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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 4 DE JUNY DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 3 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 3 de junio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 04-06-2019)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 3 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 04-06-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/04/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/04/index.php?d=133&s=3 

 
RECULL DE PREMSA DEL 4 DE JUNY DE 2019

Fiscal

La Agencia Tributaria podrá dar por entregada una notificación fiscal, aunque se la deje al portero de un edificio
Así lo acaba de dictaminar la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, en un fallo que admite que esta práctica supone una infracción por parte de Hacienda, pero no lo suficientemente grave como para dejar sin efecto la multa impuesta al contribuyente sancionado.

La Ley General Tributaria dispone, en su artículo 111, que “cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad”. La regulación admite, además, que la notificación sea entregada a “los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante”, si este no está presente. En teoría, sin embargo, el fisco debe tratar primero de localizar al afectado en persona.

El matiz es especialmente relevante porque el plazo que el contribuyente tiene para recurrir una notificación tributaria expira transcurrido un mes desde el día siguiente a la entrega, si bien la reciente sentencia del Tribunal Superior valenciano permite que este contador se active desde el momento de la recepción por parte de un tercero, el conserje de la finca.

El fallo hace referencia al recurso de un contribuyente al que Hacienda impuso una multa de 112,5 euros por incurrir en una infracción tributaria grave, derivada de una deuda pendiente de su declaración de IRPF del ejercicio 2013. El afectado alegó que, aunque la notificación de la sanción figuraba como “entregada en domicilio”, en realidad fue recogida por el conserje.

El tribunal valenciano admite que la Agencia Tributaria ha incumplido sus obligaciones al proceder de esta forma, pero entiende que hay que distinguir entre una infracción formal “de carácter sustancial”, imprescindible para garantizar que el contribuyente ha sido informado y no queda indefenso, de una “de carácter secundario”, que no impide al interesado ser consciente de su situación. Los magistrados acuden a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para concluir que “no puede elevarse a rito lo que no es más que un requisito formal de garantía no determinante de nulidad, cuando se trata de una omisión intrascendente”.

La sentencia agrega que el recurrente no alegó haber acabado recibiendo la notificación con retraso sobre la fecha oficial de entrega, sino que se limitó a denunciar que no le fue entregada a él en persona. Como consecuencia, el tribunal desestima el recurso del contribuyente y da la razón al fisco. De hecho, el fallo impone al reclamante las costas del juicio, con un tope de 800 euros. El fallo es recurrible ante el Supremo.
(Cinco Días, 04-06-2019)

España concede 14.000 millones anuales en subvenciones sin rendición de cuentas, según AIReF
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que los 14.000 millones de euros anuales que se conceden en subvenciones en España están sujetos a controles de legalidad, pero no a rendición de cuentas ni a procedimientos sancionadores por mal uso.

La AIReF ha publicado este lunes el primer estudio dentro de su proceso de revisión del integral gasto público ("Spending Review"), que está centrado en la planificación estratégica y los procedimientos en el ámbito de las subvenciones definidas en la Ley General de Subvenciones, que suponen un monto de 14.000 millones (de acuerdo con la base de datos nacional de subvenciones).

Para el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, la principal conclusión es la carencia de evaluación de las políticas públicas, que solo se rigen por una fiscalización que no va más allá de un control legal y contable, en el que no se tienen en cuenta los resultados.

Escrivá ha matizado que este proceso de revisión no es "un ejercicio para ahorrar" sino un análisis para mejorar la forma en que se "instrumentan" las subvenciones, en las que se ha detectado una escasa vinculación con las políticas públicas subyacentes y un nulo carácter estratégico.

Fuentes de la AIReF han explicado que no cabe decir que exista "un descontrol" en las subvenciones, pero sí una falta de estrategia, de transparencia y de trazabilidad, de manera que no se puede asegurar si existen duplicidades o solapamientos, puesto que es imposible hacer el "recorrido" desde que la subvención sale de una administración pública hasta que llega al beneficiario.

