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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 30 DE MAIG DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 29 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 29 de mayo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 30-05-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/index.php?d=129&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 30 DE MAIG DE 2019

Fiscal

Hacienda lanza un nuevo formato de libro de registro del IVA
El libro de registro del IVA es un documento oficial que exige la Agencia Tributaria a todo autónomo o Sociedad que realice actividades sujetas a este impuesto. La presentación del IVA es obligatoria para todo aquel que ejerza alguna actividad relacionada con el mismo. En este sentido, la Agencia Tributaria llevaba tiempo con un problema muy recurrente en cuanto al Libro del IVA, que no es otro que su formato de presentación.

Así las cosas, desde la Agencia Tributaria han decidido establecer un documento que marca un formato electrónico para presentar los libros de registro de facturas expedidas y de facturas recibidas del IVA. La intención es, por un lado, generar una mayor seguridad para los obligados, sus asesores y empresas de desarrollo, y por otro lado más agilidad en la tramitación de las devoluciones.

No todos los contribuyentes tienen la obligación de tener sus Libros Registros del IVA a través de la Sede Electrónica de la Agencia tributaria, pero puntualmente se les puede reclamar en los procesos de comprobación del IVA. En estos casos, los pueden presentar en Excel, CSV o Formato SII. Según indica la AT, cada Libro Registro se deberá presentar en un archivo diferente.

Principalmente, el gran cambio es la reordenación de algunas columnas para facilitar la revisión visual. Hablamos del tipo, del código del país, del NIF del destinatario o del campo ‘clave operación’. Además, se añaden los campos ‘Tipo de Recargo Eq’ y ‘Cuota Recargo Eq’, así como el formato de campo de fecha se modifica pasando del guion al separador diagonal.

“También se incluye la columna “Factura Sustitutiva”. De esta forma, se evita que los obligados que hayan emitido facturas simplificadas tengan que realizar una anotación negativa para anularlas.
(Cinco Días, 30-05-2019)

Hacienda lanza un plan de inspección a las pymes por el Impuesto de Sociedades
Hacienda prepara una campaña de visitas e inspecciones a pequeñas y medianas empresas, tal y como hizo en ejercicios anteriores. Las actuaciones han comenzado con la remisión de una carta en la que se les avisa de que los datos del Impuesto sobre Sociedades que sobre ellas dispone la Agencia Tributaria difieren de la media del sector en que actúan. Como en ejercicios anteriores, Hacienda se centra en las personas jurídicas, dejando fuera a los trabajadores autónomos.

Posteriormente se iniciará una campaña de peinados (visitas a las sedes de las empresas) destinadas al control in situ en sectores y ámbitos considerados de riesgo fiscal, donde se maneja dinero en metálico. Finalmente, entrará en acción la Inspección de Hacienda para reabrir los expedientes necesarios y revisar las cuentas de las empresas en las que sospeche que se han cometido irregularidades.

Con estas actuaciones, la Agencia Tributaria trata de concienciar a los sectores donde considera que hay más fraude, al tiempo que compensa la falta de personal del que adolece desde hace años. La diferencia con años anteriores es que las ratios con las que se comparan las de la entidad se han extraído de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas por los contribuyentes del sector. Se aportan datos comparativos entre los obligados tributarios y sus competidores del sector, referidos a asuntos como márgenes neto y bruto, costes de aprovisionamiento, cobros con tarjeta y porcentajes de cobro con tarjeta y efectivo.

Para Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), estamos ante unas cartas difíciles de interpretar, que afectan a temas del Impuesto sobre Sociedades. La Agencia Tributaria dio en 2017 un fuerte impulso a sus actuaciones presenciales en las empresas (peinados) con un total de 32.215 visitas, un 31% más que el año anterior.

El motivo de un crecimiento tan intenso en estas actuaciones destinadas a la detección de economía sumergida es el desarrollo del Plan de Visitas IVA 2017, bajo el cual se completaron 14.698 visitas, el 45% de todas las actuaciones presenciales del año.

