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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 6 AL 8 DE JULIOL DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio
Resolución de 5 de julio de 2019, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.
(BOE, 06-07-2019)

Euro
Resolución de 5 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de julio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 06-07-2019)

https://boe.es/boe/dias/2019/07/08/
https://boe.es/boe/dias/2019/07/08/index.php?s=3

https://boe.es/boe/dias/2019/07/06/
https://boe.es/boe/dias/2019/07/06/index.php?s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 6 AL 8 DE JULIOL DE 2019

Fiscal

La economía española experimentará un crecimiento anualizado del 2,2% en 2019
Y del 1,9% en 2020 de acuerdo al informe 'Consenso Económico' del segundo trimestre de este año, que elabora cada tres meses la firma de servicios profesionales PwC sobre la opinión de un panel de más de 400 expertos, directivos y empresarios españoles. De esta forma, el panel ha mantenido sus previsiones sobre el crecimiento de la economía española con respecto al informe del trimestre precedente.

En lo que respecta a las expectativas, el 71,8% de los expertos ha calificado como "bueno" el momento coyuntural de la economía, mientras que es "regular" para el 24,8%. Asimismo, ha caído del 68,6% al 56,4% el número de directivos que considera que la economía estará peor dentro de un año.

Sobre la situación económico-financiera de las familias, las respuestas se han mantenido prácticamente sin cambios con respecto al 'Consenso Económico' del trimestre anterior. Así el 66,4% cree que es "regular", mientras que el 31,9% la ha calificado de "buena". Por este motivo, el 67,2% de los expertos confía en que la demanda de mas familias permanecerá estable en los próximos meses, mientras que el 18,1% espera que aumente.

Por otro lado, para el 69,8% de los consultados, la situación económico-financiera de las empresas es "buena", mientras que para el 30,2% es "regular". Pese a ello, el 43,5% opina que la creación de empleo se mantendrá "estable", al tiempo que hasta un 33% asegura que "disminuirá" en los próximos meses.

Asimismo, aunque el Banco Central Europeo (BCE) ha avisado en varias ocasiones en las últimas semanas que no descarta nuevos estímulos si se siguen materializando riesgos para la economía, el 81,6% de los encuestas espera que el tipo de interés de referencia para las operaciones de refinanciación de la eurozona se mantenga en el 0% al menos hasta final de año, aunque solo el 57,5% considera que se mantendrá invariable hasta junio de 2020.

Un tercio de los encuestados estima que a mediados del año que viene la autoridad monetaria habrá elevado el precio del dinero. El 21,2% espera que el tipo de interés esté situado en el 0,05% en junio de 2020, mientras que hasta un 11,5% anticipa que habrá aumentado hasta el 0,25%. En lo que respecta a la valoración de la coyuntura económica a nivel mundial, el 54,2% de los panelistas ha asegurado que es "buena", cuatro puntos porcentuales más que en el informe del trimestre anterior, mientras que es "regular" para el 44,1%.

La principal preocupación para los expertos, directivos y empresarios se centra en los riesgos derivados de las tensiones proteccionistas. En segundo lugar se han situado los riesgos asociados al equilibrio geopolítico internacional, mientras que la tercera posición ha sido para la incertidumbre del Brexit y la integración europea.
(Expansión, 07-07-2019)

La UE busca fórmulas para que los mecanismos de vigilancia fiscal y financiera de los países tengan más en cuenta las políticas sociales
Bruselas pasa revista periódicamente a la salud macroeconómica y a las finanzas públicas de sus socios. Y en caso de apartarse de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, les pide medidas correctoras. Los informes de la Comisión incluyen un examen a los principales indicadores sociales de cada país, pero estos acaban sepultados por los ajustes exigidos.

Los documentos remitidos a todas las delegaciones, a los que ha tenido acceso este diario, juzgan cruciales las políticas sociales, si bien admiten que ese gasto se ve aparcado en los Presupuestos sobre todo en épocas de recesión, lo cual puede desencadenar "efectos secundarios negativos" y dañar las bases de la economía. “La razón de ser la UE es asegurar el respeto por la dignidad humana y promover el bienestar de ciudadanos”, sentencia.

