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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 27 DE JUNY DE 2019

Laboral

Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020.
(BOE, 27-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 14 de junio de 2019
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 14 de junio de 2019.
(BOE, 27-06-2019)

Euro
Resolución de 26 de junio de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de junio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 27-06-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/index.php?s=3


RECULL DE PREMSA DEL 27 DE JUNY DE 2019

Fiscal

Hoy es el día de la liberación fiscal
Todo lo que las empresas han pagado de media a sus trabajadores hasta este jueves, 27 de junio, ha sido para pagar a Hacienda. Coincidiendo casi con el fin de la campaña de la Declaración de la Renta, los asalariados españoles celebran el Día de la Liberación Fiscal, una fecha que establece cada año el Think Tank Civismo y varía en función de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno.

El ciudadano medio dedica, por tanto, la retribución correspondiente a 178 días del año a cubrir sus obligaciones con el Estado, y acaba ingresando el sueldo de los 187 días restantes. El mayor impacto sobre el salario bruto lo generan las cotizaciones sociales a pagar tanto por empleador como por trabajador, que restarían 103 días del sueldo, mientras que el IRPF equivale a otras 34 jornadas; el IVA, a 25; los Impuestos Especiales, a otros 11 y el resto de tributos, cinco más.

El resultado final no varía respecto al año 2018, cuando las obligaciones fiscales también restaban 178 días de salario si bien ha habido cambios de distinto orden que acaban compensándose. Así, de un lado, el alza del salario mínimo de 735 a 900 euros desde el pasado 1 de enero conllevó un incremento similar, del 22%, en las cotizaciones mínimas mientras que el Gobierno aumentó un 7% las bases máximas, lo que ha elevado en una jornada de sueldo el impacto de esta obligación con la Seguridad Social.

En paralelo, la rebaja del IRPF para rentas bajas y algunas reducciones de impuestos impulsadas por las comunidades autónomas han reducido en un día los 35 días que costaba abonar el impuesto de la renta en 2018.

El resultado final, por tanto, permanece invariable y en una cota intermedia frente a la evolución histórica, pues el tiempo anual destinado a abonar tributos y cotizaciones ha oscilado entre los 194 días de 2007 y los 171 de 2009. La cifra varía con fuerza, sin embargo, en función de la comunidad autónoma, dado el peso de los distintos impuestos regionales. Así, el día de la liberación fiscal se produce el 24 de junio en Ceuta y Melilla; fue ayer en La Rioja; será este viernes en Madrid y no llegará a Cataluña hasta el 5 de julio.

Teniendo en cuenta las diferencias de renta, la fecha de la liberación fiscal también cambia por tramos de edad, llegando el 16 de mayo para los jubilados, el 13 de junio para los contribuyentes menores de 30 años, y entre el 2 y el 4 de julio para los trabajadores de mayor edad.

El informe de Civismo también detalla la cuantía que se aporta y se recibe del Estado, concluyendo que el trabajador maduro abona 15.662 euros de media frente a los 4.620 del mayor de 65 años. Estos últimos acaba recibiendo una pensión (15.454 euros anuales de media) y unos servicios públicos con un coste superior al que aportan (22.388,8 euros en total una vez sumada la prestación), a cambio del esfuerzo que hacen el resto de contribuyentes.
(Cinco Días, 27-06-2019)

La Airef propone una renta mínima compatible con salarios bajos para no desincentivar el empleo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) propone establecer un sistema de renta mínima a nivel estatal que sea compatible con salarios bajos para no desincentivar la participación en el mercado laboral. La propuesta del organismo dirigido por José Luis Escrivá vendría a mejorar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos CC OO y UGT ante el Parlamento hace más de dos años, ya que permitiría reducir más profundamente la pobreza extrema con un gasto más eficiente.

En efecto, según detalla un informe de la Airef presentado este miércoles, uno de sus diseños permitiría reducir la pobreza severa hasta en un 60% (frente al 27% de la ILP), beneficiar a 1,8 millones de hogares (700.000 más que en la medida de los sindicatos), y con un gasto para las arcas públicas de 5.500 millones de euros (contra los 7.200 millones de la ILP). El organismo añade, además, que, de suprimirse las duplicidades con otras ayudas similares de carácter autonómico y local, el gasto podría reducirse hasta los 3.500 millones de euros. Matiza, no obstante, que para que no hubiera perdedores, las duplicidades no se podrían eliminar por completo, sino solo en un 70-80%.

