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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 6 DE JUNY DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 5 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de junio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 06-06-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/index.php?d=135&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 6 DE JUNY DE 2019

Fiscal

Hacienda promete una solución para las madres que reclamaron el IRPF de la maternidad antes de la sentencia
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que las 400 madres que reclamaron judicialmente la devolución del IRPF de la prestación por maternidad, antes de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró su exención, pueden estar "tranquilas" porque la Abogacía del Estado y los servicios jurídicos están trabajando y está "convencida" de que se encontrará una solución.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la apertura de una jornada sobre I+D+i, organizada por UGT-Madrid en el marco de los actos del 130 aniversario del sindicato, Montero ha asegurado que desde Hacienda trabajan "intensamente" para devolver el IRPF de las prestaciones de maternidad a estas 400 madres, a las que no les fue dada la razón por los tribunales, antes de que se pronunciara el Supremo y obligara a Hacienda a devolver la citada retención.

Montero ha afirmado que desde el Gobierno consideran que una vez que se ha concedido el derecho a la devolución del IRPF, tras la sentencia del Supremo que estableció la exención del impuesto, a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios que no estaban afectados por dicha sentencia, se están haciendo "todos los esfuerzos" con la Abogacía del Estado para intentar devolver los importes a aquellos que perdieron previamente la sentencia o no la recurrieron.

En esa "diatriba" se encuentran los servicios jurídicos, ha indicado Montero, quien se ha mostrado "convencida de que encontrarán una solución porque la voluntad política es decidida". En su opinión, no tiene "ningún sentido" que las personas que reclamaron previamente para obtener ese derecho, aunque algún tribunal fallara en contra, ahora que se concede globalmente, "justo a ellas no se les conceda".

La ministra les ha pedido que estén "tranquilas" porque explorarán "todos los mecanismos", ya que "es de justicia" la devolución que reclaman alrededor de 400 madres, aglutinadas en la Asociación de Afectadas por la No Devolución del IRPF de maternidad y paternidad.
(Expansión, 06-06-2019)

Bruselas saca a España del procedimiento de déficit excesivo
Tras una década de esfuerzo, España saldrá finalmente este mes del brazo corrector de la UE, aunque Bruselas seguirá vigilando muy de cerca el cumplimiento del ajuste estructural de las cuentas públicas, enfocado a la reducción del déficit y de la abultada deuda. Este miércoles, la Comisión Europea pidió formalmente cerrar el procedimiento de déficit excesivo en el que se encontraba España desde 2009, tras haber conseguido reducir el desvío fiscal del 11% del PIB de entonces al 2,5% el año pasado, medio punto por debajo del umbral máximo establecido por la UE.

Aun así, advierte de que existe “un riesgo de desviación significativa” de las cuentas de Pedro Sánchez, por lo que pide un ajuste estructural del 0,65% del PIB –equivalente a cerca de 8.000 millones de euros– para este año y el siguiente.

El Ejecutivo comunitario quiso felicitar a España y reconocerle el “largo y duro camino” emprendido en la última década que, a su juicio, ha dado sus frutos. España era el último país de la UE todavía sujeto a una vigilancia exhaustiva de sus cuentas por déficit excesivo, un proceso por el que pasaron la mayoría de Estados miembros durante la crisis.

La decisión deberá ser confirmada el próximo viernes 14 de junio en la reunión que mantendrán los ministros de Economía y Finanzas de la UE. La responsable en funciones de la cartera económica, Nadia Calviño, se mostró “satisfecha” con la decisión de la Comisión y confió en poder reducir este año el déficit al 2%, aunque Bruselas ya apuntó a inicios de mayo que prevé un desvío fiscal del 2,3% del PIB, en parte por el gasto incurrido en los viernes sociales, cuando se aprobaron los decretos de subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, o la ampliación del permiso de paternidad.