Las mismas fuentes han asegurado que este estudio concreto sobre subvenciones les ha permitido detectar una falta de estrategia en la definición de todas las políticas públicas, ante lo que la AIReF ha vuelto a insistir en la necesidad de una programación presupuestaria de medio plazo mejor coordinada entre todas las administraciones.

Respecto al mal uso, la AIReF explica que no existe una cultura sancionadora como la que existe en el ámbito tributario, en el que se ejecutan las sanciones impuestas y se aplican intereses de demora. En el marco de las subvenciones, aunque las sanciones están previstas, con mucha frecuencia los procedimientos caducan o las sanciones nunca llegan a cobrarse.

"La ley exige un determinado comportamiento del beneficiario teniendo como fin último una utilidad social y si eso no se cumple tendría que haber reintegro de la subvención y sanciones", han subrayado desde la AIReF. Frente a la situación que se han encontrado, la Autoridad propone un sistema de información e indicadores integrado en el propio proceso de gestión que permita evaluar los resultados y aumentar la transparencia.

Asimismo, aboga por reformar las Conferencias Sectoriales, eliminando su enfoque centralista actual y convirtiéndolo en un verdadero órgano de intercambio de información y de referencia para saber cuánto se gasta en cada una de las políticas públicas que abordan, como la vivienda o el empleo. Al respecto, la AIReF critica que este órgano se haya convertido en un mero instrumento político que solo sirve para repartir dinero del Estado a las comunidades autónomas.

Como ejemplo, el estudio pone la Conferencia Sectorial de Vivienda -una de las que más fondos reparte entre las comunidades-, cuyos objetivos de reparto de ayudas se fijaron en 1992 y permanecen inamovibles, sin que se conozcan los criterios con los que se establecieron. La AIReF pensó que podría haberse hecho con la variable de población, pero se ha encontrado que en el caso de Baleares el porcentaje asignado en 1992 era mucho mayor a la población y en la actualidad está por debajo.

Según el informe, de los 14.000 millones en subvenciones unos 10.000 millones son concedidos por las autonomías, que en general presentan una mejor planificación estratégica que la administración central, aunque no están por delante en lo referente a la rendición de cuentas. De acuerdo con el documento, las comunidades que presentan una mejor gestión de las subvenciones en todos los ámbitos son Murcia, Navarra y Cataluña.
(El País, 04-06-2019)

El sector del bus busca ventajas fiscales
El sector del autobús se siente una pieza clave en la batalla contra la contaminación en las grandes ciudades, pero pide más apoyo a la administración para acelerar el trasvase de conductores hacia medios de transporte públicos. La gran patronal del sector, Confebus, acaba de sacar del horno una memoria en la que se demandan reformas como la implantación de peajes urbanos a vehículos privados o las deducciones fiscales, sobre el IRPF e impuesto de sociedades, para quienes adquieran abono de transportes o para aquellas empresas que sufraguen el abono de sus empleados, respectivamente.

Las compañías del autobús sumaron una producción de 5.680 millones (0.56% del PIB) en 2018, manteniendo 95.000 puestos de trabajo y contribuyendo con 1.551 millones a las arcas públicas (916 millones de forma directa y 635 millones indirectos). Confebus usa datos de la estadística de transporte de viajeros del INE, publicada en febrero, para subrayar el liderazgo de este modo sobre el ferroviario en viajes interurbanos, con un 50,3% de cuota frente al 46,1% del tren y el 2,9% del avión.

En España conviven 3.350 empresas de transporte en autobús, con una flota media de 13 vehículos cada una. El total de autobuses existentes en el país asciende a 44.000.

De los 1.372 millones de viajeros (un 3,6% más que en 2017) que utilizaron medios de transporte público para cubrir sus desplazamientos interurbanos, 695 millones optaron por el autobús, con un alza del 2,6%; otros 626,3 millones de viajes se realizaron en tren, un 4,4% más que en el ejercicio precedente, y las aerolíneas atendieron a 40,2 millones de usuarios, con una subida del 10%.

