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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’1 AL 3 DE JUNY DE 2019

Laboral

Revisión salarial y tablas salariales definitivas para 2018 y provisionales para 2019 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican la revisión salarial y tablas salariales definitivas para 2018 y provisionales para 2019 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
(BOE, 03-06-2019)

Actualización salarial para 2017, 2018 y 2019 del VI Convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y garajes
Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización salarial para 2017, 2018 y 2019 del VI Convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y garajes.
(BOE, 03-06-2019)

Mercantil, Civil y Administrativo

Euro
Resolución de 31 de mayo de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 31 de mayo de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 01-06-2019) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/index.php?d=132&s=3 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/01/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/01/index.php?d=131&s=3

RECULL DE PREMSA DE L’1 AL 3 DE JUNY

Fiscal

El TEAC ha admitido la legalidad por indicios de unas cuentas en Suiza y Alemania que fueron declaradas fuera de plazo
Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha admitido la legalidad por indicios de unas cuentas en Suiza y Alemania que fueron declaradas fuera de plazo. El tribunal económico tiene en cuenta en su resolución la avanzada edad del contribuyente (una mujer de 90 años) y su buena fe (presentó la declaración y adjuntó todas las pruebas que tenía a su alcance) para perdonarle la aportación de pruebas documentales.

En concreto, se señala que "no es posible exigirle mayor diligencia" ni previsión de las graves consecuencias que tendría en un futuro no guardar toda la documentación sobre su negocio. El órgano administrativo reprocha la actuación de Hacienda y habla, incluso, de "prueba diabólica", esto es, aquella que es imposible para quien no puede demostrar un hecho concreto mientras que está en manos de la otra parte acreditar el extremo contrario.

La mujer, de nacionalidad alemana pero residente en España, declaró en 2012 un total de casi 500.000 euros depositados en sendas cuentas de Suiza y Alemania. La presentación fue voluntaria pero fuera de plazo (se demoró un mes y medio). En consecuencia, la inspección abrió comprobación y expediente sancionador. Como resultado, y por aplicación de la presunción de fraude citada, se regularizó su situación tributaria liquidando los impuestos del total de bienes declarados. Sin embargo, no hubo sanción (que podía haber llegado al 150 % de la base imponible) porque Hacienda consideró que su conducta "no podía considerarse culpable".

La contribuyente, que pagó, eso sí, la multa por presentación extemporánea del modelo 720, recurrió la liquidación practicada. Alegó que el saldo de la cuenta alemana procedía de los ingresos por la pensión en su país natal, y, la más abultada suma de la cuenta suiza (unos 385.000 euros) provenían de las rentas de un negocio (una boutique de ropa) que había tenido entre los años 70 a 90. En su escrito, destacó además la incoherencia entre el acuerdo de liquidación y la resolución del expediente sancionador.

La inspección, que imputó como ganancia no justificada el importe total de las cuentas en el extranjero, no creyó pausible, sin embargo, que estas cantidades provinieran únicamente del desarrollo de su actividad empresarial (un pequeño local de ropa), exigiéndole pruebas documentales del nexo causal con estos ingresos.

El tribunal administrativo examina en su resolución las pruebas aportadas por la contribuyente sobre su negocio del que, como explicó a Hacienda, no conservaba documentación porque lo había vendido en 1997 y la asesoría que lo gestionó había cerrado. Para el tribunal, aunque no adjuntó los movimientos entres sus cuentas españolas y extranjeras, como pedía Hacienda, existía una serie de indicios que podían demostrar la conexión con el comercio. Dadas las circunstancias y su avanzada edad, entiende que "no se le podía exigir más esfuerzo probatorio".

En primer lugar, apunta la resolución, se debía tener en cuenta el hecho de que el saldo de la cuenta en Suiza hubiera ido disminuyendo desde el año 1999. Por otro lado, la mujer sí pudo demostrar que de la venta del negocio en 1998 le reportó una ganancia de algo más de 78.000 euros. Además, añade, la interesada sí cumplió con su obligación de presentar la declaración de bienes y derechos en el extranjero, aunque lo hiciera fuera de plazo, sin requerimiento previo de la Administración.
(Cinco Días, 03-06-2019)

La AIReF difundirá los resultados sobre la primera fase del proceso de revisión del gasto del conjunto de las administraciones públicas
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) difundirá a lo largo del mes de junio lo resultados sobre la primera fase del proceso de revisión del gasto del conjunto de las administraciones públicas, conocido como 'spending review', que incluye siete proyectos y la evaluación de más de 30.000 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas.