A pesar de que el Ejecutivo de la UE considera “verosímiles” las previsiones presupuestarias que le envió hace un mes el Ministerio de Economía, advierte de que existe un riesgo significativo de incumplimiento del déficit porque duda de las previsiones de ingresos del Gobierno. Y es que no solo ve “riesgos” en la capacidad recaudatoria de las arcas españolas, sino especialmente en la viabilidad de adoptar la batería de medidas fiscales de las que dependen esos ingresos suplementarios, como la subida del IRPF a las rentas más altas o la imposición de un tipo mínimo de Sociedades, así como la adopción de la tasa Google o la tasa Tobin. Aunque lo ve difícil, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, no descartó ayer volver a presentar los presupuestos de 2019, después de que ya fueran tumbados en febrero.

Para limitar el desvío de las cuentas públicas, la Comisión recomendó que el gasto público neto no crezca más de un 0,6% este año, para lo que reclamó un ajuste del 0,65% del PIB, lo que supone casi 8.000 millones de euros. Asimismo, llamó a destinar todos los “ingresos extraordinarios” a la reducción de la elevada deuda pública, que el Gobierno prevé que cierre en el 95,8% del PIB este año y en el 94% en 2020.

Además del importante endeudamiento, la Comisión instó al Gobierno a corregir otro de los “desequilibrios” que hacen más “vulnerable” a España: la precariedad del mercado laboral, que suma una elevada tasa de desempleo –de casi el 14%–, y “un muy alto porcentaje de trabajo a tiempo parcial involuntario, empleo temporal y trabajadores pobres”, que “impide que la productividad aumente más rápido” y obstaculiza el crecimiento y la cohesión social.

También volvió a poner el foco sobre el sistema de pensiones, al señalar que el alza de las prestaciones –tras su vinculación al IPC–, así como el aplazamiento hasta 2023 del factor de sostenibilidad –para ajustar el importe al aumento de la esperanza de vida–, requerirán de “medidas compensatorias”, ya sea del lado de los ingresos o del gasto, para asegurar su viabilidad a largo plazo. Además, añadió que la recuperación de la prestación por desempleo a los mayores de 52 años podría desincentivar a los trabajadores en esa franja de edad.
(El País, 06-06-2019)

La Generalitat publicará el nombre de sus morosos de más de un millón de euros
El Gobierno catalán ha decidido publicar su propia lista de morosos tributarios, que se ceñirá a aquellos contribuyentes que adeuden a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) más de un millón de euros. Lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia parlamentaria. La medida se integra dentro del plan de la Hacienda catalana contra el fraude para los próximos cuatro años y busca sobre todo fomentar “el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales”.

“El Gobierno será implacable contra el fraude fiscal”, señaló Aragonès en el Parlament, en un discurso en el que afirmó que aflorar el impago de impuestos “tiene más impacto” que la modificación de las figuras tributarias existentes. Fue una clara alusión a Catalunya en Comú, que barró la posibilidad de aprobar los Presupuestos de 2019 sus votos eran necesarios— con el argumento de que el Govern no le presentó una oferta para cambiar el tramo autonómico del impuesto autonómico o el impuesto de Sucesiones, de forma que se pudiera elevar la base de los ingresos tributarios.

Entre esas medidas de lucha contra el fraude para el periodo 2019-2022 figura la propuesta de publicar el nombre de aquellos contribuyentes que adeuden impuestos o sanciones a la ATC por una cuantía superior al millón de euros. Aragonès evitó hablar directamente de defraudadores, pero la medida va dirigida a ellos. Se pretende así “dar publicidad activa de las conductas tributarias socialmente más reprobables desde un punto de vista cuantitativo”, afirmaba un comunicado de la Generalitat, que revelaba la intención de ofrecer esos datos con el listado de la ATC a 31 de diciembre, a partir del cierre de este año. Curiosamente la medida choca con un aumento del cumplimiento voluntario, que habría pasado del 91,4% de 2015 a un 94% el año pasado.

El Departamento de Economía y Hacienda no desveló el número de posibles afectados por esa medida, únicamente que quedarán exentos de esa lista negra aquellos contribuyentes con deudas aplazadas o suspendidas. No hay datos sobre deudores en la memoria anual de la Agencia Tributaria, encargada de la inspección de 15 tributos propios y cedidos, entre los que se encuentran el de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales, que grava las compraventas de inmuebles de segunda mano, y el de bebidas azucaradas.