España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía, con la tasa más alta de pobreza severa: del 6,9% frente al 3,5% de la UE, razón por la que los organismos comunitarios han venido recomendado al Gobierno tomar cartas en el asunto. Según el informe de la Airef, el sistema de ingresos mínimos recogido en la ILP podría reducir ese nivel hasta el 5% (todavía por encima de la media comunitaria), mientras que su propuesta lo haría hasta el 2,7%. Se entiende por pobreza severa la que afecta a las personas con una renta un 30% por debajo de la mediana de ingresos disponibles del país, lo que en este caso equivaldría a ganar menos de 355 euros al mes por individuo o 746 euros para un hogar de dos adultos y dos niños (con datos de 2017).

Para focalizarse en reducir la pobreza extrema, la Airef sostiene que uno de los requisitos fundamentales sería tener en cuenta la renta por hogar (en lugar de por individuo) y establecer tramos por renta (para evitar que se perciba o toda la prestación o ninguna). También defiende eliminar la condición de ser parado de larga duración o estar inscrito en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de tal forma que la ayuda fuera compatible con el empleo hasta un cierto umbral de sueldo. Un modelo que ya se ha demostrado efectivo en el País Vasco y que permitiría reducir los posibles desincentivos a participar en el mercado laboral y evitaría alterar las cifras de desempleo, ya que los beneficiarios no tendrían que inscribirse como parados para poder percibir la ayuda.

Además, el organismo cree que sería necesario complementar estar ayudas con otro tipo de políticas sociales y de empleo en función del perfil del beneficiario, y que se debería condicionar las ayudas a la inscripción en la Agencia Tributaria, tanto para agilizar los trámites como para atajar posibles riesgos de fraude.
(Expansión, 27-06-2019)

Laboral

Trabajo planea facilitar el acceso de las microempresas a las ayudas para formación
El número de microempresas que formó a sus plantillas disminuyó de 249.342 en 2017 a 247.960 en 2018, un 0,6% menos. Esto representa el nivel más bajo desde el año 2009, cuando no llegaron a 200.000 las microempresas que dieron formación. Este problema de la falta de implicación de los empleadores en el reciclaje de sus trabajadores no es tan grave en compañías de mayor tamaño. Así, la mitad de las pequeñas empresas de entre 10 y 49 trabajadores (el 50%) sí formó a sus empleados el año pasado; también lo hicieron el 81% de las que tenían entre 50 y 249 trabajadores; y el 92% de las de más de 250 efectivos.

De hecho, un reducido grupo de grandes empresas aglutinaron el pasado año la mitad de la formación bonificada anual –tanto en número de participantes como en horas de formación– en consonancia con su volumen de empleo. Pero de promedio –y debido al elevado peso de las micropymes en la economía española– solo dos de cada diez empresas (el 21,2%) de todas las registradas en la Seguridad Social decidió usar parte o todo su crédito formativo.

Ante estas cifras, desde la Fundae –fundación dependiente del Ministerio de Trabajo que gestiona las bonificaciones a las empresas para los cursos de formación– ha detectado los problemas de las microempresas para acceder a este tipo de ayudas y están trabajando en una nueva redacción de la norma que regula estos créditos formativos.

Según fuentes de la Administración, en Trabajo están planeando un rediseño del sistema de formación bonificada para facilitar a las micropymes el acceso a los cursos y a su financiación. Este nuevo sistema, que según estas fuentes está aún en un estado muy inicial, diferenciará claramente el acceso a estas ayudas en función del tamaño de la empresa. Y, sobre todo, los encargados de elaborar las nuevas directrices pretenden que los cursos se adapten mucho más a las necesidades de estas microempresas en cada uno de los sectores. Se trataría de ofertar la formación más demanda en cada actividad y evitar así la oferta de otros cursos que no sirvan para el sector donde trabaje la micropyme, explican fuentes conocedoras del proyecto.

En la actualidad, las empresas de 1 a 5 trabajadores solo tienen una ventaja y es que son las únicas que, además de un crédito asignado de 420 euros al año, no deben aportar nada más. Las de entre 6 y 9 empleados cofinancian el 5%; las de 10 a 49 trabajadores; el 10%; en las que tienen entre 50 y 249 empleados, el 20%; y las empresas con las plantillas de más de 250 personas, cofinancian el 40%. Por ello, el pasado año, las empresas usaron 535 millones de euros del crédito que disponían para formación y, además, invirtieron otros 763 millones para formar a sus plantillas.