El Plan de visitas IVA supuso en 2017, últimas cifras publicadas, el inicio de 19.336 expedientes. Además, la AEAT apreció un efecto inducido en las autoliquidaciones de IVA posteriores al inicio de las visitas, los contribuyentes afectados pasaron a declarar más de 256 millones desde el segundo trimestre hasta el final del ejercicio.

Mientras se desarrollaban las inspecciones abiertas a los contribuyentes seleccionados por la Inspección, a partir de las actuaciones presenciales, se percibió ya un primer efecto inducido de la campaña en los contribuyentes afectados por las visitas, que elevaron en más de un 10% el importe de sus liquidaciones de IVA presentadas tras el inicio de la campaña sobre el mismo periodo del año anterior.

Junto a estas visitas, destaca otra línea de acción dentro del campo de las actuaciones presenciales, centrada en complementar las grandes actuaciones coordinadas centralizadas con entradas y registros que se vienen desarrollando para el descubrimiento de actividad económica oculta y la detección de software de ocultación de ventas.

El pasado año se desarrollaron 782 visitas de estas características, que permiten extender el efecto de las macroactuaciones nacionales sobre sectores concretos de actividad. Estas grandes operaciones, un total de 14 desde el año 2013, han llevado a un fuerte incremento en las cantidades ingresadas estos años en IVA y Sociedades por parte de los más de 600 afectados, empresas, fundamentalmente, y también socios, administradores y personas de su entorno.

El efecto paralelo de afloramiento de actividad se aprecia en el IVA, con un crecimiento del volumen de operaciones declarado de 535 millones de euros, y en Sociedades, donde los ingresos de explotación declarados crecieron en torno a 400 millones de euros.
(El Mundo, 30-05-2019)

Laboral

Revalorizar las pensiones con el IPC costaría unos 327.000 millones en veinte años
En este escenario, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente ha calculado cuánto cuesta al sistema de la Seguridad Social una hipotética revalorización del 2% de las pensiones un solo año y si esto se mantuviera durante el resto de la vida de los pensionistas que lo cobran.

En el primero de los casos, De la Fuente ha hecho el ejercicio calculando el coste de dicha revalorización con el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social y de clases pasivas (funcionarios) de 2017 (unos 135.000 millones de euros). Revalorizar todas esas pensiones un 2% costaría en un ejercicio 2.365 millones de euros. Pero dado que esa cantidad se queda consolidada en el sistema para todos los que la cobran y la esperanza de vida en España a los 65 años es de alrededor de 20 años, descontando los fallecimientos que se provoquen antes, el cálculo indica que el coste total de revalorizar un solo año un 2% las pensiones ascenderían a unos 30.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, 13 veces su coste inicial en un solo año.

Pero esta cantidad obedece solo a dicha revalorización durante un ejercicio, si este sistema de revalorización según la inflación se recuperara en la ley y se aplicara año tras año, este sobrecoste se elevaría, según los cálculos del director de Fedea, a los 327.000 millones al cabo de las próximas dos décadas, que sería la vida media de los potenciales beneficiarios.

Ante estas elevadas cuantías, De la Fuente cree que, aunque el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones sea un objetivo deseable, "no puede ser la prioridad absoluta a cualquier precio". Por ello propone que se analicen bien los costes y beneficios que supondría la vuelta a este sistema de revalorización --como quieren la mayoría de las fuerzas políticas incluido el PSOE-- "y valorar la posibilidad de establecer algún tipo de limitación o salvaguarda a la indexación con el IPC". O, en su defecto, introducir medidas compensatorias que ayuden a mitigar su impacto sobre el crecimiento del gasto en pensiones.
(Expansión, 30-05-2019)

El prorrateo anticipado de la indemnización por fin de contrato es válido
El empresario puede pactar con los trabajadores temporales el pago anticipado y prorrateado de la compensación que les corresponda por fin de contrato. Así lo avala una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra (cuyo texto puede consultar aquí), que rechaza el recurso de un ciclista profesional que no estaba conforme con su finiquito, pese a que había firmado una cláusula que permitía esta modalidad de pago.

