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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 21 DE MAIG DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 20 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de mayo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 21-05-2019)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 20 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 21-05-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/index.php?d=121&s=3 

  
RECULL DE PREMSA DEL 21 DE MAIG DE 2019

Fiscal

España es ya el segundo país de la UE con menor presión fiscal sobre el trabajador
España es ya el segundo país europeo con menor carga de impuestos y cotizaciones sociales para el empleado tipo. Un asalariado soltero y sin hijos que cobre el sueldo medio de 26.535 euros abona un 14,9% del mismo al fisco español y otro 6,35% a la Seguridad Social, sufriendo una presión fiscal sobre el trabajo del 21,3% frente al 28,4% de media de los 23 países de la UE miembros de la OCDE. Solo Estonia aplica una carga inferior, del 15%, mientras que la escala asciende hasta el 39,8% de Bélgica o el 39,7% de Alemania, pasando por el 26,6% de Portugal, el 28,7% de Francia o el 31,4% de Italia.

Aunque en el caso de España, la OCDE toma como referencia la carga tributaria de la Comunidad de Madrid, inferior a la media nacional, tomar otra región como referencia no hubiera alterado su situación en la escala europea.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que la OCDE realiza su análisis comparando sueldos medios en paridad de compra entre los distintos países. Esto es precisamente lo que ha colocado este año a España en el segundo puesto por la cola en presión fiscal sobre el trabajo, un escalón menos que un año antes, arrebatando a Irlanda su anterior posición. Pese a que en España no ha habido cambios de calado, la OCDE ha actualizado el sueldo medio de Irlanda, que pasa de 36.358 a 46.774 euros como consecuencia del importante incremento del salario mínimo interprofesional que Dublín aprobó en 2016. Y a más sueldo, mayor presión fiscal, lo que eleva la carga media en Irlanda frente a la española.

En todo caso, los siete puntos de distancia entre la presión fiscal sobre el trabajo en España y la UE permanecen casi inalterados en el caso de trabajadores sin hijos ya cobren un 167% del sueldo medio o solo un 67% del mismo.

Cuando la cosa cambia sensiblemente es el caso de los empleados con descendencia, situación que rebaja con fuerza la distancia con Europa. Un matrimonio con dos hijos en el que un cónyuge cobra el sueldo medio y el otro un 33% del mismo sufre una presión fiscal sobre el trabajo del 16,2% frente al 16,9% de la media europea. La diferencia con la media comunitaria oscila entre dos décimas para los solteros con hijos y sueldos bajos y los tres puntos para matrimonios con dos descendientes y dos sueldos medios.

De otra parte, aunque la presión tributaria en España sea relativamente baja, la imagen cambia cuando se suman también las cotizaciones sociales que paga la empresa, más altas que en otros países. En este caso, la cuña fiscal sobre el asalariado medio sube al 39,4% frente al 41,6% de la UE, el 49,5% alemán o el 36,5% estonio.
(Expansión, 21-05-2019)

Aplicar "una política fiscal responsable" y proteger el bienestar
La ministra en funciones de Economía y Empresa del Gobierno español, Nadia Calviño, remarcó este lunes en Londres la necesidad de aplicar una "política fiscal responsable" que no "deje de lado la protección del estado de bienestar". Calviño compareció en el edificio Guildhall, de la capital británica, en el marco de la llamada "City Week", un evento que aglutina durante dos días a líderes de la industria financiera de todo el mundo a fin de evaluar el futuro de los mercados globales y de la capital británica, en particular.

En su intervención, denominada "Perspectiva económica en Europa y España", explicó en qué situación se encuentra actualmente España, y desgranó la agenda de futuro del Ejecutivo socialista "con tres ejes muy importantes: consolidación fiscal, políticas sociales y reformas estructurales para tener un crecimiento más sostenible en el medio y el largo plazo". La titular de Economía sostuvo que son "mensajes importantes para que los inversores entiendan cuál es el contexto, que tengan predictibilidad y seguridad" con respecto a hacia dónde quiere ir el país.

En su comparecencia, destacó "como mensaje más importante" la necesidad de "tener una política fiscal responsable, pero sin dejar de lado la protección de nuestro estado de bienestar, porque el crecimiento económico solo es sostenible a medio plazo si es socialmente sostenible". "Tenemos que gobernar para los ciudadanos y este es un mensaje importante que, además, empieza a ser comprendido incluso en un foro como éste", observó.

La política española indicó que "poco a poco, se va tomando conciencia de que no se trata solo de crecer, sino de que ese crecimiento no deje a nadie atrás". Por ello, enfatizó, "hay que perseguir una política fiscal responsable y una consolidación y una reducción del déficit público y de la deuda, pero priorizando aquellas inversiones que son más importantes para el bienestar social, para reducir la desigualdad y también para el crecimiento futuro".