Pese a esto, y debido fundamentalmente a la exigencia de esta cofinanciación obligatoria, las empresas volvieron a no agotar todo el crédito disponible el pasado año para estos cursos bonificados. Concretamente, los 535 millones antes citados supusieron la utilización del 65% de los 824 millones de crédito disponible (que se fija por lo cotizado por la empresa para formación a la Seguridad Social). Así, uno de cada tres euros destinados a la formación bonificada –y previamente aportados por las empresas a la Seguridad Social– no se gastaron en 2018.
(Cinco Días, 27-06-2019)

El Supremo da más tiempo para pagar las deudas con la Seguridad Social
Los autónomos, empresarios y ciudadanos tienen quince días para pagar voluntariamente, sin recargo ni intereses, las deudas contraídas con la Seguridad Social una vez notificada la sentencia firme que les condene a abonarlas. Por lo tanto, la Administración no puede ordenar el embargo de los bienes del contribuyente antes de que finalice dicho plazo.

Así lo establece el Tribunal Supremo en una reciente sentencia (cuyo texto puede consultar aquí), en la que rechaza la tesis mantenida hasta ahora por la Tesorería General, según la cual el plazo para el pago voluntario comenzaba a contar desde la notificación de la deuda y no desde la sentencia confirmatoria. Si el contribuyente recurría el acta de liquidación, el periodo para pagar quedaba en suspenso, reanudándose una vez que se le comunicara la sentencia firme rechazando su recurso.

Conforme a esta interpretación, corregida por el alto tribunal, la Administración ordenaba el embargo de la deuda, con recargo e intereses, una vez que había fallo confirmatorio, sin esperar a los quince días de gracia que, ahora, reconoce el Supremo.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal despeja, por tanto, una cuestión de gran trascendencia económica, fijando, como doctrina esencial, el criterio que debe seguir la Administración a partir de ahora. El deudor tiene derecho a disponer de un periodo de pago voluntario de quince días desde de que los tribunales rechacen su recurso, sin que la Tesorería General pueda dictar antes providencia de apremio, con la que se empieza la vía ejecutiva para cobrar la deuda con recargo e intereses, y, en última instancia, embargar sus cuentas.

La cuestión litigiosa que ha accedido a casación enfrentaba a una fundación de una Caja contra la Tesorería de la Seguridad Social por una liquidación sobre bonificaciones indebidas. La entidad recurrió sin éxito en vía administrativa y judicial, confirmándose así la deuda inicial. La Administración levantó entonces la suspensión de la vía ejecutiva, y dictó una providencia de apremio para cobrarse el importe adeudado (32.778,10 euros de principal y 11.472,34 euros de recargo por acumulación de deudas durante tres años).

Sin embargo, la fundación impugnó el apremio, alegando que se dictó cuando no había concluido aún el plazo de pago voluntario. Según argumentó, disponía de quince días desde la notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional que ponía fin al proceso, plazo que no respetó la Tesorería. La justicia dio la razón en esta cuestión al contribuyente, rechazando la práctica de la Seguridad Social, que interpuso recurso de casación.
(El País, 27-06-2019)

La CNMV sugiere sustituir a un hombre por una mujer para llegar al objetivo del 30% en los consejos
El número de consejeras en las empresas del Ibex 35 sigue aumentando, pero a un ritmo insuficiente. En 2020 el Código de Buen Gobierno había establecido que las compañías españolas cotizadas debían tener como mínimo un 30% de mujeres sentadas en sus órganos de administración. Sin embargo, al cierre de 2018 el peso de las féminas era de solo el 23,9% en el Ibex (frente al 22,8% de 2017), mientras que su representación si se amplía el foco a todos los grupos con presencia en Bolsa es de solo el 19,9%.

"Si todas las empresas cotizadas sustituyeran un consejero por una mujer se alcanzaría el objetivo, mientras que se superaría en el caso de las empresas del Ibex 35 (31,5%)", sugiere la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la presentación del informe con los datos de diversidad de género en los puestos de mando empresariales.

