Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’11 DE JULIOL DE 2019

Laboral

Convenio colectivo para el sector de actividades forestales
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de actividades forestales.
(BOE, 11-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 10 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de julio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 11-07-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/ 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/index.php?s=3

RECULL DE PREMSA DE L’11 DE JULIOL DE 2019

Fiscal

Bruselas mejora hasta el 2,3% la previsión de crecimiento de España en 2019
Las previsiones económicas de verano llegan con buenas noticias para España: Bruselas aumenta dos décimas hasta el 2,3% la previsión de crecimiento español para 2019 y lo mantiene en el 1,9% para el 2020, señalando que el segundo trimestre ha superado las expectativas de crecimiento gracias a un aumento del consumo.

España estrenó la era del inicio de la lenta desaceleración de una forma especial, con un primer trimestre muy bueno, con un crecimiento intertrimestral del 0,7%, por encima de lo previsto. La Comisión Europea prevé ahora en este segundo trimestre una débil desaceleración hasta el 0,6%, una décima por debajo que, en los tres primeros meses del año, pero también por encima de lo previsto gracias a que el consumo ha recuperado cierta fuerza.

La Comisión Europea tiende a ser más optimista que el Gobierno, pero por el momento ambos coinciden en su previsión para 2019. El que sí es más optimista es el Banco de España, que a principios de junio revisó el crecimiento español y lo hizo bastante al alza: desde el 2% al 2,4%, por encima de las expectativas de Bruselas, del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Banco de España sí señala que para este segundo trimestre no podrá confiarse tanto en el consumo de los hogares, aunque aumentará la inversión en bienes de equipo y el consumo interno seguirá siendo fuerte, coincidiendo con la previsión de la Comisión Europea en que haya cogido algo de más músculo durante el segundo trimestre.

Cuando se trata del horizonte futuro el Ejecutivo comunitario espera que el crecimiento se estabilice ya en el 0,5% intertrimestral hasta que finalice el 2019. “Se espera que la demanda interna, y en particular el consumo, siga siendo el principal motor del crecimiento”, señala el informe de la Comisión Europea. Bruselas espera que la creación de empleo vaya perdiendo fuelle los próximos meses y que, junto a un aumento de los salarios, esto “apoye el crecimiento de los ingresos disponibles y una mayor tasa de ahorro de los hogares”.

Con un Gobierno en funciones los datos económicos vuelven a sonreír a España. “Hasta ahora llevamos varios años en esta situación de impase político, y la economía española se ha desacelerado suavemente, pero se está comportando mucho mejor que el resto de socios europeos. Hasta el momento parece que no ha tenido impacto”, ha asegurado una fuente comunitaria.

Sin embargo, sí hay un punto en el que el bloqueo se paga caro. “Es verdad que puede tener un cierto impacto en el ritmo al que se lleven las reformas que están pendientes”, apunta. Otra fuente señala que “en principio”, si España empieza a verse lastrada por la “incertidumbre política” lo hará por la parte de las inversiones.

Los datos son peores para la Eurozona. Aunque la Comisión Europea mantiene el crecimiento del 1,2% para 2019, los técnicos han rebajado las expectativas para el próximo ejercicio, dejando el aumento del PIB de la zona euro en un 1,4%, una reducción de una décima respecto a las previsiones de primavera.

“La economía europea sigue expandiéndose en un contexto global difícil”, ha señalado Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros. “Dados los numerosos riesgos – en referencia al contexto de tensiones comerciales globales - debemos intensificar los esfuerzos para fortalecer todavía más la capacidad de recuperación de nuestras economías y de la zona euro en general”, ha asegurado el francés, haciendo hincapié en la necesidad de profundizar la reforma de la Unión Económica y Monetaria, que entra ahora en una nueva fase decisiva hasta finales de 2019.
(Cinco Días, 11-07-2019)

Tasa de 200 euros para los bancos por cada reclamación que reciban
El Ministerio de Economía ultima estos días la redacción del anteproyecto de ley que regulará la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero. Una oficina, que debía estar en marcha hace ya un año por mandato europeo, con la que el Gobierno aspira a reducir los abusos en la comercialización de productos bancarios y a rebajar el colapso que vienen provocando estos casos en los tribunales españoles (y en la Corte de la UE).

