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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 22 AL 25 DE JUNY DE 2019

Laboral

Acuerdo relativo a la aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 24 del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a la aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 24 del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes.
(BOE, 25-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.
(BOE, 25-06-2019)

Euro
Resolución de 24 de junio de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 24 de junio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 25-06-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/22/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/22/index.php?s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 25 DE JUNY DE 2019

Fiscal

El Supremo permite pedir a la vez la suspensión y el aplazamiento de deudas con Hacienda
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de compatibilizar solicitudes de suspensión y aplazamiento deudas con Hacienda, según el fallo de la sentencia. De este modo, el Alto Tribunal estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, anulando el apartado 8 del artículo 46.

El Supremo entiende que la modificación de este apartado 8 supone un nuevo supuesto de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento no contemplado en la Ley General Tributaria, lo que evidencia la ausencia de cobertura legal al respecto, necesaria, como reconoce el propio artículo 44.2 del reglamento, según el cual "serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes".

El Supremo recuerda que el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria impide el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

Por tanto, en este apartado, la LGT anuda la imposibilidad de pedir aplazamiento ante la firmeza de la resolución -administrativa, económico administrativa o jurisdiccional- a que dicha resolución haya sido objeto de suspensión, explica el Supremo. Sin embargo, el apartado 8 del artículo 46 RGR anticipa la imposibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento a un momento anterior, es decir, al momento mismo en el que, eventualmente, se solicite la suspensión.

Por lo demás, el Alto Tribunal entiende que esta modificación reglamentaria podría generar efectos colaterales cuando, por ejemplo, el artículo 60.2 LGT prevé que no pueda admitirse el pago en especie de deudas tributarias que tengan la condición de inaplazables, respecto de las que el propio artículo 60.2 LGT remite a los supuestos del artículo 65.2 de la Ley General Tributaria.

El Tribunal Supremo no comparte que el apartado 8 del artículo 46 RGR tenga por objeto únicamente la ordenación de las solicitudes y que, a estos efectos, simplemente priorice la solicitud de suspensión sobre la de aplazamiento.

"Entendemos que el apartado 8 del artículo 46 RGR no persigue posponer la tramitación y resolución del aplazamiento hasta que resuelva la petición de suspensión, sino que determina directamente su archivo, sin que ese "archivo" al que se refiere el art. 46.8 RGR deba tener un alcance distinto del que se decreta en los casos del art. 65.2 LGT.

De ahí, que el Consejo de Estado en su dictamen de 14 de diciembre de 2017 apuntase que "en el caso de que la solicitud de suspensión fuese desestimada, debe contemplarse expresamente la posibilidad de que el interesado no tenga que formular una nueva solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago para que esta sea resuelta por el órgano competente", advertencia que no se ha visto reflejada en el reglamento, habida cuenta de que, incluso, no se considera (se archiva) el aplazamiento o fraccionamiento aunque se hubiese formulado "con carácter subsidiario".

El abogado del Estado afirmaba que "denegada la solicitud de suspensión, nada impide, como se ha dicho, solicitar el aplazamiento, aunque pudiera calificarse esa solicitud de abusiva, pues en la normativa vigente no existe precepto alguno que lo prohíba".

"Sin entrar a considerar que esa nueva petición sea o no abusiva, lo cierto es que se trataría de una nueva petición y, obviamente, debido al discurrir procedimental -pese a que, el procedimiento correspondiente debería encontrarse suspendido mientras se resuelva la solicitud de suspensión- bien pudiese ocurrir que en el momento en el que se presenta la nueva petición las circunstancias hubiesen cambiado, lo que a la postre determinaría, una vez más, un condicionamiento añadido por vía reglamentaria que puede llegar a frustrar el ejercicio de un derecho reconocido en la ley. Consecuentemente, el apartado 8 del artículo 46 RGR debe ser anulado", subraya.
(Cinco Días, 25-06-2019)

Hacienda insta a los asesores a revelar 'secretos fiscales' de clientes defraudadores
Hacienda incentiva que abogados y asesores le desvelen operaciones con riesgo fiscal de sus clientes. Así lo plantea el Anteproyecto de Ley para trasponer la Directiva de control de los asesores fiscales, a los que obliga a informar de este tipo de operaciones, con el objetivo de luchar contra la planificación fiscal agresiva y el fraude, que el Fisco ha abierto a información pública.