A lo largo de 2020, en puertas de la liberalización del transporte de pasajeros en ferrocarril, se espera el lanzamiento de servicios de bajo coste por parte de Renfe para reforzar al AVE frente al avión, el autobús y la propia competencia que se avecina en las vías. Antes de ese hito, Renfe declaró el año pasado 507 millones de viajeros, lo que supone un alza del 4% o ganar 20 millones de usuarios en un solo ejercicio.

Respecto al autobús, en España conviven 3.350 empresas de transporte, con una flota media de 13 vehículos cada una. El total de autobuses existentes en el país asciende a 44.000 unidades.
(El País, 04-06-2019)

Laboral

El Tribunal de Cuentas pide que el déficit de las pensiones se pague con impuestos
Al Tribunal de Cuentas no le gusta que el déficit de la Seguridad Social se cubra con créditos, como ha sucedido en 2017 y 2018. “Dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia”, apunta. Por eso, el órgano fiscalizador del dinero público reclama que la diferencia entre gastos e ingresos del sistema de pensiones se cubra con “transferencias corrientes” y “no con nuevos préstamos”, según aparece en la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017.

Hasta hace dos años, el desfase entre lo que se recaudaba por cotizaciones y lo que se desembolsaba en pagar pensiones contributivas se cubría con dinero ahorrado en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ese año los presupuestos generales del Estado recogieron un préstamo de 10.192 millones, que subió hasta 13.830 millones en 2018. Si se hubiera continuado echando mano solo de los ahorros acumulados antes de la crisis, la hucha de las pensiones ya estaría vacía. Así que el Gobierno, entonces del Partido Popular, optó por financiar el déficit con créditos de la Administración General del Estado a la Seguridad Social.

Esta decisión es la que critica el Tribunal de Cuentas, que, en cambio, reclama que los números rojos se sigan sufragando con dinero procedente de la Administración central, pero que no sean préstamos. Lo que pide este organismo es que sean “transferencias corrientes”. La solución que da el Tribunal sería provisional, ya que pide otra definitiva: “Resulta necesario promover y llevar a cabo las reformas que sean precisas para resolver [...]. Esto podría abordarse, en su caso, en el marco denominado Pacto de Toledo”.

Dos meses antes de las elecciones generales del 28 de abril, en ese “marco” estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo sobre unos principios que preveían unas soluciones paulatinas en la misma línea que señala el Tribunal de Cuentas: se proponía una transferencia que iría creciendo progresivamente hasta que en 2025 cubriera todo el déficit.
(El País, 04-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Tres de cada cuatro empresas españolas sufrieron un ciberataque
Los problemas de ciberseguridad se han convertido en una auténtica pesadilla para las compañías de todo el mundo, y los datos muestran por qué. En España, tres de cada cuatro empresas han sufrido un ciberincidente en los últimos seis meses, según una encuesta de Deloitte realizada a más de 50 empresas españolas u organizaciones cuya base de operaciones de seguridad reside en España. Pese a lo abultado del dato (un 76% de las empresas), el número de ciberataque sufrido en 2018 es menor que en 2017, según el 62% de las compañías encuestadas.

El informe muestra igualmente que las empresas que facturan entre 2.000 y 5.000 millones de euros son las que experimentan un mayor número de ciberataques al año (prácticamente cuatro), ya que estas se convierten en un objetivo con mayor retorno/impacto por parte del atacante. No obstante, el número de ataques desciende en las que facturan más de 5.000 millones debido a las medidas preventivas que aplican y a una mayor inversión en ciberseguridad.

La encuesta también revela que las organizaciones más maduras y más reguladas son las que mayor inversión efectúan en el área de gobierno de ciberseguridad. Y llega a varias conclusiones. Entre ellas, que el 30% de las empresas considera que está poco o nada preparada para hacer frente a un ciberataque y que de media las empresas españolas dedican a ciberseguridad el 8,5% del presupuesto destinado a tecnologías de la información. Un 40% se destinaría a protección, un 26% a vigilancia, un 18% a resiliencia y un 15% a gobierno de ciberseguridad. Las empresas que invierten más del 10% del presupuesto de TI en ciberseguridad reportan 0,6 incidentes de seguridad al año de media, mientras que las que dedican menos del 10% experimentan tres incidentes por año.

