que no opten por la domiciliación bancaria. En este caso, tendrán que cumplir con el primer pago al presentar la declaración e ingresar el segundo en una entidad bancaria colaboradora con la AEAT antes del 5 de noviembre.

Asimismo, la Agencia Tributaria da otras opciones para afrontar este desembolso. Si la deuda supera los 1.000 euros, el contribuyente podrá dividir el pago hasta en 12 meses a un interés del 3,75% anual, prorrateado en función de los meses que solicite fraccionar el pago. Por otra parte, si la deuda no alcanza los 1.000 euros, también podrá fraccionarla en los meses que desee (con el interés antes mencionado) siempre que los pagos no sean inferiores a 30 euros al mes.

En el caso de que el compromiso con el fisco supere los 30.000 euros (por ejemplo, si ha habido un incremento del patrimonio), podrá fraccionar el pago hasta en tres años siempre que cuente con un aval bancario, o hasta en dos años, si se ofrece un inmueble como garantía. Todo ello a un interés del 3,75%.

Además de las posibilidades que ofrece Hacienda, los bancos también cuentan con productos específicos para fraccionar el pago del IRPF, a tipos claramente superiores. Unicaja ha lanzado el Préstamo Renta Fácil Positiva que permite fraccionar el pago hasta en 12 mensualidades. Tiene una comisión de apertura del 1% y la TAE varía en función de la cuantía del préstamo y el plazo elegido. CaixaBank modifica el interés del Préstamo Financiación Renta según la vinculación del cliente. Su comisión de apertura es más elevada, del 2%, y su plazo de amortización, más limitado (11 meses).

Los intereses de los préstamos ofrecidos por BBVA y Deutsche Bank también varían en función del cliente y del plazo que solicite para fraccionar la deuda, con comisiones de apertura del 2,5% y el 2%, respectivamente. En este sentido, el Préstamo Credi-Renta db permite aplazarlo hasta 12 meses, siempre y cuando la deuda oscile entre los 600 y los 15.000 euros.

La oferta de Banco Santander, por su parte, permite fraccionar el pago en 10 meses con una comisión de apertura del 3% y una TAE del 6,9%. Superior es el interés aplicado en el producto de Abanca, de entre el 12,09% y el 16,96%, según el plazo de amortización elegido (hasta 12 meses) y con unas cuotas mínimas mensuales de 25 euros. En este caso, el pago se fracciona a través de la tarjeta de crédito y su servicio Dinero Express –traspasa fondos de dicha tarjeta a la cuenta del cliente–. Otras entidades, como Bankia, Sabadell, Bankinter o Kutxabank, no cuentan con productos específicos, aunque ofrecen la posibilidad de fraccionar el pago con Hacienda por medio de sus créditos al consumo.
(Cinco Días, 19-05-2019)

Los requerimientos previos a una inspección de Hacienda no cuentan a efectos de plazo
Hacienda puede usar los llamados requerimientos de información como paso previo a una inspección sin que este tiempo se descuente del plazo máximo para investigar al contribuyente. Así lo establece el Tribunal Supremo (TS) en una reciente sentencia, en la que fija doctrina y declara que estos requerimientos no suponen el inicio de una inspección, aunque puedan servir para acordar la apertura de la misma. El Alto Tribunal anula con su resolución el fallo de la Audiencia Nacional, que dio la razón a un contribuyente inspeccionado por el IRPF de 2005 y sancionado en 2015.

La Audiencia declaró prescrito el derecho de la AEAT para liquidar el ejercicio impugnado porque se extralimitó en el plazo máximo para investigar. La Sala contabilizó en dicho plazo los dos requerimientos de información enviados al contribuyente justo antes de la apertura de las actuaciones inspectoras. Sin embargo, el Supremo rechaza esta tesis y respalda la actuación de Hacienda, rechazando que la averiguación previa de la situación tributaria del obligado tributario suponga el inicio formal de una investigación.

Se trata, opina Leopoldo Gandarias Cebrián, abogado experto en derecho tributario del despacho Alliantia, "de una sentencia que aborda una cuestión muy delicada". El asunto, explica el experto, "consiste en distinguir entre unas actuaciones previas de obtención de información por captación (requerimientos individualizados), de las actuaciones inspectoras propiamente dichas, cuando las segundas siguen a las primeras aprovechando la información obtenida en las pesquisas anteriores". La relevancia, continúa Gandarias "radica en el cómputo de dichas actuaciones previas en ámbito del plazo de duración de las actuaciones inspectoras, actualmente limitado, con carácter general a 18 meses (ampliable a 27 bajo determinadas circunstancias)".

