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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 28 DE MAIG DE 2019

Fiscal

Corrección de errores de la Orden HAC/485/2019 sobre los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
Corrección de errores de la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2018, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
(BOE, 28-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 27 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 27 de mayo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 28-05-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/index.php?d=127&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 28 DE MAIG DE 2019

Fiscal

Madrid tendrá rebajas de impuestos tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento
Madrid, en su doble vertiente, Comunidad y Ayuntamiento, se ha convertido en el clavo ardiendo al que se ha aferrado el líder del PP, Pablo Casado, para atemperar su derrota en el ámbito nacional, mientras que para el PSOE de Pedro Sánchez es la espina clavada en su ya cuádruple victoria electoral consecutiva (generales, municipales, autonómicas y europeas).

La pérdida de fuelle del bloque de la izquierda en dos plazas tan emblemáticas, con el telón de fondo del hundimiento de Podemos tras la escisión de Más Madrid, se ha erigido en la insignia moral de la centroderecha que, previsiblemente, se mirará en el espejo de Andalucía para gobernar el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid. Con la diferencia de que Vox ya no se conforma con ser el convidado de piedra en la fiesta, sino que quiere ser el tercer anfitrión. La candidata del partido verde a la presidencia regional, Rocío Monasterio, lo dijo ayer alto y claro: "Nuestro objetivo es hacer valer nuestros escaños (12) y sí, probablemente, entrar en el gobierno es la mejor manera de hacerlos valer y que se vea, sobre todo, el trabajo que queremos desarrollar", aseguró.

La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso que, contra todo pronóstico hasta el domingo, se perfila ahora como la nueva presidenta de Madrid, no descartó dar entrada a la formación ultraconservadora en el ejecutivo regional, aunque primero hablará con Cs, al que calificó de "socio preferente", antes de iniciar conversaciones con el partido de Santiago Abascal, porque, de lo contrario "no puedo saber qué tengo delante y a qué me enfrento". ¿Y Cs? Su candidato a la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dejó la pelota en el aire al asegurar que la formación naranja se limitará a negociar con el PP, aunque, a su juicio, no tiene sentido que Vox forme parte del gobierno regional.

En el Ayuntamiento de Madrid, donde la centroderecha suma 30 concejales sobre un total de 54, el alcaldable popular, José Luis Martínez-Almeida también abogó por una coalición con Cs y el respaldo externo de Vox, confiando en que el partido verde "no obstaculizará el cambio necesario" en el consistorio de la capital. Las aspiraciones de Vox en la alcaldía madrileña no parecen las mismas que en la comunidad, o al menos eso se desprende de las palabras de su candidato, Javier Ortega Smith, quien ayer afirmó que el objetivo prioritario de su formación era desalojar a Manuela Carmena de la alcaldía y propiciar un cambio de políticas en Madrid, "aunque otros se cuelguen las medallas". En cualquier caso, sea desde dentro o desde fuera, sus cuatro concejales serán claves en la gobernabilidad del consistorio.

Con la suma electoral de la centroderecha, los ciudadanos madrileños ven alejarse el fantasma de una subida generalizada de impuestos y de un mayor intervencionismo económico. En concreto, el bloque de la izquierda (PSOE, Podemos y Más Madrid) amenazaban con una docena de tributos: al turismo, al plástico, al juego, a las bebidas azucaradas, a las viviendas vacías, al patrimonio inmobiliario, en el IRPF, en Sucesiones y Donaciones... Una retahíla de alzas fiscales para sufragar un faraónico proyecto social que se encuentra en las antípodas de la hoja de ruta de la centroderecha, que defiende todo lo contrario: tijeretazos impositivos para estimular la actividad económica, el consumo, la creación de empleo y, por ende, el crecimiento.

La candidata popular, Díaz Ayuso, prometió en campaña rebajas fiscales por importe de 300 millones de euros, esencialmente a través de la bajada en medio punto de cada uno de los tramos del IRPF en la parte autonómica, lo que situaría el tipo marginal máximo (incluido el tramo estatal) en el 43%, el más bajo de todo el territorio nacional y cinco puntos por debajo del 48% con el que autonomías como Cataluña, Asturias, Cantabria, La Rioja, y Comunidad Valenciana gravan a sus ciudadanos. Al recorte del impuesto se suman múltiples deducciones: por la compra de vivienda y alquiler, por la adquisición de acciones de empresas de nueva creación que generen empleo indefinido, exenciones para familias numerosas al objeto de impulsar la natalidad...

