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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 7 DE JUNY DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 23 de mayo de 2019
Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 23 de mayo de 2019.
(BOE, 07-06-2019)

Euro
Resolución de 6 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 6 de junio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 07-06-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/07/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/07/index.php?d=136&s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 7 DE JUNY DE 2019

Fiscal

La Airef pide un copago farmacéutico por nivel de renta
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto extender el modelo de subasta de fármacos de Andalucía, aunque con algunos cambios, a todo el territorio nacional. Según sus estimaciones, ahorraría hasta 1.000 millones de euros en gasto al Sistema Nacional de Salud (SNS) si se aplicara de forma extensiva en todas las comunidades autónomas y con una introducción no progresiva.

Así se recoge en su segundo Estudio de proceso de revisión del gasto, conocido como 'Spending Review', que ha realizado por primera vez en España un organismo independiente basándose en datos, la evidencia empírica y las experiencias más exitosas a nivel nacional e internacional. Este segundo proyecto se ha centrado en la evaluación del gasto público en recetas de oficinas de farmacia, y proponen varias medidas para mejorar la gobernanza, los procedimientos, la eficiencia y la equidad en el SNS.

La AIReF considera que el sistema 'andaluz' para la selección de fármacos es "más eficiente" que el modelo actual en el conjunto del Estado. Justifican que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ahorrado 560 millones de euros entre 2012 y 2017, lo que supone un 5,6% de los 10.020 millones de euros reportados por el SAS en ese período.

Esto, según sus análisis, no ha producido mayores problemas de falta de suministro de medicamentos. "Solo el 1,27% de los medicamentos con problemas están seleccionados mediante subastas: de un total de 600 fármacos, solo 8", determinan. Añaden que no hay diferencia entre las faltas de medicamentos dentro de las subastas que sujetos al modelo convencional.

El organismo también argumenta que este sistema de adjudicación tiene un impacto sobre los beneficios de las farmacias, pero solo entre aquellas que más facturan. "No ha habido más porcentaje de cierres de farmacias en Andalucía que en otras CCAA. Ha habido impacto sobre las farmacias grandes, no en las pequeñas", agregan.

En base a estas premisas, la AIReF apuesta por la implementación del modelo 'andaluz' aunque con modificaciones para "fomentar mayor competencia", como el de precio uniforme y única puja por postor. Su propuesta recoge igualmente la división de lotes, la duración de 2 años y la inclusión, de forma progresiva y en base a los resultados, de fármacos habituales en patologías leves o moderadas, aquellos con mayor gasto, los que hayan demostrado su utilidad en ahorro en Andalucía y los que no afecten a la industria nacional.

Si este modelo se implementara ya, con la entrada de todos esos medicamentos sin progresividad y en todas las CCAA al mismo tiempo, se ahorrarían 1.000 millones a las arcas públicas. En el caso de una introducción más gradual, sería de 187 millones en 2021 y 224 en 2022, de acuerdo con sus cálculos iniciales.
(Cinco Días, 07-06-2019)

La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la declaración de bienes en el extranjero
La Comisión Europea ha anunciado que llevará a España al Tribunal de Justicia Europeo por las "sanciones desproporcionadas" a los contribuyentes españoles que no notificaron en su momento la tenencia de activos en el extranjero a través del modelo 720.

La decisión de Bruselas llega cuatro años después de que incoara un procedimiento de infracción en noviembre de 2015 mediante una carta de emplazamiento, seguida de un dictamen motivado en 2017, que daba un plazo de dos meses al Gobierno, entonces dirigido por Mariano Rajoy. La Comisión ha optado por llevar a España ante la justicia europea al considerar que "aún no le ha dado cumplimiento".

La Comisión motiva su decisión en que la no presentación a Hacienda de esta información a tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional. Bruselas detalla que estas multas pueden incluso superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.

El llamado modelo 720, una de las medidas estrella aprobadas por el Ejecutivo de Rajoy contra el fraude fiscal, obliga desde 2013 a los contribuyentes con rentas o bienes en el exterior que superen los 50.000 euros a presentar una declaración informativa. En caso de no presentar esta declaración, teniendo obligación de hacerlo, supone una sanción de 5.000 euros por cada dato omitido con un mínimo de 10.000 euros.

