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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 10 DE JULIOL DE 2019

Laboral

Corrección de erratas del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020
Corrección de erratas de la Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020.
(BOE, 10-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Actualización del Anexo 1 por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Resolución de 9 de julio de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se modifica y actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 10-07-2019)

Euro
Resolución de 9 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 9 de julio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 10-07-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/10/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/10/index.php?s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 10 DE JULIOL DE 2019

Fiscal

Hacienda mantendrá la 'tasa Google'
La negociación entre el PSOE y Podemos para tratar de pactar la investidura de Pedro Sánchez como presidente en la votación prevista para el 23 de julio ha entrado en una fase decisiva con la presentación de un documento base elaborado por los socialistas. Este ha arrojado nuevas dudas sobre los planes económicos del Gobierno para la nueva investidura al no contemplar por ejemplo la creación de la denominada tasa Google, si bien desde Hacienda aseguran que el plan sigue en marcha y que si no aparece en el texto es porque este es una mera “síntesis” de las principales líneas de actuación previstas.

La polémica ha surgido a raíz de la publicación de España Avanza: Propuesta abierta de cooperación para un Gobierno social, feminista, ecologista, europeísta y progresista, que el PSOE ha remitido a Podemos como punto de partida para negociar un Ejecutivo de coalición. El texto avanza que, en el campo de la fiscalidad, el PSOE planea “aprobar la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y promover la creación de la denominada tasa Google en el ámbito europeo”.

La redacción contrasta con los anuncios realizados por el Ejecutivo hasta la fecha, que siempre ha hablado claramente de crear lo antes posible ambos impuestos a escala nacional, para armonizarlos luego a una futura regulación comunitaria o en el marco de la OCDE. En esta ocasión, sin embargo, el PSOE pasa de puntillas sobre la creación de un impuesto sobre los negocios digitales y se limita a plantear que lo promoverá en el ámbito comunitario.

Fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda aseveran a este diario, sin embargo, que la creación de la tasa sigue entre los planes del Ejecutivo y que la falta de mayor detalle responde a que el documento es una mera “síntesis” de su programa. El planteamiento oficial del Gobierno de Pedro Sánchez es el que se remitió a la Comisión Europea en el marco del Plan de Estabilidad para los próximos ejercicios, alegan. Este documento recogía la creación de un nuevo impuesto sobre los negocios digitales a partir de 2020 que podría recaudar 1.200 millones de euros anuales.

Se trataría de un gravamen del 3% sobre los servicios de publicidad, intermediación online y venta de datos de usuarios para empresas que facturen al menos 750 millones de euros anuales en todo el mundo y por lo menos tres millones en España. Una propuesta que va algo más allá del esquema planteado en el seno de la Unión Europea que, en todo caso, no se pondría en marcha al menos hasta 2021 ante las diferencias que ha provocado entre los países miembros.

El Ejecutivo llegó a presentar la tasa como anteproyecto de ley, pero este decayó tras la convocatoria de elecciones anticipadas al 28 de abril que Sánchez convocó al no ser capaz de lograr apoyos para sus Presupuestos. El texto incluía multas para las sociedades que trataran de eludir el pago alterando la IP de los usuarios y fue muy criticada por las empresas del ramo.

Desde Hacienda matizan que el documento socialista tampoco recoge otras propuestas en firme como la subida del IRPF para rentas altas o las deducciones para empresas que contraten más mujeres en comités de dirección. Aunque aclaran que las medidas que se acaben tomando dependerán del nuevo Gobierno que se forme tras la investidura –si es que tiene éxito- desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero aseveran que hoy por hoy los planes no han cambiado.
(Cinco Días, 10-07-2019)

Las grandes fortunas aumentan, pero disminuye el índice de riqueza del país
El número de millonarios en España alcanzó los 224.300 miembros en 2018, un poco más que los registrados un año antes, cuando la cifra se situó en los 224.200. España, que desde el estallido de la crisis de 2008 ha sumado casi 100.000 personas a la lista, se coloca así en el séptimo puesto de Europa en número de grandes fortunas, y en el decimocuarto a nivel mundial. Son datos que se extraen del Informe Mundial de la Riqueza de Capgemini relativo a 2018, presentado este martes. El leve aumento del país llega en un contexto de caída global, en el que el número de grandes patrimonios se ha visto reducido en aproximadamente 60.000 personas, un 0,3%.

