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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 29 DE MAIG DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 28 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 28 de mayo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 29-05-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/index.php?d=128&s=3



RECULL DE PREMSA DEL 29 DE MAIG DE 2019

Fiscal

El déficit del Estado sube un 39% hasta abril por el alza del sueldo de los funcionarios y las pensiones
El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales y la ayuda financiera, bajó un 12,7% en el primer trimestre del año, hasta los 3.988 millones de euros, lo que equivale al 0,32% del PIB, por debajo del 0,38% del mismo periodo del año anterior.

Mientras, el déficit del Estado se elevó hasta abril un 39% en términos absolutos, hasta los 8.195 millones de euros, equivalentes al 0,65% del PIB, por encima del 0,49% del PIB registrado en el mismo periodo del año pasado, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.

El aumento del déficit del Estado en el primer cuatrimestre se debe fundamentalmente al crecimiento de los ingresos no financieros del 0,4%, hasta los 60.899 millones de euros, frente a un aumento de los gastos del 3,8%, hasta los 69.094 millones de euros.

Hacienda señala que, al igual que el mes anterior, esta evolución se debe, entre otras causas, a que en estos primeros meses se recoge un gasto sin equivalencia en el mismo periodo del año anterior. En concreto, se trata de una mayor subida de la remuneración de funcionarios y del alza de las pensiones, cuyas revalorizaciones computaron más tarde el año pasado tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que este efecto se mitigará en la segunda parte del año, cuando se hará "evidente" la reducción del déficit público. De su lado, la cifra trimestral de déficit público de 3.988 millones (-12,7%), excluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras y equivale al 0,32% del PIB, por debajo del 0,38% del año pasado. Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit alcanza el 0,30% del PIB en abril.

En el desglose de los datos del déficit público, la Administración Central alcanzó un déficit de 7.579 millones en los cuatro primeros meses del año, el 0,6% del PIB, lo que supone un incremento del 0,13%. En cambio, las comunidades autónomas disminuyeron su déficit un 3,4%, hasta los 1.234 millones, un 0,10% del PIB, debido al alza de los recursos (+5,1%), superior al aumento de los empleos (+4,9%).

En detalle, las cinco regiones que presentaron superávits fueron Asturias (+0,30%), Galicia (+0,03%), Navarra (+0,61%), La Rioja (+0,1%) y País Vasco (+0,45%). El resto registraron déficits: Baleares (-0,61%), Andalucía (-0,11%), Aragón (-0,04%), Canarias (-0,08%), Cantabria (-0,12%), Castilla-La Mancha (-0,25%), Castilla y León (-0,2%), Cataluña (-0,19%), Extremadura (-0,56%), Comunidad de Madrid (-0,14%), Murcia (-0,38%) y Comunidad Valenciana (-0,08%).

Mientras, los Fondos de la Seguridad Social obtuvieron un superávit del 0,38% del PIB, un 147,1% superior al de marzo de 2018, tras elevar los recursos un 14,2%, gracias al fuerte incremento de las cotizaciones (+10,9%), siendo superior al aumento de los gastos (+7,2%). En cuanto al déficit del Estado, en este caso hasta el mes de abril, se situó en 8.195 millones de euros, un 39% más, equivalente al 0,65% del PIB, 0,16 puntos porcentuales más a nivel interanual.

Los ingresos en términos de caja bajaron un 7,2%, en tanto que los gastos subieron un 0,2%. En el primer cuatrimestre, la recaudación total en términos de caja bajó un 7,2%, hasta 71.678 millones de euros, de los que 29.931 millones corresponden a las administraciones territoriales por su participación en los impuestos estatales (entregas a cuenta), y 41.747 millones son ingresos para el Estado, que caen un 15,4%.

