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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 9 DE JULIOL DE 2019

Laboral

Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.
(BOE, 09-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 8 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 8 de julio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 09-07-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/index.php?s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 9 DE JULIOL DE 2019

Fiscal

Hacienda no podrá exigir el pago de un impuesto si está ligado a otro sujeto a una causa penal previa a 2015
El Tribunal Supremo acaba de establecer nuevos límites al recobro de deudas fiscales por parte de Hacienda en aquellos casos en los que el tributo se vea directa o indirectamente afectado por una investigación penal. El fisco, aclaran los magistrados, no podrá exigir el pago de un impuesto a una empresa deudora, ni a un tercero que figure como responsable solidario, si el tributo está relacionado con otros sujetos a un procedimiento judicial por delito fiscal previo a 2015.

El pronunciamiento del alto tribunal, que sienta doctrina en esta materia, atañe al caso de una compañía de telecomunicaciones que aparentemente fijó una “artificiosa localización” de su sede “en el archipiélago canario” para evitar que sus servicios quedaran sujetos al pago del IVA. En dichas islas, rige en su lugar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), si bien se da el caso de que los servicios de telecomunicaciones están exentos de este tributo.

La empresa contaba con un administrador único que operaba desde Valencia, pero en la escritura de constitución de la sociedad figura como dirección una vivienda de su asesor fiscal, radicada en Las Palmas de Gran Canaria, donde vive una hija del propietario que es también apoderado de la firma investigada. Además, según ha acreditado durante el procedimiento judicial el Abogado del Estado, el asesor abrió una cuenta bancaria a nombre de la compañía en Las Palmas de Gran Canaria, “contribuyendo también así a esa suerte de apariencia de que la entidad por cuya cuenta actuaba tenía domicilio fiscal canario”, recoge el fallo del Supremo.

En paralelo, el capital de constitución de la sociedad en cuestión fue aportado desde una cuenta bancaria a nombre de una empresa de la que este asesor fiscal es propietario al 50%. Finalmente, como encargado de la contabilidad de la compañía y de su entrega al Registro Mercantil, el asesor fue presentando periódicamente declaraciones negativas del IGIC.

El presunto entramado fue descubierto por la administración durante un proceso de comprobación e investigación en relación al pago del IVA y el impuesto de Sociedades de los ejercicios 2006 y 2007. En el caso del IVA, la Agencia Tributaria detectó un presunto fraude superior a los 120.000 euros, umbral desde el que la infracción se considera delito fiscal, por lo que remitió el caso a la fiscalía para iniciar un procedimiento penal contra la compañía.

Al no alcanzarse semejante cuota en el impago de Sociedades, Hacienda mantuvo abierto el procedimiento administrativo reclamando por esta vía 79.653 euros en 2009 más una sanción por importe de 95.728 euros.
(Cinco Días, 09-07-2019)

Hacienda contra los directivos que se van a Portugal
El beneficioso régimen fiscal de Portugal para profesionales cualificados, grandes patrimonios y pensionistas no ha pasado desapercibido en España. Muchos son los traslados al país vecino. Los suficientes para haber puesto en guardia a la Agencia Tributaria (AEAT) que, según Juan Carlos Pérez, director de la Central de Galicia y Portugal de CE Consulting Empresarial y otras fuentes consultadas por este diario, está mirando con lupa que los traslados a Portugal sean reales y no una vía para eludir el pago de impuestos.

El Fisco está poniendo en duda muchas de estas deslocalizaciones fiscales y exige que se tribute por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio. Si las cuotas a ingresar son superiores a 120.000 euros, se les atribuye un delito contra la Hacienda Pública. Es el proceder con lo que la AEAT denomina "simulación de residencia fiscal fuera del territorio español", uno de los objetivos que se marca en el Plan de Control de 2019, como destacan desde la Agencia Tributaria, y que tiene en Portugal un control preferente.

El régimen fiscal aplicable a los residentes no habituales (RNH) en Portugal cumple diez años y supone una tarifa plana de tributación del 20% para las rentas obtenidas en suelo luso y la exención de los ingresos y pensiones percibidos del extranjero. Implica ahorros de cerca de 18 puntos respecto al IRPF y en algunos casos, del 100%. Combinado con facilidades como golden visas para no comunitarios, ha llevado a Madonna, John Malkovich, Mónica Bellucci o Michael Fassbender, entre otros, a instalarse en Portugal.