La Comisión Europea busca desde hace dos años dar un giro socioliberal a su agenda. Después de que Grecia haya quedado liberada de los rescates y España haya salido del brazo correctivo de la UE, Bruselas ha declarado el fin de la austeridad. La Comisión trata de manejar con mayor sutileza los últimos deslices de Grecia, los pulsos de Italia o los incrementos de gasto de Francia, España o Bélgica para enderezar las desigualdades internas que crecieron tras la Recesión. Pero esa agenda, la de la disciplina fiscal, todavía existe. Y de hecho, copará la mayor parte de las discusiones de este lunes en el Eurogrupo

En el mismo edificio y el mismo día, los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales empezarán a buscar fórmulas para vincular la política fiscal a la social. Basándose en un estudio de la OCDE que acompaña los dos documentos de trabajo, la presidencia de la UE detecta cuatro áreas clave que apoyan esa “economía del bienestar” que reivindica Europa: la educación, la sanidad, la igualdad de género y la lucha contra la desigualdad dentro de los Estados miembros.

Uno de los documentos que se discutirán señala este último como “uno de los mayores retos que afronta la UE” y juzga necesarios poner en marcha los engranajes que permiten la “movilidad social” para promover la convergencia social y económica que requiere el continente.

El documento recuerda, además, que el bienestar de los ciudadanos no solo es un valor en sí mismo, sino que es un motor para el crecimiento económico y para la sostenibilidad de las finanzas públicas. De este modo, señala que la promoción del bienestar, la prevención de enfermedades y la lucha contra la exclusión social son “aspectos cruciales” para reducir el gasto público en el futuro, incrementar la productividad y extender la vida laboral de los europeos. Y plantea otra cuestión: si bien Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador que permite tomar una fotografía sobre la salud de una economía en un momento determinado, no permite hacerse una composición sobre el bienestar de la población. Por ello, reclaman recurrir a más parámetros.

El trabajo adjunto de la OCDE aporta varias recomendaciones en esos cuatro ámbitos clave para mejorar las políticas de los países miembros. En el ámbito de la educación, pide ampliar el acceso a la educación de calidad a todos los segmentos de la población, dar más autonomía a centros educativos o rebajar la proporción de alumnos por maestro; en el de salud, reclama poner más atención en los trastornos mentales y asegurar el acceso universal a la sanidad; en el de la lucha contra la desigualdad, procurar que los sistemas de protección social sean más inclusivos y los sistemas fiscales más progresivos, y en el de la igualdad de género, medidas de conciliación laboral y también contra la violencia machista.
(El País, 07-07-2019)

La ministra de Hacienda pone a los grandes contribuyentes en su punto de mira
La ministra en funciones de Hacienda vuelve a poner el punto de mira, además de en las grandes empresas, en los contribuyentes más ricos, a los que acusa de aportar poco a las arcas públicas. Los reproches de la ministra en funciones son gruesos, pero las propuestas de PSOE y el gabinete de Sánchez para atacar la situación no anticipan grandes novedades, más allá de las medidas reflejadas en los presupuestos tumbados a principios de año.

El programa electoral socialista planteaba una “reforma fiscal profunda” que refuerce la progresividad del sistema tributario. E insistía en incrementar la aportación de los contribuyentes “con ingresos más altos y mayores patrimonios” y mejorar “la equidad entre la fiscalidad de las rentas de capital y las rentas del trabajo”. Planteamientos en línea también con la hoja de ruta para las reformas de los próximos años, apadrinada por el Ejecutivo de Sánchez. La Agenda del Cambio recoge cambios en la tributación de la riqueza, a través del impuesto de patrimonio y, de nuevo, de las rentas del capital. Además, incluye entre las medidas antifraude, la creación en la Agencia Tributaria de una unidad de control de grandes patrimonios (a imagen del grupo adscrito a la delegación central, dedicado a empresas de grandes dimensiones).