El 71% de las empresas que se sienten poco o nada preparadas para hacer frente a estos incidentes opta por la opción del ciberseguro. El estudio, que trata de mostrar el estado de la ciberseguridad en las empresas españolas, revela, en este sentido, que el 89% de las firmas que tienen un ciberseguro no lo ha tenido que utilizar nunca.

Por sectores, el trabajo de la consultora muestra ciertamente que la banca es la que se siente más preparada a la hora de afrontar un ciberataque (un 86%), un porcentaje que baja hasta el 67% en el caso del sector consumo y distribución y un 47% en el sector energético. Y ello pese a que, en este último sector, "un ámbito crítico y de relevancia estratégica para nuestro país", un porcentaje alto (el 93%) considera la interrupción de las operaciones de negocio como su principal preocupación.

Otros datos relevantes del informe tienen que ver con las certificaciones y con las tecnologías. Sobre el primer punto, el 72% de los directores de seguridad de la información de las empresas afirma que su compañía no dispone ni de la certificación ISO 27001 ni de la ISO 22301, dos estándares están relacionados con la seguridad de la información y con la continuidad del negocio. Y, sobre el segundo, el estudio de Deloitte muestra cómo tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning y los algoritmos predictivos están plenamente implantadas en la seguridad cibernética, porque todas ellas permiten manejar enormes cantidades de datos y reconocer posibles amenazas. También el internet de las cosas está presente en la estrategia de ciberseguridad de las empresas, tal y como señala el 86% de las encuestadas.
(Expansión, 04-06-2019)

Madrid desbanca a Barcelona como destino preferido de la inversión extranjera
La Ciudad Condal era en 2015 la quinta capital europea más atractiva para el capital foráneo. En 2019, se ha visto relegada al noveno puesto, coincidiendo con el recrudecimiento del 'procés' y la gestión de Ada Colau en el Ayuntamiento.

En 2015, cuando Ada Colau tomó las riendas de la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, la Ciudad Condal era la quinta capital europea más atractiva para la inversión extranjera, mientras que Madrid ocupaba la octava plaza. Cuatro años después, las posiciones se han invertido: la capital de España ha escalado hasta el séptimo lugar y Barcelona se ha hundido hasta el noveno puesto, según refleja el informe European Attractiveness Survey 2019 de la consultora EY, que se presenta hoy. De hecho, un 8% de los directivos encuestados sitúa Madrid como una de las tres mejores ciudades europeas para invertir, mientras que ese porcentaje se reduce al 6% en el caso de Barcelona.

Lidera el ránking París, que, ante la incertidumbre generada por el Brexit, ha destronado a Londres como destino predilecto del capital extranjero en Europa. En 2015, el 52% de los ejecutivos consideraba la capital de Reino Unido como la ciudad europea más atractiva para el inversor foráneo; en 2019, ese porcentaje se ha desplomado al 25%, hasta el punto de que Berlín le pisa los talones con un 24%. El informe señala que las grandes empresas multinacionales "buscan ciudades donde el sector privado, los legisladores, las universidades y la comunidad financiera han conseguido desarrollar un ecosistema eficaz".

Algo que Barcelona dejó de ofrecer hace tiempo. La controvertida gestión de Colau al frente del Consistorio, que ha hecho que Barcelona sea percibida en el exterior como una ciudad insegura e incluso con ciertas dosis de hostilidad hacia el turismo, y la intensificación del procés, que ha provocado el éxodo de miles de empresas de Cataluña en busca de la estabilidad y la seguridad jurídica que les fue arrebatada en la región, han resultado un cóctel demoledor para los intereses económicos de la ciudad.

Barcelona quedó descolgada de la carrera para albergar la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento tras el Brexit, pese a partir como una de las capitales favoritas, y los organizadores del Mobile World Congress (MWC) llegaron incluso a plantearse la cancelación del evento en su edición de 2018 ante la creciente inestabilidad política provocada por el procés. Aunque la sangre no llegó al río, el futuro de Barcelona como sede del MWC sigue pendiendo del hilo del pulso independentista.