Para defenderse del Fisco español, el contribuyente aporta un certificado de residencia fiscal expedido por las Autoridades Fiscales lusas que antes cerraba la discusión, pero en los últimos tiempos es insuficiente, avisa Albert Mestres, socio de Toda & Nel-lo. La Inspección intenta aportar pruebas, desde atribuir una mayor presencia en España (acreditable por vecinos, personal de servicio, médicos, redes sociales) a acreditar un supuesto vínculo económico mayor con España.

La ofensiva de Hacienda no siempre consigue su objetivo. Si el contribuyente decide ir a los tribunales, los jueces fallan a menudo a su favor, ya que no creen que la AEAT haya probado que la deslocalización es ficticia.

El motivo, explica Juan Carlos Pérez, es que tiene prevalencia el Convenio para Evitar la Doble Imposición entre España y Portugal sobre la normativa española. Esto significa que Hacienda considera que hay traslado ficticio cuando concurre cualquiera de los requisitos del artículo 9 de la Ley del IRPF: que no se haya residido el mínimo de 183 días en el otro país y que el centro de intereses económicos y el arraigo familiar estén en España.

El Convenio, en cambio, prima dónde se sitúe la vivienda habitual. El centro de intereses económicos sólo se tiene en cuenta si el contribuyente tiene vivienda en los dos Estados. Los tribunales suelen seguir el criterio del Convenio, según varias sentencias a las que ha tenido acceso este diario. El Tribunal Supremo dio la razón a un ciudadano con vivienda en Portugal y España y centro de interés en el país luso. Desde la AEAT apuntan que otros fallos judiciales avalan las tesis de Hacienda.
(El Mundo, 09-07-2019)

Laboral

Los jueces avalan los descuentos en la nómina por fichar tarde en el trabajo
Un juez de la sala social de la Audiencia Nacional ha avalado que las empresas descuenten el sueldo a los empleados que lleguen tarde al trabajo y desestima así una demanda de la CGT, a la que se adhirieron diversos sindicatos contra la compañía Contact Center Attento Llamadas. La representación sindical también reclamaba la devolución de las diferencias retributivas que hubieran podido ocasionar estas prácticas.

Según señala la sentencia, que se reste el sueldo del trabajador que entra tarde a su puesto laboral no supone una multa ya que “cuando no existe una efectiva prestación de servicios por parte del trabajador no se merita ningún sueldo más allá de los casos previstos legal o convencionalmente”. Y añade que no se puede reclamar la parte del sueldo “por periodos de tiempo por ínfimos que sean” en que el empleado no hace su trabajo.

“No existe un derecho del trabajador a que su jornada individual sea redistribuida una vez fijada por causa de retrasos injustificados”, dice la sentencia, que establece que “tal distribución irregular de la jornada es una facultad empresarial”.

La sentencia llega en medio de la revolución que ha ocasionado la obligación de que todas las empresas registren la jornada diaria de sus empleados. En rigor, desde el pasado 12 de mayo, aquellas compañías que se abstengan de hacerlo se arriesgan a ser sancionadas por la Inspección de Trabajo con multas de hasta 6.250 euros.

Casi dos meses después, sin embargo, el registro de jornada laboral sigue siendo fuente de graves quebraderos de cabeza tanto para empresas como para sindicatos, ante las dificultades para ponerlo en marcha. Un contexto en el que gana interés la sentencia a favor de Atento.

La CGT presentó una demanda (a la que se adhirieron CC OO, UGT y otros sindicatos) contra la empresa de call center por descontar directamente de las nóminas de sus empleados el equivalente al tiempo del retraso, además de sancionarles cuando este hábito se daba reiteradamente.

El sindicato exigía que a los empleados afectados se les abonara la retribución retenida por la empresa y criticaba que no se les hubiera permitido compensar los retrasos con otros periodos de trabajo, como se hace cuando un empleado prolonga su jornada más allá de lo establecido porque la llamada que está atendiendo se alarga.

Atento realiza su seguimiento de jornada a través de un sistema de control horario y registro instalado en la entrada de la empresa para verificar tanto la incorporación como la salida de los empleados. A partir de ahí se da un tiempo de cortesía de entre 1,5 y 3 minutos desde que el trabajador ficha hasta que se coloca en su puesto laboral.

La compañía alegó que el tiempo no trabajado se descuenta de la jornada diaria, no mensual como sostenía la CGT, y justificó no haber permitido compensar las horas perdidas con trabajo adicional por la dificultad que entrañaría casarlo con las campañas que realiza para terceros.

