Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 4 DE JULIOL DE 2019

Laboral

XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
(BOE, 04-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 3 de julio de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 3 de julio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 04-07-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/04/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/04/index.php?s=3


RECULL DE PREMSA DEL 4 DE JULIOL DE 2019

Fiscal

Hacienda crea una 'lista blanca' de asesores fiscales
La Agencia Tributaria (AEAT) ofrecerá un trato preferente a los asesores fiscales que acepten informarle de irregularidades. Así lo establece el Código de Buenas Práctica Tributarias que ha planteado a las asociaciones que les representan, que será de adhesión voluntaria. De momento, cuenta con siete votos favorables de otras tantas asociaciones y colegios profesionales, la abstención de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), y el voto en contra del Consejo General de la Abogacía (CGAE), que se opone por considerar que "supone un riesgo para la profesión por el tratamiento que el Código realiza del secreto profesional", a la espera de que lo analice su Pleno. Esto se produce, además, cuando se encuentra en tramitación la ley que se adapta a la Directiva de Intermediarios Fiscales (ver información adjunta).

En realidad, se han creado dos Códigos, uno para asociaciones y colegios y otro para los profesionales. En principio, el profesional informará a su asociación y ésta a la AEAT, incluso en el caso de que el asesor quiera adherirse, pero su asociación, no. No es descartable que los asesores puedan informar directamente al Fisco, por ejemplo, si no están adheridos a ninguna plataforma. Las asociaciones están pendientes de que su voto sea refrendado por sus integrantes para que su postura sea efectiva. En el caso de Aedaf, según fuentes conocedoras, no parece que vaya a haber un voto favorable.

Las asociaciones y colegios se comprometen a informar a la AEAT de irregularidades que detecten sus asociados y que puedan afectar al funcionamiento normal del sistema tributario, o a la competencia en el mercado. Los intermediarios que asuman el Código deberán prevenir e instar a corregir conductas de clientes que puedan implicar riesgos fiscales importantes, teniendo en cuenta estándares de calidad que fijarán las asociaciones y colegios. En concreto, se prohíbe que asesoren en una serie de operaciones ilícitas (llevanza de doble contabilidad, utilización de software de doble uso, etc.) e incluso, en otras no ilegales, como no incluir en el diseño de sus estrategias paraísos fiscales (ver cuadro adjunto).

A cambio, la AEAT otorgará un reconocimiento, en forma de sello de calidad a las asociaciones y colegios y los profesionales que se hayan adherido al Código, que se estudia que pueda incorporarse como logotipo. Además, la Agencia se compromete a establecer un canal de comunicación directo con los adheridos, facilitarles trámites, personalizar la gestión y reducir cargas fiscales indirectas, publicar los criterios que aplica en procedimientos de control y agilizar el conocimiento, por parte de los intermediarios adheridos, de los hechos susceptibles de una regularización, una práctica habitual hace años que ahora no se produce ya que se tiende a dificultar la posibilidad de defensa en la fase de comprobación.

Una vez aprobados los textos de los Códigos, la AEAT y las asociaciones y colegios adheridos se encargarán de definir el tratamiento para eventuales supuestos de inobservancia de los compromisos alcanzados. Las asambleas en las que las plataformas validará su voto no se celebrarán en ocasiones hasta el otoño, pero la Agencia se compromete a empezar a trabajar en este marco desde ahora.

Estos Códigos nacen en el contexto del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios, creado en 2011, y se llevan gestando desde hace tiempo, aunque han recibido un impulso definitivo del actual director de la AEAT, Jesús Gascón, que cumple un año en el cargo.
(Expansión, 04-07-2019)

Hacienda pone en marcha códigos de buenas prácticas para asesores fiscales
El Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios ha aprobado dos códigos de buenas prácticas para asesores fiscales, por los que sus firmantes se comprometen a informar de posibles irregularidades.

Según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda en un comunicado, el Foro ha aprobado dos códigos diferentes de adhesión voluntaria, uno para asociaciones y colegios profesionales y otro para profesionales tributarios.

La adhesión al código implica para las asociaciones y colegios la necesidad de contar con un código deontológico para sus asociados y de informar a la Agencia Tributaria de posibles irregularidades de sus asociados respetando el secreto profesional.