"El cumplimiento por los intermediarios de la obligación de información de mecanismos de planificación fiscal a la que se refiere la Directiva no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o normativa", establece el apartado 3, titulado Exención de responsabilidad, del artículo único del anteproyecto, que reforma la Ley General Tributaria.

El pasado enero, la abogacía se levantó en pie de guerra cuando Hacienda publicó un breve borrador de esta ley en el que planteaba sus objetivos. Decía que en esta norma tendría que regular el secreto profesional y que consideraba que el abogado interno, de empresa, conocido como in-house, no tiene secreto profesional.

Pues bien, los expertos a los que ha consultado este diario no tienen clara la regulación que establece el anteproyecto del secreto profesional, ya que el secreto en principio no se tocaría porque aparentemente el texto sólo se remite a lo que dice la Ley General Tributaria en este asunto, y lo hace respecto a intermediarios financieros sin especificar. Esta ley, en su artículo 93.5, es ambigua y poco garantista, ya que estipula que no hay secreto, es decir, sí que hay que informar, de "datos patrimoniales", lo que implica una desprotección amplia, pero no de "cuestiones confidenciales de las que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales".

Es clave, dicen los expertos, la interpretación que se haga de este artículo, que no se ha aplicado de forma plena porque hasta ahora no se le exige al abogado que informe de operaciones del cliente. Es decir, de entrada, parece que no se modifica el secreto, pero el texto se remite a la ley menos garantista, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial, de más rango, dice en su artículo 542.3: "Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos". Y el Estatuto de la Abogacía que regula la profesión es igual de claro.

Tampoco se hace un desarrollo detallado de los titulares del derecho profesional, ya que se dice que aquí se incluyen todo tipo de intermediarios, lo que incluiría al asesor fiscal no abogado, profesión no regulada, pero no se menciona a los abogados, que sí que tienen regulación. Y desaparece la mención al abogado interno del borrador anterior. Elia Esteban, presidenta de la Sección de Abogados de Empresa del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), insta a estar alerta, ya que "el anteproyecto no afronta con claridad el rol del abogado, sólo remite, en general para los intermediarios financieros al artículo 93.5 de la Ley General Tributaria, que da un tratamiento más liviano del secreto profesional".

Esteban y José Ignacio Alemany y Esaú Alarcón, presidente y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), creen que la exención de responsabilidad por revelar secretos sí que supondría una dinamitación del secreto profesional del abogado. Desde el Colegio de Madrid y la abogacía trasladan que van a trabajar para que esta exención se modifique.

El texto que ha publicado Hacienda contiene novedades en el margen que otorga la Directiva. Sólo afectará a operaciones transfronterizas, no a las nacionales, pero la definición que ofrece de transfronterizas es de gran amplitud, ya que incluye operaciones en las que los participantes residan en distintas jurisdicciones o simultáneamente en más de una, por ejemplo.

La norma introduce un régimen sancionador (ver información adjunta) y establece un control estricto del asesor que cobre según el éxito de la operación. Se considera ahorro fiscal, requisito para informar, cualquier minoración de la base o la cuota tributaria, incluyendo el diferimiento. El texto explica que la obligación de informar no implica, per se, que la operación sea fraudulenta. Y aunque Hacienda no responda, se reserva el derecho de no aceptar la legalidad de la operación.