Si bien, este régimen fiscal contempla una suerte de imprescriptibilidad fiscal. Así, si un contribuyente no declara sus bienes en el extranjero –o incluso si los declara fuera de plazo– la Agencia Tributaria imputará los bienes como una ganancia patrimonial no justificada en el último período entre los no prescritos e impondrá una sanción del 150%.
(Expansión, 07-06-2019)

Laboral

Europa examinará cómo aplica España los 90 días para medir si hay despido colectivo
Acudir al despido colectivo no es una opción para la empresa. Así, en el caso de que, como marca el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), se produzca un determinado número de ceses individuales (10 o más en compañías de 100 trabajadores; el 10% en las que tienen 100 y 300 empleados, o 30 despidos para las de más de 300) en un periodo de 90 días, esta deberá seguir obligatoriamente al procedimiento que establece la ley. De no hacerlo, los despidos serán declarados nulos.

Sin embargo, no está del todo claro que la fórmula que sigue la jurisprudencia española sobre cómo computar esos 90 días sea acorde a la Directiva europea 98/59, que armoniza las legislaciones de los Estados miembros en materia de despidos colectivos. De hecho, un juzgado de Barcelona, con el apoyo del ministerio fiscal, ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial que podría alterar el criterio aplicado en los últimos años.

Según ha establecido el Tribunal Supremo, la regla general es que el día del despido en cuestión señala el fin del plazo de 90 días. Es decir, la revisión del número de ceses para comprobar si se superan los umbrales deberá hacerse desde la mencionada fecha hacia atrás. Según el alto tribunal, el despido colectivo "no existe [...] hasta que el número de extinciones supera los límites del cálculo matemático que establece la norma".

Esta regla general, no obstante, cuenta con una excepción que pretende evitar el fraude del empresario que lleva a cabo un goteo de despidos diseminado en el tiempo para escapar del procedimiento. El último párrafo del artículo 51.1 del ET determina que si "en periodos sucesivos de 90 días y con el objeto de eludir" lo previsto para el cese colectivo, la compañía realiza nuevos despidos "sin que concurran causas nuevas" que lo justifiquen, estos serán declarados nulos y sin efecto.

Lo que cuestiona el juez de Barcelona es, precisamente, si la regla general establecida por el Supremo encaja con la directiva que fija, como criterio temporal, "un periodo de 90 días" (artículo 1.1.ii). "Lo cierto es que cuando en la directiva se fijan los periodos de referencia temporales no se indica en absoluto que el cómputo es en periodos sucesivos de 90 días; es decir, no distingue si debe contarse hacia detrás o hacia delante", expone el magistrado en el auto que contiene la cuestión prejudicial.

Según argumenta, la norma europea no obliga a que el cómputo sea el de los 90 días anteriores ni limita a la posibilidad de extenderlo a los posteriores a la existencia de fraude. Así, el criterio de la jurisprudencia española podría estar limitando de forma injustificada el derecho de participación y consulta de los representantes de los trabajadores.

Es más, el juez sugiere que "se puede apreciar cierto grado de arbitrariedad" en la interpretación seguida por el Supremo, porque, mientras al trabajador despedido en una determinada fecha no se le permitirá alegar extinciones contractuales posteriores (a efectos de obtener la calificación de colectivo), aquellos que hayan sido cesados más tarde sí podrán hacerlo.

El magistrado incluso va más allá y entiende que "nada se opone" no solo a valorar las extinciones anteriores o posteriores, sino también a que "pudiera tomarse dicho espacio temporal parcialmente para atrás y para adelante" (60 días antes y 30 posteriores al despido, por ejemplo).
(Cinco Días, 07-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Draghi alerta del daño de la guerra comercial y retrasa la subida de tipos hasta junio de 2020
El Consejo de Gobierno del BCE ha dado hoy una respuesta contundente al creciente desafío que supone la desaceleración económica y la tensión comercial, que amenaza con acelerar la llegada de una próxima recesión. La institución ha decidido retrasar hasta al menos el primer semestre de 2020 una posible subida de los tipos de interés en la zona euro, frente al horizonte anterior que marcaba finales de este año como fecha.

"El Consejo de Gobierno espera ahora que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles actuales al menos hasta el primer semestre de 2020 y en todo caso durante el tiempo necesario para asegurar la continuación de la convergencia sostenida de la inflación hacia niveles inferiores, aunque próximos, al 2% a medio plazo", señala la institución en el comunicado difundido hoy.

El BCE también ha insistido en que seguirá reinvirtiendo de forma íntegra la deuda en balance que vaya venciendo por un tiempo prolongado tras el inicio de la subida de tipos, lo que garantiza la continuidad de las compras de bonos más allá de 2020.