También los profesionales que se adhieran al código se comprometen a informar de posibles irregularidades, así como a prevenir e instar a sus clientes a corregir conductas "encaminadas a provocar riesgos fiscales importantes".

Entre estas conductas, Hacienda alude a la llevanza de doble contabilidad, la realización de pagos en efectivo por encima del límite legal, la deslocalización fiscal ficticia o el uso de sociedades en paraísos fiscales.

La Agencia Tributaria establecerá un canal de comunicación con las asociaciones firmantes, publicará los criterios de aplicación de las normas y personalizará la atención.

Hacienda detalla en el comunicado que la Agencia Tributaria publicará la relación de asociaciones, colegios e intermediarios adheridos a los códigos siempre que cuente con su consentimiento y que estudiará la creación de un logotipo que los identifique.
(Expansión, 04-07-2019)

La Airef propone acabar con el actual sistema de ayudas públicas a la industria
Los préstamos públicos para apoyar a la industria no sirven de nada. Así de cruda se ha mostrado este miércoles la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tras examinar las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria a través del programa de reindustrialización y competitividad industrial durante la última década. Entre 2008 y 2018, el ministerio ha otorgado préstamos por un importe de 4.900 millones de euros para un total de 5.000 proyectos. Durante este periodo, este programa financiado con dinero público ha tenido un coste para las arcas públicas de hasta 1.260 millones de euros, según el examen de la Airef. Y apenas ha servido para impulsar la inversión o para crear empleo en el sector. Por eso, la institución presidida por José Luis Escrivá aconseja poner fin a este programa tal y como está.

Esta institución ha presentado este miércoles el sexto capítulo del conocido como spending review, los análisis sobre la eficiencia de determinados capítulos del gasto público encargados por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy a instancias de la Comisión Europea. Junto a este de la política industrial, la Airef también ha analizado los programas de subvenciones, el gasto farmacéutico, las políticas activas de empleo o Correos.

El programa de reindustrialización y competitividad industrial consiste básicamente en la concesión de préstamos por parte del Ministerio de Industria a empresas industriales con la condición de crear empleo y aumentar la inversión productiva. Es uno de los principales instrumentos de la política industrial pública.

Entre 2008 y 2018, el Gobierno de España concedió 4.900 millones de euros en préstamos, de los cuales a finales de 2017 aún quedaban pendientes de devolver unos 3.300 millones. Estos préstamos se conceden en condiciones ventajosas porque se hacen sin intermediarios financieros, cuentan con tres años de carencia y un tipo de interés de mercado. Pero el resultado es que existe una alta morosidad en estos préstamos.

"El programa tiene un coste financiero y de morosidad muy elevado. El coste público de cada puesto de trabajo es casi cinco veces mayor que el subsidio por desempleo máximo, y por cada euro invertido, la Administración tiene un coste de 55 céntimos de euro", explica la Autoridad Fiscal.

Durante la última década solo han accedido a este programa el 2% de las empresas industriales españolas. "Ha tenido un modesto impacto en inversión y empleo por convocatoria: 4.700 puestos de trabajo y 208 millones de euros, pero el impacto desaparece a los cinco años. La Airef ha comparado la evolución de estas empresas respecto a otras de similares características y su conclusión es que a medio y largo plazo el impacto de las ayudas del ministerio de Industria sobre el empleo, la inversión, la productividad, la rentabilidad, el coste medio de la deuda o el nivel de deuda es nulo.

El informe concluye que a la Administración pública le cuesta alrededor de 25.000 euros al año cada puesto de trabajo creado por las empresas beneficiarias de este programa, es decir cinco veces más que el subsidio por desempleo máximo. Además, estos empleos son temporales y en su mayoría han desaparecido a los cinco años. "En cuanto cumplen las condiciones para que el ministerio les otorgue el préstamo muchas empresas vuelven a la situación inicial", explican desde el instituto público encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El estudio calcula que entre 2008 y 2014 se crearon unos 33.000 empleos, unos 4.700 puestos de trabajo por convocatoria, pero que a los cinco años son reabsorbidos por las empresas. Desde la Airef precisan que el periodo de análisis coincide con la crisis, cuando se destruyeron muchísimos puestos de trabajo, por lo que la comparación podría estar influida por este contexto.
(La Vanguardia, 04-07-2019)