La citada consultora parte de aquellos patrimonios financieros que acumulan más de un millón de dólares y que, hasta llegar a los cinco millones, forman la primera categoría de ricos. El nivel medio lo conforman las fortunas que oscilan entre los 5 y los 30 millones, y en el saco de los ultrarricos entran aquellas que superan los 30 millones. Estos últimos fueron los que registraron en 2018 la mayor pérdida económica de los últimos años, con una disminución de su riqueza cercana al 6%, que supuso el 75% de la reducción total a escala mundial.

Atendiendo a la clasificación europea, España se sitúa por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Italia y Países Bajos. En el ranking mundial, mantiene la decimocuarta posición, situándose también por detrás de Estados Unidos (líder global indiscutible con 5,32 millones de millonarios), Japón, China, Canadá, Australia, la India y Corea, pero por delante de Rusia y Arabia Saudí.

La caída de los mercados de renta variable y la ralentización de las economías regionales son las responsables de que se haya reducido la población de grandes fortunas a nivel global, según Capgemini. De hecho, en España, pese a que la cantidad de millonarios ha aumentado, el índice de riqueza ha caído, pasando de los 653.000 millones de dólares de 2017 a los 637.000 millones del siguiente ejercicio.

Con todo, la disminución del número de grandes patrimonios no ha sido homogénea a nivel mundial. La región de Asia-Pacífico, que experimentó una caída del 2% en el número de millonarios, es la que encabeza la lista. China, la responsable de más de la mitad (53%) de la pérdida de riqueza de esta zona, engloba el 25% de las pérdidas de todo el mundo.

El patrimonio de las grandes fortunas también disminuyó en casi todas las demás regiones: en Latinoamérica cayó un 4%; en Europa un 3% y en América del Norte, un 1%. Por el contrario, en Oriente Medio la riqueza de las grandes fortunas creció un 4% y su población millonaria aumentó un 6%, gracias a su sólido crecimiento del PIB y a la evolución de los mercados financieros, según el informe.

Atendiendo a los niveles de riqueza, los millonarios de nivel medio (fortunas de entre 5 y 30 millones) representaron el 20% de la pérdida total global de riqueza, mientras que el segmento inferior de millonarios (entre 1 y 5 millones de dólares, y que suponen casi el 90% de la población millonaria) es el que se vio menos afectado, ya que su riqueza bajó menos del 0,5%. De este modo, la mayor parte de la reducción, tanto del número de millonarios como del patrimonio, se registró en los segmentos más altos.
(El País, 10-07-2019)

La Generalitat de Cataluña sube al 2% el Impuesto de Actos Jurídicos
El gobierno catalán ha aprobado este martes un decreto por el cual aumenta del 1,5 al 2% el tipo de gravamen del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ahora paga la banca, un cambio legal que estima que le aportará 81,9 millones de euros más al año. Esta modificación legal es el aspecto más destacado del decreto ley de medidas tributarias urgentes y de lucha contra el fraude fiscal que ha aprobado el Govern.

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados grava la constitución de préstamos hipotecarios, y al elevarlo al 2% Cataluña se convierte en la comunidad autónoma con el tipo más alto en este tributo. El gobierno catalán, que funciona con una prórroga presupuestaria de las cuentas de 2017, al no haber podido aprobar presupuestos este año, estima que el paquete de modificaciones legales incluidas en este decreto le aportarán una recaudación adicional de 88,2 millones más al año.

Además del mencionado aumento del tipo del Impuesto de AJD, el decreto aprobado por el Govern contempla otras medidas destacadas, como la inclusión como sujetos pasivos del impuesto sobre las viviendas vacías a los fondos de titulización, que son titulares de grandes paquetes de viviendas vacías. Con la regulación actual, estos fondos no estaban sujetos al pago de este impuesto, al no tener personalidad jurídica, por lo que con este cambio legal el Govern trata de corregir una "deficiencia original" de dicho impuesto.