En definitiva, Ayuso aboga por ahondar en la política de libertad económica y comercial que tan buenos réditos ha proporcionado a Madrid en la última década y media, hasta convertirse en el destino predilecto de 85 de cada 100 euros que se invierten en España. Una política que el popular José Luis Martínez-Almeida quiere trasladar a la alcaldía madrileña, compensando las subidas de impuestos del gobierno de Manuela Carmena con un recorte global de 460 millones y con la promesa de devolver el IBI a su mínimo legal.

Ciudadanos confluye con los populares en su doctrina de alivio fiscal para estimular la actividad económica, aunque con recortes más mesurados. Durante la campaña, su candidato, Ignacio Aguado, defendió contrarrestar cada punto de subida en el IRPF que apruebe el futuro Ejecutivo de Sánchez con una bajada equiparable en el tramo autonómico, así como nuevas bonificaciones en Sucesiones hasta que el tributo sea erradicado a escala nacional.

Más agresiva se mostró la candidata de Vox, Rocío Monasterio, en sus propuestas de bálsamo fiscal, con la bajada de un 5% en el tramo autonómico del IRPF, la eliminación del Impuesto de Actividades Económicas y el AJD que pagan las pymes, o la supresión de la plusvalía municipal en la compraventa de vivienda. Sin olvidar su promesa de recortar 4.245 millones de gasto superfluo mediante el cierre de entes públicos o la supresión de partidas ineficientes.
(Expansión, 28-05-2019)

La AIReF pide más poder sobre el Gobierno
La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el «pepito grillo» económico del Gobierno, reclama más poder para controlar algunas grandes decisiones gubernamentales de carácter económico. La institución, que preside José Luis Escrivá, nació en 2014 por imposición de la Unión Europea como una de las condiciones del rescate financiero. La misión de la AIReF es garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestarios y del endeudamiento público.

Desde su constitución, este organismo y su presidente han protagonizado encontronazos frecuentes con el Gobierno de Rajoy, especialmente con el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La llegada al poder del Partido Socialista mitigó inicialmente las tensiones, pero con el paso de los meses, llegaron las críticas, sobre todo con el fallido proyecto de Presupuestos de 2019 y con la evolución de la deuda pública, que supera ya los 1,2 billones de euros.

La AIReF ahora, a través de un estudio –publicado en inglés– de dos de sus miembros, Carlos Cuerpo y Lucía Rodríguez, aparecido recientemente en un informe más amplio del Consejo Fiscal Europeo, aboga, aunque en un lenguaje rebuscado y algo críptico, por «un papel reforzado para la institución para limitar las áreas donde la discreción podría socavar la efectividad del marco fiscal, como la evaluación de la situación cíclica o que no cambien las proyecciones que prevén déficit primario». En la práctica, lo que plantean Cuerpo y Rodríguez –que agradecen expresamente a su jefe José Luis Escrivá los comentarios y sugerencias sobre su trabajo– es que la autoridad tenga más capacidad para indicarle y de alguna manera «conducir» al Gobierno de turno por la vía de la ortodoxia económica y que sus decisiones económicas no pongan en peligro la estabilidad.

La AIReF, de esta manera, se suma a la corriente europea de dotar de más instrumentos a este tipo de instituciones, presentes en la mayoría de los países de la Unión Europeas y algunas con una larga historia, como la holandesa Central Planning Bureau (CPB)–, que nació hace nada menos que medio siglo.

La institución que preside José Luis Escrivá aprovechó la participación de Cuerpo y Rodríguez en un seminario organizado por el Consejo Fiscal Europeo, que es un órgano independiente que asesora a la Comisión Europea, para presentar esas reclamaciones en un contexto de debate europeo entre expertos en lugar de planteárselas directamente al Gobierno. Evita tensiones, pero no impide que esos sean, a más o menos corto plazo, los objetivos que persigue la AIReF que, en 2020, cuando cumpla seis años, deberá elegir otro presidente para un mandato único de seis años.