Laboral

La videovigilancia y la geolocalización entran en el registro horario
Es una de las posibles fórmulas que más seducen a los empresarios, al igual que la de la grabación de sonidos en la oficina. Sin embargo, recuerdan los expertos, su implementación no es del todo fácil, ya que deben cumplirse una serie de requisitos para poder ponerse en marcha. Por un lado, debe haber una necesidad justificada, “legitimada y con una base jurídica”, comenta Raúl García, socio director del área laboral de EY. Pero también deben cumplirse los principios de proporcionalidad e idoneidad, “por lo que no todo vale”.

Además, la empresa está obligada a comunicar a los trabajadores y a sus representantes la instalación de estas herramientas, así como el fin concreto para el que se han colocado. “Hay más garantías, como la prohibición de utilizarlas en áreas de descanso o esparcimiento”. En protección de datos, resume Escribano, suele haber tensión con otros derechos, por lo que, aunque el método es factible no siempre es fácil calibrar la balanza.

Donde sí hay un hueco al que las empresas pueden aferrarse con más facilidad es en la seguridad. En determinados sectores, sobre todo los relacionados con ambientes fabriles e industriales, la prevención suele ser uno de los puntos que más puertas abren a métodos que a priori chocan con el derecho a la intimidad. Pese a ello, recuerdan los juristas, no siempre es fácil poder utilizarla para vigilar la efectividad de la jornada. “La capacidad de sorprender a los trabajadores a través de cámaras es claramente limitada”, dice García.

Geolocalización. Es un método que, en opinión de Escribano, va a tener cada vez más peso debido a los avances tecnológicos y a las herramientas aportadas por la compañía, “desde el móvil hasta el coche de empresa”. Como en el caso de las videocámaras, aquí también rigen los derechos de proporcionalidad e idoneidad, y también debe informarse a los empleados de su adopción. Además, prosigue la experta, no se puede imponer un control de la actividad más allá de la jornada, y el empresario debe ser proactivo en informar al trabajador acerca de cualquier detalle. “Estos serían los únicos límites”.

Con todo, recuerdan los juristas, y pese a los límites legales que permiten a las empresas recurrir a estas fórmulas en ciertos casos, hay que tener en cuenta que las relaciones laborales están basadas en la confianza entre compañía y empleado. Y que estos métodos no siempre tienen los resultados esperados.
(Cinco Días, 04-07-2019)

El Constitucional anula el cálculo de la pensión de las trabajadoras a tiempo parcial
El Tribunal Constitucional ha sumado su criterio al del Tribunal de Justicia de Europa (TJUE) y ha declarado como inconstitucional, nulo y discriminatorio para la mujer que exista desigualdad entre los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo en el cálculo de la pensión de jubilación.

En una sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, el TC considera que es nulo el inciso "de jubilación y" incluido en el párrafo primero de la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que hace referencia a la protección de los trabajadores a tiempo parcial. En la sentencia, dada a conocer hoy miércoles se considera que dicho inciso "vulnera el derecho a la igualdad entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial en el cálculo de la cuantía de la pensión por el modo de computar el periodo de cotización".

Apunta además que hay discriminación indirecta por razón del sexo, al quedar claro a través de las estadísticas que la mayoría de los empleados a tiempo parcial son mujeres, lo que provoca según el TC un "impacto adverso sobre los trabajadores de un determinado sexo".

El pasado 9 de mayo el TJUE dictaminó que el modelo español de cálculo de la pensión para los trabajadores parciales era contrario al derecho comunitario por ser discriminatorio indirectamente hacia la mujer. En este caso, la Corte europea dictaminó que son ellas las que ocupan el 75% de los puestos con jornada reducida.

El actual modelo para el cálculo del sistema de pensiones fue introducido en 2013 después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el anterior. Actualmente, el cálculo de la pensión de jubilación se realiza tomando una base reguladora, a partir de las cotizaciones realizadas por las horas remuneradas efectivamente trabajadas, y aplicándole un porcentaje determinado en función de los años cotizados.