Tras analizar el convenio de Atento y la normativa aplicable, los jueces concluyen “que, si bien en el convenio se estable un cómputo anual de la jornada, la distribución irregular de la misma se otorga al empleador” tanto por el convenio como por el Estatuto de los Trabajadores, pues “es una facultad que deriva del poder de dirección y organizador del trabajo”.

Por otro lado, según los jueces esa compensación “implicaría hacer de peor condición al trabajador que previo aviso se ausenta unas horas del trabajo con arreglo al artículo 29 del Convenio, que pierde su derecho a la retribución con relación a aquel que sin causa justificativa alguna simplemente llega tarde al su puesto de trabajo”.
(Cinco Días, 09-07-2019)

Los objetivos que determinan el cobro de la retribución variable deben basarse en criterios exactos que no lleven a distintas interpretaciones
Ésta es la exigencia que se pide a las empresas cuando fijen los objetivos de retribución variable de sus empleados. Si este requisito no existe, la justicia se ve obligada a actuar. Ha sido el caso de una reciente sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, que condena a una compañía de transporte urgente a abonar el 100% del variable a sus trabajadores, un complemento salarial que disfruta toda la plantilla salvo el personal de ventas y de servicios especiales.

El año pasado los trabajadores cobraron el bonus correspondiente a los logros alcanzados en dos puntos: uno asociado a la calidad, que comportaba el 25%, y otro relacionado con el puesto específico del trabajador (25%). Sin embargo, no se les pagó el resto de la retribución, el 50%, apartado que depende de los resultados financieros obtenidos por el grupo a nivel europeo, que no alcanzaron las previsiones esperadas. Fue en este último hecho donde surgieron las desavenencias entre empresa y trabajadores, que presentaron una demanda este año con el fin de defender sus derechos y aclarar el conflicto.

Según consta en la sentencia de la Audiencia Nacional, la compañía nunca había concretado bajo qué criterios se habían fijado los objetivos de este apartado. La empresa argumentó, mediante un correo electrónico a la plantilla, que esta parte no podía ser abonada porque no se llegaron a alcanzar los resultados previstos por la compañía en el mercado europeo. La sociedad alegó, además, que desconocía el contenido de este punto porque se trata de un dato sensible. Lo cierto es que nunca había comunicado a los empleados los detalles de estos objetivos, por lo que "por aplicación de la doctrina no es necesaria su comunicación".

Se ha dictado sentencia y los trabajadores podrán disfrutar de la totalidad de su variable, no de una parte como quería la empresa, basándose en argumentos poco claros. Esta falta de concreción choca con el criterio de los jueces, quienes sentaron precedente con una sentencia similar reciente. En este caso, fue el Tribunal Supremo el que obligó a una compañía a pagar el 100% del bonus a un exempleado tras haber finalizado su relación con ella. Fue igualmente la ambigüedad en uno de los tres puntos que marcan el cobro del variable lo que provocó el conflicto. Concretamente, en la parte de los logros individuales del trabajador -no alcanzados-, basados en conceptos que llevaban a distintas interpretaciones como la reducción del riesgo o el liderazgo. El cumplimiento de objetivos no debe generar duda y tiene que estar basado en métricas exactas.
(Expansión, 09-07-2019)

España necesita inmigrantes, no solo aumentar la natalidad
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, ha afirmado hoy en Santander que, para la sostenibilidad del sistema de pensiones, a largo plazo, además de incrementar la tasa de natalidad, "España necesita tener inmigrantes". "Necesitamos inmigrantes porque la pirámide demográfica está muy descompensada y la única forma de compensarla es con gente joven que tengan hijos y que venga a España a trabajar", ha declarado Granados a preguntas de los periodistas.

Preguntado en concreto sobre la necesidad de incrementar los índices de natalidad, Granados ha opinado que "en España tener hijos es a medias un milagro y una maldición". "Siempre que salimos a los foros europeos se dice que España es el país de Europa que tiene la peor política de apoyo a las familias, la más exigua", ha lamentado el secretario de Estado antes de inaugurar el curso sobre "La Seguridad Social ante el reto de la digitalización y la jubilación del baby boom: claves para su sostenibilidad financiera y social".