Montero ha reiterado en las últimas semanas que seguirán adelante con cambios fiscales que naufragaron con las cuentas del 2019. Y que trabajan para que estén en vigor a principios del próximo año. De seguir adelante, los contribuyentes más acaudalados se verían afectados por la subida de los tipos marginales máximos en el IRPF –incremento de dos puntos hasta el 24,5% en la parte estatal para las rentas que excedan de los 130.000 euros, y del 26,5% para las superiores a 300.000 euros, pudiendo llegar a un 52% global en casos como el de Catalunya; más una subida del 23 al 27% en las rentas del ahorro para quienes ingresan más de 140.000–.

Con este cambio, tenían previsto ingresar 328 millones más, frente a los hasta 255 millones estimados por la Autoridad Fiscal. Las cuentas también eliminaban la temporalidad del impuesto de patrimonio, aunque daba libertad a las autonomías para seguir aplicando sus bonificaciones. Al dejar en la práctica el gravamen en manos de las comunidades, la Airef negó que la medida aumentaría la recaudación.
(La Vanguardia, 07-07-2019)

Laboral

Los sindicatos de la hostelería ponen en su punto de mira a las empresas de 'fast food'
Los restaurantes de comida rápida se han convertido en el objetivo de los sindicatos de la hostelería para esta temporada alta. El último informe de negociación colectiva elaborado por la Federación de Servicios de Comisiones Obreras refleja que 1,08 millones de trabajadores tienen sus convenios en vigor, lo que supone un 83,5% del total de los empleados del sector.

Los acuerdos se han acelerado y los incrementos salariales, que provocaron la amenaza de huelga en Málaga el pasado verano, se han consolidado. Tras la firma de 18 convenios autonómicos y provinciales en 2018, la subida media se situó en un 2,14%, mientras que los precios se incrementaron en el mismo período un 1,2%, con lo que se produjo una recuperación de poder adquisitivo de 0,94 puntos porcentuales.

Solventadas ambas cuestiones, que habían provocado movilizaciones y amenazas de huelga en el pasado, los sindicatos de la hostelería han puesto en el punto de mira a las empresas de comida rápida, reguladas por nueve convenios que afectan a cerca de 50.000 trabajadores. “Hemos puesto en marcha una campaña divulgativa dirigida a las empresas o grupos de empresas afectadas por los convenios colectivos que tenemos abiertos o por los que se van a abrir en 2019.

El objetivo es denunciar la precariedad laboral y la pobreza salarial que sufren este colectivo de trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes”, recalca Gonzalo Fuentes, responsable de Turismo de Comisiones Obreras. Entre las compañías de comida rápida a las que se están dirigiendo se encuentran Telepizza, Domino´s Pizza, Foster´s Hollywod, Pans & Company, Vips, Starbucks, Ginos, Rodilla, Tagliatella o Burger King Spain.

La primera que ha sufrido la presión sindical ha sido Telepizza, que ha registrado tres huelgas de trabajadores en el último mes: dos en Zaragoza y una en Barcelona. En el caso de Zaragoza, los paros se produjeron el 31 de mayo y el 29 de junio para protestar por dos motivos. El primero fue que se traspasó el negocio a un modelo franquiciado por una empresa (QSR) que no respetó las condiciones que los empleados traían de Telepizza.

El segundo es que los representantes de los trabajadores consideraban que la empresa no estaba pagando el salario mínimo interprofesional, fijado en 30 euros al día o 900 euros al mes desde el pasado 21 de diciembre. De hecho, las centrales sindicales denuncian que de los 300 trabajadores en plantilla, la gran mayoría está contratada a tiempo parcial y cobra entre 250 y 280 euros al mes.
(Cinco Días, 08-07-2019)

Aprobados los conciertos de MUFACE para dar cobertura sanitaria a 1,1 millones de funcionarios
El Consejo de Ministros ha aprobado los dos conciertos de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). En el bienio 2020-2021 darán cobertura sanitaria a través de distintas entidades aseguradoras a más de 1,1 millones funcionarios en España y a más de 7.000 destinados en el exterior en 123 países.