El contribuyente, sancionado por ocultar una ganancia patrimonial no justificada de más de 879.000.000 euros en el IRPF de 2005, sufrió una comprobación en el año 2007 y tuvo que hacer frente a dos requerimientos de información en 2009, sobre movimientos y retirada de efectivo de su cuenta bancaria. Posteriormente, en 2010 se abrió el procedimiento inspector que finalizó en 2015.

La Audiencia Nacional puso en tela de juicio la concatenación "prácticamente sin solución de continuidad" de los dos procedimientos de aplicación de los tributos (comprobación limitada e inspección) y de dos requerimientos de información, cuyo objeto coincidían sustancialmente con el de la posterior investigación. Para el tribunal, la Inspección, con esta práctica, "obtuvo la ventaja de un mayor plazo para llevar a cabo las actuaciones inspectoras". Ya la primera comprobación, señalan los magistrados, debió abrir las actuaciones inspectoras, por lo que creen "no ajustada a derecho" la actuación de la AEAT.

En esta línea, la Audiencia consideró que las actuaciones inspectoras comenzaron con el primer requerimiento de información, por lo que Hacienda excedió su plazo para actuar y, como consecuencia, prescribió su derecho a determinar la deuda tributaria.
(Cinco Días, 18-05-2019)

La Agencia Tributaria ha puesto el foco en la tributación de las pequeñas pymes con importantes ingresos en efectivo
El fisco ha comenzado este año a remitirles escritos en los que les advierte de que su facturación es anormalmente alta o baja con respecto a sus competidores a fin de que revisen que están declarando correctamente por sus transacciones.

La acción tiene origen en una campaña que arrancó en el ejercicio 2017, desde el cual Hacienda bajó la lupa de la inspección de ingresos de la gran empresa a la mediana. La estrategia se basa en tres pasos: el envío de escritos de advertencia a gran escala, en primer término, un número inferior de visitas de la inspección al negocio y un tercer bloque más reducido en el que se revisa al detalle la declaración del negocio.

La novedad de este ejercicio es que la Agencia Tributaria detalla al negocio cuál es su volumen declarado de facturación en metálico y con tarjeta de crédito y lo compara con la media de los competidores del mismo sector, como ha avanzado este viernes la Cadena SER y confirman fuentes oficiales a este diario.

Así, explican desde el fisco, la alerta puede saltar cuando un negocio declara, por ejemplo, que el 80% de sus ingresos son vía tarjeta de crédito cuando en el resto del ramo solo pesa un 50%, pues esta anomalía puede esconder un 30% de ingresos en metálico sin declarar.

También resulta incongruente un negocio que factura mayoritariamente en efectivo en un sector que suele cobrar con tarjeta, lo que puede ser un indicio de que se fuerza el pago en metálico para evitar la trazabilidad de pago electrónico.

El objetivo de estos escritos es que los negocios regularicen voluntariamente su declaración de ingresos a fin de luchar contra la economía sumergida y garantizar que las empresas tributan por toda su facturación. Desde la administración explican que esta campaña está exclusivamente dedicada al control sobre personas jurídicas, esto es empresas, pero deja fuera a los autónomos, por ejemplo.
(El País, 18-05-2019)

Laboral

Los salarios subirán un 1,8% en 2019 y en 2020
Así lo recoge el panel de previsiones para la economía española de Funcas consultado por Servimedia y elaborado con las previsiones de 18 servicios de análisis en España. Con sus estimaciones se calcula la media aritmética y se ofrecen unas previsiones de "consenso".

Los panelistas prevén que los salarios suban de media un 1,8% este año, con un máximo del 2,1% y un mínimo del 1,4%. Mientras, para 2020 prevén un crecimiento similar, pero en este caso con una horquilla más amplia que oscila desde una subida máxima del 2,7% y una mínima del 1,3%.

La previsión media de los panelistas de Funcas se sitúa por debajo de la proyectada por el Gobierno en el Programa de Estabilidad y Crecimiento para el periodo 2019-2022. Para este año, el Ejecutivo prevé un alza de los salarios del 2,1%, tres décimas más que los panelistas, y para 2020 espera un crecimiento del 2,2%, cuatro décimas por encima.

En el sector privado, la variación salarial pactada hasta el mes de abril se situó en el 2,21%, una centésima más que el mes pasado y 65 décimas por encima que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento salarial se aplicó a 6,91 millones de personas.