Para Granados, una política "auténticamente democrática" es aquella en la que "la gente pueda tener los hijos que quiera tener". Según ha explicado, "antes se tenían más hijos de los que se deseaba porque se les privaba de acceder a medios de control de la natalidad", mientras que ahora, en su opinión, la precariedad laboral, la falta de ayudas públicas y de servicios hace que la gente no pueda tener más hijos. "El Estado español no puede seguir siendo espectador en las políticas de natalidad", ha subrayado Granados.

No obstante, ha matizado que "hay que ser serios", porque "esto no se arregla únicamente incrementando la tasa de natalidad". Para Granados, "la sociedad española necesita tener inmigración". Por ello, considera que "los que quieren defender a los pensionistas y a la vez oponerse a tener una política razonable de inmigración, están faltando a la verdad y engañando a las personas". "Necesitamos inmigrantes porque la pirámide demográfica está muy descompensada y la única forma de compensarla es con gente joven que tengan hijos y que venga a España a trabajar", ha resumido Granados.

Preguntado por la hucha de las pensiones, Granados ha dicho que para el segundo semestre "puede haber alguna incertidumbre en función de cómo salga la temporada de verano". Granados ha afirmado que el primer semestre de 2019 "ha sido mejor de lo previsto", porque se ha acabado junio en una situación relativamente cómoda, que hace que "el devenir del año no se antoje especialmente problemático". Y ha añadido que hasta final de junio las cotizaciones crecieron al 8% y la ocupación, al 2,6%, lo que quiere decir que "la gente está cobrando mejores salarios y trabaja más horas de jornada".

Un "esfuerzo" que Granados cree que "hay que mantenerlo" porque el sistema necesita pagar "buenas pensiones" con salarios que ve "todavía muy insuficientes porque todavía estamos viviendo los coletazos de la reforma laboral". Sobre el curso que se imparte esta semana en la UIMP, Granados ha afirmado que se celebra "no para transmitir mensajes a los ciudadanos", sino para que la Seguridad Social reflexione sobre los mensajes que le llegan y ver cómo el sistema de pensiones puede adaptarse a las nuevas realidades cambiantes en los campos sociales, administrativos o de la esperanza de vida de los mayores.

Para Granados esto es necesario para la Seguridad Social después de un final de legislatura "muy rápido", en el que "no ha podido abordarse el necesario acuerdo en el Pacto de Toledo para realizar las reformas que garanticen la absoluta seguridad en que el sistema va a ser sólido y sostenible para el futuro".
(La Vanguardia, 09-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El fraude de los turistas británicos cuesta hasta 100 millones a la sanidad privada de España
La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) ha denunciado este lunes que cerca de 800 turistas británicos acuden a diario en temporada alta a centros sanitarios de este sector para ser tratados, porque piensan que la póliza de seguro de viaje que han contratado en su país cubre este servicio, cuando no es así.

Se trata de un posible fraude asistencial médico por parte de unas quince aseguradoras del Reino Unido, según ha denunciado Carlos Rus, secretario general de la patronal de la sanidad privada, que ha estimado el impacto económico en el ámbito privado de 75 a 100 millones de euros, además del coste para la salud de los pacientes.

El fraude consiste en lo siguiente: las compañías británicas de viaje en cuestión venden una póliza de seguro que cubre el equipaje, pero también la asistencia sanitaria por si los turistas tienen un percance durante las vacaciones.

Pero, como ha explicado David Medina, miembro de la junta directiva de Aspe, en el contrato las compañías incluyen, "generalmente de una manera opaca y en letra pequeña", que la asistencia que le cubre es en un centro público, nunca en uno privado.

Es decir, les venden algo a lo que tienen ya derecho como ciudadano europeo al tener acceso a la tarjeta sanitaria europea, lo que le da derecho a acudir a un centro público. Por eso, para contratar las pólizas, las empresas exigen a los clientes que se saquen esta tarjeta.

El problema es cuando el turista llega a España de vacaciones y se pone enfermo y, muchas veces por cercanía y otras por desconocimiento, acaba en un centro privado.

En ese caso, según Medina, la sanidad privada actúa en función de la gravedad del paciente. Si no está grave, se le informa de que no tiene cubierta la asistencia en el hospital y se le da opción a ser asistido allí y a abonar esta asistencia o que se traslade a un centro público.

Lo malo es cuando el paciente está grave y tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Si tiene que ser de forma inminente, según Medina, "no hay dudas", porque siempre se le atiende, pero luego la compañía deniega la factura y el paciente en muchas ocasiones no tiene para pagar.

Si la intervención no tiene que ser inmediata y es trasladado a un centro público, el sistema nacional de salud le pasa luego al centro privado que le ha trasladado la factura con el coste de la ambulancia y de la intervención quirúrgica.