No obstante, en el mes de abril y por motivos de calendario en algunas comunidades autónomas se han desplazado al mes de mayo ingresos impositivos por un total estimado de 5.502 millones, de acuerdo con la información de la AEAT. Si se tienen en cuenta los ingresos desplazados la recaudación total a finales de abril se situaría en 77.180 millones, con un descenso de 0,1%.
(Expansión, 29-05-2019)

La AEAT avisa que las "inconsistencias tributarias" respecto al sector pueden ser indicadores de fraude
Los asesores fiscales están recibiendo estos días un aluvión de consultas de sus clientes sobre estas cartas. Les consultan sobre los efectos de estas misivas de la Agencia Tributaria en las que advierte de que desde 2016 disponen de "la información de las entradas y salidas de todas las cuentas bancarias de los contribuyentes, tanto de las personas físicas como de entidades". A partir de esta información, el fisco ha calculado algunos ratios del negocio del contribuyente y los ha comparado con los del sector en que opera. "Estos datos pueden ser utilizados como indicio de riesgo fiscal cuando pongan de manifiesto inconsistencias", avisa Hacienda, según avanzó la Cadena Ser.

La Agencia Tributaria lleva tres años enviando este tipo de cartas a pymes de sectores muy concretos, explican desde el organismo público. En esta campaña ha enviado miles de misivas a pequeñas empresas de hostelería, talleres de reparación, peluquería y otras del comercio al por menor... Pero a diferencia de los años anteriores, en esta edición, las cartas están provocando cierto revuelo entre por varios motivos.

En primer lugar, el fisco incluye en el documento nueva información sobre diferentes indicadores de la empresa del contribuyente y los compara con la media del sector en el que opera. "Las ratios con las que se comparan las de la entidad se han extraído de las declaraciones del impuesto sobre sociedades presentadas por los contribuyentes del sector", precisa el Registro de Economías Asesores Fiscales (REaf), el órgano especializado en asesoramiento del Consejo General de Economistas, que ayer emitió una nota aclaratoria ante las dudas suscitadas por las cartas de Hacienda. Por ejemplo, compara el margen neto [resultado de explotación/cifra de negocio] de la empresa con el del sector o el cobro con tarjeta [total de cobros con tarjeta de crédito/cifra de negocio].

Luis del Amo, secretario técnico del REAF, explica que, por ejemplo, si una empresa declara que todos sus ingresos proceden de cobros con tarjeta, Hacienda podría interpretar que las ventas cobradas en metálico no las declara.

En segundo lugar, las principales asociaciones de autónomos y algunos asesores fiscales han contribuido a alimentar cierta alarma social. El presidente de la patronal de autónomos (ATA), Lorenzo Amor, explicó la semana pasada que están recibiendo llamadas de "muchos autónomos" para mostrar su "indignación" al considerar la carta de Hacienda "amenazante”. "Es una carta que está amenazando a los autónomos y no se tiene en cuenta que cada uno tiene su propia actividad, idiosincrasia y maneras", criticó Amor, quien lamenta que las cartas de esta campaña "están generando indignación y malestar".

El presidente de la otra patronal del sector UPTA, Eduardo Abad, fue más comedido y consideró que "ningún autónomo debe de sentirse amenazado si cumple con sus obligaciones fiscales, no tiene nada que temer". Y calificó como "indignante" que el asunto estallará a unos días de las elecciones autonómicas y municipales celebradas el pasado domingo.
(El País, 29-05-2019)

Laboral

Preocupación sobre los salarios en España
La primera preocupación entre los mandos intermedios y los directivos también es la adecuación de los salarios al nivel de experiencia y formación. La falta de reconocimiento en el trabajo, la ausencia de motivación, el presentismo y el paro entre los mayores de 45 completan el ránking de inquietudes entre los jefes de las compañías.

En función del género de las personas consultadas por el barómetro de Infojobs, el orden de las preocupaciones varía. Ambos géneros comparten salarios no acordes a experiencia y formación y la falta de reconocimiento en el trabajo como los dos asuntos capitales, pero a partir de ahí comienzan las diferencias.

El presentismo, los horarios y las jornadas de trabajo, cuestiones que tienen que ver con la conciliación laboral, son la tercera mayor preocupación para las mujeres encuestadas. Le sigue la falta de motivación en el trabajo y la brecha de género, que ostenta el quinto lugar.