Por otra parte, el decreto aprobado este martes, que debe ser ahora convalidado en el Parlament, prevé aumentar otros dos impuestos: el de las emisiones producidas por la aviación comercial, que pasa de 2,5 a 3,5 euros por kilogramo de óxido de nitrógeno emitido, y el que grava las apuestas, que sitúa el tipo único en el 15%, frente al 10% actual que afecta a las deportivas y al 13% para las generales.

La modificación solo afecta a las apuestas presenciales, las únicas sobre las cuales las comunidades tienen competencias, ya que el juego por Internet depende del Estado. Se da circunstancia de que algunas de estas medidas, como el aumento del impuesto a las apuestas, estaban incluidas en la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos de 2019, que el Govern no llegó a aprobar.

Por otra parte, en el marco del plan de prevención y reducción del fraude fiscal hasta el año 2022, el decreto aprobado hoy prevé que la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat no podrá suministrar cartones de bingo nuevos a los establecimientos de juego que tengan pendiente el pago del impuesto sobre el juego.

En la misma línea, se considerará infracción "muy grave" la realización de actividades de juego sin haber satisfecho el impuesto sobre el juego, y la Agencia Tributaria de Cataluña podrá usar las fianzas depositadas por los operadores del juego para ejecutar deudas derivadas de tributación.
(La Vanguardia, 10-07-2019)

Laboral

Unos 800.000 interinos, pendientes del TJUE para que sus contratos pasen a fijos
Las administraciones públicas españolas esperan con preocupación la sentencia que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictará a finales de septiembre o principios de octubre sobre la posible situación de ilegalidad jurídica de miles de funcionarios temporales e interinos españoles, tanto estatales como autonómicos y municipales. La decisión judicial responderá a más de 5.000 demandas contra el Gobierno que fueron presentadas ante el TJUE con el objetivo de terminar con años de ignorancia pública ante la «discriminación laboral» que sufren hasta 800.000 funcionarios, denunció ayer en rueda de prensa Javier Aráuz, abogado de la mayoría de los denunciantes, sobre los que Alto Tribunal europeo decidirá si obliga a España a hacerlos fijos. En algunos casos, llevan hasta 35 años enlazando contratos temporales. Aráuz está a la espera de que el abogado general del TJUE eleve su informe sobre dos cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales madrileños a este respecto -–los casos de tres trabajadores interinos y temporales del Servicio Madrileño de Salud que suman entre 12 y 18 años en sus puestos encadenando contratos temporales–.

El dictamen estaba previsto para el 11 de julio, pero se ha aplazado hasta el 5 de septiembre. Esto no permitirá contar con una sentencia hasta dentro de dos o tres meses. Si esta fuera favorable a los demandantes, sería «un importante varapalo al Gobierno español» por incumplir la directiva europea 199/70/CE, que pide combatir la temporalidad en el empleo público, por lo que estaría obligada a convertir en funcionarios públicos a todos aquellos trabajadores temporales que presenten una denuncia contra la administración correspondiente.

La Justicia europea deberá valorar si los miles de interinos que encadenan contratos temporales durante años están discriminados porque no cuentan con la misma protección social que los fijos –ya sea en excedencias, licencias o sueldos – y se les puede despedir sin compensación económica alguna –como marcan los estatutos de las administraciones públicas–, algo que no puede hacerse en el sector privado porque es ilegal. «Es inconcebible que el Gobierno exija a las empresas del sector privado que contraten a empleados estables, se controle la falta de estabilidad y haya instaurado los registros horarios y en las administraciones públicas mantienen un régimen discriminatorio de trabajo», denunció el abogado.

En esta situación de temporalidad continuada se encuentran alrededor de 800.000 funcionarios, en torno al 30% de los trabajadores del sector público, si bien en algunos sectores alcanza porcentajes muy elevados, como los servicios sanitarios de Urgencias de la Comunidad de Madrid (90%), la Oficina Nacional de Trasplantes (88%) o ayuntamientos como el de Sevilla (70%) o el de Sevilla (60%). En otras instituciones, como el Servicio de Empleo Público (SEPE), resulta aún más grave, por cuanto el servicio que desempeñan es el de la búsqueda de colocaciones. La temporalidad de sus trabajadores se sitúa en el 70%.
(Cinco Días, 10-07-2019)