Y eso es así, según Medina, porque la Administración se acoge al artículo 83 de la Ley General de Sanidad, que establece quién es el "tercero obligado al pago" de estos servicios en estos supuestos. Algunas autonomías, como Murcia, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana, según han comentado, consideran que ese "tercero" es la sanidad privada porque ha trasladado al paciente al centro público.
(Cinco Días, 09-07-2019)

El 'Plan Juncker' aprueba 1.400 millones de financiación para proyectos de transporte en España
La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro, ha pedido reforzar la inversión en infraestructuras en Europa para alcanzar el volumen previo a la crisis, en el marco de un encuentro celebrado en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid, junto a la Comisión Europea y el Instituto Oficial de Crédito (ICO), que ha analizado el sector del transporte. Según explicó Navarro, el conocido como 'Plan Juncker' nació para reactivar la inversión en la Unión Europea tras la recesión económica, pero todavía existen sectores afectados por la falta de inversión.

"Las infraestructuras siguen estando en un 75% de la inversión que se registraba antes de la crisis. Existen necesidades de inversiones importantes si queremos que Europa sea una economía capaz de competir en un mundo globalizado", ha expuesto.

Según ha detallado la vicepresidenta del BEI, el 'Plan de inversiones para Europa' ha aprobado en los últimos cuatro años 1.400 millones de euros en financiación de proyectos ya licitados para el transporte en España que han movilizado 4.000 millones de euros adicionales. En concreto, se han beneficiado de esta línea de crédito empresas como Talgo, para sus planes de desarrollo tecnológico de los trenes de alta velocidad y eficiencia energética (30 millones de euros); Metro de Madrid, en sus proyectos de modernización la red (135 millones); o Aena, en su proyecto para la mejora de la eficiencia energética de los aeropuertos (86 millones) y en la mejora de equipos de seguridad (400 millones).

"En España el Plan Juncker ha sido relevante ya que es el tercer país de la UE más beneficiado por la financiación del BEI, con casi 130 proyectos aprobados que están impulsando la innovación, la acción por el clima y también el desarrollo de transportes más limpios en nuestro país. El transporte es un sector clave para la economía y el empleo de la Unión Europea. Desde los orígenes del BEI, el transporte ha sido el sector que mayor financiación ha recibido ya que desde 1958 se han financiado más de 300.000 millones de euros. Supone cerca del 25% del total de la financiación recibida. Solo el año pasado, se financiaron más de 21.000 millones de euros", ha añadido Navarro.

Según explicaron representantes de las tres instituciones, el Plan Juncker ha movilizado 29.000 millones de euros para el transporte en toda Europa. Desde su lanzamiento, en julio de 2015, el BEI ha aprobado en España 128 operaciones con una financiación de más de 8.700 millones, con los que espera movilizar cercad e 43.500 millones en inversiones.

En una mesa posterior en la que participaron representantes de compañías que se han beneficiado de la financiación del BEI en el marco del Plan de Inversiones para Europa (Acciona, Metro de Madrid, Talgo y Aena), se ha subrayado la necesidad de las empresas de recibir financiación para proyectos internacionales.
(Expansión, 09-07-2019)

El Eurogrupo empieza a buscar candidato europeo para el FMI
El Eurogrupo se reunió ayer para debatir sobre los posibles candidatos europeos para sustituir a Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional. El nombramiento de Lagarde al frente del Banco Central Europeo ha dejado un vacío de poder en el organismo económico internacional que los países europeos aspiran a intentar cubrir con otro candidato del Viejo Continente para no perder poder en la institución.

Entre los candidatos a suceder a Lagarde, que ha renunciado temporalmente a su puesto, estarían el actual presidente del Banco de Inglaterra, el canadiense Mark Carney, el expresidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, y el ex primer ministro de Finlandia, Alexander Stubb.

Según fuentes consultadas por Reuters, la preferencia de los países europeos pasaría por un candidato de un estado miembro de la UE, lo que de facto dejaría fuera a Carney ante las dudas que genera el Brexit. El canadiense, que también fue presidente del Banco de Canadá, cuenta también con pasaporte británico.

El ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, reconoció ayer que el candidato al dirigir el FMI fue debatido durante la reunión de ministro de finanzas de la zona euro, sin que se alcanzara un candidato concreto.
(El País, 09-07-2019)

 
 
 
 
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