En concreto, la AIReF ha identificado siete proyectos que afectan a comunidades autónomas y Administración Central, sobre los cuales se han llevado a cabo evaluaciones de estrategia y procedimiento, de eficacia y eficiencia.

Los proyectos analizados por la Autoridad Fiscal, de cuyas conclusiones fue informado el Consejo de Ministros el pasado viernes, se dividen en la evaluación de estrategia y procedimiento; medicamentos dispensados a través de receta médica (farmacia extra hospitalaria); políticas activas de empleo; becas de educación universitaria; promoción, talento y empleabilidad en I+D+i; fortalecimiento de la competitividad empresarial; y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

Estos trabajos han quedado recogidos en el Plan de Acción de la AIReF aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de enero de 2018.

La Autoridad Fiscal ha destacado que el 'spending review' es una práctica cada vez más extendida en los países del entorno con mejor desempeño económico. En el caso de España, el análisis tiene su origen en el compromiso asumido con la Comisión Europea el pasado 9 de diciembre de 2016.

Asimismo, el Ejecutivo ha subrayado que, en la coyuntura económica actual de España, un objetivo clave de la política fiscal es conseguir una combinación de ingresos y gastos públicos que, favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo, permitan seguir haciendo frente a los compromisos de consolidación fiscal y protección social.

Por ello, ve "imprescindible" continuar mejorando la calidad del gasto público y ha asumido el compromiso de continuar con el proceso revisión del gasto público del conjunto de las administraciones públicas ya iniciado en 2017, tal y como se ha recogido en la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022.

El objetivo es realizar una revisión integral que permita detectar posibles "ineficiencias y solapamientos" entre administraciones en el medio y largo plazo. El proceso de revisión tendrá carácter plurianual, se llevará a cabo por áreas específicas de gasto y será la propia AIReF quien desarrolle la metodología a seguir.

El pasado 2 de junio de 2017, el Consejo de Ministros identificó la revisión del gasto en subvenciones y ayudas como primer área objeto de análisis y encargó dicho trabajo a la AIReF, estableciendo que el Ministerio de Hacienda sería el enlace entre la autoridad fiscal independiente y la Administración General del Estado para el desarrollo del mismo.

Los trabajos han tenido en cuenta datos de ejercicios anteriores a 2017, en la medida en que analizar únicamente el ejercicio 2017 imposibilitaría obtener resultados concluyentes, siendo necesario adquirir la necesaria perspectiva de los gastos de años pasados.
(El Mundo, 02-06-2019)

Laboral

La CEOE subirá las cuotas a las empresas
La patronal CEOE subirá las cuotas a sus organizaciones afiliadas y las empresas en la asamblea anual del próximo 4 de julio. Su objetivo es que a partir de este año la cuota suba en "los ejercicios venideros" en la misma proporción que el Índice de Precios de Consumo (IPC). Por lo tanto, será la primera vez que CEOE aumente las cuotas de sus socios desde 2010, cuando llegó Juan Rosell a la presidencia de la patronal, en plena recesión económica. Por esta poderosa razón, el entonces presidente renunció a pedir un esfuerzo a las organizaciones y empresas de CEOE.

Sólo en 2017 hubo una subida puntual, desde los 9.263 a los actuales 9.400 euros. Sin embargo, Rosell terminó su mandato en 2018 sin apenas alterar la contribución de las empresas a la patronal. De hecho, el empresario catalán hizo un recorte drástico de plantilla y de cargos dentro de la organización ante los problemas de financiación.