Las mujeres están poco representadas no solo en los consejos, sino en el resto de puestos de mando. Al cierre del pasado ejercicio las mujeres solo suponían el 16% de la alta dirección de las cotizadas, con un crecimiento de apenas 1,2 puntos porcentuales con respecto a 2017. Además, las consejeras siguen ocupando puestos no ejecutivos en su gran mayoría. Por categoría de consejeros, destaca la presencia de féminas en el grupo de administradores independientes (30,6%), seguido por los dominicales (representan a los accionistas significativos) con el 15,7%. Por el contrario, el número de consejeras ejecutivas se queda en el 4,7% del total.

La dispersión en cuanto a la presencia de mujeres que se dan en el ámbito del consejo en función del tamaño de las empresas también se aprecia en la alta dirección. En el caso del Ibex la presencia de mujeres en lo más alto del escalafón directivo suponía el 16% del total de la alta dirección. En las compañías de más de 500 millones de capitalización, la presencia de mujeres era del 17,7%, mientras que en las más pequeñas (menos de 500 millones de ingresos) su ponderación no supera el 14% del total de mandos.
(El Mundo, 27-06-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Fomento del Trabajo contestará la campaña contra las empresas no independentistas
Josep Lluís Sánchez-Llibre, presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, anunció una ofensiva para contestar a la campaña de la Asamblea Nacional de Cataluña contra las empresas que no son independentistas. "Estamos radicalmente en contra de esta campaña", dijo Sánchez-Llibre, en un encuentro de Nueva Economía Forum, y resaltó que va a entrevistarse con las organizaciones de consumidores, los sindicatos y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia para "defender a todas las empresas que trabajan en Cataluña. Sean o no catalanas".

En el marco del Fórum Europa, el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha enfatizado sobre la situación de las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña por el proceso independentista y a las que mantienen su actividad en la región. Además, ha destacado que entablará entrevistas con los sindicatos, organizaciones de consumidores y autoridades de la competencia para defender a las empresas en Cataluña, tras el buscador de compañías independentistas que ha puesto en marcha la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC).

El presidente de Fomento del Trabajo puso de manifiesto su postura "radicalmente en contra" de iniciativas como la de la ANC "hacia determinadas empresas catalanas" por considerarla "irracional" y una "barbaridad". Sánchez Llibre señaló que va a tomar medidas tras el buscador de la ANC y mantendrá reuniones con organizaciones de consumidores en Cataluña, sindicatos "porque entendemos que también los sindicatos han de defender los intereses de los trabajadores" y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y autoridades de competencia catalanas.

Subrayó la "defensa absoluta y total" desde Fomento del Trabajo de las empresas que operan en Cataluña y de las que se fueron y aseveró que "no vamos a permitir este tipo de actuaciones" que calificó como "boicots". Por otra parte, Sánchez Llibre aseguró que algunas empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña están dispuestas a volver a lo largo de este año y el próximo si desde la Generalitat de Cataluña se muestra respeto a la legalidad tras haber hablado con ellas.

"Puedo afirmar que la situación puede ir normalizándose paulatinamente a lo largo de este año y del 2020", dijo en su intervención en el acto, y agregó que para ello "sería necesario que el president de la Generalitat dejara claro el respeto a la legalidad; la mera sospecha de que pueden volver a suceder episodios al margen de la ley es un obstáculo real para que se produzca el regreso de muchas empresas". "Todos debemos poner de nuestra parte, el Govern también", subrayó antes de negar que las empresas catalanas fueran cobardes con su traslado. "Absolutamente no".

Respecto a la reciente elección del nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, favorable a la independencia, Sánchez Llibre mostró "mano tendida" al nuevo responsable y "diálogo" para conocer los planteamientos de Canadell. "No quiero de entrada un enfrentamiento con los ganadores de la Cámara", afirmó al preferir "ver cuál es su actitud". No obstante, dijo que "si el diálogo después no es posible, ya tomaremos todas aquellas iniciativas" para defender los intereses de los empresarios.
(El País, 27-06-2019)

El Parlament tumba el decreto del Govern para limitar el precio de los alquileres
El Parlament de Cataluña ha rechazado el decreto ley del Govern para limitar el precio del alquiler de la vivienda en determinadas zonas al quedarse en minoría, una iniciativa que ha llegado al pleno con un informe contrario, pero no vinculante del Consell de Garantías Estatutarias.