La ministra reconoció que también existen "retos de futuro" que constituyen, al mismo tiempo, "oportunidades" y, en este sentido, puso como ejemplo el cambio climático. Recordó que España ha enviado un Plan Nacional de Energía y Clima, valorado como el mejor por parte de la Comisión Europea, "un elemento muy importante - matizó - de planificación para los inversores".

Calviño aprovechó el acto para dar algunas cifras básicas de mercados financieros y recordó que su Gobierno tiene intención de "reducir la emisión de deuda en 5.000 millones durante 2019" y agregó que podría "haber reducciones adicionales, si el comportamiento de los ingresos sigue siendo favorable".
(Expansión, 21-05-2019)

"No es incompatible una fiscalidad justa con las donaciones a los servicios públicos"
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha considerado este lunes que "no es incompatible" una fiscalidad justa con que "una empresa pueda dedicar revertir parte de sus beneficios y sus donaciones a servicios que son para todos los ciudadanos".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras un encuentro institucional con el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, al ser preguntada por las palabras de varios dirigentes de Podemos en las que criticaban que Amancio Ortega haga donaciones a la sanidad pública en forma de equipos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el cáncer, y pidieron que no se acepten.

La ministra de Hacienda ha señalado que prefiere que las donaciones de esta índole se realicen a servicios públicos, como el sanitario, frente a otras fundaciones privadas que "tienen su ámbito de alcance, pero no tienen la multiplicación que tiene el servicio público".

No obstante, ha asegurado que debe ser "la inversión pública" la que protagonice la actualización tecnológica del servicio sanitario, con una programación que permita "incorporar las mejores tecnologías". Pero, esto, a su juicio, "no es incompatible con que el comercio privado en su Responsabilidad Social quiera desarrollar una inversión que rinda en el conjunto de la sociedad".

Montero ha reconocido que durante la crisis económica "la parte que más ha sufrido la escasez de recursos es la parte de la inversión en todos los niveles", por lo que ha instado a que los servicios públicos tengan "una programación de su nivel tecnológico", teniendo en cuenta que "los servicios sanitarios se miden por su accesibilidad, por la capacitación de sus profesionales y por la calidad de sus servicios tecnológicos y nuevas tecnologías al servicio del diagnóstico y el tratamiento".

Por último, ha destacado la revisión de la fiscalidad que se ha llevado a cabo en España para que las grandes corporaciones tengan una tributación mínima del 15 por ciento. En este sentido, ha apostado por seguir trabajando en el impuesto de donaciones y en la arquitectura fiscal con el objetivo de que "todo el mundo cumpla, sin que encuentren atajos a la evasión fiscal".

Desde el PP se cree que las críticas que los dirigentes de Podemos están lanzando contra las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública demuestran su "bajo nivel" y "falta de personalidad", así como su "sectarismo ideológico". A su juicio, no deberían dedicarse a la política si no comprenden estas acciones.

El diputado 'popular' por Madrid, José Ignacio Echániz, ha recordado que "en todos los países del mundo existen aportaciones del sector privado" para "contribuir a la mejora del sistema público" y que estos gestos, como los de Ortega, le parecen "muy generosos".

De ahí que considere que la actitud de los de Pablo Iglesias es "absolutamente sectaria desde el punto de vista político". Según ha declarado a los periodistas, en los pasillos del Congreso, no entender estos gestos es no comprender que "mejorar la Sanidad pública es uno de los principales elementos del Estado social y de derecho" como el que existe en España.
(Expansión, 21-05-2019)

Laboral

Los autónomos societarios no tienen, de inicio, tarifa plana
Desde la Tesorería General de la Seguridad Social se está privando a los autónomos societarios de ayudas como la tarifa plana, que reduce la cuota mensual hasta los 60 euros durante los 12 primeros meses de actividad. Según el argumento jurídico de la TGSS, es porque en el texto que hace referencia a la tarifa plana se incluye expresamente a los miembros de una Cooperativa o a los socios de una Sociedad Laboral como los únicos beneficiarios, además de los autónomos personas físicas.

Así las cosas, los expertos de la asesoría fiscal anteriormente mencionada, lanzan la siguiente reflexión: “Si el artículo 1.2 c) de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo declara expresamente comprendidos en su ámbito de aplicación a los autónomos societarios ¿Por qué sigue sin ser aplicable a este colectivo la tarifa plana?”