En este contexto, con la subida de este año, la patronal quiere subir la cuota a los 9.525,80 euros por vocal. Es decir, por representante en la asamblea, salvo las grandes empresas que por sí mismas son socias de CEOE y que abonan cuotas mucho más altas que las que pagan las organizaciones territoriales y las federaciones sectoriales y de industria.
(Expansión, 03-06-2019)

El Supremo tumba la norma de los 'call center' que permitía resolver la relación laboral por "disminución del volumen de la contrata"
El Tribunal Supremo determina que los convenios colectivos no pueden regular causas de extinción contractual distintas de las contenidas en el Estatuto de los Trabajadores (ET). En una reciente sentencia (cuyo contenido íntegro puede consultar aquí), el Pleno de la Sala de lo Social censura que el artículo 17 del Convenio Colectivo de los contact centers permitiera extinguir los contratos de obra o servicio "en aquellos supuestos en que, por disminución real del volumen de la obra o servicio contratado, resulte innecesario el número de trabajadores contratados", permitiendo un cese de los mismos "proporcional a la disminución del volumen de la obra o servicio".

Según el alto tribunal, "no puede negarse que el convenio colectivo no puede regular la extinción de los contratos por obra o servicio determinado por causa de disminución o reducción del volumen de la contrata". Es decir, no es admisible que el convenio regule una nueva causa de extinción contractual a las que ya aparecen en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores (ET), sino que tal situación debe encajarse, en todo caso, en lo dispuesto en el artículo 51 (sobre el despido colectivo) o el artículo 52.c) (despido por causas objetivas). "El artículo 17 del Convenio Colectivo de Contact Centers no regula, ni puede hacerlo, una causa distinta y autónoma a las establecidas en el ET", asevera la resolución.

En el litigio se examinaba la demanda de despido colectivo interpuesta por los sindicatos, que reclamaban que se tramitaran 110 extinciones contractuales siguiendo el procedimiento del artículo 51 del ET, dado que se superaban los umbrales exigidos por dicho precepto. La empresa, sin embargo, alegó que muchos de los empleados afectados tenían contratos de obra y servicio que habían sido resueltos de acuerdo con el artículo 17 de Convenio Colectivo.

Amparando los argumentos de la compañía, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid resolvió que "para el despido colectivo no basta con la existencia de un número de extinciones contractuales superior a los umbrales", sino que "aquellas tienen que afectar a trabajadores fijos, o temporales respecto de los que ya conste que el contrato era fraudulento o su extinción irregular". Al no ser el TSJ competente para dilucidar si los contratos temporales (y, por tanto, su resolución) eran irregulares, la sentencia determina que no se trata de un "despido colectivo de hecho", porque en tal figura "se parte de la certeza previa de que la empresa ha despedido por causas objetivas o se trata de otras extinciones cuyo carácter computable está previamente definido".
(Cinco Días, 01-06-2019)

Sánchez abordará la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores
Así lo ha asegurado en su discurso de clausura de la XXXV Reunión del Círculo de Economía, que se celebra en Sitges (Barcelona) y está patrocinada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Caixabank y KPMG.

Pedro Sánchez ha defendido crear empleo de calidad y que garantizar un mercado laboral eficiente y justo será una de las líneas de trabajo del futuro Ejecutivo para ganar productividad en la economía. En este sentido, ha recalcado que "nunca estuvo escrito " que el destino de España fuera el de empleo de baja calidad y ha llamado a combatir esta profecía autocumplida, por lo que ha defendido tomar la iniciativa e invertir los términos de la actual situación laboral.

A los empresarios les ha advertido de la necesidad de acomodar las normas a la "realidad cambiante" del mercado de trabajo, y ha señalado que hay que elaborar un "estatuto de los trabajadores del siglo XXI". Durante su discurso, el presidente del Gobierno ha lamentado la muerte de un repartidor nepalí de Glovo, de 22 años en Barcelona el sábado pasado, mención que también hizo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la ponencia del viernes. "Es a estas condiciones a las que tenemos que dar respuesta", subrayó Sánchez, quien también aludió a la necesidad de racionalizar los horarios laborales.

El presidente en funciones recordó el "talento perdido" en España en la última década, sobre todo en ciencia, y aboga por convertirlo en un país de oportunidades para los jóvenes, a los que hemos perdido "no cambiar de país sino cambiar España".