Aragonès explicó las líneas maestras del nuevo plan de lucha contra el fraude tras celebrar el “resultado significativo” del que rigió hasta 2018, en el curso del cual se habrían aflorado 740,5 millones de euros en un periodo de cuatro años. El consejero de Economía tuvo palabras para su predecesor en el cargo, Oriol Junqueras, de quien dijo que había impulsado aquel plan. “El dinero está mucho mejor en manos de los hospitales, de los servicios públicos de política social o de emergencias que no en los bolsillos de aquellos que ocultan sus obligaciones tributarias”, afirmó, rememorando una afirmación de Junqueras.

El diputado de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, aprovechó también para evocar la figura de Carles Puigdemont, presidente en el Govern de Junqueras, como impulsor del plan contra el fraude. Y el popular Santi Rodríguez enmendó a ambos, al recordar que el plan lo puso en marcha la Agencia Tributaria de Cataluña cuando el consejero de Economía era Andreu Mas-Colell. Es decir, cuando el president era Artur Mas. Junqueras asumió el cargo en 2016.

Los datos mostrados por la secretaria de Hacienda, quien compareció junto a Aragonès, muestran, sin embargo, como el descubrimiento de fraude fue menor en 2018 (183 millones de euros) que un año antes (196 millones) pese a que la ATC efectuó más actuaciones (57.869 contra 47.979). Las tareas de inspección son las responsables del afloramiento de 276 millones de euros.

El análisis realizado por la propia Generalitat considera que los últimos cuatro años se obtuvo un grado de cumplimiento del 85% o, lo que es lo mismo, la ejecución de 77 de las 88 medidas que contemplaba su programa de actuaciones. En los próximos cuatro años se prevé aumentar el control sobre sectores que la Hacienda catalana considera de riesgo, como el inmobiliario, el juego y las subastas.

Tanto la diputada socialista Alicia Romero como el ecosocialista David Cid preguntaron por una afirmación de Espasa, según la cual fallaba el intercambio de datos con la Agencia Tributaria estatal. “Queremos compartir de forma sistemática sus datos. Es un tema recurrente. Todas las comunidades autónomas lo piden para luchar contra el fraude”, respondió la secretaria de Hacienda, quien llegó a comparar el fraude aflorado en los últimos cuatro años con la brecha fiscal, la diferencia entre los ingresos de la Hacienda autonómica y lo que se hubiera podido recaudar sin fraude. En el último estudio, ese agujero ascendía a 790 millones anuales.
(La Vanguardia, 06-06-2019)

Laboral

CC.OO. edita una guía con los criterios para poner en práctica la subida del Salario Mínimo Interprofesional
CCOO ha lanzado la campaña "Que no te la jueguen" y pondrá a disposición de los trabajadores una web en la que introduciendo los diferentes epígrafes de la nómina podrán comprobar si se les ha aplicado correctamente la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019. Durante la presentación de la campaña el sindicato ha desgranado las cuestiones que hay que tener en cuenta sobre la aplicación del incremento del SMI:

- El real decreto de 21 de diciembre por el que se fija el SMI para 2019 establece que el salario mínimo legalmente garantizado se compone de la cuantía básica de 900 euros brutos al mes en 14 pagas, a la que hay que sumar los complementos salariales a los que se tenga derecho por convenio, pacto o contrato de trabajo.

- No se pueden incluir en la cuantía básica del SMI los complementos personales (antigüedad, idioma, títulos, etc.), los complementos por trabajo realizado (nocturnidad, turnos, domingos y festivos, etc.) ni los complementos asociados a los resultados de la empresa (productividad, bonus, etc.).

- También quedan al margen de la cuantía básica del SMI por su naturaleza extrasalarial la compensación de gastos de transporte, las dietas, las aportaciones a planes de pensiones o las indemnizaciones por traslado.

- Solo se consideran parte de la cuantía básica del SMI las pagas extras y otras pagas o complementos que perciba la totalidad de la plantilla sin estar supeditados a causa alguna, como es el caso de algunas empresas donde se cobran 15 o 16 pagas fijas anuales o donde existe un plus de convenio.

- En el SMI solo computa la retribución dineraria, no en especie.