Para los empleados a tiempo parcial, el cálculo se inicia sobre una base menor que luego se somete a un coeficiente reductor proporcional a la jornada real que venía realizando. Finalmente, el número de días cotizados final se multiplica por 1,5 para determinar la pensión, aunque el resultado no podrá superar el volumen de días realmente cotizados.

Ahora, sin embargo, el Constitucional acaba de anular el párrafo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que establece dicho modelo de cálculo. El tribunal admite en su fallo que el sistema hasta ahora vigente genera discriminación a los trabajadores con un coeficiente de parcialidad inferior al 67% porque el resultado no queda compensado por la multiplicación final por el 1,5.

"Ese efecto reductor de la base reguladora para quienes tienen el tiempo mínimo de quince años que permite el acceso a la prestación constituye una discriminación indirecta por razón de sexo", habida cuenta que el grueso de afectados son mujeres, el principal colectivo sujeto a jornadas parciales.

"Procede, no obstante, modular el alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad", advierten en su sentencia el Constitucional, aseverando que la anulación del artículo no beneficiará a quienes ya hayan tenido un fallo judicial en contra al reclamar una pensión mayor o en los casos en que al solicitarla se haya recibido una respuesta contraria en firme por parte de la administración. Es decir, que el Constitucional asume el criterio impuesto por el TJUE, pero limita los efectos retroactivos del cálculo de la pensión de las empleadas a tiempo parcial.
(Expansión, 04-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Las quejas al supervisor por créditos al consumo comen terreno a las hipotecarias
Las cláusulas abusivas de las hipotecas españolas no solo han colapsado los juzgados en los últimos años sino también el servicio de reclamaciones del Banco de España, como demuestra la memoria anual de 2018 publicada ayer por el organismo. La contestación de los consumidores, que alcanzó máximos en 2017 con 40.176 quejas al supervisor, descendió el año pasado a la mitad –como ya avanzó este diario en enero– ante los pronunciamientos judiciales sobre algunas de las cláusulas más polémicas, reduciendo el monto a 19.695. Sin embargo, mientras las reclamaciones hipotecarias caen un 67,4%, comienzan a ganan terreno con fuerza otras denuncias como las que afectan a créditos al consumo, que suben un 86,3%.

El supervisor bancario asume que la tendencia general continuará a la baja y se acentuará ahora que la nueva reforma hipotecaria, en vigor desde mediados de junio, impone nuevas obligaciones de transparencia al sector financiero en la comercialización de los créditos para la compra de vivienda. “La nueva regulación hipotecaria debería permitir que la incidencia en litigiosidad judicial como en relaciones se reduzca notablemente”, sostuvo ayer Fernando Tejada, director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del supervisor, que confía en las ventajas de su mayor “transparencia”.

De momento, en 2018 las reclamaciones hipotecarias redujeron su peso sobre el total del 81,4% de 2017 al 54%. Por el contrario, las reclamaciones sobre préstamos personales casi duplicaron su cantidad, pasando de 650 a 1.211, y las de tarjetas crecieron un 26,7% hasta las 1.869. Una tendencia creciente que se da en el marco de nuevas sentencias contra los intereses usurarios de la banca y de advertencias explícitas del Banco de España contra los peligros de los préstamos asociados a las tarjetas.

Dentro del apartado hipotecario, en todo caso, los gastos de constitución de los créditos fueron los grandes protagonistas de 2018, al ser objeto de seis de cada 10 quejas de este tipo frente al 2,9% que pesan ya solo las cláusulas suelo, responsables del boom de reclamaciones de 2013 (cuando se alcanzó el récord anterior con 34.645).

De hecho, el descenso general frente a 2017 viene dado por los pronunciamientos del Supremo en contra de la clientela en el asunto del reparto de gastos hipotecarios. En febrero del año pasado el tribunal dictaminó que el consumidor debía pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), el apartado que más pesa en la factura de constitución del préstamo. En octubre, a su vez, falló en contra de la banca en ese asunto, pero acabó corrigiéndose de nuevo en noviembre, lo que llevó al Gobierno a decretar que sería la banca quien pasara a pagar el impuesto. Esta nueva regla ha quedado refrendada luego en la nueva reforma hipotecaria que además carga a las entidades todos los demás gastos de notaría, registro y gestoría, dejando solo el de tasación a cargo del cliente.
(Cinco Días, 04-07-2019)

España cobra por los bonos a siete años
La tregua comercial firmada entre EE UU y China no ha servido para alejar los fantasmas de desaceleración económica. Si bien las Bolsas reaccionaron al nuevo acuerdo con subidas moderadas, el mercado de deuda sigue siendo la opción preferida de los inversores en un escenario marcado por la incertidumbre. Lo acontecido ayer fue una buena muestra de ello.