El nombramiento lo hará el Gobierno, pero deberá tener la mayoría absoluta del Congreso, y ese relevo, sin duda, pondrá de manifiesto el verdadero compromiso de Pedro Sánchez y su equipo con la estabilidad presupuestaria. Rajoy nombró a Escrivá, que fue un candidato «sugerido», tras el rescate bancario por las autoridades europeas y que procedía de la dirección general de América –incluye Estados Unidos, Canadá y toda América Latina– del Banco Internacional de Pagos de Basilea.

La propuesta/petición de la AIReF de más poder se enmarca en el debate europeo sobre la función y las responsabilidades de las instituciones fiscales independientes de cada país. El objetivo último es que en lugar de que sean las autoridades de Bruselas, que tienen equipos limitados, quiénes avalen las cuentas públicas de cada país, lo hagan los llamados «owner-ship» –propietarios del barco, según la traducción literal del inglés–; es decir, los organismos específicos, pero siempre independientes, de cada uno de los Estados miembros de la UE. Es decir, se trata de reforzar, con todas las garantías, los controles internos de los Gobiernos, sobre todo en asuntos de política presupuestaria.
(El País, 28-05-2019)

Laboral

Las ETT apuntan a la formación como causa de la mejora del empleo este año
El porcentaje de activos con un elevado nivel educativo (educación universitaria) se ha situado en el 40,8% en 2019, frente al 31,9% de 2007, lo que sitúa a España en cifra récord de activos con estudios superiores, según un estudio de la patronal de empresas de trabajo temporal, Asempleo.

De este modo, la organización que representa a las ETT cree que España puede llegar a cumplir el objetivo de Europa 2020 que exige que el número de personas de entre 30 y 34 años con educación superior alcance el 44%, porcentaje que al finalizar marzo era del 43,8% en España. Precisamente, esta mejora en la formación de los trabajadores es para Asempleo, uno de los factores que puede estar contribuyendo a la “inesperada” evolución más positiva del empleo en el arranque de 2019.

El informe destaca, además, que las personas con mayor formación tienen menor riesgo de caer en el desempleo. De hecho, los trabajadores con estudios superiores apenas representan uno de cada cuatro desempleados existentes (el 24% del total).

Asimismo, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) que maneja Asempleo la incidencia del desempleo es mayor entre los trabajadores con una baja formación, ya que estos representan el 6,6% de los activos, pero el 12,1% de los parados.

“Los trabajadores más formados siempre tienen una mayor probabilidad de encontrar empleo con independencia del momento del ciclo económico”, subrayan desde esta patronal cuyos datos sobre el mercado laboral sirven como indicador adelantado de la economía.

Las cifras del INE también respaldan esta afirmación al indicar que los parados con niveles de formación alto presentaron en el primer trimestre una probabilidad del 23,3% de encontrar un empleo, frente al 17,7% de los que tienen niveles medios de formación y al 15,5% de aquellos que cuentan con un nivel educativo bajo.

Otro aspecto relacionado con la formación que contribuye a mejorar esta posibilidad de encontrar un empleo es que los parados con un mayor nivel educativo son precisamente aquellos que más cursos de reciclaje profesional realizan. En el primer trimestre, el 27% de los parados con estudios altos realizó cursos de formación. Por el contrario, los parados de cualificación media y baja tienen un 14% y un 6% de probabilidades de hacer cursos, respectivamente.
(Cinco Días, 28-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La interacción de la Banca con los usuarios está en peligro
Después de más de dos años anticipando su llegada, el próximo 14 de septiembre se pondrá en marcha definitivamente la directiva europea de medios de pago (conocida como PSD2). Ese día entrarán en vigor los estándares técnicos dictados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), según el calendario previsto por las autoridades comunitarias, de forma que así se definirán las condiciones para competir en este nuevo segmento de mercado.

La entrada en vigor de la PSD2 supondrá, entre otros cambios, la posibilidad de que terceras empresas puedan acceder a los datos financieros de clientes que den su consentimiento expreso. Los estándares técnicos aprobados por la EBA pretenden delimitar un terreno de juego equilibrado para todo el sector. El nuevo marco normativo permite, potencialmente, que tanto empresas tecnológicas, como fintech, como los propios bancos, compitan por acceder a los datos de los usuarios bancarios.