Para los hombres encuestados, la falta de motivación es la tercera cuestión más preocupante, el paro entre mayores de 45 años es la cuarta y el retraso de la edad de jubilación es la quinta. La brecha de género ocupa el decimosexto lugar en el ránking de problemas a ojos de la población masculina consultada.

El barómetro del empleo desvela que la edad es otro de los factores determinantes a la hora de ordenar las preocupaciones laborales. Mientras que la población comprendida entre los 35 y los 44 años ajusta sus respuestas a la media nacional, los más jóvenes y los mayores de 45 se diferencian en mayor medida.

Entre los perfiles de 16 y 24 años, la mayor preocupación es el paro juvenil, seguido de la frecuente respuesta de salarios no acordes a la experiencia y la formación. Incluso entre los recién incorporados al mundo laboral, la falta de motivación en el trabajo es un quebradero de cabeza. También, los jóvenes le dan más importancia que la media a la falta de un ambiente de trabajo sano en la empresa y a la insuficiencia del salario mínimo interprofesional. Preguntados al respecto de este tema, la media de respuestas considera un salario mínimo de 1.189 euros como la cifra justa, lo que significaría un incremento del 32% respecto al actual SMI de 900 euros al mes.
(Cinco Días, 29-05-2019)

El Supremo declara indefinida a una interina que ocupó una vacante durante 20 años
Mantener una vacante en la Administración durante más de veinte años, cubriendo el puesto con un contrato de interinidad es fraudulento. La consecuencia es que el trabajador puede reclamar un contrato indefinido y que se le reconozca su antigüedad. O, dicho de otro modo, como afirma el Tribunal Supremo en una reciente sentencia, el transcurso de un largo periodo de tiempo como interino es indicio de la conversión en indefinido del contrato, con las consecuencias que supone con respecto a la protección del trabajador frente al despido.

Esto es lo que ha conseguido en Galicia una mujer que llevaba prestando servicios como directora de un centro de servicios sociales en Ribadeo desde 1995. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha condenado a la Xunta a hacerle indefinida y respetar su antigüedad desde la fecha del contrato temporal.

El Alto Tribunal confirma con su fallo las resoluciones del juzgado de lo social y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, que dieron la razón a la trabajadora. La Sala concluye que mantener una contratación temporal en estas condiciones "deviene inadmisible" cuando la interinidad es "inusualmente larga" y "brillan por su ausencia" las actuaciones tendentes a lograr la cobertura definitiva de la plaza.

La trabajadora había reclamado un contrato indefinido tras veinte años como directora interina del centro de servicios sociales de Ribadeo, solicitud que rechazó la Conselleria de Traballo e Benestar de la Xunta. Como quedó demostrado en la sentencia del juzgado, la mujer pasó de un contrato de fomento de empleo, desde el año 1992 a 1995, a otro de interinidad con el que estuvo cubriendo la vacante hasta 2016.
(Cinco Días, 29-05-2019)

El Banco de España urge a Sánchez a reformar las pensiones sin esperar al consenso del Parlamento
El envejecimiento de la población española es básico para entender todo el devenir de la economía española en los próximos años”. Esto es lo que consideran los responsables del Banco de España y así lo han plasmado en su último informe anual hecho hoy público y en el que dedican uno de sus cuatro capítulos a advertir sobre el impacto de este fenómeno demográfico.

Los expertos del Banco de España consideran que el envejecimiento de la población española cambiará los patrones de consumo, de ahorro y de inversión de toda la sociedad. Pero antes de que eso llegue, creen que hay una urgencia previa: “es necesario hacer algo ya para restablecer el equilibrio en el sistema de pensiones”, cuyo déficit anual superior a los 18.000 millones de euros se financia desde hace dos años con préstamos del Estado.

En su opinión esta urgencia viene marcada por el hecho de que los dos mecanismos de ajuste automático del gasto creados en la reforma de 2013 –el factor de sostenibilidad, conocido como la ‘subida del 0,25% de las pensiones’ y el factor de sostenibilidad– están legalmente suspendidos.

