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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 14 DE JUNY DE 2019

Fiscal

Suspensión del procedimiento para la aplicación de la exención en el pago de aranceles registrales, en virtud de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se acuerda la suspensión de la Resolución de 5 de abril de 2019, por la que se establece el procedimiento para la aplicación de la exención en el pago de aranceles registrales, en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
(BOE, 14-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 6 de junio de 2019
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 6 de junio de 2019.
(BOE, 14-06-2019)

Euro
Resolución de 13 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de junio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 14-06-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/index.php?d=142&s=3

RECULL DE PREMSA DEL 14 DE JUNY DE 2019

Fiscal

Las renuncias a herencias no paran de crecer
El año pasado los españoles desistieron de recibir 46.679 herencias, un 8,6% más que un año antes, según los datos del Consejo General del Notariado, que apunta que desde 2007, año en el que arrancó esta estadística, la cifra de desistimientos se ha multiplicado por cuatro y bate año a año récords. La información que aportan los notarios no da pistas de los motivos que llevan a los españoles a desistir de heredar el patrimonio de sus familiares tras su fallecimiento.

Sin embargo, los expertos consideran que detrás de estas decisiones están las deudas, en su mayoría hipotecarias, que pesan sobre los bienes inmuebles y la imposibilidad de hacer frente a la factura fiscal. Y es que las propiedades inmobiliarias siguen concentrando la gran mayoría del patrimonio de los hogares y los estragos de la crisis económica todavía se dejan sentir, pudiendo producirse el caso de que el valor de la deuda contraída sea mayor que el del activo. Así, en el cómputo nacional son rechazadas ya una de cada diez herencias.

La celebración de las elecciones generales, autonómicas y municipales este año ha vuelto a poner en el foco de los partidos políticos el impuesto de sucesiones y donaciones y las bonificaciones, mayores o menores, que tienen algunas comunidades autónomas. Formaciones como el Partido Popular, Ciudadanos y Vox acudieron a las urnas con la promesa de abolir este tributo en las comunidades en las que gobernaran. Un impuesto que en el conjunto de autonomías recaudó 2.573 millones de euros en el ejercicio 2017.

Asturias fue la comunidad donde más creció la renuncia a herencias el año pasado, un 28,6% más que en 2017, y ello a pesar de que el ejercicio anterior el Ejecutivo regional elevó el mínimo exento de tributación a 300.000 euros para hijos, cónyuges y padres. Tras ella se sitúan Castilla-La Mancha, con un aumento del 25,4% en el rechazo de legados, Galicia (17,5%) y Cantabria, con un repunte del 16,4% frente al ejercicio previo.

En el lado opuesto, Navarra, Aragón y País Vasco registraron una reducción en el número de desistimientos. Se trata de las tres comunidades autónomas donde además la cifra de renuncias ha experimentado un menor crecimiento en los últimos 11 años, frente a Murcia, donde se ha disparado un 555% o Andalucía, con un 521%.

En el caso andaluz, la estadística previsiblemente registrará un cambio de tendencia a partir de este año después de que el nuevo Gobierno de coalición formado por PP, Cs y Vox acordara bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para padres, hijos, cónyuges y nietos. Se trata de una de las medidas estrella del Ejecutivo andaluz que, según sus datos, supondrá un ahorro para 10.000 contribuyentes. Esa previsible reducción no se ha reflejado en Murcia, donde en 2018 el Gobierno del PP aprobó bonificar este tributo al 99%. Pese a ello, el 15,4% de las herencias de la región fueron rechazadas.
(Cinco Días, 14-06-2019)

Foment del Treball pide a la Generalitat rebajar el IRPF y al Estado suprimir patrimonio
La patronal Foment de Treball ha pedido a la Generalitat que rebaje los tipos del IRPF para equiparar la tributación en Catalunya a la existe en Madrid y al Estado central la supresión del impuesto de patrimonio. En un informe elaborado por la institución se propone tanto una reducción del tipo mínimo de la renta como el máximo. Como el IRPF es un impuesto compuesto en el caso de que se diera esa reducción, los más beneficiados serían los contribuyentes con más ingresos puesto que disfrutarían de doble rebaja.