Tras diversos recursos presentados, las primeras en estimarlos fueron el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ambos en el año 2015. Actualmente, continúan dictándose sentencias favorables, como la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en abril de 2016 o el de Castilla la Mancha en febrero de 2017.

De este modo, los tribunales consideran que el socio o administrador de las sociedades mercantiles capitalistas está incluido en el ámbito subjetivo del Estatuto del Trabajador Autónomo, y que la mención expresa que la ley hace a los socios de sociedades laborales y de cooperativas es porque éstos no se consideran incluidos en dicho Estatuto.

“A los efectos de la aplicación de estos beneficios, el artículo 30 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo considera como trabajadores autónomos a los incluidos en el RETA. Por tanto, también deben considerarse incluidos los autónomos societarios,” expresan.

En último lugar, estos tribunales señalan que la interpretación restrictiva que hace la Tesorería General de la Seguridad Social va en contra de los estímulos al autoempleo, reflejados en las exposiciones de motivos de las distintas normas.
(Cinco Días, 21-05-2019)

Se perderán 40.000 empleos en España hasta 2025 por la llegada del coche eléctrico
Así se desprende de un artículo escrito por Roberto Scholtes, experto de UBS (entidad financiera suiza), publicado en la revista Economía Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El texto explica que el coche eléctrico crecerá en cuota de mercado de manera exponencial en los próximos años, hasta representar el 30% de las matriculaciones en Europa en 2025.

El artículo señala que Asia "liderará abrumadoramente la fabricación de baterías y de componentes electrónicos, que suponen más de la mitad del coste de un coche eléctrico". UBS asegura que, "aunque se están planteando algunas factorías [de baterías] en el norte y este del continente, probablemente solo entren en funcionamiento cuando las plantas de China y Corea del Sur hayan adquirido gran tamaño y eficiencia". Otro de los aspectos preocupantes que indica el artículo es la ausencia de fábricas de semiconductores. En los próximos años, el contenido de estos materiales se multiplicará por siete en comparación a los coches de combustión.

El superávit comercial del conjunto del sector en España podría menguar en tres cuartas partes hasta 2025, "por la necesidad de importar las baterías y componentes electrónicos y por la pérdida de cuota de los vehículos de producción doméstica en las ventas totales en España". Otros de los grandes afectados por la penetración del vehículo eléctrico serían los talleres y los concesionarios, que, "en un escenario extremo de penetración del 100% del coche eléctrico", perderían el 60% de su facturación.

Por todos estos riesgos, indica el estudio, es necesario "un esfuerzo conjunto de todos los niveles de las Administraciones Públicas y de los actores más relevantes del sector, para propiciar la instalación en España de plantas de fabricación de esos elementos críticos [semiconductores y baterías]".

Para 2025, UBS estima que en España se comercializarán 400.000 unidades entre coches eléctricos puros e híbridos enchufables, en un mercado total de 1,2 millones de automóviles. Los híbridos no enchufables también superarán el 20% de las comercializaciones. "No es probable que tecnologías como el gas natural, el gas licuado o el hidrógeno superen unas pocas decenas de miles de unidades vendidas cada año, destinadas fundamentalmente a los canales del taxi y de reparto urbano de mercancías", dicen en UBS.

Respecto a la igualdad de costes entre el coche eléctrico y el de combustión, el estudio asegura que el "coste total de propiedad" ya se igualó en 2018 en Europa entre ambas tecnologías. Este parámetro tiene en cuenta la depreciación del automóvil, el precio del combustible y los gastos de mantenimiento, además del precio de venta del coche.

El estudio también asegura que el coche eléctrico será rentable para los fabricantes a medio plazo. "Las rápidas mejoras tecnológicas y las economías de escala permitirán que el margen medio obtenido en los vehículos eléctricos se sitúe a la par de los de combustión interna entre 2022 y 2025", añade UBS.
(El País, 21-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los gigantes tecnológicos caen en Bolsa al extenderse el veto a Huawei
Los gigantes tecnológicos sintieron este lunes el impacto en Bolsa de la decisión liderada por Google de suspender los negocios con la compañía tecnológica china Huawei después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyera a la empresa china en una lista negra comercial. Las acciones del sector en las Bolsas asiáticas han registrado caídas de hasta el 10%; el sector tecnológico europeo también cotiza en rojo y en el Nasdaq, que cae un 1,3%, Apple des desploma un 5%.

En Europa, la ítalo-francesa STMicroelectronics, una de las principales empresas en el mundo en el desarrollo de semiconductores, es la que más desciende, al bajar un 4% en la Bolsa de París. De igual manera, la alemana Infineon, una de las mayores fabricantes de chips de Europa, baja un 4% en el selectivo de Fráncfort. El podio entre lo completa, también con una caída del 4%, la austríaca AMS AG.