El BCE ya reaccionó el pasado marzo, cuando decidió retrasar la fecha para una posible subida de tipos a finales de este año como pronto, lo que vino acompañado de su significativo recorte en la previsión de crecimiento y del anuncio de una nueva ronda de liquidez condicionada a la concesión de crédito, la tercera, con la que garantizar la financiación de empresas y particulares en un momento de declive económico. Pero desde marzo, la inestabilidad generada por la tensión comercial se ha agravado, ante lo que el BCE ha dado un paso más allá al retrasar de nuevo el horizonte para un alza de tipos.

Draghi ha reconocido que, a pesar del buen dato de crecimiento del primer trimestre en la zona euro, la información más reciente muestra que la perspectiva económica se ha deteriorado y ha citado a factores geopolíticos y al proteccionismo comercial. Ha apuntado directamente a la incertidumbre que sufre en especial el sector manufacturero.

El BCE ha ajustado ligeramente las estimaciones de crecimiento para este año y los dos siguientes. Ahora prevé un alza del PIB en 2019 del 1,2%, frente al 1,1% de marzo; del 1,4% en 2020, desde el 1,6% anterior, y del 1,4% en 2021, frente al 1,5% pronosticado hace tres meses. También ha ajustado las previsiones de inflación, que suben una décima para este año, del 1,2% avanzado en marzo al 1,3%. El IPC estimado para 2020 es del 1,4%, una décima menos que en marzo, y el de 2021, del 1,6%, que se mantiene sin cambios.
(Expansión, 07-06-2019)

España cobra por primera vez en su historia por emitir los bonos a cinco años
El Tesoro Público ha captado este jueves 2.921 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho a un menor coste en las tres referencias. En concreto, ha profundizado en los tipos negativos de los bonos a tres años y ha entrado en terreno negativo en los bonos a cinco años, cobrando por primera vez en su historia por esta referencia, así como en las obligaciones indexadas con vencimiento en 2030.

La demanda de los inversores ha alcanzado los 7.766 millones de euros, lo que supone 2,6 veces más de lo finalmente adjudicado, en línea con el elevado interés que siguen mostrando los inversores por la deuda española en lo que va de año.

Las tasas negativas de interés coinciden con los nuevos mínimos registrados por el interés del bono español a 10 años y previo a la nueva reunión del Banco Central Europeo (BCE), que tendrá que lidiar en su encuentro con la atención de los mercados, que fijarán su mirada en las condiciones de la nueva ronda de operaciones de financiación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO-III).

Así, el organismo ha captado 1.335 millones de euros en bonos a tres años, frente a una demanda de 3.475 millones de euros, profundizando en el tipo de interés negativo al pasar del -0,240% de la subasta de referencia del 4 de abril al -0,357% registrado este jueves.

Asimismo, ha emitido 1.110 millones de euros, frente a una demanda de 2.835 millones de euros, en bonos a cinco años. En este caso el coste ha pasado a terreno negativo, situándose en el -0,090%, frente al tipo de interés marginal del 0,033% marcado en la última puja de este papel, celebrada el 23 de mayo.

Por último, en el caso de las obligaciones con vencimiento en 2030 ha captado 476 millones de euros, frente a una demanda de 1.456 millones de euros, y lo ha hecho también adentrándose en los tipos negativos al situarse en el -0,259%, cuando la referencia era el 0,126% de la subasta del pasado 7 de marzo.

Con la emisión de este jueves el Tesoro ha iniciado el calendario de subastas del mes de junio, que continuará el martes día 11 con una subasta de letras a 3 y 9 meses, el martes día 18, con otra de letras a 6 y 12 meses, y concluirá el jueves día 20 con una emisión de deuda a largo plazo.
(Expansión, 07-06-2019)

La CNMV instará a las empresas a detallar todos los pagos por cese a los consejeros
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está trabajando en la revisión de su Código de Buen Gobierno del año 2015 para realizar "cuatro o cinco" cambios de recomendaciones, de forma que instará a las empresas cotizadas a detallar todos los conceptos de pago, como la indemnización y las compensaciones por cese a los consejeros, entre otros puntos.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez, durante una jornada sobre buen gobierno corporativo, organizada por CEOE y Seeliger y Conde Amrop, en la que ha detallado que el organismo está llevando a cabo los trabajos de revisión sobre el Código de Buen Gobierno aprobado por la CNMV en el año 2015.

Martínez ha explicado que la revisión no será "en profundidad", sino que solo se procederá a mejorar algunos aspectos técnicos que tras cuatro años desde su aprobación pueden ser objeto de revisión entre el total de 65 recomendaciones que incluye el código.

