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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 23 DE MAIG DE 2019

Laboral

Tablas salariales para el año 2019 del Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2019 del Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia.
(BOE, 23-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 22 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 22 de mayo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 23-05-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/index.php?d=123&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 23 DE MAIG DE 2019

Fiscal

La notificación de Hacienda en el trabajo solo es válida si la recoge el interesado
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ha fijado en una reciente sentencia (cuyo texto íntegro puede consultar aquí) que estas comunicaciones son inválidas, salvo que la AEAT demuestre que si llegaron al conocimiento del destinatario.

En concreto, la Sala rechaza que Hacienda pueda entregar el aviso a cualquier persona del centro de trabajo del contribuyente, aunque se identifique como su secretaria, si no encuentran al interesado. La Sala establece el criterio a seguir sobre los legitimados para recibir las notificaciones tributarias, y da pautas para interpretar la validez de estos avisos.

La resolución admite el recurso de un contribuyente que fue sancionado con 26.500 euros tras la regularización de su IRPF de 2003, y anula la multa impuesta por la AEAT. El ciudadano atacó la validez de la notificación que le avisaba del inicio de la inspección tributaria, y alegó que el plazo para sancionarle había prescrito.

Hacienda, por su parte, defendió la legalidad del aviso, que fue entregado en su centro de trabajo a una persona que se identificó como su secretaria, porque, de hecho, el contribuyente se personó tres meses después. Ahora, el Supremo le da la razón y rechaza la validez de la comunicación, declarando prescrito el derecho de la Administración para sancionarle por el citado ejercicio, al haber transcurrido más de cuatro años desde que finalizó la campaña de declaración.

La Sala aclara que lo relevante para decidir la fuerza legal de una notificación es que la comunicación haya llegado a conocimiento del interesado. Eso sí, establece un sistema de presunciones para el caso de que existan defectos formales que hayan podido desvirtuar el aviso. En este sentido, y conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, distingue entre las actuaciones de parte y de oficio.

En el supuesto de que sea Hacienda quien inicie un procedimiento, el Supremo advierte que debe respetar los lugares admitidos para realizar la entrega. Si no lo hace, puede entenderse que existe un defecto sustancial que conlleva la presunción automática de que la notificación no llegó a conocimiento del interesado, y será la AEAT quien deberá demostrar lo contrario.

El mismo criterio, establece la Sala, debe seguirse respecto de las personas autorizadas para recepcionar el aviso certificado. Solo si la entrega se hace en el domicilio del obligado tributario o su representante o lugar señalado al efecto (como dispone el artículo 111 de la ley tributaria), podrá hacerse a cualquier persona que se encuentre en ese momento y se identifique con el DNI.

Sin embargo, cuando se realice en otro lugar, como el centro de trabajo, el aviso solo podrá ser entregado al contribuyente o su representante. En otro caso, se entenderá que este, salvo prueba en contrario, no ha tenido conocimiento del acto que se le notificaba y, por tanto, se invalida la comunicación con las consecuencias sobre los tiempos y plazos explicadas.
(Cinco Días, 23-05-2019)

Laboral

La pensión por incapacidad permanente es compatible con el trabajo de autónomo
La pensión por incapacidad permanente es compatible con el trabajo de autónomo. Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia en la que considera que la actividad profesional que venía realizando como programador informático "no resulta perjudicial a su estado".

Según consta en los hechos probados de la sentencia, el demandante, que trabajaba como cocinero, comenzó a recibir en 2009 una pensión por incapacidad permanente absoluta. En 2016, el hombre comenzó a trabajar como autónomo en una empresa informática en la que desempeñaba tareas de programador a tiempo parcial de seis horas diarias de lunes a viernes.

Al saber de estos hechos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le retiró dicha prestación, ya que consideró que beneficiarse de un subsidio de incapacidad y ejercer como autónomo eran situaciones incompatibles. El trabajador recurrió el fallo y el tribunal de primera instancia le dio la razón. El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, que revocó la sentencia dictada en primer lugar y respaldó el criterio del INSS.

En su sentencia, el Tribunal Supremo recuerda que la Ley General de la Seguridad Social permite la simultaneidad entre las pensiones vitalicias en caso de incapacidad permanente absoluta y aquellas actividades "que sean compatibles con el estado del inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo".

Los magistrados recuerdan que las condiciones laborales del demandante no le requerían hacer grandes esfuerzos: gozaba de una jornada parcial en la que trabajaba sentado. Por tanto, consideran que la actividad profesional que desempeñaba el demandante "no resulta perjudicial o inadecuada a su estado". Además, rechazan el argumento de la administración de la Seguridad Social, que defendía que las personas en situación de incapacidad absoluta solo podían desempeñar actividades "superfluas, accidentales o esporádicas", lo que no ocurría en este caso.