Los Estados miembros están obligados a adaptarse a la norma antes del 31 de diciembre y los asesores deberán informar de operaciones desde el 25 de junio de 2018. La ley española entrará en vigor el 1 de julio de 2020.
(Expansión, 25-06-2019)

La AIReF propone una renta mínima única estatal y compatible con trabajar
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone la creación de una renta mínima única, que puede ser complementada por otras administraciones, con criterios de renta y que sería compatible con tener un empleo.

Según el estudio sobre los programas de rentas mínimas en España, que le encargó elaborar el Gobierno y al que ha tenido acceso Efe, la AIReF propone mejoras respecto a la iniciativa legislativa popular que sobre la materia presentaron los sindicatos UGT y CCOO para su creación en las Cortes.

En su propuesta, adelantada por eldiario.es, la AIReF establece la renta del hogar como requisito para el acceso a esta prestación, eliminando el relativo a la situación laboral, haciéndola compatible con un empleo y permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta que alcance un determinado umbral considerado "salario suficiente".

Asimismo, propone eliminar el solapamiento de esta ayuda con la de otras administraciones (autonómicas o locales) si bien permite que puedan complementarla y que puedan identificar los colectivos perjudicados por la desaparición de los programas nacionales para que queden cubiertos por subsidios por desempleo.

"Para mejorar la eficiencia y reducir el coste fiscal, se sustituirían las prestaciones existentes nacionales y autonómicas por la nueva propuesta, permitiendo a las CC.AA. complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad", incluye el informe.

En concreto, la AIReF ofrece dos alternativas de renta universal que en ambos casos beneficiaría a 1,8 millones de hogares, por encima de los 1,1 millones de potenciales beneficiarios que calculaban UGT y CCOO, con un menor coste.

Las dos propuestas establecen ayudas por adulto de hasta el 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) -unos 430 euros mensuales teniendo en cuenta que este indicador sigue en 537,84 euros brutos anuales- a los que se sumarían complementos de 1.200 euros anuales por hijo, es decir 100 euros más por hijo hasta un máximo de tres.

En las dos alternativas, la AIReF plantea distintos tramos de renta por hogar "focalizando la ayuda en la pobreza severa". Las propuestas de la AIReF tendrían un coste fiscal de 5.500 millones, a los que habría que restar 2.000 millones de euros al evitar las duplicidades, frente al coste de 7.200 millones cuantificados por los sindicatos.

El nuevo sistema, recogen, debería introducirse de manera gradual, en tres años, los que supondría una décima más de déficit estructural cada año, "cuya compensación con otras medidas resulta factible". También defiende que sus alternativas presentan mejores resultados en reducción de la pobreza severa, entre un 50% y un 60%, frente al 27,7% de la ILP.

El estudio detalla que la renta mínima debe ser una prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, que se gestione a través de una ventanilla única que también pueda casos a los servicios sociales o a políticas activas de empleo.

También se propone que los solicitantes se inscriban en la Agencia Tributaria para reducir el riesgo de fraude y desarrollar herramientas para evaluar el seguimiento del programa.
(El País, 25-06-2019)

Laboral

Las administraciones reducen un 4,5% el número de empleados públicos en diez años
El incremento de personal registrado en 2018 supone un aumento del 0,66% en la plantilla pública, un alza que desde 2009 solo ha sido superada, con creces, en 2017. Aquel año, el personal al cargo de las administraciones públicas se elevó en 42.000 efectivos, hasta los 2,561 millones. En aquel caso, sin embargo, el mayor impulso lo brindaron los ayuntamientos, que sumaron 28.154 efectivos, seguidos de cerca por las comunidades autónomas, con 22.611 empleados más. La cifra neta quedó moderada por un retroceso de 10.703 trabajadores del Estado.

El aumento de 2017, que siguió a un leve repunte de 2016, terminó de romper con una racha de cuatro años de descensos consecutivos en el número de efectivos públicos. La mayor destrucción de empleo público se registró en 2012, cuando la plantilla se rebajó un 4,06%, lo que supuso prescindir de 109.091 personas. Esta tendencia supuso que los empleados del conjunto administraciones pasaran del récord de 2,696 millones de 2009 a 2,51 millones a cierre de 2015.