En concreto, la propuesta es que el tipo marginal más bajo pasará del 21,5% actual al 18,5% mientras que el más alto se reduciría del 48% al 43,5%. El secretario general adjunto de la patronal, Salvador Guillermo, ha explicado esta mañana de manera gráfica que el objetivo es que “los ricos paguen como los ricos de Madrid y los contribuyentes pobres como los pobres de Madrid”. En relación con patrimonio, Foment aseguró que el impuesto “disuade y distorsiona la actividad económica y su efecto redistributivo es menor”.

El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, situó como la primera y más importante medida la reducción de la economía sumergida que algunos estudios sitúan en el 25% del PIB. El presidente pidió a la Generalitat un plan a cuatro años para reducir esa economía sumergida en 10 puntos. “Se podrían llegar a recaudar 40.000 millones más”, ha calculado Sánchez Llibre.

Para atraer talento extranjero, la patronal propuso también una fiscalidad similar a la que se da en Portugal donde pagan menos impuestos durante un periodo temporal. La propuesta es que esa fiscalidad blanda para los extranjeros se prolongue durante 10 años.
(La Vanguardia, 14-06-2019)

Laboral

La banca española ha sido la que más empleo ha destruido en Europa durante la crisis
De 2008 a 2018, una de cada cuatro salidas de profesionales del sector financiero se ha producido en España, según datos del BCE. Como consecuencia del rescate de las cajas de ahorros y del ajuste de la red de sucursales, el sector ha periodo 97.442 puestos de trabajo. La plantilla total se ha reducido de 276.497 a 179.055 empleados. Sólo el año pasado salieron 3.998 trabajadores.

En la última década, el número de empleados ha encogido un 37%, frente al 17,65% de la media europea. En Alemania, el ajuste ha sido del 18%. Una parte muy importante de las salidas se han producido por la vía de las prejubilaciones y de las bajas incentivadas, con condiciones más o menos generosas, dependiendo del caso.

El mayor ajuste de la crisis, con diferencia, lo acometió Bankia tras recibir 22.424 millones en dinero público a finales de 2012. Salieron de la entidad 6.000 empleados, 4.500 de ellos a través de un expediente de regulación de empleo (ERE). Como consecuencia de la absorción de BMN, en 2018 salieron 2.000 personas más. Durante la crisis, España ha cerrado 19.899 sucursales, a un ritmo de cinco al día. Esta cifra representa el 39% del ajuste de red que se ha hecho en toda Europa.
(Expansión, 14-06-2019)

La Inspección anticipa multas muy elevadas por horas extra no declaradas
Las sanciones por no implantar el registro horario, de hasta 6.250 euros, serán "insignificantes" para muchos, pero las actas por las horas extra van a ser muy voluminosas. "Las actas de liquidación de horas extra no declaradas van a ser muy importantes". Así lo advirtió ayer Mario Gil Villanueva, inspector de Trabajo y Seguridad Social, en la jornada Tempo RRHH Desconexión digital vs. registro horario que organizaron Lefebvre y Auren. Gil consideró que las sanciones económicas por no haber implantado el registro horario o no haberlo hecho de forma adecuada, de hasta 6.250 euros por centro de trabajo al año, serán "insignificantes" para muchas empresas, pero, en cambio, las actas de liquidación van a ser muy voluminosas.

Cabe recordar que, en España, cada semana de 2018 se realizaron una media de 6,5 millones de horas extraordinarias, de las que 3,6 millones no fueron abonadas ni cotizadas en la Seguridad Social, según el INE (ver gráfico adjunto). Si tenemos en cuenta que las horas extras tienen una cotización idéntica que las ordinarias, la estimación de ingresos por las horas que afloren que maneja Trabajo es de cerca de 500 millones de euros.

Este inspector, que pertenece al Sindicato de Inspectores de trabajo y de la Seguridad Social, el mayoritario, integrado en la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), reconoció, a título personal, el impacto social de la medida, pero consideró que en los últimos tres meses el Gobierno ha cambiado el Derecho Laboral "como si el mundo se fuera a acabar", para lo que a su juicio "no había urgente necesidad".