Y si Barcelona se ha visto ahora desbancada por Madrid entre las preferencias de la inversión foránea, en el ámbito regional, la superioridad de la comunidad madrileña viene de lejos, alcanzando cifras abrumadoras. El año pasado, Madrid atrajo más de 39.900 millones de euros, un 85% del total nacional, frente a los exiguos 2.985 millones captados por Cataluña.
(Expansión, 04-06-2019)

La industria española se estanca
En concreto, el indicador IHS Markit PMI del sector manufactuero se ha situado en los 50,1 puntos, frente a los 51,8 puntos registrados en abril. Si permanece por encima de los 50 puntos significa que ha expansión en el sector. Aunque, eso sí, esta vez más moderada. Las cargas de trabajo en general se redujeron en medio de indicios de una demanda vacilante. La confianza con respecto al futuro se deterioró hasta su mínima de seis meses.

Para Paul Smith, economics director de IHS Markit, los fabricantes de bienes de capital se enfrentan a un entorno de demanda internacional difícil, ya que la demanda procedente de los principales mercados europeos, especialmente del sector automotriz alemán, está decayendo.

"A estos hechos también se añadieron los informes de que las recientes elecciones han provocado cierta cautela entre las empresas en España, lo que incitó un deterioro de la demanda interna y especialmente de las carteras de pedidos de los fabricantes en mayo. En consecuencia, hubo una pausa en la contratación, registrándose la primera caída neta del empleo desde finales de 2013", asegura. En el conjunto de la zona euro, el sector manufacturero se ha contraído en mayo, al situarse el indicador en los 47,7 puntos, en línea con el nivel marcado en abril.

Por subgrupos de mercado, se observa que la debilidad se mantuvo centrada en los sectores de bienes intermedios y bienes de capital. En ambos casos, los ritmos de declive fueron de nuevo marcados y contrastaron notablemente con el comportamiento de la categoría de bienes de consumo, donde el crecimiento se mantuvo a un ritmo moderado. El sector de bienes de consumo ha registrado una expansión ininterrumpida durante cinco años y medio.

Chris Williamson, chief business economist de IHS Markit, considera que una cuarta caída mensual consecutiva de la producción y un nuevo declive intenso de los nuevos pedidos subrayó que el sector continúa en su fase más difícil desde 2013.
(El País, 04-06-2019)

El turismo sigue creciendo en España
La llegada de turistas internacionales a España creció el 5,7% en abril respecto al mismo mes de 2018, hasta los 7,2 millones de visitantes, mientras que su gasto sumó 7.095 millones de euros, el 7,2% más, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos indicadores, que encadenan ocho y nueve meses al alza, respectivamente, se vieron impulsados, entre otros factores, por el "efecto Semana Santa", ya que mientras este periodo vacacional se desarrolló el año pasado entre marzo y abril, este año se celebró íntegramente en abril.

Así, en los meses de marzo y abril, la llegada de turistas repuntó el 5,3% (10,4 millones) y su gasto el 6,4% (13.133 millones de euros). En el acumulado de los cuatro primeros meses del ejercicio, visitaron España 21,4 millones de turistas internacionales, el 4,4% más; mientras que su gasto sumó 22.489 millones de euros, el 5,1% más que en el primer cuatrimestre de 2018.

En el cuarto mes del año, el gasto medio por turista fue de 990 euros, el 1,3% más, y el gasto medio diario aumentó el 6,3%, hasta 153 euros. La estancia media fue de 6,5 días (0,3 días menos). El principal mercado emisor de turistas fue, un mes más, Reino Unido, con 1,5 millones de viajeros y un aumento interanual del 3,5%. Por detrás se situaron Alemania, con 1,1 millones y una subida del 17,9%; y Francia, con 1 millón y una caída del 5,5%. Destacan los crecimientos de mercados como Portugal (16,2%), Rusia (12,2%) y Estados Unidos (10,6%).