El ejercicio 2018 viene a confirmar que la senda descendente ha concluido, si bien modera el fuerte aumento del ejercicio anterior. En esta ocasión, sin embargo, el incremento está protagonizado fundamentalmente por las comunidades autónomas, que ganaron casi 13.000 empleados a las puertas de los recientes comicios regionales del 26 de mayo. Solo Castilla–La Mancha fue responsable de un incremento de 5.858 empleados (un 8,7% más, hasta los 73.370), mientras que Madrid sumó otros 2.807 y País Vasco 2.059 más. Solo tres regiones rebajaron su plantilla. Se trata de Extremadura, que la redujo en 994 personas, Castilla y León, que lo hizo en 508, y La Rioja, con 43 menos.

Les siguen los ayuntamientos y administraciones locales, con un aumento de 4.141 efectivos y las Universidades, con 3.816 empleados más que un año antes. Por el contrario, el personal de la administración central del Estado se redujo en 3.878 trabajadores. Una caída neta acentuada por la reducción de 4.763 efectivos en el personal ministerial.

Como resultado, el personal de la administración estatal ha descendido hasta los 507.830 trabajadores frente a los 592.813 que llegó a alcanzar al cierre de 2010, lo que supone la pérdida 85.000 empleados públicos en la última década y la cifra más baja desde 2002, según la estadística, y al menos desde 1998, según ha comprobado este diario.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, dos importantes cambios en entes públicos que han influido en la evolución del número de empleados de la administración estatal. De un lado, la creación de la sociedad Aena Aeropuerto S.A. en 2011 supuso una disminución de 8.579 efectivos en la entidad pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). A su vez, la reestructuración de la operadora Renfe y su fraccionamiento en cuatro sociedades mercantiles supuso la salida del cómputo de trabajadores públicos de 14.133 efectivos desde el 1 de enero de 2017.

En términos semestrales, frente a la última información disponible que es del pasado 1 de julio de 2018, el número de efectivos públicos cae un 0,2% debido en parte al fin de los contratos docentes del pasado verano.
(Expansión, 25-06-2019)

Los tribunales están dictando las primeras sentencias a favor del trabajador que reclama la jornada a la carta
Los tribunales están dictando las primeras sentencias que respaldan al trabajador y aplican la jornada a la carta que ha establecido el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades. Así lo están estipulando jueces de lo Social en fallos, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, relativos a demandas presentadas antes y después de que entrara en vigor este nuevo derecho el 8 de marzo, y así lo están incorporando sentencias de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) en pleitos planteados antes de que la nueva norma alcanzara vigencia, pero que se amparan en ella. De momento afectan a cadenas de supermercados y a plantas de automóviles.

El nuevo derecho es de gran amplitud e inconcreción. Permite a los trabajadores negociar bilateralmente con la empresa la adaptación de la duración y distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluido el teletrabajo, que deseen en post de la conciliación. La empresa abrirá un proceso de negociación durante un máximo de treinta días. En el caso de que no haya acuerdo, se abre un procedimiento de demanda exprés muy garantista para el trabajador (ver información adjunta).

Los trabajadores ya están presentando demandas contra las empresas por no concederles la jornada a la carta que han solicitado, según trasladan empresas y despachos, que tienen "cola" de peticiones y de procesos de negociación abiertos y pleitos en los casos en los que no se ha llegado a acuerdo. Se está generando una "conflictividad" y "litigiosidad" máximas que amenazan la organización empresarial, alertan. Una cocinera de un restaurante en Barcelona con turno partido de comida y cena exige un horario de 9 a 16 horas.