- El SMI está referido a la jornada completa de trabajo establecida en convenio, pacto o contrato para cada actividad y, en su defecto, a la jornada máxima legal (40 horas semanales).

- Los convenios colectivos que contemplen retribuciones inferiores al SMI deben actualizarse.

- Las empresas en situación de inaplicación del convenio colectivo también están obligadas a pagar el SMI.

- La cuantía del SMI es inembargable, salvo que se trate de deudas sobre alimentos debidos al cónyuge o descendientes cuando su obligación nazca de la ley o de sentencias en procesos de nulidad, separación o divorcio.

- Los contratos a tiempo parcial, los contratos para la formación y el aprendizaje y los contratos en prácticas no pueden tener una retribución inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

- El cómputo diario del SMI de 30 euros no incluye la parte proporcional de los días de descanso que deberán abonarse igualmente.

- Para los temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan los 120 días, el real decreto establece un salario mínimo diario de 42,62 euros, que incorpora la prorrata de domingos, festivos y pagas extraordinarias, pero no las vacaciones.

- Para las empleadas del hogar familiar que prestan servicio por horas en régimen externo se especifica el valor mínimo de la hora de trabajo en 7,04 euros brutos por todos los conceptos retributivos (pagas extra, descansos, festivos y vacaciones).
(Cinco Días, 06-06-2019)

El Supremo fija en 12 días, y no en 20, la indemnización por cese de los eventuales
Los trabajadores eventuales de la Administración que finalizan contrato deben ser indemnizados con doce días por año trabajado, tal como prevé el Estatuto de los Trabajadores, y no con veinte. Esta compensación está reservada únicamente a los despidos objetivos.

El Supremo corta de raíz la aplicación que estaba haciendo algunos tribunales inferiores de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de septiembre de 2016 conocida como De Diego Porras I, concediendo a los trabajadores temporales mayor protección que la prevista en el Estatuto. En una reciente resolución de 14 de mayo (cuyo texto puede consultar aquí) mediante la que unifica doctrina, la Sala de lo Social del Alto Tribunal rechaza que los eventuales cesados tengan derecho a la misma compensación que un trabajador fijo despedido.

Como recuerdan los magistrados, el propio tribunal europeo ya ha tenido ocasión de matizar su doctrina y ha dictado distintas sentencias (como las del caso Montero Mateos y De Diego Porras II) en las que aclaran que la legislación laboral española no discrimina a los trabajadores temporales al prever una menor indemnización por fin de contrato.

La Sala revoca y anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía (cuyo texto puede consultar aquí) que reconocía veinte días por año trabajado a un operario de limpieza contratado como eventual por el Ayuntamiento de Marbella tras finalizar su relación laboral.

La sentencia es relevante porque es la primera vez que el Supremo se pronuncia acerca de la indemnización en la extinción de los contratos eventuales, por expiración de su término, declarando conforme a derecho y no discriminatoria, la indemnización prevista en el artículo 49.1. c) del Estatuto de los Trabajadores (12 días por año). García enfatiza que el Supremo "corrige así a la Sala de lo Social del TSJA que, junto con otras Salas de diferentes tribunales superiores, se habían pronunciado en el sentido de declarar discriminatoria dicha indemnización y, por tanto, aplicable la indemnización por despido objetivo del artículo 53.1.b del Estatuto (20 días por año).

La importancia práctica y la repercusión económica de esta resolución son evidentes, destaca el abogado, pues "al ser el contrato eventual el más utilizado de los contratos temporales, estos pronunciamientos de distintas Salas de tribunales superiores habían generado incertidumbre e inseguridad en muchas empresas, llegando algunas a dotar importantes provisiones económicas para afrontar la extinción de sus contratos eventuales". La sentencia, aclara, no está limitada a los empleados públicos, ya que puede aplicarse a cualquier trabajador con contrato eventual.

