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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 DE JUNY DE 2019

Laboral

Revisión salarial y la correspondiente tabla definitiva para el año 2018 del VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento
Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y la correspondiente tabla definitiva para el año 2018 del VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.
(BOE, 12-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 11 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de junio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-06-2019)


https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/index.php?d=140&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 12 DE JUNY DE 2019

Fiscal

La Agencia Tributaria completa la devolución a 8,1 millones de contribuyentes
La Agencia Tributaria ha devuelto ya 5.296 millones de euros a 8,1 millones de contribuyentes a falta de tres semanas para la conclusión de la Campaña de la Renta 2018, lo que supone un 7,2% más de importe devuelto respecto al año anterior y un 6,6% más de contribuyentes. En lo que va de campaña, que finaliza el próximo 1 de julio, ante Hacienda se han presentado en total 14 millones de declaraciones, un millón más que el año pasado (+8,4%), y ha han sido abonados un 77% de los reintegros solicitados hasta el momento y un 67,5% de los importes correspondientes.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha destacado en declaraciones a los medios la “mayor afluencia” de personas y la “buena noticia” que supone el importe de devolución para las economías domésticas, tras visitar la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.

En detalle, la aceleración en la presentación de declaraciones ha alcanzado tanto a la presentación de declaraciones con resultado a devolver (10,57 millones, el 7,9% más), como a aquellas con resultado a ingresar (2,95 millones, el 9,5% más), en un contexto de anticipación de servicios de asistencia, mejoras en ‘Renta Web’ y la positiva evolución de la app y el plan ‘Le llamamos’, según ha señalado la AEAT en una nota. El importe de las declaraciones con solicitud de devolución ha alcanzado los 7.848 millones de euros (+12,5%), mientras que el del as declaraciones a ingresar se sitúa en 3.885 millones (+20,1%).

Montero también ha avanzado que hasta este lunes más de 734.000 madres y padres han recibido la devolución del IRPF vinculadas con los permisos de maternidad y paternidad disfrutados entre 2014 y 2017, con un importe de devolución que supera los 960 millones de euros. En concreto, los contribuyentes con derecho a devolución han recibido 1.309 euros de media (2.066 euros de media en el caso de las madres y 483 euros en el de los padres).
(La Vanguardia, 12-06-2019)

El Tribunal Supremo obliga a que los recursos a Hacienda vuelvan a ser gratuitos
Los recursos presentados ante los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) dejarán de pagar costas como consecuencia de su anulación por el Tribunal Supremo, que ha anulado el artículo reglamentario que las regulaba, al considerar que en lugar de costas realmente se trata del cobro de tasas en un procedimiento que debe ser gratuito.

El ponente de la sentencia, el magistrado Montero Fernández, estima que el artículo 51.2 del Reglamento de revisión en vía administrativa, desde su reforma de 2017, cuantifica el importe de "de forma general y abstracta" desvinculándolo del procedimiento concreto en el que se producen los gastos a sufragar y prescindiendo de estos, puesto que desconectarse de los costes del procedimiento, "le hace perder su verdadera naturaleza".

La sentencia, concluye que "ya no podemos estar hablando de costas del procedimiento, sino, dependiendo de la perspectiva desde la que nos aproximemos, tal y como hacen las partes al examinar el artículo 51.2, cabe identificarlas como tasa, como medida sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento.

Es la propia parte recurrida la que en definitiva viene a negar a las costas del procedimiento su condición de tal, y aboga por que se considere que los artículos 245 de la Ley General Tributaria y 51.2 del Reglamento establecen "una prestación patrimonial de carácter público no tributario".

A este respecto, Esaú Alarcón, abogado de Gibernau Asesores, que ha ejercicio la dirección letrada en defensa del recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), considera que "el magistrado reconoce que las costas del procedimiento son los gastos que se relacionan inescindiblemente con el desarrollo del procedimiento y que se producen en su seno, normalmente necesarios para cumplir la finalidad que se le reserva a dicho procedimiento".

Por ello, estima que en este caso "dadas las características del procedimiento económico administrativo, estos pagos parecen circunscritos a los gastos en los que incurren los órganos económico-administrativos derivados del procedimiento tramitado".

El artículo anulado por el Alto Tribunal imponía que estas se cuantificaran en un porcentaje del 2 por ciento de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado.

En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se debían cuantificar en las cuantías mínimas referidas. Además, estas cuantías podían actualizarse por orden ministerial. En 2015, último ejercicio sobre el que Hacienda ha publicado su memoria, entraron en los tribunales económico-administrativos 136.000 reclamaciones.