El tribunal aclara que no existe ninguna norma que prohíba el prorrateo mensual de la indemnización por fin de contrato. Por ello, concluye, esta práctica no puede considerarse fraudulenta a priori, salvo que el trabajador demuestre que, al amparo de ella, en la liquidación se esconden conceptos salariales.

Después de tres contratos temporales sucesivos, el ciclista se mostró disconforme con el modo en que se instrumentalizó el pago de la compensación por el último cese, y reclamó en tribunales que se le abonara el total de la indemnización. Lo cierto es que el último contrato contenía una cláusula que preveía la percepción prorrateada y anticipada de esta cantidad, que fue percibiendo mes a mes en su nómina.

El contrato otorgaba al ciclista el derecho a percibir una cantidad global de 170.000 euros, en concepto de salarios y de "otro tipo de retribución", estableciéndose de forma expresa que, particularmente, se incluía en ese montante la indemnización por fin de contrato. Las partes acordaban descontar la compensación que pudiera corresponder al trabajador por la finalización del acuerdo, de la cantidad a percibir en el último año de vigencia del contrato. Por otro lado, el agente que le representaba confirmó que ambos eran conocedores del pacto, lo que, a juicio del tribunal, desvirtuaba su alegación de que fue un "invento ocurrente" de la empresa para no pagarle.

Según afirman los magistrados, no hay una norma que prohíba este tipo de pactos por los que el empresario anticipa al trabajador la indemnización, pagándole mensualmente un poco más en nómina. Por tanto, como afirma la sentencia, no se puede considerar una práctica fraudulenta. Otra cuestión es que, el trabajador demuestre que, al amparo de ella, en la liquidación se estén escondiendo otros conceptos laborales.

Como argumenta el tribunal, el prorrateo de la indemnización por fin de contrato, siempre que sea "a cuenta" de lo que finalmente pueda corresponder al trabajador, es válido. Además, es una fórmula que puede resultarle favorable porque le asegura percibir la compensación antes de que finalice la relación laboral.
(El País, 30-05-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Economía ha tomado cartas para evitar la deslocalización de las emisiones de renta fija
La modificación prevista de la Ley de Sociedades de Capital incluye un alivio para las empresas que solo coloquen bonos. Ya no tendrán que elaborar un informe anual de gobierno corporativo. Este es uno de los obstáculos que incentiva que los emisores acudan a otros países, como Irlanda o Luxemburgo.

La presión se intensifica para que las emisiones de renta fija vuelvan a España. La financiación a través de bonos o pagarés por parte de las grandes corporaciones se ha realizado tradicionalmente fuera, con Dublín y Luxemburgo como principales capitales de la financiación a través de bonos. La CNMV y BME llevan realizando desde hace años una intensa labor de proselitismo para que las empresas y los bancos españoles utilicen el mercado nacional para colocar bonos. Y ahora se suma el Ministerio de Economía, que relaja las exigencias de gobierno corporativo para las compañías que solo emitan deuda.

Así, el borrador de la norma que adapta los últimos preceptos europeos para fomentar la implicación de los accionistas incluye un cambio que allana los requisitos para los emisores de renta fija en España. "Se modifica la disposición adicional séptima de la Ley del Mercado de Valores para exceptuar de la obligación de publicar los informes anuales de gobierno corporativo a los emisores de valores que no tengan que difundir su informe financiero anual y a las entidades para las que España no sea su estado miembro de origen", concreta el texto, que será aprobado previsiblemente a finales de este año.

Ahora, los emisores en un mercado regulado en España (AIAF, es el de renta fija pública y privada) tienen la obligación de publicar un informe anual de gobierno corporativo, aunque solo tengan deuda. Es un agravio comparativo respecto a lo que ocurre en otros países europeos, entre los que destacan Irlanda y Luxemburgo, señalan fuentes financieras.

La exención será para aquellas emisiones de deuda cuyo valor unitario sea de al menos 100.000 euros. El Corte Inglés, por ejemplo, quedaría libre de tener que publicar informe de gobierno corporativo si hubiera colocado sus bonos en el mercado regulado español.