El trabajador, que se encontraba incluido en la bolsa de trabajo del ayuntamiento, fue llamado en diversas ocasiones para reforzar puntualmente el servicio de limpieza del municipio, suscribiendo sendos contratos de interinidad. La eventualidad del trabajo quedaba recogida en el propio contrato, en el que se explicaba que su función era la de atender a "exigencias circunstanciales del mercado", "acumulación de tareas" o "exceso de pedidos" del servicio con motivo de la Semana Santa, el inicio del periodo estival o las vacaciones del personal. El operario demandó al consistorio tras el cese del último contrato solicitando el reconocimiento de una indemnización por despido y no por fin de contrato. Según el trabajador, la relación laboral adolecía de fraude de ley dada la frecuencia con la que era llamado como temporal para trabajar en el servicio de recogida de basura. El juzgado de lo social rechazó su petición; pero el tribunal superior estimó parte de su demanda.

El tribunal andaluz, aplicando la doctrina del TJUE de la primera sentencia en el caso De Diego Porras, argumentó que no había razón objetiva alguna que justificara un trato desigual a efectos indemnizatorios respecto de los despidos de indefinidos. Eso sí, la resolución matizaba que el cese de los operarios había sido legal (fueron contratados para reforzar el servicio de limpieza en periodos de afluencia turística y por vacaciones de los titulares).

El Supremo revoca y anula esta resolución por no ser ajustada a derecho. Como argumenta, la ley es clara al respecto, y el artículo 49.1. c) del Estatuto de los Trabajadores prevé expresamente una indemnización de doce días para los temporales que finalicen contrato. Según recoge el fallo, el propio tribunal europeo ha confirmado en las sentencias citadas que esta disposición no es contraria a la Directiva 1999/70/CE sobre trabajo de duración determinada, en cuanto no supone una discriminación de los trabajadores temporales o interinos. El legislador ha optado por aplicar un régimen indemnizatorio distinto a modalidades de contratación diferentes, explican los magistrados.

Es más, apunta la Sala, la previsión legal que adjudica una compensación de doce días a los trabajadores temporales que finalicen su contrato no impide que estos sean indemnizados con veinte días por año trabajado si concurren las circunstancias previstas en el artículo 53.1.b del Estatuto, que regula el despido por causas objetivas. La ley prevé compensar en este caso el carácter imprevisto de la ruptura de la relación laboral, circunstancia que no se produce en el supuesto de la extinción por cumplimiento de término de un contrato eventual, explican los magistrados.

Esta misma lógica se aplica, ratifica el Supremo, respeto de la inexistencia de indemnización para el supuesto de contratos de interinidad, como el de sustitución. La sentencia De Diego Porras I, explican los magistrados, no ha creado un derecho nuevo para los trabajadores temporales de la Administración.
(El País, 06-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas bajan
El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 1.490 en el primer trimestre de este año, una cifra un 27,4% inferior a la del mismo período del año anterior y un 3,9% menos a la registrada en el último trimestre del año pasado, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el primer trimestre de 2019 se iniciaron un total de 14.669 ejecuciones hipotecarias, un 6,4% menos que en el trimestre anterior y un 2,1% más en tasa interanual. De ellas, 13.951 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 718 a fincas rústicas. Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas bajaron un 6,8% en relación al trimestre anterior, pero subieron un 2,1% respecto al primer trimestre de 2018. El INE recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

Dentro de las fincas urbanas, 7.340 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 2,2% más en tasa intertrimestral y un 8,3% más en términos interanuales y, de ellas, 2.018 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, un 5,6% menos que en el trimestre anterior y un número un 24,4% inferior a la del primer trimestre de 2018.

En lo que respecta a las viviendas de personas físicas, 1.490 son viviendas habituales de personas físicas y 528 no son residencia habitual de los propietarios. Por otra parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas totalizaron 5.322 entre enero y marzo, un 5,5% más que en el trimestre anterior y un 29,6% más que en el mismo periodo de 2018.
(Cinco Días, 06-06-2019)

La industria española pierde 6.766 millones anuales por las falsificaciones
El mercado de las falsificaciones sigue creciendo a pesar del esfuerzo por concienciar y de la lucha contra la piratería. En España, 11 sectores clave de la industria perdieron 6.766 millones de euros anuales entre 2012 y 2016, según las estimaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) publicadas en el Informe de situación de 2019 sobre la vulneración de los DPI. Esta cifra equivale al 10,6% de las ventas totales de todos ellos.