Para Sánchez, que rechazó "levantar falsos muros" en un mundo cada vez más globalizado, los objetivos prioritarios de su Gobierno serán promover una economía competitiva y sostenible, así como unas instituciones limpias y transparentes y "una sociedad plural y más justa. Para ello ha mencionado siete líneas de trabajo: el crecimiento inclusivo; la formación de capital humano; la transición ecológica; el avance científico y tecnológico; la creación de empleo; la consolidación del estado de bienestar y la mejora de la calidad institucional y la lucha contra el nepotismo.

Entre las tareas pendientes, Pedro Sánchez destacó el Corredor Mediterráneo, infraestructura que considera "un desafío estratégico" para España y para la Unión europea, porque permitirá conectar el continente de norte a sur y el 54% de la población europea.
(El País, 01-06-2019)

España lidera la tasa de temporalidad de la UE
La tasa de temporalidad en España alcanzó su mayor porcentaje en Andalucía, con un 35,8% de asalariados con contrato temporal a cierre de 2018, mientras que registró su mínimo en Madrid, con un 20%, lo que supone una brecha de 16 puntos porcentuales. De acuerdo con un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) publicado este viernes, todas las comunidades autónomas disminuyeron sustancialmente la tasa de temporalidad respecto a los valores registrados en 2006.

No obstante, la media nacional se sitúa en el 26,8%, muy por encima de la media de la UE, donde se registra un 14,2%. Por encima de la media nacional están, además de Andalucía, Extremadura (35,5%), Murcia (33,1%), Canarias (31,6%), Comunidad Valenciana (28,8%), y Baleares y Castilla-La Mancha (ambas con el 28,5%).

Por debajo de la media nacional se sitúan, además de Madrid, Galicia (26,6%), País Vasco (25,9%), Aragón (25,6%), Cantabria (25,3 %), Castilla y León (25,2%), La Rioja (25%), Asturias (24,9%), Navarra (24%), y Cataluña (21,9%). La diferencia de género es leve, aunque la temporalidad afecta más a las mujeres, especialmente en el País Vasco, Aragón, Canarias, Extremadura, Cantabria y Navarra, que registran diferencias de 4 y 5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres.

Por el contrario, la edad sí es un factor diferencial, dado que los menores de 25 años representan un 71,2% de la temporalidad de media, que se supera en Asturias (84,2%), Murcia (79,3%), Andalucía (77,8%) y Extremadura (77,5%). La población en la franja media (25-49 años) representa un 28% de la temporalidad y la población en la franja superior (50-74 años), un 15%.

Por nivel de estudios, las tasas más altas de temporalidad de trabajadores con estudios superiores se observan en Canarias, Murcia y Extremadura (por encima del 27%), mientras que los asalariados con estudios medios presentan una temporalidad de en torno al 35% en Andalucía y Murcia, y aquellos con estudios básicos superan el 45% en Andalucía.

El documento recuerda que durante la crisis disminuyó la temporalidad por la destrucción de empleo, pero que en los últimos años ha vuelto a elevarse. Y advierten de que "es conveniente reducirla cuanto antes, ya que una alta y prolongada tasa de temporalidad tiene efectos negativos sobre la productividad, ya que ni las empresas ni los empleados tienen incentivos a invertir en formación específica".
(El Mundo, 01-06-2019)

Mercantil, Civil y Administrativo

La CNMV planea imponer medidas de ciberseguridad en las gestoras
La CNMV estudia regular las medidas con que las gestoras de fondos deberían controlar los riesgos tecnológicos asociados a su actividad y su estrategia de ciberseguridad a corto plazo. Por ahora, el supervisor está realizando visitas a una muestra de entidades que operan en España, a lo largo de este año, para conocer qué acciones de prevención están adoptando en este ámbito.

En primer lugar, la CNMV está interesada en conocer el alcance de las medidas que las gestoras de fondos ya están llevando a cabo para frenar los posibles riesgos tecnológicos y cibernéticos. En función del resultado del análisis, determinará qué tipo de actuaciones implantará en el futuro, como supervisor. En este sentido, la CNMV se plantea que lo que en principio iba a ser una comunicación formal o guía de recomendaciones termine convirtiéndose en una serie de medidas obligatorias para las entidades.