Para Gil, en la Guía que publicó Trabajo para intentar aclarar el alud de dudas que tienen las empresas, que le ha dejado "insatisfecho", se dice con claridad que sólo quedan exentos de la obligación de registrar la jornada las cooperativas y la alta dirección, pero sí que están obligados en cambio los abogados (ver información adjunta). Por último, consideró que va a ser de gran complejidad la regulación en cada empresa de si deben registrarse las pausas de bocadillo o para fumar. "La labor de los sindicatos va a ser fundamental", señaló.

En este sentido, Omar Molina, director de Laboral en Duran Sindreu, aconsejó a las empresas pactar cómo computan estas pausas una vez analizado el convenio y la costumbre empresarial. En el Criterio Técnico que publicó el lunes la Inspección, se establece que "no se exige expresamente el registro de las interrupciones o pausas entre el inicio y la finalización de la jornada diaria, que no tengan carácter de tiempo de trabajo efectivo".

Molina detalló que en los casos de exceso de jornada porque al trabajador le conviene llegar antes del inicio oficial o permanecer más tiempo en su puesto de trabajo cuando ésta acaba, se está desarrollando un modelo de autorizaciones de la empresa. Pero si ésta lo autoriza, es exceso de jornada. Algunas compañías están acordando compensar excesos con descanso al final del año -la legislación permite hacerlo en un máximo de cuatro meses- o incluso, en el primer trimestre del año siguiente.

Este abogado planteó si el tiempo que un trabajador está conectado es tiempo efectivo de trabajo. Y Juan Chozas, of counsel de Laboral de Auren, exdirector de RRHH de Bankia y, que estuvo al frente de la Secretaría General de Empleo, se preguntó por el encaje de la flexibilidad en este escenario de control.
(Expansión, 14-06-2019)

Gobierno y sindicatos de funcionarios firman hoy la subida salarial adicional del 0,25% para julio
El Gobierno y los sindicatos de Función Pública se reunirán esta mañana, a las 10.00 horas para firmar la subida adicional del 0,25% ligada al PIB del salario de los empleados públicos, que se reflejará en la nómina del mes de julio, según ha anunciado el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funciones (CSIF), Miguel Borra, este jueves.

Asimismo, el presidente del sindicato ha señalado que en la reunión también se explicará cómo se va a hacer efectiva esta subida del 0,25% adicional por el comportamiento del PIB, ya que el Ejecutivo todavía no tiene claro si será necesario realizar esta subida vía decreto, o no.

"Gracias a la insistencia de este sindicato se ha podido hacer efectiva esta subida y se consiguió también que la anterior subida del 2,25% se hiciese vía decreto y no vía Presupuestos, porque si no, todavía estaríamos esperando", ha señalado Borra en un encuentro con los medios.

En concreto, Función Pública ha convocado a los sindicatos a una reunión este viernes de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo de mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, suscrito el pasado 9 de marzo de 2019, con la comunicación del dato de crecimiento del PIB como único punto del día, según han informado fuentes sindicales.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, avanzó el pasado martes que está previsto incluir en las nóminas de julio de los empleados públicos la subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB y establecida en el acuerdo con los sindicatos. Según datos de CC.OO., la subida adicional del 0,25% en la Administración Local supondrá para el personal administrativo o policías que estén en el Grupo C, entre 70 y 75 euros más de salario por año completo, mientras que para el personal técnico superior del grupo A el incremento se elevará a unos 150 euros anuales.

En cuanto a los empleados públicos de Sanidad, la subida salarial adicional del 0,25% supondrá unos 58,78 euros anuales para el grupo A y unos 31,3 euros para el grupo E, calcula CC.OO. UGT estima que el alza adicional del 0,25% ligado al PIB para todos los empleados públicos de todas las administraciones rondará los 280 millones de euros.

Según Montero, en Hacienda creen que se podrá abonar la subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB en las nóminas de julio, y dijo que espera que no haya "ningún inconveniente" para que pueda ser así. Dado que el INE confirmó en marzo que la economía española creció un 2,6% el ejercicio pasado, los funcionarios verán incrementada su subida salarial en otro 0,25%, ya que el acuerdo suscrito con los funcionarios por el Gobierno y consensuado previamente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy establecía dicho aumento en caso de que la economía española creciese por encima del 2,5%.