En cuanto al gasto, los turistas que más gastaron fueron ingleses, con 1,3 millones de euros (+8 %); alemanes, con 1,04 millones (+16,5 %); y franceses, con casi 0,6 millones (-1,5 %). Los viajeros nórdicos -Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia- gastaron 0,56 millones, el 2,1 % más. En el acumulado del primer cuatrimestre, lideraron también la llegada de turistas Reino Unido (4,3 millones y una subida del 0,1 %), Alemania (2,9 millones y un repunte del 6,5%) y Francia (2,7 millones y una caída del 2%).

En cuanto al gasto, Reino Unido rozó los 4 millones de euros (3,5% más), Alemania los 3 millones (+5,2%) y Francia sumó más de 1,6 millones de euros (+1,1%). En abril, Cataluña fue el principal destino de estos viajeros, con 1,7 millones de turistas y un incremento interanual del 6,8%. Por detrás se situaron Andalucía, con 1,14 millones y un avance del 9,1 %; y Canarias, con 1,1 millones y una subida del 0.2%.

En Baleares, el turismo internacional creció el 16,2% (1 millón), en la Comunidad Valenciana el 7,8% (0,83 millones) y en Madrid, el 1,5% (0,64 millones). En el primer cuatrimestre, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (con casi 4,9 millones y un aumento del 4,8%), Canarias (con casi 4,8 millones y una bajada del 0,9%) y Andalucía (con casi 3,2 millones, el 8,1% más). En cuanto al gasto, lideraron la tabla en abril Cataluña, con 1.653 millones (+9,4%); Canarias, con 1.389 millones (+7,2%), Andalucía, con 999 millones (-0,3 %), Baleares, con 995 millones (+18%) y Madrid, con 833 millones (+7,6 %).

En los cuatro primeros meses, las comunidades autónomas con mayor gasto acumulado fueron Canarias, con 6.054 millones y una subida del 4,7%; Cataluña, con 4.848 millones y un repunte del 5,7 %; Andalucía, con 3.114 millones (-1,5%), y Madrid, con 3.063 millones (16,5%). Además, los turistas extranjeros que visitaron España en abril gastaron 7.095 millones de euros, el 7,2% más que un año antes, con lo que este indicador sumó nueve meses al alza, debido, entre otros factores, al efecto Semana Santa (en 2018 se celebró entre marzo y abril y este año sólo en abril).
(La Vanguardia, 04-06-2019)

Sector

El deporte, un nicho de mercado para los bufetes con gran potencial económico
Esta tendencia del sector coincide con nuevas exigencias a organismos deportivos en materia de igualdad, fiscalidad y gobernanza que trae consigo el Anteproyecto de Ley del Deporte que aprobó en febrero el Gobierno y que aún está por concretar. Con el fin de actualizar la norma actual (vigente desde 1990), el legislador ha incluido medidas de buen gobierno, compliance y control económico para federaciones y ligas. A las entidades deportivas se les obligará a elaborar un código de gobernanza y transparencia que incluirá una limitación de mandatos de los órganos directivos que regulará cada federación.

“Es uno de los nichos de mercado en auge y estamos intentando concienciar a los clubs de que tienen que cumplir con todas las reglas y exigencias”, avanza Jorge Pecourt, socio del equipo de deporte de Cuatrecasas, quien, a su vez, celebra la nueva medida que hará que el Consejo Superior de Deporte (CSD) controle económicamente a ligas y federaciones, e, incluso, pueda sancionarlas o hacerlas bajar de categoría.

“Un deporte de calidad exige tener instituciones de calidad; si no hay buena gobernanza lo demás sobra y el talento se fuga”, advierte José Antonio del Valle, socio fundador de Abogados Hernani. El letrado subraya que lo que más ha preocupado a las federaciones es la limitación de la concentración de derechos económicos de explotación deportiva de las ligas sobre competiciones que el organismo no organiza. De esta forma, critica, se va a cortar una línea de financiación que ahora está “salvando” el mundo deportivo con el fin de evitar un posible monopolio. “La oposición es frontal”, dice.