Las primeras sentencias afectan a peticiones de concreción horaria por reducción de jornada y los tribunales están respaldando al trabajador revocando fallos de primera instancia en el caso de los TSJ y ampliando los derechos que ya tenía el empleado en la reducción por cuidado de un menor de 12 años, explica Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas. Gracias a esta nueva norma, dictan los jueces, los trabajadores no sólo tienen derecho a reducir jornada dentro del horario que ya tienen, sino que pueden elegir modificarlo y trasladarse al turno que crean mejor para su conciliación.

La primera sentencia que aplica de forma directa la nueva norma es del Juzgado de lo Social 26 de Madrid y afecta a una cadena de supermercados. Una cajera con horario de tarde reclamó una reducción de jornada con turno de mañana, a lo que se opuso la empresa argumentando que colisionaba con la franja de mayor concentración de ventas y clientes. El juez da la razón a la trabajadora y destaca que "ha habido un hito importante que obliga a reenfocar el estado de la cuestión, habida cuenta que la solicitud es de 13 de marzo y ya había entrado en vigor el Real Decreto-ley 6/2019, que ha modificado de forma sustancial el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores (ET) reconociendo el derecho de los trabajadores a adaptar la duración y distribución de la jornada, ordenación del tiempo de trabajo, e incluso la modalidad en que se trabaja, con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y personal".

Este cambio, que el juez subraya que el legislador ha incorporado "de urgencia", debe "resolverse a favor de considerar también que se ha extendido al trabajador el derecho de adaptación cuando se reduce la jornada", concluye.

Alfredo Aspra, socio director de Laboral de Andersen Tax & Legal, recuerda a las empresas que "resulta de vital importancia una adecuada justificación cuando la solicitud no sea aceptada". Tanto es así que los tribunales ya no dan la razón a la empresa ni, aunque concrete motivos organizativos o productivos, el caso de un fallo del TSJ de Andalucía de 11 de abril para un pleito planteado antes de la entrada en vigor de la nueva norma que apoya su respaldo al trabajador en que está "corroborado por la nueva redacción del artículo 34.8 del ET por Real Decreto-ley 6/2019".

A su vez, el TSJ de Canarias no sólo da la razón el 12 de marzo a una trabajadora, sino que le otorga daños y perjuicios: "Por tanto la negativa o limitación empresarial al disfrute del derecho a la conciliación laboral y familiar bien en cuanto a la reducción o en su concreción horaria, cuando no existen razones justificadas como sucede en este caso puede generar daños".

Por su parte, el TSJ de Galicia 8 junio ha fallado a favor de una empleada de la planta de Vigo de PSA Peugeot Citroën que solicitó reducir jornada sólo por la mañana a pesar de que PSA firmó un acuerdo con el comité de empresa según el que se establecían turnos rotativos para los trabajadores con reducciones de jornada. Fermín Guardiola, socio de Laboral de Baker McKenzie, insta a las empresas a "tomarse el asunto en serio, dado que los tribunales siempre van a ser favorables a permitir adaptaciones".

El Juzgado de lo Social de Oviedo ha fallado a favor de una trabajadora a la que la empresa otorgó la reducción que pedía salvo el día de descanso, diferente al que disfrutaba hasta entonces. Otro fallo permite el cambio de turno a una empleada que ya tenía reducción a la que trasladaron de una tienda a escasos minutos de su domicilio a otro local a 20 minutos en autobús.
(Expansión, 25-06-2019)

La campaña de verano generará 1.443.575 contratos de trabajo
El 7,3 % más que el año pasado, según las previsiones de la empresa de gestión de recursos humanos Adecco, que detalla que 190.000 de estas contrataciones irá ligada a la campaña de rebajas. Las previsiones de Randstad son ligeramente más optimistas, ya que considera que las rebajas de verano generarán 204.510 contratos nuevos, lo que supondría el décimo año consecutivo de crecimiento en los contratos de verano.

Adecco cree que Cataluña, con 285.040 nuevos contratos; Madrid, con 223.830 contratos; la Comunidad Valenciana, con 152.800; Murcia, con 152.300; y Andalucía, con 133.310, serán las regiones que más contratos creen y sumaran juntas dos tercios de los contratos que se firmarán en esta época, según un comunicado.