Trabajo advierte a las pymes que no habrá miramientos con el registro de jornada
La nueva normativa del Ministerio de Trabajo obliga a las empresas a registrar el horario de entrada y salida de sus trabajadores. Esta ley deben cumplirla todas las pymes, librándose de ella los autónomos y las cooperativas, como se explica en este artículo

El límite para adecuarse a este nuevo escenario expiró el pasado mes de mayo, por lo que ya deberían tener en funcionamiento un sistema para aplicar esta norma. De hecho, desde la inspección de trabajo han dejado claro que el registro horario "ha venido para quedarse" y que "no se harán excepciones según el tamaño ni la tipología de las empresas". Por el momento, eso sí, no se están emitiendo sanciones, aunque este gesto de "cortesía" no se prolongará mucho más en el tiempo.

Son palabras del director territorial jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, Javier Cerrolaza, durante un encuentro con empresarios del sector hostelero. El real decreto de registro de jornada supone para Cerrolaza "una obligación instrumental", y no un objetivo inspector en sí mismo. La finalidad del registro horario para él no es otra que "comprobar que las horas extras que realizan los trabajadores se cotizan y se compensan".

Las interrupciones en mitad de la jornada laboral han estado a debate entre empresarios y trabajadores durante las últimas semanas. A colación de esto, territorial jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid asegura que debe ser el empresario el que acredite las mismas, pidiendo al propio trabajador que las registre.

"Cualquier soporte es válido para registrar la jornada, siempre que esté disponible para su consulta por parte de los trabajadores, de los sindicatos y de la propia inspección", ha añadido Cerrolaza antes de puntualizar que "no valen como registro los calendarios laborales ni los cuadrantes", y que siempre se debe reflejar la realidad de cada día.

Precisamente la hostelería es uno de los sectores sobre los que más focos habrá puestos por parte de los inspectores de trabajo. Cerrolaza ha recordado que las jornadas laborales en este sector están reguladas por convenio colectivo, por lo que los trabajadores pueden trabajar hasta nueve horas y media durante cuatro días consecutivos siempre y cuando descansen posteriormente las horas que exceden de las ocho horas ordinarias.
(Expansión, 10-07-2019)

La justicia avala que las empresas descuenten sueldo a los trabajadores que llegan tarde
Un juez de la sala social de la Audiencia Nacional ha avalado que las empresas descuenten el sueldo a los empleados que lleguen tarde al trabajo y desestima así una demanda de la CGT, a la que se adhirieron diversos sindicatos contra la compañía Contact Center Attento Llamadas. La representación sindical también reclamaba la devolución de las diferencias retributivas que hubieran podido ocasionar estas prácticas.

Según señala la sentencia, que se reste el sueldo del trabajador que entra tarde a su puesto laboral no supone una multa ya que “cuando no existe una efectiva prestación de servicios por parte del trabajador no se merita ningún sueldo más allá de los casos previstos legal o convencionalmente”. Y añade que no se puede reclamar la parte del sueldo “por periodos de tiempo por ínfimos que sean” en que el empleado no hace su trabajo.

La empresa demandada es una multinacional con una media de 10.000 trabajadores y dispone de 14 centros por toda España y en el acuerdo firmado en el convenio colectivo del 30 de mayo de 2017 se establecía una jornada ordinaria anual de 1.764 horas, unas 39 horas semanales.

A pesar del cómputo, el juez determina que la distribución irregular de la jornada es una “facultad empresarial”. La demanda se remonta al 6 de mayo de este año cuando la representación legal de la CGT denunció que se restaban los periodos proporcionales al retraso en la nómina y que la empresa no permitía a los empleados compensarlos con otros periodos de trabajo, además de imponer sanciones disciplinarias. Este último extremo, según la empresa, solo se aplica en los “casos reiterados y ausencias injustificadas”.
(El País, 10-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Madrid dará una ayuda de 150 euros para que los jóvenes vivan de alquiler
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dará una ayuda de 150 euros al mes a los jóvenes madrileños menores de 35 años que lleven empadronados al menos cinco años y que pretendan pagar un arrendamiento en la capital. Martínez-Almeida reiteró que el problema de la vivienda, junto con los problemas de movilidad sostenible y contaminación, son los principales retos a los que se enfrenta su equipo de Gobierno.