Piensan que esta debe ser una de las prioridades del próximo Gobierno, “ahora que, una vez superado el periodo electoral, puede haber más espacio para el consenso”. Si bien, fuentes del Banco de España han sido claras: Pedro Sánchez no tendría que esperar al “consenso absoluto” de todos los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo para acometer la reforma de pensiones.

De hecho, los responsables de esta entidad creen que, si hubiera un consenso “relativamente amplio”, como el que se dio al final de la legislatura pasada, cuando solo Podemos se descolgó en el último minuto del pacto, “eso debería ser suficiente para tomar decisiones”, añadieron estas fuentes.

En cuanto a las recetas de cómo debe ser esa reforma, el Banco de España cree que “la magnitud del reto es tan amplio que no se puede abordar tocando una sola palanca, sino varias a la vez”. Se refieren a tomar medidas tanto para aumentar los ingresos como para frenar el incremento de los gastos.

En este informe anual del banco, sus técnicos insisten en que “los gastos de la Seguridad Social dependen de factores demográficos en mayor medida que los ingresos”. Y, en este punto, “un aspecto importante que se ha de reconsiderar es la relación entre las prestaciones del sistema y a edad a la que se reciben”.

Con ello quieren llamar la atención sobre la necesidad de aprobar medidas que incentiven la prolongación de la vida laboral, ya que, aunque la edad legal ya se retrasó en 2011 hasta los 67 años de forma progresiva (algo que se hará efectivo a partir de 2027), la edad efectiva de jubilación, esto es la edad media real a la que se retiran los españoles, sigue estando por debajo de los 65 años, “y no muestra una tendencia de crecimiento acusada”.
(El País, 29-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Economía propone que se pueda primar en las juntas a los socios que aguanten más de dos años
Los accionistas a largo plazo en las empresas cotizadas tendrán más derechos que el resto si así lo decide una mayoría cualificada en junta. Economía ha incluido esta modificación en el borrador de una norma que modificará la ley de sociedades de capital y que además traspondrá una directiva comunitaria para fomentar la implicación de los accionistas. La ley, sometida a consulta pública y que debe ser aprobada por las Cortes, entrará en vigor previsiblemente a finales del presente ejercicio.

El principio "una acción, un voto" se romperá en España a favor de los inversores que permanezcan al menos dos años en el capital. Sus acciones tendrán el doble de derechos de voto. La regulación ha sido elaborada a imagen y semejanza de las legislaciones que ya existen en otros países europeos, como Italia, Países Bajos y Francia. También el Gobierno belga quiere introducir esta nueva figura.

El ministerio que dirige Nadia Calviño explica en la norma propuesta que este instrumento puede utilizarse "para incentivar a los accionistas a mantener su inversión en la sociedad en el largo plazo y reducir presiones cortoplacistas sobre la gestión de las empresas". "Aunque el objetivo esencial que se persigue con su introducción es que nuestro régimen societario y, en definitiva, nuestro mercado bursátil ofrezca las mismas opciones que permiten otras legislaciones europeas, reforzando así su atractivo", sentencia.

Desde el asesor de voto (proxy advisor, en la jerga) español Corporance, muestran sus reticencias sobre esta prebenda, pues "en la práctica reforzará las mayorías de los accionistas de control". Fuentes financieras señalan que la medida se tomó inicialmente en Francia e Italia con el objetivo de dar más poder al Estado en las empresas en las que éste conserva participaciones.

La propia redacción de la legislación española anticipa que la medida puede tener efectos nocivos sobre los pequeños accionistas, al exigir un elevado nivel de cuórum para su aprobación "con la finalidad de proteger al accionista minoritario". Bien es verdad que las mayorías exigidas estarán fuera de lo común, a diferencia de lo que ocurre en Francia, donde la medida se aplica automáticamente, sin necesidad de ningún tipo de luz verde por parte de los propietarios, a menos que esta se prohíba explícitamente.