El sector de la confección, calzado y accesorios y el de los cosméticos y artículos de cuidado personal son los más afectados, con pérdidas por valor de 3.808 millones y 839 millones, respectivamente, que representan el 14,9% y el 14,1% del total de las ventas en cada uno de ellos.

Por cuantía les sigue el de los medicamentos, que pierde 853 millones al año, aunque esta cifra solo supone un 4,5% del total de la facturación. Superior es el impacto en smartphones (el 10% de las ventas, 386 millones, son productos falsificados) y el de los vinos y las bebidas espirituosas, donde las perdidas alcanzan los 438 millones, un 8,3% de la facturación total del sector.

Menos relevantes son las cifras de los otros seis sectores también analizados, como los juguetes, la joyería, los artículos deportivos, los bolsos de mano y maletas y los pesticidas: la cuantía resultante en todos ellos suma 442 millones al año.

En la Unión Europea, no obstante, el impacto total es inferior, ya que los productos no originales solo representan un 7,4% de la facturación de los 11 sectores clave. Las pérdidas para la industria alcanzan los 55.982 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la proporcionada hace un año. El textil y la cosmética son también los sectores en los que el impacto es mayor. Dejan de ingresar anualmente 28.419 millones y 7.053 millones, respectivamente, lo que representa un 9,7% y un 5,9% del total de sus ventas.
(Expansión, 06-06-2019)

El BCE avanzará hoy los detalles de los préstamos baratos
Las dudas económicas que reflejan el desplome de los intereses de la deuda, y tal y como señalan desde Natixis, el hecho de que "Europa esté en el medio de una guerra comercial" que enfrenta sobre todo a EEUU y China, han disparado las expectativas que genera la reunión de hoy del Banco Central Europeo.

Descartados para hoy cualquier cambio en los tipos de interés (0%) y en la facilidad de depósito (-0,40%), el principal foco de atención, en un principio, era conocer los detalles de las nuevas inyecciones de liquidez a los bancos. Su lanzamiento no está previsto hasta septiembre, pero si se cumplen todos los pronósticos, el BCE avanzará hoy los detalles de estos préstamos baratos.

El tercer programa de financiación a largo plazo para los bancos, denominado TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations), estará vigente desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2021, y limitará el vencimiento a dos años, frente a los cuatro del anterior programa.

Una de las principales incógnitas, los intereses aplicados, podría resolverse hoy. Los analistas contemplan intereses de hasta el -0,40%. Según los expertos de Credit Suisse, estas nuevas inyecciones de liquidez no cambiarán sustancialmente las perspectivas sobre los bancos europeos, pero sí seguirán beneficiando, sobre todo, a los bancos italianos y españoles. Entre estos últimos, la firma suiza señala a Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell.

Los TLTRO no son el único estímulo que baraja el BCE para los bancos. En la anterior reunión, según recogieron las actas, el banco central planteó la conveniencia de analizar si deberían mitigar los efectos colaterales de la facilidad de depósito.

Desde el año 2016 la institución monetaria aplica a los bancos un interés negativo del -0,40% por sus ahorros, un porcentaje que hace mella en las cuentas de la banca, presionada a su vez por las políticas de 'tipos cero'. En su última reunión, el propio BCE zanjó el debate sobre la conveniencia de ajustar la facilidad de depósito al concluir que las tasas negativas "todavía están contribuyendo" a aumentar la actividad crediticia.

El impacto que han tenido los últimos comentarios del presidente de la Reserva Federal de EEUU, mucho más proclives a una rebaja de tipos, ha aumentado las expectativas de que el BCE anuncie más medidas de lo esperado en su reunión de hoy, según recalcan los analistas de DZ Bank.

A cambio, otras firmas de inversión plantean que la próxima remodelación que sufrirá el BCE, con relevo incluido en su presidencia, podría aplacar la tentación de adoptar cambios significativos en la etapa final bajo el mandato de Mario Draghi.

El mercado no contemplaría con sorpresa un nuevo retraso en los plazos barajados por el BCE para subir los tipos de interés. La mayoría de las firmas sostiene que la institución monetaria ajustará su comunicado para aplazar una eventual subida de tipos desde finales de 2019, como sostuvo en la anterior reunión, al primer trimestre de 2020.