Además, las entidades no tendrán la obligación de convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) para poder acceder a una competición como La Liga, aunque deberán someterse a comisiones de control económico y auditorías. Según Pecourt, esto da “mucha más facilidad para poder trasformar un club menos viable”, ya que se pasa de requerir como mínimo un capital de 60.000 euros a 3.000 de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, algo que facilitaría, incluso, “posibles adquisiciones e inversiones”.

En este sentido, José Lasa, abogado experto en deporte de Laffer Abogados, asegura que hay escasez financiera dentro del mundo del deporte. “Esto es lo que busca mejorar la norma. Se confunde el deporte con el fútbol”. Por ello, en terreno tributario, se propone un marco fiscal específico para los deportistas con el fin de dar respuesta a su corta carrera profesional, además de deducciones para patrocinadores para incentivar la inversión.
(Cinco Días, 04-06-2019)

El 2018 fue un buen año para los bufetes españoles
En una tónica general positiva, destaca, no obstante, el comportamiento de las firmas inmediatamente por debajo del top 3 compuesto por Garrigues, Cuatrecasas y Uría. Más de la mitad de la docena de despachos nacionales que facturan por encima de 20 millones de euros registraron un crecimiento de sus ingresos de doble dígito, con cifras muy llamativas en el caso de Pérez-Llorca (un 30% más) o en el de Broseta (un 26% más). Tras ellos aparece RCD, con un aumento del 15,8%; Barrilero y Asociados, con un 13,6% más, y Ecija y Ramón y Cajal, ambos subiendo un 12%. En esta franja del mercado también es reseñable el incremento del 11,4% que experimentó la facturación de Legálitas, firma que, no obstante, merece un análisis diferenciado atendiendo a su distinto modelo de negocio.

El caso más destacado, sin duda, es el Pérez-Llorca. En primer lugar, porque se encuentra en la franja alta de la zona media del mercado de despachos nacionales (y no es lo mismo crecer un 10% si ingresas 20 millones que 50). Así, el incremento del 30% en su facturación le ha permitido dar un importante salto: de 40 millones de euros en 2017 a 52 millones el año pasado. En segundo lugar, porque el buen comportamiento de 2018 no es puntual. En el ejercicio anterior, el incremento fue del 20,5%; una tendencia que, de mantenerse, amenaza la cuarta plaza que Gómez-Acebo & Pombo (62 millones) mantiene en el ranking de despachos nacionales.

En la zona media-alta también ­figura Écija, que, tal y como revela su socio direc­tor, Alejandro Touriño, persigue el objetivo de convertirse en uno de los cinco despachos españoles más relevantes. "Y para ello necesitamos tamaño", explica. Un proceso en el que la firma pretende mantener su esencia, la especialización en nuevas tecnologías, y en el que juega un papel relevante la integración de otros bufetes (solo este año, Ad&Law, Colón de Carvajal y Zadal). Écija cerró el último ejercicio facturando 44,5 millones de euros, con una aportación creciente de las oficinas en el exterior. "Estamos en once países y confiamos en terminar 2019 con presencia en, al menos, dos más", asevera Touriño.

El caso de RCD es el de una firma que ha duplicado su facturación en los últimos cinco años (de 16,7 millones en 2014 a 34,4 en 2018) gracias a crecimientos del 23,8% en 2015, 24,3% en 2016, 16,4% en 2017 y 15,8% el año pasado. "Contamos con una masa crítica asentada a nivel geográfico [el despacho tiene oficinas en Barcelona, Madrid y Valencia] y también por sectores que sigue creciendo", subraya Adolf Rousaud, su socio director, quien, asimismo, resalta la aportación que ha jugado la buena marcha de la economía y la incorporación de talento a la firma. Sin marcarse un objetivo concreto, RCD quiere seguir creciendo, pero siempre "con estabilidad, calidad y rentabilidad", porque "crecer por crecer no lleva a ninguna parte", advierte Rousaud.
(Cinco Días, 04-06-2019)

 
 
 
 
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