Las tres europeas no han cancelado relaciones con Huawei, a diferencia de las estadounidenses Intel, Qualcomm o Micron Technology, pero se han visto igualmente castigadas en un mercado que teme un estancamiento de pedidos e inversiones.

En Wall Street Qualcomm, Xilix o Broadcom, todas proveedoras de Huawei, sufren pérdidas en el entorno del 5%. Pero los inversores también castigan a Apple, que se desploma el 4% en la apertura de Estados Unidos. La empresa depende de China tanto para fabricar como para vender los conocidos iPhone, y una guerra tecnológica a gran escala puede penalizar mucho. De hecho, la propia Google se deja más del 2%.

En Asia cotizan algunos de los mayores proveedores de la firma china. Sunny Optical Technology, que se dedica al diseño, fabricación y venta de productos ópticos y relacionados para dispositivos móviles. Este lunes ha cerrado con una bajada del 5% en la Bolsa de Hong Kong, después de tener caídas del 6% durante el día. Pero Sunny no fue la de peor actividad: la empresa china Q Tech, que principalmente desarrolla cámaras para los teléfonos móviles, cayó un 8,3% también en la Bolsa de Hong Kong, aunque tuvo un mejor día comparado con el 15% de bajada que tuvo el pasado viernes.

Huawei no cotiza en Bolsa, pero los bonos de la empresa cotizados en dólares caen al nivel más bajo en dos meses. Los títulos con vencimiento en 2027 cotizan a un 93,8% respecto a su valor nominal. La empresa china tiene cuatro emisiones por un total de 4.500 millones (4.017 millones de euros). El efecto de las medidas sobre la firma china es incierto. La agencia Bloomberg sostiene que la compañía china ha almacenado suficientes chips y otros componentes vitales para mantener su negocio en funcionamiento durante al menos tres meses, y se ha estado preparando para esa posibilidad desde mediados del 2018, acaparando componentes y desarrollando sus propios chips. La empresa china es el proveedor más grande del mundo de equipos de hardware y el segundo mayor proveedor de smartphones.

El veto de Google y otras tecnológicas estadounidenses a Huawei podría frustrar la aspiración del fabricante chino de convertirse en breve en el mayor fabricante de móviles del mundo, donde aún está por detrás de la empresa surcoreana Samsung pese a vender más de siete móviles por segundo.
(Cinco Días, 21-05-2019)

Sector

Los abogados hacen 'lobby' para saltarse el control horario
La Abogacía se moviliza para que el Ministerio de Trabajo le exima del registro diario de la jornada en un desarrollo reglamentario. Considera que la norma es de imposible cumplimiento para esta profesión. Movilización en la Abogacía para que la profesión quede exenta de la nueva obligación de registro diario de la jornada laboral. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) intentan que el Ministerio de Trabajo les exima en un desarrollo reglamentario de la norma.

Sin embargo, no se trata únicamente de un problema de complejidad. Para las grandes firmas es, además, un tema incómodo. Y lo es porque en muchas de ellas las jornadas exceden sistemáticamente los límites legales. "Si te pagan 200.000 euros, asumes que no tienes horario", resume una fuente del sector. Es decir, el registro choca frontalmente con esa regla no escrita (en la abogacía y en otras profesiones) de que un gran sueldo conlleva plena disponibilidad.

Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas; Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues; Luis de Carlos, presidente de Uría Menéndez; Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados; Joan Roca, presidente de Roca Junyent, y Carlos Rueda, socio director de Gómez-Acebo & Pombo, han expresado su preocupación con la nueva obligación en el congreso de la Abogacía que se ha celebrado en Valladolid. Coincide en esta inquietud la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, que considera que "si, efectivamente, en alguna profesión choca este registro, es en la Abogacía" y se ha comprometido a actuar institucionalmente.

Es evidente que no todos los abogados con jornadas interminables trabajan para grandes firmas y reciben cuantiosas retribuciones (también hay precariedad en la profesión). Pero los que sí lo hacen, aceptan el sistema. También muchos jóvenes que, con 30 años, pueden verse ganando 70.000 u 80.000 euros, unas cantidades que irán en aumento si cumplen objetivos. El sistema es duro y competitivo, pero, en términos económicos y de prestigio profesional, la recompensa es grande.