Este nuevo aumento del 0,25%, sumado al alza del 2,25% de enero, eleva la subida salarial de este año al 2,5%. A la subida salarial del 2,5% asegurada para este año podría sumarse también otro 0,25% de fondos adicionales, si bien esta alza debe ser negociado por los sindicatos con cada administración, según lo fijado en los acuerdos con los sindicatos.
(El País, 14-06-2019)

A debate la salud en el trabajo para que sea considerada un derecho fundamental
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) quiere celebrar sus 100 años de vida con una declaración que recoja los cambios que se están dando en el mundo de trabajo con la revolución tecnológica. En el borrador que estos días negocian sus miembros —Gobiernos, patronales y sindicatos— destacan dos elementos: prevé “exhortar” a los estados miembros para que incluyan garantías en la “protección de la privacidad y de los datos” de los trabajadores, sea cual sea “la modalidad contractual” (en plata, asalariado o autónomo), y recoger como un derecho fundamental en el trabajo la seguridad y la salud.

La OIT celebra esta semana y la que viene su 108 conferencia. Ya hace años que estas fechas estaban marcadas en rojo en el calendario de esta organización internacional tripartita (compuesta por sindicatos, empresario y Gobiernos) dependiente de la ONU y no solo por el evento, sino porque este año coincide con su centenario. Para aprovecharlo, su director general, Guy Ryder, lanzó en 2016 una larga reflexión en este órgano dependiente de la ONU sobre los cambios en el mundo de trabajo que cristalizó en enero en un documento que ahora pretende trasladar a una declaración programática de la institución.

En el borrador que manejan las delegaciones presentes, hay un cambio importante en lo que la OIT define como derecho fundamental del trabajo desde 1998. Hasta ahora hay cuatro: libertad sindical, erradicación del trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil (todavía 152 millones de niños trabajan según sus cálculos) y prohibición de la discriminación. A estos derechos, se pretende añadir “la salud y seguridad en el trabajo”.

Este cambio tiene importancia práctica, ya que en los acuerdos comerciales suele incluirse el respeto a los derechos fundamentales de la OIT como premisa y puede contribuir a reducir el dumping laboral. Incluir la seguridad y salud en el trabajo o en este listado puede suponer un mayor seguimiento a los convenios aprobados en la organización por esta materia y, por tanto, mayor presión a los estados para su ratificación. También puede servir para dar paso a legislaciones como la francesa, que obligan a empresas multinacionales a dar cuenta en su cadena de valor cómo es el cumplimiento de estos derechos.

Otro de los elementos que destacan en la declaración es cuando “exhorta” a los estados a impulsar la formación de los trabajadores durante toda la vida o a una “protección social universal, completa y sostenible”. También pide proteger a los trabajadores en las “nuevas formas de trabajo” con garantías “con independencia de su modalidad contractual”. Para eso recurre a reivindicaciones tradicionales (salario vital adecuado o número máximo de horas), e introduce una nueva: “La protección de la privacidad y de los datos personales”. Explica María Luz Vega, coordinadora Internacional del Futuro en el Trabajo en la OIT, que esta garantía debería ahora desarrollarse normativamente —los llamados convenios— si viera la luz en el documento final.
(El Mundo, 14-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los bancos aumentan la concesión de créditos a precios más baratos
El Banco de España considera que la política que lleva desarrollando el Banco Central Europeo (BCE) desde 2014 con las operaciones para que la banca obtenga liquidez barata cuyo objetivo es que revierta a la economía real es positiva. El supervisor nacional mantiene, en un artículo de Miguel García-Posada Gómez, que las operaciones de refinanciación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO, en sus siglas en inglés) llevada a cabo por el BCE sobre la oferta de crédito de los bancos del área del euro consigue expandir su oferta crediticia “gracias a los menores costes que propician estas operaciones”.

El supervisor asegura que este menor coste no solo se produce en las entidades que acuden a financiarse al BCE a través de las subastas de las TLTRO en mayor o menor medida, sino también en aquellas entidades que prácticamente no participan, ya que aumenta la competencia entre las diferentes firmas bancarias. Los efectos indirectos de estos programas de política monetaria operan también, según el Banco de España, a través de los cambios en la competencia entre las entidades en los “mercados de crédito y de depósitos”.