En este sentido, ha indicado que el grado de cumplimiento de las recomendaciones de dicho código es "muy elevado", ya que alrededor del 90% de las sociedades cotizadas cumplen con la totalidad de las recomendaciones, en tanto que otro 7% las cumple parcialmente.

"Ha sido un éxito la aprobación del código y el seguimiento por parte de los emisores", ha celebrado Martínez, quien sin embargo ha apuntado que algunas recomendaciones son objeto de mejora técnica y de revisión.
(El País, 07-06-2019)

España suspende en I+D frente a la Unión Europea
España ha realizado unos pequeños avances en I+D, pero no suficientes para recuperar la posición previa a la crisis, algo que ya han hecho la mayoría de países de la Unión Europea, según el informe Cotec 2019. En el 2017, tras seis años de caídas, el esfuerzo en I+D ha aumentado una centésima, alcanzando el 1,2% del PIB en España, cuando el promedio europeo ha pasado del 2,04% al 2,07%.

En términos absolutos, la inversión en I+D+i en España ascendió a 14.052 millones en el año 2017 –último ejercicio del que se tienen datos cerrados–, lo que supone un 6% de subida con respecto al ejercicio anterior y crecer por tercer año consecutivo. Son ligeros avances, pero no suficientes para recuperar la posición previa a la crisis, algo que sí han hecho ya la mayoría de los países europeos, donde la apuesta de las empresas por la I+D es el doble que en España.

Ni el sector público, ni el privado reducen las diferencias con la UE, según revela el citado informe, que pone de manifiesto el “descuelgue” español frente a Europa y sobre todo respecto a los países que lideran este ámbito, como Alemania, Reino Unido o Francia. Además, entre los años 2009 y 2018, los presupuestos de la Administración General del Estado y los de las Comunidades Autónomas redujeron sus partidas destinadas a I+D.

En el 2017, realizaban actividades de I+D un total de 215.713 personas, de las que 133.195 eran investigadores en España. Son casi unos 6.500 investigadores más que hace un año. Ese año, las empresas españolas aumentaron su inversión en I+D hasta los 7.717 millones, lo que supone un 8,3% más que un año antes, pero cifra aún inferior a los 8.073 millones que se alcanzaron como récord en el 2008. En países como Japón, Corea del Sur o China, cerca de tres cuartas partes de la financiación de la I+D procede del sector privado.

Otro de los problemas que tiene la I+D en España es que de lo presupuestado luego no se gastan todas las partidas sobre todo en el ámbito público. En concreto, de los 4.200 millones de euros consignados como gasto financiero en el 2018, tan solo se ejecutaron 827 millones. Además, el informe de la Fundación Cotec recoge un dato relevante: en las comunidades autónomas se ha reducido un 42% el volumen realmente ejecutado desde el máximo precrisis.

La actividad en los centros públicos de investigación y en las universidades ha contribuido muy poco a la recuperación de la I+D en el 2017, según el estudio de Cotec, que apunta que el aumento de los recursos destinados a este campo en el ámbito público se ha mantenido por debajo del crecimiento de la economía.

Persisten además los desequilibrios “endémicos” en educación en España, donde la tasa de abandono escolar prematuro es muy elevada (la segunda más alta de la UE) y los niveles de formación están muy polarizados, con muchas personas muy bien formadas y muchas muy poco formadas, pero pocas con niveles intermedios. El alto número de graduados universitarios y de los que se inclinan además por las ciencias, la tecnología o las ingenierías podría garantizar en España la disponibilidad de líderes potenciales para la innovación, “pero desafortunadamente el mercado de trabajo español no está en disposición de absorber las cualificaciones de los titulados superiores”, concluye el estudio.
(El País, 07-06-2019)

El FMI acusa a Trump de “socavar” el sistema de comercio global
El Fondo Monetario Internacional (FMI) acusa a la Administración de Donald Trump de estar "socavando" el sistema de comercio internacional elevando los aranceles y adoptando otras medidas para restringir las importaciones. En lugar de levantar barreras, el organismo que dirige Christine Lagarde pide a Washington que "trabaje de una manera constructiva" con sus socios para resolver las distorsiones y evitar que la disputa lastre el crecimiento global.

“Es de vital importancia que las tensiones con China se resuelvan rápido”, urge el organismo en el examen anual de la economía de Estados Unidos. Las medidas arancelarias, insiste, son ineficaces al contener los déficits y serán dañinas tanto para la propia economía estadounidense como la mundial. En este sentido, pide que no se centre solo en un pacto bilateral y llegue a un acuerdo más amplio que refuerce el sistema global de intercambios.