Por otra parte, el Tribunal Económico Administrativo Central (Teac) tenía al finalizar el ejercicio de 2018, en torno a 10.000 millones de euros suspendidos en expedientes pendientes de resolución, un 1 por ciento del PIB, según anunció José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac), en una jornada organizada por Garrido Abogados.
(El Mundo, 12-06-2019)

Laboral

El coste por hora trabajada sube un 2,4%
El coste por hora trabajada se mantuvo estancado en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior. Esto ocurrió como consecuencia del mayor número de horas trabajadas debido a que la Semana Santa tuvo lugar este año en el segundo trimestre, mientras que en 2018 fue en el primero, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero precisamente por este motivo, se debe corregir este dato de los efectos estacionales y de calendario y, una vez depuradas estas cifras, el coste por hora trabajada volvió a experimentar una importante subida de nueve décimas en el primer trimestre del año, hasta sumar un avance del 2,4%. Con este repunte, se encadenan más de dos años (nueve trimestres) de tasas positivas en la serie corregida.

Dentro del coste laboral total, se incluye el coste salarial, que repuntó un 2,2% interanual en la serie corregida, mientras que los otros costes subieron un 2,9%. Por su parte, el coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, registró un crecimiento del 2,5% interanual en el primer trimestre de 2019. En la serie sin corregir, el coste salarial bajó un 0,3% en relación al primer trimestre de 2018, en tanto que los otros costes avanzaron un 1%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 0,3% interanual en el primer trimestre de este año.

En tasa trimestral (primer trimestre de 2019 sobre cuarto trimestre de 2018), el coste laboral por hora trabajada aumentó un 0,8% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, ampliando en cinco décimas el avance trimestral del período octubre-diciembre de 2018. Este resultado fue consecuencia de un incremento trimestral del coste salarial del 0,7%, inferior al que experimentaron los otros costes, que aumentaron un 1,2% entre enero y marzo en la serie corregida.

Sin tener en cuenta el ajuste estacional y de calendario, el coste laboral se desplomó un 11,1% entre enero y marzo de este año por el mayor peso de los pagas extraordinarias y atrasos en el cuarto trimestre de 2018 respecto al primer trimestre de este año. Este descenso trimestral se debe a la caída en un 13,7% del coste salarial, frente a un retroceso de los otros costes del 2,7%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, disminuyó un 5,6% en relación al cuarto trimestre de 2018.
(Expansión, 12-06-2019)

La Inspección de Trabajo ya ha abierto las primeras diligencias sancionadoras por el registro de jornada en hostelería y talleres de coches
El pasado 31 de mayo se produjeron actuaciones masivas de la Inspección de Trabajo en bares y restaurantes del barrio de Malasaña en Madrid a partir de las 21.30 horas. Estas visitas con consecuencias se han producido a pesar de que desde Trabajo se trasladó que se iba a conceder cierta moratoria, lo que se fio especialmente a que las empresas acreditaran que están negociando con los representantes de los trabajadores, cuestión más accesible para una gran empresa que para una pyme.

En el caso de que finalmente se imponga sanción, el Decreto de Trabajo, de 12 de marzo, ha establecido que será grave y entrañará una multa de entre 626 y 6.250 euros por centro de trabajo. Mucho mayores pueden ser las actas por incumplimiento de los límites de jornada y por el afloramiento de horas extra no pagadas ni declaradas.

Fuentes de CE Consulting Empresarial apuntaron que las firmas intentarán alegar que las horas extraordinarias no pagadas se trabajaron de forma voluntaria. Además, advirtieron, tal y como plantea el Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo validado ayer que sólo se podrá sancionar por el incumplimiento de los límites de la jornada al final del año, ya que las empresas podrán compensar los excesos con periodos de menos horas de trabajo.

"Hay muy pocas pymes que estén preparadas tecnológicamente para cumplir la nueva normativa", advierten desde la red, y consideran que en la nueva obligación laboral el Gobierno ha actuado con "precipitación legislativa, con poco tiempo para que las empresas se adapten, lo que provoca incertidumbre".

La Inspección de Trabajo sólo sancionará por los incumplimientos de la ley en materia de jornada laboral al final de cada año. Así se desprende del Criterio Técnico 101/2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada que ayer validó. En este documento, que fija criterios para las actuaciones inspectoras, se establece que la lectura que se haga del registro a la hora de determinar el posible incumplimiento de los límites de la jornada "deberá hacerse de forma integral".

Cuestión diferente son las sanciones por no tener implantado el registro, sobre las que ya se están levantado actas. Los incumplimientos de jornada son el segundo motivo de denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo, principalmente, el exceso de jornada, siendo además la primera de las cuestiones denunciadas por los trabajadores en materia de derechos laborales, según subraya el informe.