Tampoco encaja bien con la filosofía del registro horario el hecho de que la mejor (y quizás la única) unidad de medida que tienen los despachos y los letrados para medir su desempeño sean las horas de trabajo. "El sistema premia a quien echa más horas", explica otra fuente. "De media, los bufetes suelen exigir seis horas facturables al día para cumplir con los objetivos (en algún caso, incluso, supera las siete). Y para facturar seis horas, un abogado debe trabajar diez". Según ha podido saber este diario, algunos grandes despachos, la mayoría internacionales, están conversando entre ellos para buscar fórmulas para cumplir con la nueva exigencia legal. La cuestión está provocando bastantes quebraderos de cabeza porque, si se reflejan las horas de trabajo reales, existe el riesgo cierto de que, en muchos casos, se supere el máximo de 1.826 horas anuales que permite la ley.

No son propiamente un registro horario, pero las firmas ya cuentan con un documento que permite hacer un seguimiento del trabajo: los timesheets. La finalidad de estos programas, no obstante, no es el control del cumplimiento laboral, sino controlar la productividad. De hecho, en todos los casos consultados, los abogados pueden introducir en ellos más horas de las que marca la ley como límite. Por esto, y por el hecho de que contienen información sensible (y probablemente protegida legalmente), no parece que vayan a ser el instrumento que se emplee como registro.

Al margen de estas circunstancias, lo cierto es que también hay quien defiende que, al regirse por una relación laboral especial, el registro no es aplicable a los abogados. Es la opinión minoritaria, no obstante. La mayoría de laboralistas y expertos en recursos humanos consultados sostienen que, aunque sea de difícil aplicación, el control de jornada no es incompatible "con la naturaleza y características especiales" de la profesión, por lo que resulta de aplicación de forma supletoria el Estatuto de los Trabajadores. "Una cosa es la distribución irregular de jornada y otra exceptuar los mecanismos para evitar abusos", explica un letrado.

En todo caso, tal y como subrayan desde varios despachos, la Inspección de Trabajo rara vez ha puesto en su punto de mira a los bufetes (al contrario que Hacienda, que sí ha sido más agresiva).
(Cinco Días, 21-05-2019)

El Colegio de Barcelona crea el primer certificado de igualdad para bufetes
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha creado el primer certificado de calidad para bufetes de abogados que, entre sus indicadores, incluye una evaluación de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres efectivamente implementadas por la organización. De este modo, para obtener la llamada Garantía Abogacía ICAB, la firma deberá acreditar que garantiza "el respeto a los principios de igualdad de trato y de oportunidades en la contratación, formación, desarrollo profesional y retribución a todo su personal y asociados".

En materia de lucha contra la discriminación, el esquema de certificación diseñado por el colegio establece varios requisitos. El primero, cuando así lo disponga la ley (tras la última reforma, es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores) o lo haya decidido la organización, contar con un plan de igualdad que incluya medidas específicas contra cualquier tipo de discriminación. En segundo lugar, disponer de un protocolo de prevención y actuación en casos de acoso sexual o moral y, además, darlo a conocer a todo el personal, colaboradores y socios.

Asimismo, las organizaciones deberán acreditar que no existe en su seno ningún tipo de discriminación por razón de género en cuanto a la retribución de los profesionales con iguales tareas y responsabilidades. Y, finalmente, generar evidencias de la implantación de las actuaciones acordadas. El esquema exige que las organizaciones revisen todos estos programas y protocolos, como mínimo, cada dos años.

El examen de las políticas de igualdad es el punto más novedoso del certificado, pero no es el único. El despacho que aspire a conseguirlo también deberá dejar constancia, entre otras cuestiones, del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, de prevención de riesgos laborales, de protección de datos y de lucha contra el blanqueo de capitales.

Asimismo, para fomentar las buenas prácticas en la prestación del servicio de la abogacía, el texto demanda una mejor definición del servicio al cliente, con hojas de encargo claras e inequívocas. También obliga a las firmas a definir y documentar los derechos de los defendidos (e informarles sobre los mismos), y trata de introducir más transparencia en el pago de los honorarios, obligando a detallar en las facturas "las actuaciones profesionales realizadas y su importe".

La Garantía Abogacía ICAB, aprobada el pasado 14 de mayo por la junta de gobierno del colegio, es de aplicación a los letrados o bufetes que ejercen su actividad en Barcelona. Sin embargo, como señala Jesús Sánchez, secretario de la junta del ICAB, "los despachos que la obtengan podrán hacerla valer en todo el territorio español".

No obstante, la decana, Maria Eugènia Gay, está convencida de que la iniciativa servirá de ejemplo para otros colegios. "En el Congreso Nacional celebrado en Valladolid hace apenas diez días explicamos la iniciativa a todos los compañeros y compañeras, y muchos ya nos han preguntado por la posibilidad de expandirlo", asevera.
(Cinco Días, 21-05-2019)

 
 
 
 
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