Esta iniciativa se encuentra dentro del plan de actividades previstas por el regulador para el ejercicio 2019, que había fijado este mes como fecha límite para desarrollarla.
(Expansión, 03-06-2019)

“Reino Unido no debe pagar a la UE 44.600 millones si no logra el pacto de salida que pide”
El mandatario de EE UU ha roto la tradición diplomática de no interferir en los asuntos internos de un país al pronunciarse este fin de semana sobre el Brexit y la próxima elección del nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro británico. Donald Trump, ha señalado que el Reino Unido debería estar preparado para salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo e incorporar al político antieuropeo Nigel Farage en las negociaciones del "brexit".

Así se manifestó Trump en una entrevista con el dominical The Sunday Times publicada hoy, un día antes de que empiece una visita de Estado al Reino Unido invitado por la reina Isabel II. El presidente criticó también las negociaciones del Brexit del Gobierno de la conservadora Theresa May al afirmar que se dejó a la UE con "todas las cartas" a su favor.

Además, Trump opinó que Farage, líder del Partido del Brexit -vencedor en las elecciones europeas al obtener 29 eurodiputados-, "tiene mucho que ofrecer" en las conversaciones con la UE y debería ser incorporado a tomar parte en esos contactos.

"Le conocí (por Farage) cuando a él le gustó mi campaña (electoral) y vino a dar un discurso. Creo que es una persona fantástica", agregó el presidente estadounidense, que se ha saltado la tradición de no opinar sobre asuntos internos de un país poco antes de iniciar una visita de Estado. Para el presidente de EE UU, el Reino Unido debería salir de la UE si no consigue lo que quiere en las negociaciones.

"Si no obtienes el acuerdo que quieres, si no obtienes un acuerdo justo, entonces sales", dijo Trump, y agregó que Londres no debería pagar los 39.000 millones de libras (44.460 millones de euros) acordados en el texto de retirada de la UE. Además, para compensar la pérdida comercial de una salida de la UE sin acuerdo, Trump señaló que apoyaría un acuerdo de comercio entre el Reino Unido y EE UU pocos meses después de que Londres se marche de la UE a más tardar el próximo 31 de octubre.

Con motivo de su visita, Trump manifestó ayer al diario The Sun su apoyo a Boris Johnson como nuevo líder conservador al afirmar que sería un "excelente" primer ministro británico. El presidente de EE UU manifestó su respaldo a Johnson antes de que el Partido Conservador inicie oficialmente el próximo día 10 el proceso para elegir al nuevo líder "tory" y jefe del Ejecutivo una vez que dimita Theresa May al frente del Gobierno el día 7.

Para sustituir a May, en un proceso que se espera termine a mediados o finales de este julio, se han presentado más de diez diputados conservadores, entre ellos el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, y el de Interior, Sajid Javid.
(El Mundo, 02-06-2019)

El Banco de España obligará a todos los comerciales de hipotecas a hacer un examen presencial
El Banco de España ha publicado este viernes los criterios y el procedimiento para que todas las universidades públicas o privadas y entidades o empresas certificadoras interesadas puedan estar en el listado de títulos o certificaciones aceptados.

La banca tendrá de plazo hasta mediados de julio, según se conoció a principios de mayo, para poner en marcha la formación de sus empleados, de la que quedan excluidos el personal de administración, contabilidad, recursos humanos, tecnología y telecomunicaciones. La orden ministerial de Economía exige así "conocimientos adecuados" de los préstamos inmobiliarios, sus implicaciones fiscales, gastos y servicios accesorios, como seguros; sus riesgos y los efectos de cambios en los tipos de interés o de las divisas.

El Banco de España ha fijado, por su parte, las condiciones para las entidades financieras o empresas certificadoras que quieran ser reconocidas para prestar este servicio. Estas deberán presentar una solicitud en la que identifiquen, tanto a la empresa (forma societaria, accionistas...) como a los conocimientos y competencia que pretenden evaluar.