Sanciones por incumplimiento de jornada. El documento establece que la lectura que se haga del registro a la hora de determinar el posible incumplimiento de los límites de la jornada "deberá hacerse de forma integral considerando todas las posibilidades que permite el ordenamiento laboral". Es decir, que no podrá determinarse hasta el final del ejercicio si los excesos de jornada van a ser compensados con la realización de menos horas, como prevé la ley.

Sanciones por ausencia o incorrecta implementación del registro. El Criterio Técnico establece que cabe sancionar por incumplimiento de la obligación del registro desde que entró en vigor la norma el pasado 12 de mayo. En el caso de que no esté implantado, se valorará la existencia de una negociación con los representantes de los trabajadores bajo el principio de "buena fe". La Inspección ya ha levantado actas a pymes de los sectores de hostelería y talleres por no haber implantado el registro de jornada. Las pequeñas empresas tienen más dificultades para materializar esta negociación al no tener en ocasiones representantes de los trabajadores.

La Inspección insta a tener en cuenta el resto de circunstancias de cada caso, ya que "el registro de jornada no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento para el control de la normativa". De esta forma, si la empresa no lleva el registro, pero el inspector tiene la certeza de que se cumple la normativa y no se realizan horas extraordinarias, se podría sustituir el inicio del proceso sancionador por un requerimiento para que se cumpla con la obligación de tener registrada la jornada de trabajo diaria.

El registro deberá ser diario y no serán aceptados como tal ni la exhibición del horario general de aplicación en la empresa ni el calendario laboral ni los cuadrantes por períodos, puesto que sirven ex ante para determinar la previsión de trabajo, pero no las horas efectivamente trabajadas, que sólo se conocerán ex post como consecuencia de la llevanza del registro.
(Expansión, 12-06-2019)

Los empleados públicos recibirán la subida de sueldo adicional del 0,25% en su nómina de julio
El Ministerio de Hacienda ha confirmado hoy que los empleados públicos recibirán, en su nómina del próximo mes de julio, una subida salarial adicional del 0,25%, que estaba ligada a que el PIB de 2018 avanzara un 2,5% o más, tal y como pactó el anterior Gobierno del PP con los sindicatos.

El INE ya avanzó que la economía española creció un 2,6% el pasado año, con lo que se debía activar la citada subida adicional del 0,25%. Si bien, desde el Ministerio de Función Pública habían dicho hasta ahora que esperarían a que ese dato fuera definitivo a finales de junio. Pero, según este calendario, los empleados públicos no podrían cobrarlo en julio, ya que para el día que el INE confirmara el PIB de 2018 ya estarían cerradas las nóminas.

Por ello, desde Hacienda ya se han puesto en contacto con el INE, que les ha confirmado el avance del 2,6% del PIB, con lo que, una vez que el departamento que dirige María Jesús Montero, ha dado su actualización, desde Función Pública se dispondrán a dar las instrucciones necesarias a los habilitados que se encargan de abonar las nóminas para que incluyan el 0,25% adicional.

Esta nueva cantidad se añadirá a la subida de sueldos del 2,25% que experimentaron todos los empleados públicos desde el pasado enero, tal y como estaba recogido en el pacto entre el Gobierno y los sindicatos de la función pública.

Asimismo, el Gobierno ha autorizado también este lunes el abono de una paga única adicional de 280 euros para las aproximadamente 40.000 personas que son personal laboral en la Administración General del Estado, en cumplimiento también del pacto salarial.
(El País, 12-06-2019)

La Seguridad Social ha perdido 100.000 millones desde 2010
El Tribunal de Cuentas empeora su diagnóstico sobre la situación del sistema de la Seguridad Social y certifica que se encuentra ya en su conjunto con “patrimonio neto negativo” -es decir, en quiebra técnica- tras registrar 100.000 millones de pérdidas acumuladas desde 2010, según el informe que acaba de remitir al Congreso de los Diputados. Se trata de la fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2017, pero anticipa que la situación no ha mejorado en 2018.

Al existir garantía del Estado, la quiebra del sistema no tiene las implicaciones de una empresa privada, pero el Tribunal de Cuentas reclama medidas a los partidos políticos. La situación que describe el informe, aprobado el pasado 30 de mayo por el Tribunal de Cuentas y al que ha tenido acceso este diario, es más desoladora que en el año anterior y extiende el patrimonio neto negativo a todo el conjunto del sistema y con cifras multimillonarias. “El balance de la Seguridad Social recoge, a 31 de diciembre de 2017, un patrimonio neto negativo de 13.720,6 millones de euros con origen en las operaciones de gestión ordinaria”, afirma el informe de este organismo fiscalizador que preside María José de la Fuente.