El crecimiento interanual más amplio se registrará a pesar de ello en Galicia, ya que prevé que se firmen un 14 % más de contratos que en 2018, seguida de Andalucía con un 12 % más de empleos que el año pasado. Con el sector turístico y hostelero como principal creador de empleo, los cocineros, camareros, preparadores de pedidos y comerciales serán algunos de los perfiles más demandados, junto a los dependientes, promotores, mozos de almacén, repartidores y teleoperadores.

Todas las comunidades autónomas crecerán en contratación, con Cantabria a la cabeza (11,9 %), seguida de Madrid (11,7 %) y Castilla-La Mancha (10,9 %), señala en una nota Randstad. La empresa de recursos humanos achaca la buena marcha de los empleos en estas campañas al incremento del comercio electrónico, que está generando "crecimientos muy notables".
(Expansión, 25-06-2019)

La OIT aprueba un nuevo convenio contra la violencia y el acoso en el trabajo
La Organización Internacional del Trabajo ha aprobado en la conferencia de su centenario un nuevo convenio y una recomendación complementaria para hacer frente a situaciones de violencia y acoso en el trabajo, según informó este órgano de Naciones Unidas. Se trata del primer nuevo convenio que la OIT aprueba desde que en 2011 ratificó el relativo a los trabajadores domésticos y también el primero relativo a la violencia y al acoso en el entorno laboral.

El nuevo convenio reconoce que "la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos y poner en riesgo la igualdad de oportunidades". Además, indica que son "inaceptables" para lograr un trabajo decente, con el que además son "incompatibles".

La violencia y el acoso se definen como "comportamientos, acciones o amenazas que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico". Asimismo, se recuerda a los Estados miembros que tienen la responsabilidad de promover un "entorno general de tolerancia cero". El objetivo de esta nueva norma internacional del trabajo es "proteger a trabajadores y empleados, con independencia de su situación contractual". En este punto, también se reconoce que quienes ejercen autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador, también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso".

La norma abarca la violencia y el acoso no sólo en el propio lugar de trabajo, sino también en los destinados a descaso o comedor, en instalaciones sanitarias o vestuarios, en viajes o desplazamientos, en actividades de formaciones, y en eventos y actividades sociales de índole profesional. También comprende todo tipo de comunicaciones relacionadas con el trabajo, "en particular mediante tecnologías de la información y la comunicación", e incluso los trayectos y desplazamientos hasta y desde el lugar de trabajo.

Los convenios son instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, mientras que las recomendaciones proporcionan asesoramiento y orientación. El convenio entrará en vigor doce meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado. El director general de la OIT, Guy Ryder, tras manifestar su satisfacción por la aprobación de la norma subrayó que "la siguiente etapa pasa por aplicar estas medidas de protección para fomentar un entorno laboral mejor, más seguro y decente para hombres y mujeres".

"Estoy seguro de que se producirá una ratificación de forma rápida y generalizada para que se lleven a cabo las acciones pertinentes", añadió. La OIT ha aprobado este nuevo convenio en la conferencia que coincide con su centenario, celebrada en Ginebra, a la que han asistido representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de sus 187 estados miembros. La conferencia también ha ratificado una declaración sobre el futuro del trabajo en que se insta a realizar un "enfoque centrado en el ser humano".
(El Mundo, 25-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La banca española sopesa cobrar por los depósitos a empresas
Ante la nueva vuelta de tuerca a la baja que el BCE podría dar a los tipos de interés en los próximos meses surge por tanto la duda de cómo tal medida va a impactar en la oferta de productos bancarios y el cobro a los depósitos de las empresas, en especial de las grandes corporaciones. Los bancos de Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Holanda ya lo hacen en los nuevos depósitos de hasta un año de plazo y los alemanes lo evitan por la mínima, con una remuneración del 0,01%, de acuerdo con los datos del BCE del mes de abril.