Desde BME señalan que es una prioridad lograr que España sea el país de primera elección para emitir deuda por parte de las empresas nacionales. A comienzos de este ejercicio, la empresa que dirige Javier Hernani rebajó de media un 50% las tarifas de tramitación y registro de emisiones. Y hace un año y medio la CNMV puso todos los medios a su disposición para acelerar los procesos para dar luz verde a los programas de renta fija para inversores cualificados.
(Cinco Días, 30-05-2019)

La firma de hipotecas sobre viviendas acelera su crecimiento en marzo al 15,8%
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 30.716 en marzo, una cifra un 15,8% superior a la del mismo mes de 2018 y la más elevada en este mes desde 2011, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recuerda que estos datos proceden de escrituras públicas realizadas en meses anteriores.

Con este repunte interanual, que es más de seis puntos superior al registrado en febrero, mes que tuvo una subida del 9,2%, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena doce meses de tasas positivas. De acuerdo con los datos difundidos por el INE, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas subió un 3,9% respecto a marzo de 2018, hasta los 125.341 euros, mientras que el capital prestado subió un 20,3% en la tasa interanual, hasta rozar los 3.850 millones de euros.

En términos mensuales (marzo sobre febrero), el número de hipotecas sobre viviendas retrocedió un 1%, mientras que el capital prestado para este tipo de hipotecas subió un 0,2%. Las mayores tasas de variación anual se dieron en Baleares (49%), Extremadura (35,6%) y Murcia (31,1%). Los únicos descensos correspondieron a Aragón (-18,3%), Comunidad Valenciana (-2,1%) y Asturias (-1,6%).
(Expansión, 30-05-2019)

Los ricos viven hasta seis años más que los pobres en España
Pozuelo de Alarcón, ubicada en la Comunidad de Madrid, es la ciudad con mayor esperanza de vida (85,9 años) y, además, es la que más renta per capita tiene, con 25.957 euros al año de media. En el otro extremo, La Línea de la Concepción (Andalucía) es la que menos esperanza de vida tiene, con 79,6 años, la misma que registró Líbano en 2017, según los datos del Banco Mundial.

Tres de las cinco ciudades con mayor renta de España (Las Rozas de Madrid y Majadahonda, además de Pozuelo de Alarcón) están también entre las cinco con mayor esperanza de vida, y siete de las más ricas (Madrid, Getxo, Alcobendas, Sant Cugat, además de las ya citadas) están entre las 15 que gozan con más esperanza de vida. De igual manera, Sanlúcar de Barrameda (Andalucía) y Torrevieja (Valencia) se ubican entre las cinco ciudades con menor expectativa de vida y también entre las de menor renta.

Considerando los 405 municipios mayores de 20.000 habitantes, las tres ciudades con mayor renta per cápita en el año 2016 fueron Pozuelo de Alarcón (25.957 euros), Boadilla del Monte (19.702 euros) y Las Rozas de Madrid (19.340 euros), las tres de Comunidad de Madrid. Por el contrario, las ciudades con menor renta por habitante fueron Níjar (Almería), con 6.253 euros, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con 6.550 euros, y Alhaurín el Grande (Málaga), con 6.629 euros.

También Pozuelo lidera la lista de la esperanza de vida al nacer, que representa el número medio de años que se espera que una persona viva desde el momento de su nacimiento. Junto a ella están otras localidades madrileñas: Majadahonda (85,3 años), Alcorcón (84,9), Alcobendas (84,7 años), Las Rozas (84,7) y Rivas (84,6).

El estudio también incluye tasas estimadas de paro y actividad para las 126 principales ciudades de España. En 2018, las menores tasas de paro fueron las de Sant Cugat del Vallès (6,2%), Pozuelo de Alarcón (6,4%), Las Rozas de Madrid y Donostia (ambas con un 7,2%). Además, otras 10 ciudades tuvieron tasas inferiores al 10%. El modelo utilizado por el NIE combina los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del paro registrado.