El estudio indica que la competencia en el mercado de depósitos se debilita porque los bancos que han participado en estas subastas sustituyen parte de sus depósitos por fondos provenientes de las TLTRO. “La menor demanda de depósitos por parte de estos bancos conlleva menores tipos de interés en este mercado, lo que se traduce en menores costes de financiación también para los bancos que no participan”. “Esta externalidad positiva de las TLTRO sobre los bancos que no participan llevaría a una expansión de la oferta de crédito de estas entidades”, reitera el informe.

Para llegar a estas conclusiones se han analizado las muestras de los 130 bancos de 13 países que son supervisados por el BCE. En sus respuestas confidenciales a la Encuesta sobre Préstamos Bancarios del BCE estas entidades financieras demuestran que las TLTRO contribuyeron directamente a reducir los márgenes aplicados a los préstamos con menor nivel de riesgo y a relajar los criterios de aprobación en el segmento de grandes empresas.

Sobre los efectos indirectos, se observa que estos programas de liquidez provocaron una relajación de los criterios de aprobación de préstamos también en los bancos no participantes, principalmente en aquellos expuestos a altas presiones competitivas, por lo que, también a través de este canal indirecto, estas operaciones habrían estimulado la oferta crediticia bancaria.
(Cinco Días, 14-06-2019)

El Eurogrupo pacta un presupuesto para el euro que financie reformas e inversiones
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) alcanzaron en la madrugada de este viernes de madrugada un acuerdo sobre las bases del primer presupuesto para la eurozona, un instrumento destinado a engrosar el arsenal de medidas para prevenir y afrontar futuras crisis. Además del presupuesto, el acuerdo incluye cambios en el tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad -el fondo de rescate de la eurozona- para darle un papel más relevante, así como un acuerdo final para que éste proporcione el cortafuegos para el fondo encargado de financiar las resoluciones bancarias en la eurozona, según indicaron a Efe fuentes europeas.

El pacto llegó tras una reunión maratoniana, que comenzó a las 13.00 horas (11.00 GMT) del jueves y se prolongó durante más de quince horas, pese a que los titulares económicos de la eurozona -el Eurogrupo- y los del resto de la UE llevan desde diciembre trabajando en las líneas maestras de este presupuesto. "El Eurogrupo terminó a las 4.30 de la mañana con un acuerdo", ha anunciado en la red social Twitter el portavoz del presidente de este foro, Mário Centeno.

En diciembre los líderes de la UE habían dado luz verde a sus ministros para trabajar en estas medidas, dentro de la reforma de la eurozona destinada a mejorar la preparación de los países del euro, si se repite una crisis económica o financiera como la que durante la última década obligó a rescatar a varios miembros. El acuerdo sobre el presupuesto fija solo los elementos clave del mismo, en particular, el uso que podrán dar los países a los futuros fondos, pero deja abierta la cuestión de cómo se financiará y cuál será el volumen disponible, según las fuentes consultadas.

Los Estados de la eurozona podrán recurrir a la ayuda de este presupuesto para financiar reformas estructurales o inversiones y deberán costear parte de los proyectos en cuestión, en una proporción que podría variar. El objetivo en general es mejorar la competitividad y reducir las divergencias económicas entre los países del euro.

Los ministros no han logrado ponerse de acuerdo, sin embargo, sobre el modo de financiar este instrumento, que debería nutrirse al menos en parte de fondos del presupuesto plurianual de toda la Unión Europea, según lo acordado en diciembre pasado. Países como Francia y Alemania habían puesto sobre la mesa durante la negociación la posibilidad de que esta dotación se complementase con aportaciones adicionales de los Estados de la eurozona.

La idea no había generado simpatías entre los socios, entre otros factores, porque requeriría que el presupueste fuese dirigido a través de un acuerdo intergubernamental solo entre los diecinueve socios del euro, que quedaría fuera de los tratados comunitarios. Como se preveía, tampoco se ha plasmado la cuantía que tendrá el presupuesto, que deberá ser fijada en las negociaciones sobre el marco financiero plurianual de la UE para 2021-2027.
(El País, 14-06-2019)

 
 
 
 
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