Por otro lado, el Supremo determina que declarar la incompatibilidad entre el subsidio por incapacidad y el trabajo "tendría un cierto efecto desmotivador sobre la reinserción social y laboral de quien se halla en situación de incapacidad permanente". Para la Sala, aunque las cotizaciones satisfechas por el nuevo trabajo tendrían eficacia sobre futuras prestaciones, la suspensión de la pensión "privaría de estímulo económico a una actividad que con toda seguridad ha de realizarse con considerable esfuerzo psicofísico por parte del inválido".
(Cinco Días, 23-05-2019)

Trabajo ha elaborado también un Criterio técnico sobre la actuación en materia de registro de jornada para los propios inspectores y subinspectores
La dirección de la Inspección de Trabajo ha elaborado también un Criterio técnico sobre la actuación en materia de registro de jornada para los propios inspectores y subinspectores, a cuyo borrador ha accedido este periódico, y que aclara algunas de las pautas que seguirán estos funcionarios a la hora de exigir el control horario.

La primera cuestión que precisa la cúpula de la Inspección para sus efectivos en este documento es que tengan claro que “la llevanza del registro de jornada no es una opción para el empresario, sino que se trata de un deber” incluido en la ley.

Dicho esto, los criterios de actuación piden inicialmente a los inspectores y subinspectores que exijan que los registros “se deben ubicar físicamente en el centro de trabajo y no en otros lugares como asesorías u oficinas centrales”. Por tanto, no podrán ser las gestorías o empresas auxiliares subcontratadas que realicen la contabilidad o administración de las empresas, las que se encarguen de guardar los registros durante los cuatro años que exige la nueva normativa. La conservación de estos datos tampoco podrá realizarse en la sede central de la compañía, sino en cada centro de trabajo, sucursal u oficina.

Esta ubicación responde, según explica este documento, a la exigencia de que este registro sea “accesible”, tal y como ha marcado el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia de 2013 ante una cuestión planteada por los inspectores de Trabajo de Portugal. En dicha resolución la justicia europea argumenta que “la obligación del empleador de permitir la consulta inmediata del registro del tiempo de trabajo podría evitar cualquier posibilidad de alteración de los datos en el intervalo que media entre la visita de la Inspección y el control de esos datos por la autoridad competente”.

No obstante, esta demanda “inmediata” del registro en la visita a la empresa no impedirá, según estos criterios de actuación, que el funcionario de Trabajo pueda solicitar al empresario que “comparezca posteriormente en las oficinas de la Inspección con el registro o lo remita a este organismo por las vías que legalmente corresponda”.

No obstante, la Inspección también aclara que, aunque el empresario deba presentar los registros cuando se los soliciten, esto “no implica la obligación de entrega de copias, salvo que así lo disponga un convenio colectivo o un pacto expreso, ni debe entregarse a cada persona trabajadora copia de su registro diario”. Otra cosa es, tal y como aclara la Inspección, que los trabajadores o sus representantes legales puedan pedir consultarlo en cualquier momento.

En el caso de que el registro sea electrónico o informático, la Inspección sí “podrán requerir en la visita la impresión de los registros correspondientes al periodo que se considere, o bien su descarga o su suministro en soporte informático y en formato legible y tratable”.

Por el contrario, si el registro fuera manual, como la firma del trabajador en papel, “la Inspección podrá recabar los documentos originales o solicitar su copia”. Si bien, especifican que, si no se dispusiera de medios para hacer esa copia durante la visita al centro de trabajo, el funcionario de la Inspección podría “tomar notas, o tomar muestras fotográficas”. O incluso si detectara “incongruencias” entre el registro y la jornada u horario declarado, “podría tomar el original del registro como medida cautelar”.

Otra de las cuestiones que dicta esta instrucción es que los inspectores y subinspectores de Trabajo no deberán aceptar como documento de registro de la jornada “el horario general de la empresa, el calendario laboral o los cuadrantes de horarios elaborados para determinados periodos.

Otra de las obligaciones de las que se eximirá a los empresarios es la de “totalizar” esto es, comunicar de oficio al trabajador su jornada mensual, salvo en dos excepciones: los contratados a tiempo parcial y aquellos trabajadores que realicen horas extraordinarias.
(Cinco Días, 23-05-2019)

Trabajo recomienda contar las pausas
La Inspección de Trabajo, al igual que la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de mayo, que avaló la obligatoriedad de este registro en España, recomiendan a los empresarios que implanten un sistema de control horario “que ofrezca una visión adecuada y completa del tiempo de trabajo efectivo”.

Este consejo se basa en que, si el sistema utilizado no registra, por ejemplo, las pausas para comidas u otros descansos, “podría presumirse que la jornada es todo lo que transcurre entre la hora de inicio y finalización de la jornada de trabajo registrada”. Es más, la Inspección especifica que, de no registrarse las citadas pausas dentro de la jornada, “correspondería al empleador la acreditación de que ello no es así”.