Para lograrlo, la oficina se convertirá en una nueva vía extrajudicial de solución de reclamaciones de consumidores cuyas resoluciones, en contra del actual sistema del Banco de España, serán vinculantes para las entidades. Esta potestad, eso sí, estará limitada a las reclamaciones por cuantías de hasta 50.000 euros, según revelan a este diario fuentes conocedoras del último borrador, sujeto aún a posibles cambios de última hora, y que también incluye tasas para los bancos por cada reclamación que reciban.

Otra de las diferencias frente al sistema de reclamaciones del Banco de España que sigue vigente es que la nueva autoridad podrá valorar la existencia de cláusulas abusivas en contratos como los hipotecarios, un terreno que el supervisor financiero dejaba para la justicia. La oficina tramitará, por tanto, todo tipo de reclamaciones de consumidores en el ámbito bancario, asegurador y del mercado incluyendo el incumplimiento de normas de conducta o malas prácticas en la comercialización de productos.

Estas novedades son claves porque el Banco de España solo acaba decidiendo sobre cerca de una cuarta parte de las decenas de miles de reclamaciones que recibe anualmente. Además, aunque más del 70% de sus resoluciones son favorables al consumidor, el supervisor no puede obligar a la banca a cumplir sus dictámenes porque se trata de meras recomendaciones sin carácter vinculante. Este punto hizo que hasta hace poco el sector financiero apenas rectificara en una de cada tres ocasiones en que el supervisor le afeaba la conducta, porcentaje que se ha acabado elevando al entorno del 70% en 2018 ante la presión que el Banco de España ejerció sobre el sector una vez difundidas las cifras anteriores.

Más allá de la factura que puedan acabar trasladando a la banca las resoluciones vinculantes de la nueva autoridad, Economía ha diseñado un sistema de financiación de la oficina que penalizará a las entidades que más quejas reciban. En concreto, según figura en el último borrador y a falta de conocer su redacción definitiva, se ha fijado una tasa de 200 euros que las firmas tendrán que abonar por cada reclamación recibida.

Un monto que de mantenerse el nivel de contestación actual de los consumidores ascendería a varios millones de euros para el conjunto del sector, si bien la cifra aparece entre corchetes en el borrador de la norma, lo que indicaría que todavía está siendo objeto de deliberación. Más allá, el texto ya avanza que la cuantía de esta tasa podrá ser modificada mediante real decreto para adecuarse a las necesidades de financiación del nuevo organismo.

En paralelo, se impondrá un pago adicional, una “tasa para la promoción de las buenas prácticas”, para las entidades que mayor volumen de quejas reciban. De otra parte, el Gobierno tratará de desincentivar el uso de la vía judicial para resolver conflictos con la banca, que en los últimos años han desbordado los juzgados del país, con una medida que promete golpear a la creciente industria de bufetes de litigación financiera.

A fin de que la nueva oficina sea la vía prioritaria de los consumidores, la norma rebajará sustancialmente las costas judiciales que impongan los tribunales a la banca en este tipo de casos –apenas se mantendrán las de temeridad, que son marginales– de las que se nutren habitualmente este tipo de despachos de abogados. La medida es similar a la que ya se adoptó cuando se impulsó el mecanismo extrajudicial de reclamación de cláusulas suelo.
(Cinco Días, 11-07-2019)

Trump estudia imponer aranceles a Francia como replica a la tasa Google
Trump podría estar poniendo en marcha un nuevo plan para imponer aranceles, esta vez a las importaciones francesas. El presidente estadounidense habría encargado una investigación sobre los planes franceses para imponer un impuesto a las tecnológicas con el objetivo de averiguar si este proyecto afectaría a las empresas estadounidenses, según publica Bloomberg.

El representante de comercio de EE UU, Robert Lighthizer, dispondría de hasta un año para llevar a cabo este estudio, llamado investigación 301 –el mismo nombre que se dio a la llevada a cabo en China y que resultó en la imposición de aranceles a las importaciones de este país alegando el robo de propiedad intelectual–. Pasado este periodo, Lighthizer propondrá medidas para llevar a cabo.