En un reciente informe, los analistas de la agencia de calificación Standard & Poor's consideran que el sector bancario se enfrenta a varios riesgos asociados a la llegada de la PSD2. Uno de los más inmediatos está relacionado con la privacidad de sus clientes. «Si las entidades fracasan en cumplir con los requerimientos técnicos a tiempo, podrían enfrentarse a quejas desagradables de sus usuarios dada la prevención cada vez mayor de éstos sobre la privacidad de los datos personales», explican los autores del informe.

En opinión de S&P, aquellas entidades que tengan sus exigencias técnicas y regulatorias a tiempo, cuando la norma entre en vigor el 14 de septiembre, contarán con una ventaja competitiva importante respecto a quienes no alcancen estos estándares. Y no lo tendrán fácil, ya que, en opinión de la agencia de ráting, los bancos deberán demostrar que sus plataformas de banca abierta (aquellas puestas a disposición de terceros que cuenten con consentimiento de sus clientes) «son ampliamente usadas y aceptadas por proveedores de servicios externos», explica.

Otro de los riesgos a los que se enfrenta el sector bancario es el de la caída de ingresos. El informe anticipa que terceras empresas podrán acceder a los datos de clientes y a la vez desarrollar soluciones tecnológicas para la gestión de cuentas, pagos o transacciones, lo que puede suponer la pérdida de una importante vía de negocio para las entidades. Uno de los segmentos más amenazados será el negocio de tarjetas, ya que los nuevos competidores podrán, potencialmente, desarrollar servicios de iniciación de pagos a través de sus plataformas digitales. “Una tendencia fuerte hacia las transferencias cuenta a cuenta podría sacar a los bancos de la cadena de valor”, advierte el informe, que no obstante considera que los pagos con tarjeta siguen resultando de utilidad a un gran número de clientes.

Otro peligro para el sector bancario es el potencial riesgo de ‘desintermediar’ su relación tradicional con los clientes. La agregación de cuentas de distintas entidades está ganando terreno, lo que podría ocasionar una pérdida de proximidad de los bancos con sus usuarios, cada vez más acostumbrados a operar a través de soluciones digitales de terceros. De generalizarse aún más esta tendencia, la interacción directa de las entidades con su clientela se podría ver afectada de forma negativa, reduciendo así su capacidad de ofrecer productos y servicios.
(Expansión, 28-05-2019)

El bono español a 10 años vuelve a mínimos históricos tras las elecciones
El rendimiento del bono español a 10 años ha vuelto a situarse en mínimos históricos este lunes al situarse en el 0,809%, en una jornada marcada por el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, que se sumó a la celebración de comicios municipales y autonómicos en España.

El interés ofrecido a los inversores en deuda española con vencimiento a 10 años abría esta jornada en los mercados situado en el 0,825%, cerca del mínimo histórico que ya se alcanzó el pasado viernes. Tras repuntar momentáneamente hasta el 0,829%, el rendimiento ha descendido hasta un mínimo del 0,809%.

El bund, el homólogo alemán a los bonos españoles, comenzó este lunes a cotizar en los mercados con un rendimiento -0,117%, aunque ha llegado a alcanzar un mínimo intradía del -0,132%. De esta forma, la prima de riesgo ofrecida a los inversores en bonos españoles en comparación con los alemanes se ha situado en los 93,8 puntos básicos, en línea con los datos que se llegaron a registrar el viernes.

De su lado, el bono griego a 10 años también se ha situado en un mínimo histórico después de que este domingo el primer ministro heleno, Alexis Tsipras, anunciara un adelanto de las elecciones generales en Grecia, inicialmente previstas para octubre, a la luz del mal resultado cosechado por su partido, Syriza, en las elecciones europeas.

El interés ofrecido a los inversores en bonos griegos a 10 años ha llegado a situarse en 3,001%, marcando un mínimo histórico, tras haber iniciado la jornada en el 3,367%.
(El País, 28-05-2019)

La Cambra de Comerç consultará a los empresarios si deben presionar por la independencia
La futura dirección independentista que asumirá las riendas de la Cambra de Comerç de Barcelona trasladará al empresariado catalán en una consulta si deben presionar desde la institución a favor de la independencia de Catalunya. Esta será la primera consulta que la nueva dirección realizará entre sus afiliados, tal como ha explicado el futuro presidente de la Cambra, Joan Canadell, este lunes en una rueda de prensa, en la que ha desgranado las prioridades de su proyecto. Convertir la Cambra en una "estructura de Estado" a favor de la secesión fue uno de los principales argumentos de la candidatura "Eines de País", aupada por la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC).