Esta reflexión la recoge en el informe anual sobre la economía de EE UU -conocido en la jerga como capítulo IV-, que se publica en plena tensión con México, su principal socio comercial, por lo que no contempla aún la estimación de impacto. Tan solo se limita a señalar que la ratificación del acuerdo comercial norteamericano (el T-MEC, que ya ha sido enviado a los Parlamentos estadounidense, mexicano y canadiense, pero visto bueno final no será nada fácil en plena escalada entre los dos primeros países) contribuiría a aliviar la incertidumbre reinante.

Lagarde no ocultó el miércoles su "frustración" y afirmó que la extensión de la batalla arancelaria le crea “ansiedad” por el impacto que esta situación de tensión acumulada puede tener en la economía global en un momento de “fragilidad”. “Hay cosas que son necesarias resolver”, comentó refiriéndose a la compleja reforma de la Organización Mundial de Comercio (OMC), “pero no hiriendo a la economía”. “Ojo con lo que se hace con esta máquina del crecimiento que es el comercio”, comentó mirando a la reunión de los ministros de finanzas del G20.

El FMI proyecta un crecimiento para EE UU del 2,6% este año. Es tres décimas más de lo que anticipó en abril, porque el arranque de 2019 fue más robusto de lo anticipado. Pero se modera del 2,9% registrado en 2018 y bajará al 2% en 2020 -este último se eleva una décima respecto a los indicado hace dos meses. De ahí se estabilizará en el 1,6% los años sucesivos porque se pierde el sustento de los estímulos fiscales. La inflación se espera ronde el 2,1%.
(La Vanguardia, 07-06-2019)

Sector

Los expertos reconocen sus dificultades para digitalizar los juzgados
Los expertos en materia de implantación y desarrollo digital reconocen las dificultades que les plantea digitalizar la Administración de Justicia. Debido a ello, los letrados de la Administración de Justicia ofrecen su disposición y colaboración con los especialistas para su implantación y les piden que cuenten con su opinión. "Somos los principales usuarios", subrayan.

Los principales implicados en la transformación digital debatieron sobre la tecnología y la inteligencia artificial aplicada a este ámbito durante XXXIII Jornadas de la Fe Pública Judicial, en Madrid. "Lo que estamos observando es que las peticiones que nos hacen han cambiado", apuntó Eladio Alcázar, responsable del área de Justicia en Accenture. "Lo que antes nos suponía una implantación uniforme, ahora se ha convertido en un territorio con multitud de supuestos", añadió.

En este sentido, Alcázar destacó que "no es lo mismo lo que se nos pide desde los abogados, que fundamentalmente quieren herramientas que les permitan predecir el resultado de un procedimiento, que lo que se nos pide por parte de los jueces o los letrados de Justicia". En cualquier caso, las especificidades con las que cuentan a la hora de la implantación no terminan ahí. "Tampoco se puede construir un sistema para todas las jurisdicciones. Dentro de cada una, además, la aplicación concreta de cada caso también cambia radicalmente", explicó.

Por su parte, Manuel Sánchez, director del área de tecnología para el sector público de Fujitsu, reconoció que los sistemas de transcripción aún no pueden aplicarse al ámbito de la Justicia. "A día de hoy tiene unos grados de fiabilidad de entre el 60 por ciento y el 70 por ciento", aseguró. "Creo que esto no es suficiente para utilizarlo como un elemento de prueba. Todavía el grado de maduración para tener una automatización en esta materia va a llevar un tiempo", añadió.

Jaume Herráiz, letrado de la Administración de Justicia, destacó que la aplicación de la tecnología debe contar con la opinión de sus usuarios. "En este caso, somos nosotros los principales", apostilló. En este sentido, sostuvo que "si hay alguien que está plenamente implicado con las nuevas tecnologías somos nosotros, forma parte de nuestros genes". De este modo, aseguró que "la mejora de la Administración de Justicia y su eficacia viene determinada por disponer de unas buenas herramientas, ágiles y efectivas".

Herráiz señaló los problemas de interoperabilidad que presentan los distintos sistemas de gestión procesal de las comunidades autónomas. "Necesitamos uno común y tener una única herramienta", pidió. "Eso hay que solucionarlo, no es lógico que en España haya ocho o nueve aplicaciones distintas", concluyó.
(El Mundo, 07-06-2019)

 
 
 
 
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