Solo para los convenios firmados en 2019 hasta el mes de abril, la variación salarial media ascendió al 2,28% y tuvo efecto sobre 234.769 trabajadores. Cabe recordar que, para el sector privado, que concentra la mayor parte de los trabajadores, empresarios y sindicatos acordaron un incremento de hasta el 3% anual aplicable en 2018, 2019 y 2020.

En el caso de los empleados públicos, la subida salarial mínima para este año fue del 2,25% y para el próximo año será del 2%, a lo que podría sumarse una parte variable en función de la evolución del PIB y el déficit. A ello se suma que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) experimentó este año una subida del 22,3%, hasta los 900 euros mensuales.
(Expansión, 19-05-2019)

Las bajas laborales de los funcionarios duran un 46% más que en las empresas
En medio del debate sobre el registro de la jornada laboral, la patronal de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social ha elaborado un informe sobre la duración de las bajas laborales que es demoledor con el sector público.

La duración media de las bajas laborales en las administraciones, y no empresas, por enfermedades comunes y accidentes no profesionales es un 45,8% más elevada que en el sector privado. En número de días, los procesos en el sector público duraron el año pasado 51,39 días de media frente a los 35,25 días. Y todo ello a pesar de que respecto a 2017 la duración de las bajas laborales en el sector público descendió un 2,15% y aumentó un 3,62% en el sector privado.

El informe tiene en cuenta la duración y el coste de las bajas laborales por trabajador en uno y otro sector. Las mutuas cubren las prestaciones de 17 millones de trabajadores, de los cuales 600.000 pertenecen a las administraciones. El Instituto Nacional de la Seguridad Social cubre el resto de los 2,5 millones de funcionarios y asalariados de las administraciones.

Lo más relevante es que la gran diferencia entre la duración de las bajas laborales entre el sector público y el sector privado no es un accidente del año pasado. Por el contrario, las diferencias se producen desde 2012, desde que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social empezaron a hacer esta comparación técnica.
(Expansión, 19-05-2019)

El descanso de 20 minutos ha sido "habitual, persistente, cotidiano y notorio"
La adopción de jornada reducida de una empleada no elimina la pausa del bocadillo. Así lo determina el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias en una sentencia (acceda aquí al texto íntegro) en la que confirma que se trata de una condición más beneficiosa que no puede dejar de ser tomada en cuenta por decisión unilateral de la empresa.

En su sentencia, el TSJ considera que el descanso diario de 20 minutos ha sido "habitual, persistente, cotidiano y notorio", ya que lo ha venido disfrutando desde el inicio de su relación laboral y con posterioridad a la reducción de jornada por cuidado de su hijo. Por tanto, "debe computar como tiempo de trabajo efectivo sin que precise recuperación horaria".

Durante ocho años, la trabajadora estuvo disfrutando de un descanso diario de 20 minutos para el desayuno, con la consideración de tiempo de trabajo efectivo que no tenía por qué recuperar. La demandante pidió una reducción de jornada para cuidar de su hijo, la cual fue concedida, pero tiempo después la empresa le denegó la pausa tras incorporar a otro trabajador, contratado a tiempo parcial, al que no se le permitió que el descanso computara como tiempo de trabajo.

En su sentencia, los magistrados impugnan la decisión de la empresa y estiman que se trata de un derecho que no le puede ser negado tan solo porque es la única empleada de la compañía que disfruta de una jornada reducida, trabajando el resto de la plantilla a jornada completa.

El TSJ compara la situación de un trabajador contratado a tiempo parcial con la situación de jornada reducida por cuidado de un menor. En este sentido, y desde el punto de vista del derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, hace un enfoque de género y recuerda que "la prohibición de discriminación por razón de sexo tiene su razón de ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad, en la vida social y jurídica, de la población femenina".

Por último, el TSJ pone de relieve que, durante mucho tiempo, la empresa fue conocedora de la tradición de la trabajadora y sus minutos de descanso. Concretamente, el coordinador de su departamento estaba en contacto con la dirección que programaba licencias, permisos, vacaciones u horas extraordinarias de tres empleados, entre los que estaba la demandante, por lo que era conocedor de su horario.

Además, la empresa controlaba la jornada a través de un sistema de huella digital y, con anterioridad, mediante la firma a mano, lo que "constituye una prueba de que la empresa ha sido conocedora del horario realizado por la actora", y del descanso que venía disfrutando "de forma continuada, sistemática, pública y regular", además de no recuperable.