Aunque la caída de los rendimientos fue generalizada, la periferia europea brilló con luz propia y aquí la deuda española ocupó un lugar privilegiado. La rentabilidad del bono con vencimiento en 2029 marcó un nuevo mínimo histórico y cerró por debajo del 0,3%. El nombramiento de Christine Lagarde como sucesora de Mario Draghi al frente del BCE se ha convertido hoy en un nuevo aliciente para los descensos de las rentabilidades. Los expertos e inversores dan por hecho que la hasta la fecha gerente del FMI continuará la senda marcada por el banquero italiano. Es decir, que los tipos bajos y medidas ultralaxas seguirán acompañando al mercado. Esto es suficiente para que los rendimientos del bono español a diez años se sitúen al filo.

En el último mes y medio la aversión al riesgo sumada a los mensajes lanzados por los bancos centrales, que están dispuestos a aplicar nuevas medidas de estímulo monetario, ha acelerado la compra de bonos por parte de los inversores. Tal es así que el español a diez años ha pasado del 0,87% que marcó el 17 de mayo (en ese momento el nivel más bajo desde 2016) a situarse en el 0,22%, unos niveles que hace unos meses parecían impensables.

Los mínimos se extienden a lo largo de la curva de deuda española. El bono a dos años bajó al -0,5%; el cinco años, al -0,3% y, por primera vez en la historia, la deuda a siete años perforó la barrera del 0% (-0,08%). Esta evolución pone de manifiesto que a pesar de las fuertes revalorizaciones registradas por el mercado deuda en los dos últimos meses, los inversores están dispuestos a seguir exprimiendo el rally y dejar para más tarde la recogida de beneficios.

A las dudas que genera el acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping y la moderación del tono por parte del BCE y la Fed se añadieron ayer las noticias procedentes de Italia. Roma y sus desequilibrios macroeconómicos se sitúan en el punto de mira de Bruselas. El déficit y la deuda son las grandes preocupaciones de la Comisión Europea. Pero puede que después de meses de desavenencias, las aguas vuelvan a su cauce.

El Gobierno italiano se plegará a las exigencias europeas y rebajará su objetivo de déficit al 2% del PIB frente al 2,4% que anunció en abril. Con ello Italia lograría esquivar la multa de 3.500 millones que estudiaba Bruselas por el exceso de deuda. Para lograrlo el Ejecutivo que conforman 5 Estrellas y La Liga cuenta con varios recursos: el aumento de ingresos unido a la contención de gastos y el uso de los 1.500 millones de euros que el país preparó para el programa de ayudas sociales.

Los inversores se lanzaron a la compra de deuda transalpina. Si bien los rendimientos italianos habían estado sostenidos hasta el momento por el BCE, ayer la vuelta de la confianza fue la que explicó el recorte de las rentabilidades. El bono italiano con vencimiento en 2029 se sitúa hoy en el 1,66%, niveles de octubre de 2016. Por su parte, la deuda con vencimiento a cinco años cae del 1% (0,93%) mientras que la que vence en 2021 alcanzó entra en terreno negativo (-0,05%)

Las caídas de los rendimientos no se limitaron a Italia y España si no que se extendieron al resto de la periferia, con Grecia incluida. El bono portugués a 10 años baja al 0,29%, nuevo mínimo histórico, mientras el griego a 10 años se sitúa en el 2%, muy lejos del 19,2% que marcó en plena crisis de deuda.
(Expansión, 04-07-2019)

La ley hipotecaria rebajará las reclamaciones
Las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios son un asunto que no solo ha colapsado los juzgados españoles si no también el servicio de reclamaciones del Banco de España, como demuestra la memoria anual del ejercicio 2018 publicada este miércoles por el supervisor financiero.