Por el contrario, en España la banca remunera esos nuevos depósitos a las empresas no financieras al 0,23% anual, un tipo muy superior al que paga a los clientes particulares –de solo el 0,04% por los nuevos depósitos de hasta un año– y que coloca a las entidades españolas entre las más generosas con el ahorro empresarial a nivel europeo. Grecia está en cabeza con el 0,79%, seguida de Italia, que paga el 0,46%, y de Chipre, con el 0,35% a los depósitos a compañías (ver gráfico).

“Es muy improbable que los bancos españoles lleguen a cobrar por los depósitos a los pequeños ahorradores, pero sí es posible que lo hagan con las grandes empresas”, apunta Federica Troiano, consultora de banca de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Fuentes financieras señalan que ya se hace en algunos casos, cuando no hay vinculación con la compañía que realiza la imposición a plazo.

“Solo con las grandes empresas y no de forma generalizada. Depende siempre de la relación, de si genera negocio cruzado o no”, apuntan desde un banco español. En otra entidad reconocen que “a clientes institucionales ya les estamos cobrando. A las empresas depende del volumen y de la vinculación, se mira caso por caso”. “Si un cliente trae 1.000 millones no estamos hablando de cobrarle a los clientes sino de una contrapartida financiera”, resumía recientemente Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.

El sector rechaza de forma rotunda que tenga intención de cobrar por los depósitos a los clientes particulares. Penalizar este ahorro sería demoledor teniendo en cuenta que los hogares españoles suman depósitos –entre cuentas a la vista e imposiciones a plazo– por 977.000 millones de euros, según datos del Banco de España. El ahorro en depósitos de las empresas, lo que incluye a las pymes, es en cambio muy inferior, de 280.000 millones, el 22,27% del total.
(Cinco Días, 25-06-2019)

España se libra de la multa por el retraso en aprobar la ley hipotecaria
España se librará finalmente de la multa de hasta 80 millones que estudiaba la Justicia Europea por el retraso en aprobar la nueva ley hipotecaria, que entró en vigor el pasado 16 de junio, después de que Bruselas haya comunicado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que la transposición de las normas europeas es correcta y haya retirado su denuncia.

En concreto, la Comisión Europea comunicó a la Secretaría del tribunal de Luxemburgo que considera que España ha trasladado correctamente la directiva europea a la legislación española y, en consecuencia, ha notificado su desistimiento formal del caso, según han confirmado varias fuentes europeas. El Ejecutivo comunitario formalizó este procedimiento el pasado 16 de junio, el día que entró en vigor la nueva ley hipotecaria.

Esto significa que ya no habrá una sentencia condenatoria, sino un auto con el que el Tribunal formalizará el cierre del caso. Según establece el reglamento del TUE, cuando un demandante informa de que desiste del procedimiento, el presidente ordenará el archivo del asunto.

La Justicia europea, no obstante, tendrá que dirimir qué parte del asunto es responsable del pago de las costas. En estos casos, el reglamento establece que es el demandante que desiste el que tiene que hacerse cargo de estos gastos, pero esta responsabilidad puede trasladarse a la parte denunciada "si se estimase que la actitud de ésta última lo justifica".

Bruselas denunció a España ante la Justicia Europea en abril de 2017 porque todavía no había aprobado una nueva ley que trasladase al acervo nacional la directiva sobre créditos hipotecarios, algo que debería haber hecho como muy tarde el 21 de marzo de 2016. Las autoridades europeas pidieron al Tribunal que impusiese una multa de 106.000 euros por cada día de retraso en aprobar estas normas desde el día del fallo.

El caso seguía su curso en el tribunal con sede en Luxemburgo mientras las autoridades comunitarias analizaban la adecuación de la nueva legislación española, que fue aprobada por el Congreso finalmente a finales de febrero de este año.
(El País, 25-06-2019)

 
 
 
 
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