Por el contrario, Linares (32,8%), La Línea de la Concepción (29,9%) y Sanlúcar de Barrameda (29,0%) presentaron los índices de desempleo más altos. El informe del NIE, por otro lado, define a las Áreas Urbanas Funcionales (AUF) como las ciudades y municipios de su entorno en los que el 15% o más de su población ocupada se desplazó a esa área por motivos de trabajo.

La capital de Guipúzcoa, San Sebastián, es la AUF que registró la mayor renta per capita por habitante en 2018, con 15.401 euros, seguido de Madrid (13.948 euros) y Pamplona (13.636 euros). Los últimos puestos de la tabla fueron para Elche (8.363 euros), Marbella (8.236 euros) y Torrevieja (7.276 euros). Entre los barrios de las ciudades de más de 250.000 habitantes, Madrid acaparó los tres primeros lugares: El Viso (42.819 euros), Recoletos (40.681 euros) y Castellana (35.816 euros).
(El País, 30-05-2019)

EE.UU. pierde el liderazgo de los países más competitivos del mundo
Estados Unidos han dejado de ser el país más competitivo del mundo, según el ranking de referencia que elabora cada año desde hace tres décadas la escuela de negocios suiza IMD tras examinar hasta 235 indicadores. La economía norteamericana ha caído este año a la tercera posición.

Bien es cierto que estas listas hay que tomárselas como un ejercicio académico, no obstante, el dato no deja de ser significativo. “Para un país como EE.UU., que lo tiene absolutamente todo: mercado interior, tecnología, infraestructuras, universidades... es muy difícil no ser el primero”, comenta el profesor Arturo Bris, uno de los autores del informe.

Y, sin embargo, la guerra comercial está ahí. De acuerdo con un estudio de la OCDE difun­dido ayer, el conflicto internacional empieza a dejar el rastro de las políticas proteccionistas. En efecto, las importaciones estadounidenses de productos chinos, a raíz de la ba­talla comercial entre las dos po­tencias, cayeron en valor un 12 % en el primer trimestre, el mayor descenso desde que existen registros. Los aranceles empiezan a notarse y no sólo es China: globalmente las importaciones estadounidenses bajaron un 1,9% entre enero y marzo respecto al trimestre anterior, cuando ya habían permanecido estancadas entre los meses de octubre y diciembre.

“EE.UU. se está disparando en el pie con esta rabieta comercial. Las políticas de Donald Trump, como las rebajas fiscales, producen buenos resultados a corto plazo, pero una vez que se acaba el efecto, a largo plazo son insostenibles”, comenta Arturo Bris.

Así, al primer lugar del ranking de IMD este año sube Singapur (por primera vez desde el 2010), mientras que Hong Kong se queda en el segundo. La ciudad-Estado y la región especial china son muy eficientes. “Es fácil ser competitivo cuando vives en situaciones próximas a dictaduras”, subraya el autor.

En términos generales, la novedad de este año es la reducción de la brecha entre Asia y el resto de economías occidentales. El continente asiático sigue escalando posiciones. No sólo suben las grandes economías de la región, sino también las de la periferia, como Tailandia o Indonesia, por mencionar algunas.

En ese contexto, Europa está en claro declive, también debido a la debilidad de las economías escandinavas, que hasta ahora eran las locomotoras de las economías del Viejo Continente, el descenso del Reino Unido (el Brexit) y, con cierta sorpresa, Portugal.
(La Vanguardia, 30-05-2019)

Sector

Los letrados piden más cordialidad y diálogo; y los magistrados critican la falta de concreción de las intervenciones
La tensión propia de algunos procesos judiciales y la compleja gestión de los intereses en juego puede ocasionar que los actores de un juicio sobrepasen algunos límites y su actuación se vuelva irritante. Estas son las cinco acciones que molestan a los abogados de los jueces y viceversa.