El documento empeora el de 2016 en que el patrimonio negativo de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) fue de 176 millones de euros, pero el organismo matizaba que “en el conjunto del sistema de la Seguridad Social esta magnitud es positiva, por 4.730,4 millones, ya que las mutuas cuentan con un patrimonio neto positivo, de 4.906,4 millones”.

Las mutuas siguen presentando un superávit similar, pero incapaz de equilibrar los 18.538,7 millones de agujero de la Tesorería, con lo que el resultado global son los citados números rojos de 13.720,6 millones. Una empresa privada no podría seguir operando con este agujero y tendría que declarar la quiebra e iniciar su disolución, pero al ser un sistema público no rige la legislación mercantil.

De hecho, el Interventor general de la Seguridad Social, Manuel Rodríguez, no niega en sus alegaciones al Tribunal de Cuentas la existencia del patrimonio neto negativo, pero señala que “conviene destacar que la trascendencia en el ámbito de la Seguridad Social de un patrimonio neto negativo no es comparable al ámbito de entidades privadas donde la garantía del Estado no se encuentra presente”.

El Tribunal de Cuentas atribuye el agujero a que acumula ya más de 100.000 millones de pérdidas desde 2010, si se añade el déficit de 2018. El secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, Octavio Granado, cuantificó el pasado marzo en 32.000 millones el patrimonio neto negativo del pasado año. Si el organismo fiscalizador lo confirma en su futuro informe sobre 2018, el diagnóstico será más duro aún.
(El Mundo, 12-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El patrimonio financiero de las familias cae por primera vez desde la crisis
El continuo desapalancamiento de la deuda hipotecaria de las familias no ha sido suficiente para compensar la pérdida de valor de los activos en cartera, fruto de las tensiones en los mercados financieros durante los últimos meses del año pasado.

En 2018, la riqueza financiera neta de las familias españolas alcanzó en 187% de su renta bruta disponible (en adelante RBD), casi 12 puntos porcentuales por debajo a la registrada un año antes. Se trata del primer descenso en ocho años y su nivel más bajo desde 2014 (cuando se situó en el 181%), según remarca un informe del Banco de España publicado este martes sobre la evolución de los flujos y balances financieros de los hogares.

Tal y como detalla el organismo regulador, el patrimonio financiero bruto de las familias alcanzó el pasado año el 293% de la RBD (14 puntos menos que en 2017) y se redujo principalmente por las caídas de la Bolsa y el descenso de la rentabilidad de los fondos de inversión. Una evolución que se explica por la política monetaria adoptada por la Reserva Federal de Estados Unidos, menos acomodaticia de lo esperado, la publicación de datos macroeconómicos a nivel mundial algo decepcionantes, y el pesimismo en cuanto a la resolución de la guerra comercial entre la Administración Trump y China. Con todo, el mantenimiento del tono ultralaxo de la mayoría de bancos centrales desde principios de año, así como algunas buenas sorpresas en torno a los beneficios empresariales han permitido durante este 2019 revertir parte del deterioro, con el Ibex ganando un 9% desde el arranque del ejercicio.

A pesar de la depreciación de los activos cotizados, el Banco de España remarca que la inversión en activos financieros de los hogares aumentó en 2018, materializándose en forma del activo más conservador, los depósitos bancarios, que registraron un fuerte repunte respecto al año anterior, mientras que las adquisiciones netas de fondos de inversión registraron su nivel más bajo desde 2012.

Así, por componentes, el grueso de la riqueza financiera bruta se encontraba en 2018 en forma de depósitos bancarios (que suponen el 113% de la RBD, un punto porcentual más en el año anterior), acciones y participaciones (el equivalente al 74%, 11 puntos menos), seguros (49%, un punto menos), fondos de inversión (42%, 2 menos), efectivo (7%, 1 menos), renta fija (2,3%, 0,3 menos) y otros activos (7%, uno menos).

A lo largo del año pasado, la deuda de los hogares con los bancos continuó reduciéndose, hasta llegar al 59% del PIB (frente al 85% de 2010, máximo histórico). Sobre su renta bruta disponible, el conjunto de los pasivos financieros alcanzó el 107% (dos puntos menos que en 2017). El descenso del endeudamiento para adquisición de una vivienda, que supone el grueso del pasivo de las familias (hasta el 71% de la RBD, tres puntos menos que en 2017), compensó el aumento del crédito al consumo (25% de la RBD, 0,2 puntos más) así como de otros pasivos (10,7%, 0,9 puntos más).