Por ello, estima el recurso de la trabajadora y confirma que se ha generado un derecho por condición más beneficiosa, incorporándose al contrato "en virtud de un acto de voluntad tácito".
(Cinco Días, 18-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las compañías prevén un incremento de ventas en los próximos doce meses
Las empresas del middle market en España albergan buenas expectativas para este ejercicio. En concreto, el 95% de las empresas españolas prevé que sus ventas aumentarán este ejercicio, lo que supone situarse 30 puntos porcentuales por encima de la media de la encuesta, realizada por Deloitte a 2.550 directivos de compañías medianas en todo el mundo, de los que 100 eran españoles.

“Este optimismo y confianza que reflejan los resultados de este estudio se debe a que las compañías del middle market tienen la posibilidad de mantener una perspectiva a largo plazo, ya que, en el corto plazo, se enfrentan a menores presiones de los accionistas y analistas, más pendientes de otras organizaciones”, recalca Marcelino Alonso, socio de Bussiness Process Solutions de Deloitte.

Y las perspectivas son mejores para las empresas españolas que para la media de las firmas encuestadas en otros indicadores. Mientras el 95% de los líderes españoles se muestra optimista respecto a las perspectivas de la industria para los próximos 12 meses, a nivel global esta cifra desciende dos puntos porcentuales. De la misma manera, el 82% de los encuestados españoles tiene confianza alta o muy alta en el éxito de sus compañías para los próximos 24 meses, 18 puntos porcentuales por encima del resto.

Una disparidad que desaparece a la hora de identificar posibles riesgos para las compañías. Más de la mitad de los más de 2.500 directivos coincide a la hora de citar la guerra comercial como el principal riesgo para sus negocios, con un 55% de las respuestas, seguida por muy de cerca por la disrupción tecnológica, las malas perspectivas macroeconómicas, los ciberataques y el coste de las materias primas.

Para hacer frente a estos riesgos, el 48% de los empresarios españoles dice estar considerando nuevos modelos de negocio, mientras que el mismo porcentaje está explorando cómo tomar ventaja en materia de disrupción. El 30% ya está implementando nuevos modelos y un 26% lo tiene como un tema de discusión en desarrollo.

Al igual que sucedió en 2018, en un entorno con tipos de interés bajos y un exceso de liquidez, las empresas van a seguir apostando por el crecimiento inorgánico a través de fusiones y adquisiciones. El 53% de los encuestados por Deloitte en nuestro país cree que es probable que su empresa participe en un proceso de adquisición durante los próximos 12 meses, mientras que el 19% espera una fusión de su compañía en este mismo período. Los principales factores que impulsaría a las empresas para participar en estas integraciones serían, en primer lugar, la expansión o diversificación de la base de clientes (48%), la oportunidad de entrar en un nuevo mercado global (39%) y el aumento del capital disponible (36%).
(Cinco Días, 19-05-2019)

Cerca de 9.000 personas se han acogido a la ley de Segunda Oportunidad desde su entrada en vigor
Las cifras de personas físicas o pequeñas empresas que se han acogido en España a este recurso proceden de cálculos del Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, que ha empleado datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pensada para paliar los efectos de la crisis económica, la Ley de Segunda Oportunidad la han aprovechado en estos años de forma mayoritaria clientes de micropréstamos y créditos al consumo, productos que soportan "intereses altísimos" que pillan desprevenidos a los usuarios.

Así lo ha explicado Fernando Renedo, director jurídico de la firma Reclama Por Mí, plataforma de abogados especializados en reclamaciones sobre hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), tarjetas que permiten aplazar el pago de las compras (revolving) y microcréditos.

Pero en España esta segunda oportunidad es aún minoritaria, ya que algo menos de 9.000 consumidores se han acogido frente al alrededor de 100.000 que lo han hecho en países como Francia, Alemania o Italia. La norma establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas, que incluye a los particulares, retira las cláusulas suelo a colectivos vulnerables y apoya las bonificaciones a familias y autónomos, entre otras medidas.

Los particulares que han sido exonerados sólo tendrán que devolver sus deudas tras cinco años en casos excepcionales y fortuitos, como puede ser por una herencia no prevista o un premio de lotería o de juegos de azar. Además, con el fin de no estigmatizar socialmente al exonerado, se limita el acceso al Registro Público Concursal.

La norma incluye reglas de procedimiento especiales y simplificadas para particulares en cuestiones relativas a plazos de designación y convocatoria de acreedores, y reduce significativamente los aranceles notariales y registrales.

Asimismo, las cláusulas suelo que impiden que miles de hipotecados en España se beneficien de determinadas bajadas del euríbor desaparecerán temporalmente para todos los que se acojan a la segunda oportunidad, y definitivamente para aquellos potenciales beneficiarios del código de buenas prácticas. No obstante, quedan excluidas en todos los casos las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.
(El País, 19-05-2019)

 
 
 
 
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