El alcalde apuntó que esta iniciativa puede conllevar un riesgo y es que dicha ayuda "se traslade a una subida de la renta por parte del propietario", pero remarcó que, desde el Consistorio, estarán pendientes para que eso no ocurra, añadió en un foro organizado por Expansión.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid consultadas han asegurado que se trata de una propuesta de campaña y que el compromiso del Ejecutivo del PP pasa por ponerla en marcha a lo largo de su mandato. Por el momento, no se conoce ni cuándo entrará en vigor ni qué partida presupuestaria tendrá, puesto que, aclaran, no hay una partida y habrá que crearla.

El regidor madrileño culpó del aumento del precio del alquiler en Madrid al "estrangulamiento" de la oferta ante un aumento de la demanda, aunque no quiso culpar al anterior Ejecutivo municipal de Manuela Carmena de dicha situación.

En su opinión, dicho incremento de los precios se debe abordar desde varios ámbitos. En primer lugar, abogó por reforzar la seguridad jurídica para los arrendadores además de la de los inquilinos. Almeida apostó también por el desbloqueo de localizaciones para construir "viviendas asequibles" y recordó el caso de los desarrollos del sureste, en cuyo desbloqueo, dijo, están trabajando PP y Ciudadanos para crear más de 100.000 viviendas, además del proyecto que lleva 25 años paralizado de Madrid Nuevo Norte.

Además, reiteró la necesaria colaboración público-privada, porque "nosotros no somos capaces de construir las viviendas" y, por ello, "es esencial que nos pongamos a disposición de las promotoras". De este modo, continuó, "podemos levantar 15.000 viviendas en régimen de alquiler con precio tasado y cuadrar los números para que tanto Administración, promotoras y ciudadanos salgamos ganando".
(Expansión, 10-07-2019)

El Tesoro se ahorra 550 millones desde enero en costes de la deuda
El buen momento que vive el mercado de renta fija de la zona euro se ha visto acelerado en la primera semana de julio con los rendimientos de la deuda española con vencimiento en 2029 llegando a caer al 0,2% la semana pasada. Aunque en las últimas sesiones los inversores han aprovechado para hacer caja y el interés del bono a diez años se sitúa en el 0,4%, el Tesoro ha logrado sacar partida de los últimos recortes.

A cierre de mayo, el ahorro en intereses de la deuda alcanzaba los 310 millones, importe que, según los últimos datos divulgados por la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ascienden ya a los 550 millones de euros. "Se están pudiendo reducir en 550 millones gracias a la buena situación de los mercados financieros, de los mercados de deuda", ha señalado este martes.

A lo largo del junio y en lo que va de julio se han producido nuevos hitos que han contribuido a incrementar el ahorro. El primero de ellos llegó el 6 junio, cuando España logró, por primera vez en su historia, cobrar por los bonos a cinco años. Unos días después, el 12 de junio, el Tesoro aprovechó la ocasión para realizar su segunda emisión sindicada a 10 años en lo que va de 2019. Aunque el importe se limitó a los 6.000, frente a los 10.000 millones de enero, el interés se situó en el 0,6%, convirtiéndose en la emisión en deuda a largo plazo más barata hasta el momento. Pero poco le duró el reinado. La semana pasada, después de conocer el nombramiento de Christine Lagarde como sustituta de Mario Draghi al frente del BCE, el Tesoro colocó 1.500 millones con un con un tipo de interés medio del 0,257%.

La ministra ha aprovechado su situación para afirmar que la actual situación de los mercados no permite abordar de forma rentable la privatización de Bankia con la vista puesta en sacar el máximo partido a la recuperación de las ayudas públicas destinadas a la entidad. "Nuestra aproximación con respecto a la privatización de Bankia tiene como objetivo maximizar la recuperación de las ayudas públicas que se invirtieron en la entidad", ha señalado Calviño en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) y tras el último informe de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE) sobre el sector bancario español.

Calviño ha reconocido que "la situación actual del mercado no permite que esto se pueda abordar de forma rentable", añadiendo que, al tratarse de una entidad financiera "bien gestionada" y con resultados económicos e indicadores financieros "más que correctos" con respecto a la media del sector se verá cómo evoluciona la situación.
(Expansión, 10-07-2019)

 
 
 
 
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