Así, por primera vez desde 2011, los hogares recibieron más financiación por parte de los bancos, vía crédito al consumo, de la que devolvieron en el proceso de desapalancamiento del saldo hipotecario, lo que resultó en una financiación bancaria neta positiva.
(Cinco Días, 12-06-2019)

Trump ataca al euro y agita el miedo tras delirar con una guerra de divisas
El presidente de EEUU, Donald Trump, agita el miedo a una ofensiva global con una guerra de divisas a través de su medio favorito, Twitter. El mandatario ataca al euro y denuncia que la moneda europea y otras divisas están devaluadas frente al dólar para perjudicar a EEUU. Trump ha vuelto a atizar a la Reserva Federal por mantener un dólar fuerte con los tipos de interés altos y su estrategia de reducir el balance de activos.

Un artículo de Bloomberg sobre el aluvión de turistas que espera Europa en la campaña de verano ha desatado la furia de Trump. El presidente de EEUU ha compartido su reflexión a través de red social favorita y ha señalado que los problemas de sobrecapacidad del turismo europeo se deben a un euro manipulado a la baja. "Esto se debe a que el euro y otras monedas están devaluadas contra el dólar, lo que pone a Estados Unidos en una gran desventaja", ha afirmado.

Trump vuelve a agitar el miedo a desencadenar una guerra de divisas, en mitad de la ofensiva comercial contra China en la que está inmersa EEUU. No es nada nueva la queja de Trump sobre lo sobrevalorado que está el dólar y lo perjudicial que es para el país. Pero la amenaza toma forma y cuerpo, teniendo en cuenta que hace un par semanas desde el Departamento de Comercio se estaba estudiando la manera de establecer un régimen de sanciones con aranceles adicionales a los países que devaluaran sus monedas.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, en un comunicado confirmó este extremo afirmando que esta medida "es un aviso para los productores extranjeros si perjudican a la industria de EEUU con subsidios monetarios". Mientras el Departamento del Tesoro está monitorizando las oscilaciones de las monedas de sus socios comerciales para detectar posibles manipulaciones y de esta manera establecer aranceles compensatorios a los productos importados de los países que presuntamente devalúan sus monedas.

Ross defendió que el objetivo es proteger a los trabajadores, agricultores y empresas estadounidenses "de las exportaciones subvencionadas injustamente" de otros países. Una de las principales obsesiones de Trump es el déficit comercial que tiene EEUU con sus socios comerciales y principalmente culpa al precio de dólar de esta situación. En pleno pulso con China y con la amenaza de poner aranceles a todos los productos de China, ahora el magnate vuelve a uno de sus recurrentes mantras. El dólar está caro por la manipulación del resto de países.
(El País, 12-06-2019)

Sector

La notificación de Lexnet es válida, aunque no haya aviso en el email
Los profesionales de la justicia no pueden ampararse en la confianza de que la Administración de Justicia les avise de las notificaciones de Lexnet. Así lo determina el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla León en una sentencia en la que considera que el incumplimiento del órgano judicial de informar sobre la emisión de la resolución a la dirección de correo electrónico del demandante “no afecta a la validez de la notificación”.

Según el relato de los hechos probados, el órgano judicial mandó una notificación de emisión de sentencia al buzón de Lexnet del demandante, un graduado social. No obstante, al no recibir este último un aviso en su correo de que había recibido dicha notificación, no abrió el buzón y, en consecuencia, no pudo presentar el recurso contra el fallo en el plazo establecido por ley (que en este caso era de cinco días hábiles).

En su sentencia, el TSJ rechaza que el aviso de puesta a disposición de la sentencia tenga naturaleza de notificación, “sino de mero anuncio”. Asimismo, recuerda que el demandante, en su función de profesional de la justicia, “pasa a estar obligado a la apertura diaria de su buzón”. Esta exigencia, subraya, no es una carga desproporcionada, sino que forma parte de la diligencia profesional debida y es “la consecuencia natural del ejercicio de una actividad profesional continuada”.

Los magistrados consideran que el demandante “no acreditó una imposibilidad técnica de acceso al buzón” entre el momento en el que la sentencia se puso a disposición en Lexnet y la fecha en la que abrió y aceptó la notificación, quince días después. Además, rechazan el argumento sobre los fallos informáticos que el sistema sufrió en esas fechas, dificultando el acceso del graduado al buzón. En este caso, matizan los magistrados, “tampoco consta que existiera dificultad técnica de ningún tipo”.

Por último, recuerdan que la ley sobre tecnologías de información en Justicia establece que los profesionales “tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos”.
(Cinco Días, 12-06-2019)

 
 
 
 
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