No obstante, y pese a hacerse con 31 de las 60 sillas elegibles en los pasados comicios, la nueva dirección someterá directamente a las compañías catalanas si estas estarían a favor de que la Cambra "participe de manera activa en la construcción de la República catalana". Dicha consulta esperan realizarla antes de finalizar este 2019 y vendrá seguida por una segunda, que será la de preguntar si, como Cambra, deben considerar al Rey de España, Felipe VI, persona "non grata" en Catalunya.

El independentismo ha entrado en las recientes elecciones a la Cambra de Comerç de Barcelona con fuerza y no tiene intención de ser un proyecto de una sola legislatura. "Queremos contribuir a que Catalunya se convierta en uno de los principales polos económicos de Europa", ha afirmado Canadell. Lo que pasa por alargar el proyecto "10, 15 o 20 años", según ha aclarado. Y dos son las prioridades que la nueva dirección pretende desplegar una vez asuma formalmente el cargo el próximo 17 de junio.

Por un lado, Canadell ha propuesto "arreglar" el censo empresarial de cara a futuras elecciones para incorporar a compañías que no pudieron ejercer su voto y, por el otro, la Cambra comenzará a trabajar en un plan estratégico a horizonte 20225-2030, que promoverá la expansión de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.

Tras los grandes resultados conseguidos en las últimas elecciones, en las que la candidatura independentista se hizo con 31 de las 60 sillas elegibles, "Eines de País" quiere afianzarse en la Cambra para ponerla al servicio del proyecto secesionista. Y pese a la clara mayoría cosechada, Canadell ha denunciado que esta podría haber sido mayor, ya que ha alegado que "centenares de empresarios" no les han podido votar pese a manifestar dicho deseo y afirmar reunir con las condiciones pertinentes.

Es por ello que una de las primeras medidas y que pretenden que esté finiquitada antes de finalizar el 2019 es "arreglar" el censo para incorporar dichas empresas. Dicho censo también les servirá para promover "consultas internas" entre el mundo empresarial, para las que abogan por continuar con el voto electrónico; una fórmula estrenada en las reciente elecciones.
(La Vanguardia, 28-05-2019)

El rey Juan Carlos se retira de la vida pública
Juan Carlos I ha comunicado este lunes a su hijo, el rey Felipe VI, su voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales y completar su retirada de la vida pública a partir del próximo día 2 de junio, fecha en la que se cumplen cinco años desde el anuncio de su abdicación de la Corona de España tras el escándalo del caso Nóos. Aunque su participación en la agenda oficial de La Zarzuela no era intensa, el padre del Rey tenía algunos actos representativos en actos culturales y entregas de premios. Su protagonismo se acrecentó a lo largo del año pasado en una serie de iniciativas y actividades públicas coincidiendo con el 40º aniversario de la Constitución y su 80º cumpleaños.

En una carta, que ha facilitado La Zarzuela, el rey emérito dice a Felipe VI que, transcurridos cinco años desde entonces, considera que ha llegado el momento de retirarse de la vida pública, dejando las actividades institucionales que ha venido realizando. Don Juan Carlos, según refiere en la carta, ha estado considerando esta retirada desde que cumplió 80 años el pasado 5 de enero de 2018. La celebración del 40º aniversario de la Constitución, en cuyo acto celebrado en el Congreso ocupó una posición relevante, acabó de decantar su decisión.

"Fue un acto solemne lleno de emoción para mí, que me hizo evocar, con orgullo y admiración, el recuerdo de tantas personas que contribuyeron a hacer posible la Transición política y renovar mi sentimiento de permanente gratitud hacia el pueblo español, verdadero artífice y principal protagonista de aquella trascendental etapa de nuestra historia reciente”, afirma el rey emérito.