Además, deberán detallar su estructura de medios técnicos y humanos, un código ético y su política de conflictos de interés. También deberán dar información de la acreditación que deseen dar: con el número de horas de formación previstas -el mínimo es de 50 horas a los comerciales, directivos y diseñadores de los préstamos y de 65 para los asesores-; el tiempo de validez de la acreditación, y la educación mínima reglada exigida.

El supervisor fija también que el sistema de evaluación exigirá un examen presencial de cada uno de los empleados de la banca afectados por la reforma hipotecaria y que en la solicitud deberán estar indicadas las materias de evaluación. Economía aseguró a principios de mes que estar en posesión de un grado o máster en Ciencias Jurídicas, en Economía, Administración o Dirección de Empresas, permitirá convalidar parte de dicha formación.
(Expansión, 01-06-2019)

El Gobierno creará un foro con las comunidades para evitar el proteccionismo autonómico
El Gobierno quiere coordinarse con las comunidades para crear un grupo en el que se tratarán estas materias a fin de mejorar el clima de negocios, compartir experiencias y adaptar las mejores prácticas. Según explicaban entonces los propios autores de la ley, cuando hace cinco años se aprobó la garantía de unidad de mercado, en realidad se pretendía lo mismo que se hace en el mercado común europeo: que una licencia que se concede en una autonomía valga para todo el territorio nacional y no tenga que ser validada en otras 16 comunidades, lo que se convierte en un auténtico periplo burocrático para las empresas. Siempre se citaba que una máquina tragaperras necesitaba hasta 17 licencias en una suerte de proteccionismo autonómico.

Sin embargo, el problema de la unidad de mercado ha acabado siendo su nombre. La idea ha despertado muchos recelos entre las comunidades y también en los tribunales. Varias sentencias del Constitucional anularon el principio de licencia única y el de reconocimiento mutuo de normas —este último consiste en que si una empresa se ceñía a la normativa de una comunidad en principio también la cumplía en otra—. En estos momentos la ley ha quedado tocada y solo se mantienen los principios de no discriminación, de simplificación y los de necesidad y proporcionalidad en los requisitos exigibles.

Algunos expertos indican que los dictámenes del Constitucional no aguantarían el escrutinio del Tribunal de Luxemburgo. Solo que para que este asunto llegue a semejante instancia europea tiene que haber una reclamación de un particular que entre como una cuestión prejudicial. Ante este panorama, Bruselas ha exigido a España en sus recomendaciones de julio de 2018 que tome medidas para reforzar la unidad de mercado. Otros años también ha insistido en que se mejore la normativa que se aplica a las empresas, sobre todo aquella que impide que ganen tamaño.

En su informe anual sobre España, la Comisión Europea dice: “La ley de garantía de la unidad de mercado lleva cinco años en vigor y, si bien se está aplicando, sus efectos siguen siendo limitados. La falta de una cooperación sólida entre todos los niveles de la Administración en lo que se refiere a la garantía de unidad de mercado se ha traducido de momento en unos resultados tangibles escasos. No se han adoptado medidas para eliminar las restricciones al crecimiento empresarial ni las que afectan a los servicios profesionales, aspectos que habían sido objeto de recomendaciones en años anteriores”.

En su plan nacional de reformas, el Gobierno ha contestado que planea crear una conferencia sectorial de comunidades que analice estos asuntos entre otras cosas. “La idea es hacerlo respetando escrupulosamente el ámbito competencial”, subrayan fuentes de la Administración.

En la legislación de unidad de mercado ya estaba prevista una conferencia de comunidades. Ahora se ha cambiado el nombre: la nueva conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios “se ocupará de preservar y mejorar el clima inversor en el país, y favorecerá la aplicación de los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, promoviendo la mejora regulatoria y la adopción de las mejores prácticas en ámbitos como, por ejemplo, la tramitación de autorizaciones y licencias de actividad, sin merma de la autonomía de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos”, señala el plan de reformas remitido a Bruselas.
(La Vanguardia, 01-06-2019)

 
 
 
 
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