En cuanto a las sanciones, la directriz a los inspectores es que el incumplimiento de la ley en materia de registro de la jornada es una “infracción grave”. Si bien la dirección de la Inspección admite que la sanción no será automática, al aconsejar al funcionario que realice la visita que valore si la empresa ha actuado para negociar con los trabajadores el sistema de registro.

Es más, la instrucción precisa, que, si el inspector tuviese certeza de que se cumple la norma en el tiempo de trabajo o no se hacen las horas extra, “tras la valoración del inspector actuante en cada caso, podría sustituirse el inicio del procedimiento sancionador por un requerimiento” para que implante el registro.
(Expansión, 23-05-2019)

Los sectores de industria y servicios moderan su crecimiento hasta el 3,5% y 4,7%
Dos décimas menos que un mes antes y situándose en niveles no vistos desde febrero de 2015, según la evolución del sector servicios publicada por el INE. Desde ese mes, que registró un avance interanual del 1,6%, no se había registrado hasta la fecha una moderación en el aumento de la ocupación del sector servicios inferior al 2%.

La EPA del primer trimestre del año ya constató una reducción de la ocupación del sector servicios en 109.200 personas, mientras el desempleo se incrementó en esta actividad en 69.800 parados más, según Estadística.

Por sectores, es en el comercio al por menor donde el avance es menor, de un 1,5% interanual en marzo, mientras que en otros servicios el crecimiento es del 2,1%. Desglosado por actividades, en hostelería hay un aumento de solo el 0,7% en la ocupación, con un crecimiento estancado en los servicios de alojamiento, mientras que en el comercio al por menor es del 1%.

Información y comunicaciones, actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades administrativas se sitúan por encima de la media, con avances del empleo del 3,3%, 2,8% y 2,7%, respectivamente, en el mes de mayo. La única actividad que registra caídas anuales en la ocupación es la de telecomunicaciones, con un recorte del 0,6%.

Por comunidades autónomas, los mayores avances en la ocupación se logran en Galicia y Madrid, con alzas del 2,5%, mientras que les siguen Extremadura (2,4%), Navarra y Aragón (2,3%) y Baleares (2,1%). En el lado opuesto, Castilla León y Asturias suman avances más moderados del 0,5% y 0,7%, respectivamente.

El comportamiento del empleo no empaña con todo, la buena marcha de la facturación del sector servicios, que repuntó un 4,7% en tasa anual, cuatro décimas menos que la registrada un mes antes. Corregidos los efectos estacionales, el avance fue del 4,3%, ocho décimas menos que en febrero.

En términos desestacionalizados, la hostelería facturó un 6,2% en marzo en tasa anual, mientras que los ingresos de las agencias de viajes y operadores turísticos aumentaron un 1,1% –este año la semana santa se celebró en abril–. El único sector que se anotó una caída de los ingresos fue la venta y reparación de vehículos y motocicletas, donde cayó un 0,5%.
(El País, 23-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La Fed mantendrá los tipos congelados "durante algún tiempo"
La Reserva Federal (Fed) prevé mantener su enfoque "paciente" y dejar los tipos de interés sin cambios "por algún tiempo" en Estados Unidos, incluso si las condiciones globales siguen mejorando, según las actas divulgadas hoy de la reunión de política monetaria del pasado mayo.

"Los participantes observaron que un enfoque paciente a la hora de determinar los futuros ajustes al rango de tipos de interés federales probablemente seguiría siendo apropiado por algún tiempo", indicó la Fed en el documento, que se da a conocer con un tradicional retraso de tres semanas.

"Especialmente", agregó el banco central estadounidense, "en un ambiente de crecimiento económico moderado y presiones inflacionarias controladas, incluso si las condiciones económicas y financieras globales continuasen mejorando". En el encuentro del 30 de abril y 1 de mayo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés), decidió dejar el precio del dinero sin cambios entre el 2,25 % y 2,5 %, e insistió en un enfoque "paciente" de cara a futuras subidas.

Pese a haber comenzado el año con la expectativa de llevar a cabo dos subidas del precio del dinero, la Fed ha suavizado sus perspectivas y ahora prevé que concluya 2019 sin alteración en la política monetaria. En las últimas semanas, no obstante, han crecido las presiones desde la Casa Blanca y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que el banco central debería rebajar los tipos para apoyar el crecimiento económico.