1. Que no se estudie bien el caso. Para Óscar Fernández, abogado y socio director de Leonolarte Abogados, una de las grandes quejas de los letrados es que, al iniciar la audiencia previa o el juicio, el juez no disponga de un conocimiento pormenorizado del asunto. Algo que “se percibe en los primeros comentarios del juez en sala” y que, además, es “muy frustrante”.

2. Que no sea dialogante ni cordial. La falta de diálogo, según Fernández, crea un clima que en nada facilita el desarrollo de la vista. “Ello no obsta a que, cuando sea preciso, el juez adopte decisiones acordes con su papel de celoso guardián de la dignidad, gravedad y orden en la sala”, aclara. No obstante, un gesto de amabilidad, como que el juez se disculpe si llega tarde, “suele agradar sobremanera”.

3. No respetar la intervención del abogado. El modo de dirigirse a los letrados, dar muestras de aprobación o desagrado durante el informe o echar “miradas furtivas” indicando cansancio o disgusto por la intervención es algo que también irrita a los abogados. En este punto, Fernández aconseja que “se abstengan de despachar con el personal auxiliar asuntos, o recoger y entregar papeles”, ya que “pueden y deben esperar”.

4. No recibir un trato idéntico al de fiscales y abogados del Estado. Es común que los letrados perciben que existe un trato desigual que, “si bien no afecta a la imparcialidad del juez, genera cierto malestar”. A esto se une que en el interrogatorio el juez no dé prioridad al letrado en favor de las partes, testigos o peritos, o tenga una actitud cerrada, inflexible y excesivamente formal.

5. No tener una actitud de escucha activa. Según Fernández, el lenguaje no verbal es especialmente revelador de la falta de interés en la intervención del letrado, así como estar mirando el reloj ostensiblemente o el móvil. “Los abogados tememos especialmente este proceder porque nuestra línea de defensa no va a ser plenamente conocida y estudiada a posteriori”, critica.

Por su parte, para Raimundo Prado, magistrado y portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), las figuras del juez y el letrado constituyen las dos funciones “más importantes y bellas dentro del edificio de la justicia”. No obstante, los jueces también tienen claro qué les molesta de los abogados en un juicio.

1. Adornar en círculo los informes. Una de las más comunes, según Prado, es la queja judicial de que los letrados adornen en círculos sus informes, cuando el asunto se halla perfectamente delimitado (haciendo que parezca que el juez no se entera de nada) y dando “diez mil explicaciones” con distintas palabras pero diciendo lo mismo. “Muchas veces lo hacen para justificar ante el cliente los honorarios”.

2. Interponer demandas inacabables. También suscitan molestia las demandas eternas de los abogados con “cortas y pegas”, aludiendo a sentencias que, o bien son reiterativas, nada tienen que ver con el asunto o no dan argumentos jurídicos, esperando que el juez aplique la iura novit curia (el juez conoce el derecho). Para más inri, admite Prado, “una de las cosas que más nos irrita es que les digas que acaben... y no acaban”.

3. Faltar al respeto al tribunal o a las partes. Según su experiencia, las faltas de respeto se dan de muchas formas, desde el uso de palabras “gruesas”, hasta llevar vestuarios extravagantes para un determinado acto procesal o tener una actitud agresiva con los testigos en juicio. También hay letrados que, en provincias, se dirigen al tribunal diciendo que en Madrid “se hace de tal forma”, comenta Prado.

4. Que invoquen por defecto al artículo 24 de la Constitución. Algo que también irrita a los jueces es que los letrados tengan como único argumento a veces el artículo 24 de la Constitución, que se refiere a la tutela judicial efectiva. “Solicitan aclaraciones de sentencias muy claras con el único fin de ganar tiempo, o se les nota que sustituyen a un compañero y no se han visto el asunto a fondo”, asegura.

5. Menospreciar a juezas o jueces jóvenes. Según Prado, la discriminación también se da en las relaciones profesionales con la judicatura y no solo en género. “Hay algunos abogados que sonríen con altivez y superioridad cuando tratan con un juez o una juez joven”, relata.
(Cinco Días, 30-05-2019)

 
 
 
 
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