Para su aprobación en España será necesario el voto favorable de al menos dos tercios del capital presente o representado en la junta si a esta asisten accionistas con el 50% o más del capital, y el voto favorable del 80% si acuden accionistas con entre el 25% y la mitad de los títulos. En la práctica, para una asistencia del 51%, dueños del 34% del capital podrán dar el visto bueno a la medida. En cualquier caso, se podrá ampliar el periodo de dos años mínimo para acceder al premio, pero no disminuirlo.
(Cinco Días, 29-05-2019)

Las empresas de la Bolsa española ya no tendrán que publicar cuentas trimestrales
Las empresas cotizadas que lo deseen podrán seguir presentando sus informes financieros trimestrales, pero aquellas a las que les suponga "una carga excesiva" o que perciban que su publicación les provoca "sufrir presiones "cortoplacistas" por parte del mercado podrán dejar de hacerlo. Esta es una petición que había hecho reiteradamente el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, puesto que España es una isla en Europa en cuanto a esta obligación.

España es uno de los pocos países de la UE que exige información financiera a cierre de marzo y de septiembre. Europa, a través de una directiva publicada en noviembre de 2013, eliminó la obligación de que las empresas cotizadas la obligación de publicar una declaración intermedia o un informe financiero trimestral, si bien España fue el único país, junto con Polonia y Rumanía que lo siguen exigiendo.

El Ministerio de Economía ha sacado a audiencia pública hasta el próximo 14 de junio, el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras, para adaptarlas a la normativa europea en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las cotizadas, como ha publicado Efe.

Otra novedad se refiere a las obligaciones de los grandes inversores. Los fondos de inversión europeos cuentan con un patrimonio de más de 15 billones de euros, unas 12,5 veces el PIB español. Y una parte importante de este dinero está en Bolsa, pero solo en excepcionales ocasiones los gestores dan explicaciones sobre cómo votan en las juntas de accionistas de las compañías en las que participan. Una vez aprobada la norma, será obligatorio que los fondos de inversión, los de pensiones y las aseguradoras de la Unión Europea se expliquen detalladamente.
(Expansión, 29-05-2019)

España, a la cola de competitividad
España mantiene el puesto 36 en la nueva edición del ránking de competitividad mundial elaborado por el IMD, que analiza 63 países. Sin embargo, comparado con el resto de las mayores economías de Europa, España se sitúa a la cola, solo por delante de Portugal (en el puesto 39) o Italia (en el 44).

El principal problema de la economía española es que no maneja “su competitividad, no tiene una estrategia económica”, afirma Arturo Bris, profesor del IMD y director del Centro de Competitividad Mundial del IMD. Como resultado, ha sido el país europeo, a excepción de Malta, cuya productividad creció menos en el último año. Bris achaca esta situación a que el diseño industrial de España “no es el adecuado”.

“Invertimos en sectores que no son productivos”, subraya. Por ejemplo, hay un exceso de ingenieros, que son formados en España y exportados a otros países, mientras que no hay un centro especializado en la formación del sector hostelero, a pesar de la importancia del turismo en la economía de España.

Otra de las principales cuestiones que relegan al país al puesto 36 es la educación universitaria y el gasto total en educación. El informe sitúa ambos aspectos entre las principales debilidades en el ámbito de las infraestructuras, uno de los cuatro grandes ejes que mide este estudio, junto a los resultados económicos, la eficiencia empresarial y la gubernamental.
(El País, 29-05-2019)

Sector

La demanda de los jueces contra el CGPJ por la carga de trabajo se resolverá en lo Social
La jurisdicción social de la Audiencia Nacional será la encargada de resolver la demanda de las asociaciones de jueces ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la carga de trabajo. Así lo ha acordado el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) en una resolución en la que estima el recurso de la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente contra la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que en un principio envió el caso al alto tribunal.

En su comunicado, el TS avala la competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para conocer de esta demanda en la que se solicita, en esencia, un pronunciamiento de condena para que el Consejo General del Poder Judicial lleve a cabo la regulación de la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral.

En consecuencia, el Pleno del Supremo revoca la sentencia de la AN en la que se había resuelto que la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa era la competente para resolver las cuestiones planteadas en la demanda. Así, devuelve las actuaciones a la referida Sala con la finalidad de que resuelva las pretensiones formuladas en la demanda.
(El País, 29-05-2019)

 
 
 
 
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