Los comentarios sobre política monetaria desde la Casa Blanca de Trump rompen con el tradicional respeto hacia la independencia de la Fed por parte del Ejecutivo estadounidense. La Fed rebajó en marzo sus perspectivas económicas en Estados Unidos para este año al 2,1 %, frente al 2,3 % de comienzos de año, tras el 2,9 % registrado en 2018, a la vez que pronosticó que la inflación se mantendría en torno a la meta anual del 2 %. La próxima reunión de política monetaria del banco central tendrá lugar el 18 y el 19 de junio, y en ellas presentará sus nuevas proyecciones de crecimiento.
(Expansión, 23-05-2019)

El Banco de España pide transparencia a las estadísticas oficiales
El Banco de España considera que las autoridades estadísticas deberían mostrar de modo "transparente" los métodos de elaboración de las estadísticas oficiales y contrarrestar el potencial efecto de las 'fake news' sobre la medición de variables económicas, diseñando una política de comunicación que permita "desmontar los bulos antes de que arraiguen".

Así lo señala el organismo supervisor en un artículo analítico sobre las implicaciones de las nuevas fuentes de datos para el análisis económico y la estadística oficial, en el que destaca que estas fuentes de "mayor granularidad" que las tradicionales y de acceso generalizado abren "nuevas vías y nuevas oportunidades" a la estadística oficial y el análisis económico.

El organismo valora que en el ámbito concreto del análisis económico las nuevas fuentes de datos presentan un "potencial significativo", ya que permiten un mejor conocimiento y un seguimiento "más ágil" de la realidad económica, recoger información sobre variables difíciles de medir y una mejor evaluación de la política económica, con más posibilidades de simular medidas alternativas gracias a microdatos.

Entre los nuevos tipos de información destaca las tendencias de búsqueda de Google (Google Trends), las bases de datos 'online' de medios de comunicación, las redes sociales como Facebook y Twitter o los portales de búsqueda en la Red, junto a los datos de teléfonos móviles o de satélites.

Desde el punto de vista de un banco central, el uso y la incorporación de estos datos a sus tareas tradicionales plantea "retos significativos", derivados de su gestión, almacenamiento, seguridad y confidencialidad, al tiempo que advierte de que existen "problemas" con su representatividad estadística.

Además, apunta que, dado que estos datos están a disposición de muchos agentes, y no exclusivamente de las instituciones estadísticas oficiales, existe el riesgo de que se generen distintas medidas sobre el mismo fenómeno con estándares de calidad heterogéneos, lo que puede crear "confusión" en la opinión pública.

A su juicio, algunas de estas fuentes, con formato no estructurado, como las textuales, requieren el uso de nuevas técnicas de procesamiento para que puedan incorporarse en el análisis económico con un formato adecuado (cuantitativo).

De esta forma, subraya que la disponibilidad de "cantidades enormes" de nueva información requiere una gestión ordenada de datos, con una infraestructura "flexible", el desarrollo de sistemas de seguridad adecuado, un sistema que minimice los costes de almacenaje y una gestión "óptima" de los datos no estructurados con la integración de nuevos perfiles profesionales en los bancos centrales.
(El Mundo, 23-05-2019)

Sector

El Constitucional prohíbe a los partidos recopilar opiniones de los ciudadanos para elaborar perfiles ideológicos
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado por unanimidad inconstitucional el artículo 58 bis 1 de la Ley Electoral General (que se incorporó a esta ley mediante una disposición final incluida en la Ley de Protección de Datos Personales) que permite a los partidos recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos.

Así lo acuerda el TC en una sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, que declara dicho precepto contrario a la Constitución y nulo al estimar el recurso presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 5 de marzo. De esta forma el TC anula dicho apartado, que fue incorporado a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General por la disposición final tercera del apartado 2 de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de 2018.

Las sentencias se notificarán en los próximos días, informa el TC en un comunicado. Para los juristas que instaron al Defensor del Pueblo a llevar el artículo 58 bis 1 al Constitucional, este precepto vulneraba los derechos fundamentales de las personas, y lo hacía además con la aquiescencia de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La nueva Ley de Protección de Datos fue aprobada en el Congreso por unanimidad el pasado mes de octubre, y apenas un mes después fue aprobada en el Senado.

Sin embargo, la unanimidad del Congreso se rompió en el Senado, y tras la polémica que se desató por la posibilidad que la ley concedía a los partidos de recopilar datos sobre tendencias políticas de los ciudadanos, algunos grupos (como Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, Compromís o Bildu) ya no respaldaron la norma. Tras la polémica, Unidos Podemos anunció que recurriría al Tribunal Constitucional la nueva Ley de Protección de Datos, aunque ese recurso nunca se formalizó.

Sí lo llevó al Constitucional el Defensor del Pueblo, a instancias de un grupo de juristas y asociaciones de defensa de los derechos digitales, entre los que se encontraban el ex director de la Agencia Española de Protección de Datos José Luis Piñar o los abogados expertos en protección de datos Borja Adsuara, Jorge García Herrero y Elena Gil.
(El País, 23-05-2019)

 
 
 
 
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