Los conciertos, que suponen casi 2.255 millones de euros en total, suponen un incremento del 4,5 por ciento de prima fija, por lo que "se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan, además, los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha señalado el Ejecutivo.

Asimismo, contempla la incorporación del nuevo colectivo derivado de las últimas ofertas de empleo público y los procesos de estabilización de personal temporal. En el periodo comprendido entre 2019 y 2021, se esperan 109.190 nuevos mutualistas, con una edad media de 31 años en el caso de los titulares y de 8 en el de los beneficiarios.

Los nuevos conciertos apuestan por la transformación digital de MUFACE, con la implantación plena de la receta electrónica, iniciada en 2019. También prevé la creación de la carpeta personal del mutualista y da el paso definitivo al catálogo digital de cuadros médicos. Igualmente, se avanza en la atención domiciliaria bajo demanda en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Por otra parte, el también ha autorizado la modificación de los límites de gasto que permiten a MUFACE la celebración de conciertos para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria durante los años 2020 y 2021. Los límites de compromisos máximos son 1.120 millones de euros en 2020, 1.134 millones en 2021 y 45 millones en 2022.
(Expansión, 06-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Un juez considera consumidor a una inmobiliaria y anula la cláusula suelo de su hipoteca
En el 90 % de los casos las sentencias dictadas por los tribunales anulan por abusivas las cláusulas suelo, siempre que el hipotecado sea un ciudadano. En principio, este beneficio no alcanza a las empresas, salvo que el juez considere que la compañía asumió un rol de consumidor al firmar la hipoteca. Una situación muy poco frecuente, lo que hace más extraordinaria la reciente sentencia de un juzgado de Alcobendas. La resolución (cuyo texto puede consultar aquí) anula la cláusula suelo de la hipoteca de una empresa del ramo inmobiliario porque la operación se llevó a cabo sin ánimo de lucro, para financiar la compra de unos apartamentos vacacionales para el administrador de la compañía.

El juez trata a la entidad en su sentencia como consumidora porque no aprecia ánimo de lucro en la compra de los inmuebles, ya que estaban destinados para las vacaciones de familiares y amigos. De esta manera, y tras examinar la cláusula suelo que contenía la hipoteca, el magistrado la consideró abusiva, anulándola del contrato.

La especial protección de la normativa europea y nacional a estos efectos se otorga solo a los consumidores, por lo que es fundamental la calificación como tal del cliente del banco que firma un préstamo. En este caso, las cláusulas incluidas en las hipotecas deben superar un control de transparencia más exigente. Si no superan este listón son declaradas abusivas y, por tanto, nulas o no puestas.

El juzgado tiene en cuenta que aunque el objeto social de la entidad era precisamente la compraventa y alquiler de bienes inmuebles, el préstamo solicitado fue destinado para la compra de diversos apartamentos y plazas de garaje en un lugar turístico, no para su venta, sino para el disfrute en vacaciones de la familia y amigos del administrador de la empresa.

Para acreditarlo, la mercantil aportó al procedimiento recibos de consumo y suministros que probaban que el consumo y por tanto la ocupación de las viviendas se producía en temporadas de esquí y vacacionales.

El juez admite estas pruebas y concluye que la operación se llevó a cabo ánimo de lucro, por lo que la empresa podía ser considerada consumidora. De esta forma, el análisis de la cláusula controvertida debía superar el control antiabusos que incluye la comprobación de su transparencia e incorporación al contrato.
(Cinco Días, 06-07-2019)

Competencia lanza una bajada del recibo de la luz y el gas con el recorte de los pagos a las empresas energéticas
La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha una bajada del recibo de la luz y el gas en España al plantear un recorte de hasta el 21% de la retribución al sector por sus actividades y distribución.