Juan Carlos I termina la carta dirigida a Felipe VI subrayando su “firme y meditada convicción”: “Hoy te expreso mi voluntad y deseo de dar este paso y dejar de desarrollar actividades institucionales, a partir del próximo 2 de junio. Tomo esta decisión desde el gran cariño y orgullo de padre que por ti siento, con mi lealtad siempre. Un grandísimo abrazo de tu padre”.

El padre del rey se vio forzado a abdicar el 2 de junio de 2014 en un momento agónico de su trayectoria, rodeado de contrariedades físicas y espoleado por el escándalo del caso Nóos, que salpicó a la infanta Cristina. Sin embargo, los 38 años que duró su reinado fueron mucho más que esa foto final que debilitó a la Corona. Su intervención en la llegada de la democracia en España fue decisiva y su tiempo en el trono coincide con el período de mayor prosperidad democrática y económica de España.

Después de los escándalos que propiciaron su abdicación en 2014, como el caso Nóos y sus desaciertos cinegéticos en medio de una profunda crisis, la Casa del Rey redujo su presencia en la agenda oficial para preservar a la Corona de los supuestos efectos negativos relacionados con su figura. A partir de 2017, tras la sentencia que exculpó a la infanta Cristina en la causa de los negocios que su marido, Iñaki Urdangarin, hizo a la sombra de la Casa del Rey, Juan Carlos I empezó a recuperar protagonismo en los actos oficiales.

A pesar de haber dejado de ser jefe del Estado, y con unas facultades físicas en notable retroceso, Juan Carlos I siempre tuvo hueco en la agenda de actividades de la Casa del Rey, aunque también siempre desde la discreción y con intensidades que han sido fluctuantes. En estos años ha protagonizado unos 120 actos, ha pronunciado 30 discursos y realizado nueve viajes oficiales, la mayoría de carácter cultural, aunque en el último tramo (y coincidiendo con la etapa de interinidad política de España que limitó la actividad del Rey) también de significativa presencia política. Fue el caso de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, la inauguración del Canal de Panamá, los funerales de Fidel Castro o varias tomas de posesión de presidentes iberoamericanos.
(El Mundo, 28-05-2019)

Sector

Nuevas reglas para los bufetes que se lancen a hacer publicidad
Los despachos de abogados podrán elegir dos caminos para llevar a cabo su actividad publicitaria: vivir al riesgo de sanción o ser distinguido por su buena praxis. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presentó durante el XII Congreso de la Abogacía en Valladolid el nuevo Código Deontológico del sector en el que se plasman los principios básicos que tendrán que acatar los bufetes y los abogados en relación a la publicidad.

A este precepto reglamentario se sumará un Código de Conducta que la Abogacía tendrá listo en los próximos meses donde se tipificará qué se puede hacer y qué no a la hora de anunciarse. Por ejemplo, si se puede o no poner publicidad sobre la gratuidad de los servicios o los honorarios, en qué soportes publicitarios, o si se puede hacer anuncios oportunistas con motivo del Black Friday. “Los bufetes y los abogados se podrán adherir voluntariamente y conllevará un distintivo de calidad de las campañas publicitarias”, afirma Fernando Candela, presidente de la Comisión de Recursos y Deontología del CGAE.

Sin embargo, los despachos que lleven a cabo una práctica ilícita y estén adheridos al Código de Conducta tendrán que asumir sanciones incluso de carácter económico. Los que no y vulneren el Código Deontológico pueden verse suspendidos de su ejercicio profesional de acuerdo a la sanción grave del Estatuto de la Abogacía. “Casi todos los despachos piden que la publicidad tenga una regulación coherente y sensata”, confiesa Candela.

Aunque las normas básicas de la publicidad (objetividad, veracidad y dignidad, tanto por su contenido como por los medios empleados) se mantienen intactas, el nuevo Código Deontológico cuenta con algunas novedades. Una de las más llamativas es la prohibición de la publicidad encubierta. A partir de ahora un bufete tendrá que expresar claramente lo que es publicidad para despejar toda duda al consumidor. “Eso no quiere decir que si un abogado trabaja en un asunto mediático y le hacen una entrevista sea publicidad”, aclara. También, se mantiene la prohibición de incitar al pleito y se introduce el respeto a las víctimas de accidentes o catástrofes, fijando un plazo de 45 días desde que se produzca el hecho para ofrecer servicios profesionales.
(Cinco Días, 28-05-2019)

 
 
 
 
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