La contestación de los consumidores, que alcanzó máximos en 2017 con 40.176 quejas tramitadas por el Banco de España, descendió el año pasado a la mitad -como ya avanzó este diario en enero- ante los pronunciamientos judiciales en torno a algunas de las condiciones hipotecarias más polémicas reduciendo el monto final a solo 19.695.

El supervisor bancario asume que la tendencia continuará a la baja y se acentuará ahora que la nueva reforma hipotecaria, en vigor desde mediados de junio, impone nuevas obligaciones de transparencia al sector financiero en la comercialización de los créditos para la compra de vivienda.

“La nueva regulación hipotecaria debería permitir que la incidencia en litigiosidad judicial como en relaciones se reduzca notablemente”, ha sostenido este miércoles Fernando Tejada, responsable del departamento de reclamaciones del supervisor, que confía en las ventajas de “un mecanismo más cerrado de transparencia”.

De momento, en 2018 las reclamaciones hipotecarias se redujeron un 67,4%, hasta las 10.645, pasando de ser un 81,4% del total en 2017 a solo un 54%. Dentro de este apartado, en todo caso, los gastos de constitución de los créditos fueron los grandes protagonistas, al ser objeto de seis de cada 10 quejas frente al 2,9% que pesan ya solo las cláusulas suelo, responsables del boom de reclamaciones de 2013 (cuando se alcanzó el récord anterior con 34.645).

Aun así, el descenso frente a 2017 viene dado por los pronunciamientos del Supremo en contra de la clientela en el asunto del reparto de gastos hipotecarios, que en febrero del año pasado dictaminó que el consumidor debía cubrir el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), el apartado que más pesa en la factura de constitución del préstamo.

El alto tribunal dictaminó luego en contra de la banca en octubre, pero acabó corrigiéndose de nuevo en noviembre, lo que llevó al Gobierno a decretar que sería la banca quien pasara a pagar el impuesto.

Esta nueva regla ha quedado refrendada luego en la nueva reforma hipotecaria que además carga a las entidades todos los demás gastos de notaría, registro y gestoría, dejando solo el de tasación a cargo del cliente.
(Expansión, 04-07-2019)

La actividad de los servicios de consultoría se incremente un 5,3% este año
Alcanzando los 14.441 millones de euros. En este aumento, el sector financiero continuará siendo el principal protagonista. A este le seguirán otros como las administraciones públicas y el de la energía. El sector industrial permanecerá atrasado en cuanto a innovación, tal y como indicó la ex vicepresidenta del Gobierno hoy durante la presentación del informe anual del sector de consultoría.

En 2018, el 30% de los proyectos que realizaron las consultoras españolas se emplearon tecnologías como big data & analytics, ciberseguridad, automatización y robotización, y cloud computing. Por otra parte, la inteligencia artificial, que por el momento sigue teniendo una presencia secundaria, es la gran apuesta tecnológica que ofrecerán las consultoras en tres o cuatro años. Otras como la realidad virtual o la realidad aumentada están aún a la cola de utilización de nuevas tecnologías en este tipo de servicios.

Tal y como menciona el director general de Viewnext, José María Pascual en el informe ofrecido, la inversión en tecnologías debe integrarse para que las empresas crezcan y sean más competitivas. El sector de la consultoría invirtió en 2018 el 2,8% de sus ingresos en innovación, lo que equivale a más de 380 millones de euros.

Elena Salgado destacó también que la desaceleración de la economía en algunos de los principales sectores de la consultoría, presentes en países como México y Brasil, generó una bajada considerable de las ventas en el mercado exterior desde el año 2015, pasando de los 3.125 millones de euros ese año, a los 3.009 millones en 2018. España, por su parte, experimentó un aumento de sus ingresos “de forma consistente” pasando de 9.710 millones de euros en 2016 a 10.705 en 2018.

Respecto al empleo en el sector, en 2018 se contrataron 186.000 profesionales más que en 2017, indicó Salgado. Esta tendencia del empleo en el sector ha ido acentuándose de manera continuada desde 2009, según en el informe de la AEC. Entre los nuevos contratos registrados en 2018, un 68% fueron para universitarios y de ellos, el 67% contaban con titulaciones en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Asimismo, las contrataciones se realizaron en su práctica totalidad a tiempo completo e indefinido, según resaltó la presidenta.
(El País, 04-07-2019)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).