El decreto ley del Govern de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de la vivienda y de modificación del libro quinto del Código Civil de Cataluña ha contado solo con el apoyo de los dos grupos que sustentan al Govern -JxCat y ERC -64 votos-, mientras que la oposición en bloque, Ciudadanos, PSC, comunes, CUP y PPC, han votado en contra -69 votos-, aunque por motivos diferentes.

El Govern aprobó el pasado 21 de mayo el decreto para limitar los precios de alquiler en los barrios o en las ciudades donde se pueda acreditar una falta de vivienda asequible. La iniciativa del Ejecutivo catalán obligaba a declarar una ciudad o barrio como "zona con mercado de vivienda tensa" como paso previo para imponer la contención de precios, a excepción de Barcelona, cuya actuación dejaba en manos del ayuntamiento.

Como norma general, el decreto del Govern establecía que el coste de alquiler en estas zonas sólo podía superar en un 10 % el índice de referencia de precios, ampliable hasta un 5 % adicional en situaciones excepcionales. El decreto ley del Govern ha llegado este miércoles al pleno del Parlament con un dictamen contrario, aunque no vinculante del Consell de Garantías Estatutarias, que considera que vulnera competencias del Estado y algunos artículos de la Constitución y del Estatut.

Durante el debate parlamentario, la consellera de Justicia Ester Capella ha defendido el decreto ley del Govern para poder poner un "límite a los precios abusivos" y al "aumento desproporcionado de los alquileres" a fin de garantizar el derecho a la vivienda. Capella ha dicho no compartir el informe del Consell de Garantías Estatutarias: "Tenemos la competencia y nuestra responsabilidad es ejercerla", ha agregado.

Sin embargo, Ciudadanos, el PSC y el PPC se han acogido al dictamen de este órgano para rechazar el decreto ley del Govern, y han advertido de que la competencia en esta materia es del Estado. Ciudadanos ha afeado al Ejecutivo catalán la falta de vivienda pública, mientras que el PSC ha acusado al Govern de aprobar este decreto para buscar un "titular electoralista".

En cambio, Catalunya en Comú Podem y la CUP han afirmado que comparten la intención del Govern de limitar los precios del alquiler, pero critican que lo haya hecho sin el apoyo y el consenso de las organizaciones vinculadas a este sector como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Llogaters.
(La Vanguardia, 27-06-2019)

La Justicia impide a Loterías vender participaciones por Internet
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha ordenado a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que deje de vender Lotería a través de su canal de Internet en un plazo de tres meses, al considerarlo una "conducta desleal" hacia el gremio de loteros. El auto del Juzgado madrileño, al que ha tenido acceso Europa Press, insta a SELAE a "abstenerse de reiterar en el futuro la conducta desleal consistente en la vulneración de los derechos legales y contractuales" de las administraciones de Lotería, mediante la venta directa a través de sus páginas web de décimos de Lotería Nacional.

Esta resolución es firme y contra ella no cabe recurso, aunque la parte ejecutada sí puede oponerse al despacho de ejecución provisional en un plazo de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación del auto. El Juzgado ha tomado esta decisión después de haber prohibido en abril la venta de estos productos a SELAE, al entender que se trata de una "competencia desleal" respecto a los propietarios de Administraciones de Loterías convencionales. Esa sentencia fue recurrida por la Sociedad, hecho por el cual la parte demandante, la plataforma 'Juego Limpio', solicitó la ejecución provisional de la sentencia.

'Juego Limpio' denunció esta situación hace unos años, y, ante la falta de respuesta judicial, presentaron entonces una segunda demanda sin conocer el resultado del primer proceso. La justicia resolvió en abril la primera de las causas, admitiendo parcialmente la demanda de la plataforma, que representa a 200 loteros de toda España, y establecía que la Sociedad Estatal "abusa de la dependencia económica de las administraciones".

Por ahora la Justicia no ha aceptado que se prohíba esta venta a puntos mixtos como kioscos o estancos que tienen máquina expendedora para otros juegos, algo contra lo que el colectivo de loteros también está recurriendo. SELAE vende desde 2015 billetes de Lotería Nacional a través de su página web y prohíbe al mismo tiempo a las administraciones vender productos que no sean de la Sociedad.
(El Mundo, 27-06-2019)

 
 
 
 
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