La CNMC que preside José María Marín Quemada considera que el Estado ha sido hasta ahora demasiado generoso con los llamados peajes al sector energético y estrena sus competencias en la fijación de la retribución con recortes. Las eléctricas deben sufrir una bajada del 7% en lo que se les paga por distribución y del 8,2% por el transporte. Las gasistas, un 17,8% en distribución y un 21,8% en transporte. La CNMC penaliza más al sector gasista porque, en su opinión, no mantiene el nivel de inversión que el eléctrico, que se encuentra en plena apuesta por renovables.

El impacto en el recibo no será inmediato porque la CNMC ha lanzado estas circulares hoy a audiencia pública y no serán definitivas hasta recibir alegaciones del sector, que espera atenuar el recorte. Está previsto que las nuevas retribuciones bajen el recibo a partir de enero de 2020. Los analistas estiman un impacto superior a los mil millones de euros en el sector que ha acusado fuertes bajadas en Bolsa. Enagás cayó por encima del 7% y Naturgy, un 3,37%.
(El Mundo, 06.07-2019)

Sector

La inversión en Justicia Gratuita recupera el nivel anterior a la crisis y alcanza los 269 millones
La inversión destinada por las distintas Administraciones Públicas a la Asistencia Jurídica Gratuita en España ha alcanzado durante 2018 los 269 millones de euros. Esto supone la recuperación de los niveles previos a la crisis económica y una subida del 10,6 por ciento con respecto a 2017, cuando se invirtieron 243,2 millones.

La Abogacía Española ha presentado los resultados de su XIII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita. El documento destaca la subida -un 30 por ciento de media- de baremos en el llamado Territorio Común de Justicia tras más de 15 años de congelación. La inversión media por ciudadano es de 5,76 euros por año, mientras que el abogado de oficio recibe 142 euros por cada expediente.

El Turno de Oficio acaparó durante 2018 la mayor parte de la inversión con 186,5 millones de euros -69,4 por ciento del total del gasto- y un incremento del 12 por ciento con respecto a 2017. Dentro del Turno de Oficio, la jurisdicción que cuenta con mayor inversión es la Penal con 103,9 millones de euros y más del 55 por ciento del gasto total destinado a este servicio. A continuación se encuentra Civil con 49,7 millones de euros -26,7 por ciento-, Contencioso-Administrativo con 8,8 millones -4,7 por ciento- y Social con 4,8 millones de euros y el 2,6 por ciento de la inversión total en el Turno de Oficio.

En Asistencia Letrada al Detenido el aumento ha sido de un 9 por ciento alcanzando 49,9 millones de euros; mientras que la compensación que perciben los Colegios de Abogados por los Gastos de Infraestructura supuso 23 millones de euros, un 2,6 por ciento más que en 2017, con una clara tendencia a la estabilización de este gasto por la implantación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que reduce los costes y rebaja notablemente los tiempos de tramitación de documentación por los ciudadanos. En concreto, se tramitaron 680.227 solicitudes de ciudadanos para gestionar por vía telemática su expediente de Justicia Gratuita, lo que supone un incremento superior al 0,6 por ciento con respecto a 2017, cuando los Colegios de Abogados tramitaron 676.027 solicitudes con esta herramienta tecnológica.

En materia de Violencia de Género continúa la tendencia de subida de años anteriores con un incremento del 10,4 por ciento con respecto a 2017 y un importe que supera los 9,5 millones de euros. Durante 2018, los 83 Colegios de Abogados atendieron 1.890.250 asuntos del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que supone un incremento del 3,7 por ciento con respecto a 2017. De los 46.130 abogados adscritos al Turno de Oficio, 22.035 son mujeres - el 48 por ciento-. Llega al 54 por ciento en el Servicio de Violencia de Género.
(Cinco Días, 06-07-2019)

 
 
 
 
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