Este plazo tiene un carácter más simbólico que práctico, puesto que queda aún a años luz de las expectativas que baraja el mercado, y que no contemplan una subida de tipos al menos hasta finales de 2021 o comienzos de 2022. De hecho, en las últimas semanas ha cobrado fuerza el debate sobre la posibilidad de que el próximo movimiento del BCE sea una rebaja de los tipos, y no una subida.

Desde DZ Bank resaltan que el presidente de la Fed ya fue más contundente de lo esperado el pasado martes en sus mensajes 'bajistas' sobre los tipos de interés. El dato de inflación de la eurozona conocido esta semana mantiene vivo el debate sobre la necesidad de que el BCE sea más agresivo a la hora de lograr su objetivo de alcanzar una inflación próxima al 2%. En mayo el IPC bajó hasta el 1,2%, una décima menos de lo esperado, y la inflación subyacente se situó en el 0,8%.

Los analistas de Oxford Economics subrayan que estos niveles de inflación complican la normalización de la política monetaria que esperaba el BCE, y recuerda en este sentido que las expectativas de inflación que baraja el mercado se han desinflado hasta los niveles del año 2015, cuando el BCE decidió lanzar su multimillonario programa de compra de deuda (QE).
(Expansión, 06-06-2019)

La confianza del consumidor se estabiliza y cae una décima en mayo
La confianza del consumidor en España cayó una décima en mayo respecto al mes anterior y se situó en 96,9 puntos, según el último Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta estabilidad se debe a que el índice de situación actual crece 0,8 puntos, pero baja 1,1 puntos la valoración de las expectativas. Al seguir un mes más por debajo de los 100 puntos, se considera que la percepción de los consumidores españoles es negativa.

El índice de valoración de la situación actual alcanza en mayo los 89,3 puntos, con un aumento de 0,8 puntos con relación al obtenido el pasado mes de abril. Esta evolución del índice es el resultado de un comportamiento positivo de la valoración de la evolución general de la economía (+1,2 puntos) y de la valoración también positiva del mercado de trabajo (+1,5 puntos), mientras que la percepción de la situación de los hogares se mantiene casi estable con un pequeño descenso de 0,3 puntos.

En relación con los datos de mayo de 2018 la evolución es más heterogénea, negativa respecto a la situación económica y del empleo y positiva en relación a la situación de los hogares. La valoración de la situación económica del país es hoy 4,8 puntos inferior a la de hace un año, las opciones que ofrece el mercado de trabajo se valoran 3,6 puntos por debajo del valor de hace un año, mientras que la situación en los hogares mejora en 2,5 puntos en los últimos 12 meses.

Si se analiza la evolución en términos relativos las diferencias son muy similares: desde mayo de 2018 la valoración de la situación económica general desciende un 5,3%, la valoración de las posibilidades del mercado de trabajo ha bajado un 3,9%, mientras que la valoración respecto a la situación de los hogares aumenta un 2,7%.

El índice de expectativas llega en este mes a los 104,4 puntos, un descenso de 1,1 puntos, un 1% en porcentaje, respecto al mes precedente. La evolución de sus tres componentes es negativa y en cifras muy similares. Así, las expectativas sobre la situación futura de la economía descienden 0,9 puntos, mientras que las relativas al mercado de trabajo ofrecen una caída de 1,1 puntos y las expectativas respecto a la evolución de los hogares se sitúan en una pérdida de 1,2 puntos.

En términos interanuales, los datos de expectativas vuelven a mostrar una evolución negativa para la evolución de la economía, pero son ligeramente positivos en relación al empleo y claramente favorables respecto a la evolución de los hogares. Desde mayo del pasado año, las expectativas respecto a la situación económica del país han descendido en 3,6 puntos, mientras que las referidas al futuro del empleo crecen en 0,9 puntos. Por su parte, las expectativas de los hogares suben 3,6 puntos. En porcentaje, las expectativas respecto de la situación económica general caen un 3,4%, las referidas al empleo suben un 0,9% y las de los hogares aumentan un 3,4%.
(El Mundo, 06-06-2019)

 
 
 
 
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