EE UU ha presionado a los países europeos para que detengan la imposición de impuestos a los ingresos de las compañías estadounidenses como Facebook y Alphabet, la conocida como tasa Google. Lighthizer explicó a los legisladores estadounidenses en un encuentro el pasado mes de junio que el impulso de una tasa digital en Europa afectaría injustamente al negocio de las empresas de EE UU. "Creo que es un impuesto que está dirigido a afectar desproporcionadamente a las firmas estadounidenses", afirmó durante una reunión el 19 de junio. "Estados Unidos tienen que tomar fuertes medidas", subrayó.

La propuesta de Francia de tasar con un impuesto del 3% los ingresos de las compañías cuya facturación mundial alcance los 750 millones de euros y en Francia, los 25 millones. La Asamblea Nacional del país adoptó esta medida la semana pasada y el Senado francés la votará a lo largo de este jueves. Otros países europeos, entre ellos España, han empezado a plantear este tipo de impuestos a nivel nacional después de que la Unión Europea no consiguiera llegar a un acuerdo para plantear una normativa comunitaria en este sentido.

El ministro de economía francés, Bruno Le Maire, ha afirmado que Francia no es el único país que está avanzando en la creación de un impuesto de este tipo. Asimismo, aseguró que cualquier amenaza estadounidense no servirá de nada. No obstante, además de afectar a las firmas de EE UU, este impuesto también repercutiría en los ingresos de compañías procedentes de China, Alemania, España o Reino Unido, así como firmas francesas que han sido adquiridas por empresas extranjeras.
(Expansión, 11-07-2019)

Laboral

El empleado cesado de forma improcedente tiene derecho a las vacaciones pendientes
El trabajador readmitido tras un despido improcedente tiene derecho a disfrutar de los días de vacaciones que le correspondan por el periodo de inactividad. Así lo confirma el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia en la que unifica doctrina y califica el lapso de tiempo desde el cese hasta la readmisión como “tiempo de actividad laboral”.

Para el Supremo, ese periodo debe entenderse como tiempo efectivo de trabajo con todos los efectos que ello conlleve, “entre los que se encuentra reconocer el derecho a las vacaciones no disfrutadas por el trabajador debido a causas que en absoluto le son imputables”.

Como se narra en los hechos probados de la sentencia, el empleado fue despedido a principios de 2012 por cumplir la edad de jubilación, causa comprendida en el Convenio Colectivo de la empresa. Tras una larga batalla judicial, el trabajador consiguió que el Supremo le diera la razón, anulando el despido por improcedente y ordenando su readmisión, que se hizo efectiva en marzo de 2015.

Poco tiempo después, el demandante solicitó disfrutar de las vacaciones de 2014 y 2015, que ascendían a treinta días por año. No obstante, la empresa solo le concedió las que le correspondían desde que se reincorporó (esto es, 23 días laborables), decisión que llevó a empresa y empleado, de nuevo, ante los tribunales.

El Supremo rechaza el criterio de los tribunales de instancia, que desestimaron la demanda del trabajador al considerar que el tiempo de trabajo acumulable a efectos del devengo del derecho a vacaciones “concluye con el despido”. Asimismo, tumba el argumento de que los salarios de tramitación que le abonó la compañía fueron indemnización suficiente por el perjuicio sufrido.

Ahora bien, la Sala apunta que “no existe norma expresa que se refiera de manera específica al efecto que ha de tener en la relación de trabajo y en el derecho a las vacaciones del trabajador su readmisión efectiva después de un despido declarado improcedente”.

No obstante, avala la sentencia de contraste presentada por el demandante y considera que el tiempo desde que el empleado es despedido de forma improcedente hasta que se reincorpora ha de ser catalogado como tiempo de actividad laboral.

A pesar de que durante ese lapso no ha habido trabajo efectivo, agregan los magistrados, “no ha sido precisamente por la voluntad del trabajador”. La inactividad, por tanto, se debe en este caso a un acto ilícito de la empresa que debe subsanarse, lo que incluye reconocer al trabajador el derecho a las vacaciones no disfrutadas “debido a causas que en absoluto le son imputables”.
(Cinco Días, 11-07-2019)

Seis de cada diez empresas subirán los sueldos a sus trabajadores en 2020
El 60,4% de las empresas tienen previsto aumentar los salarios en 2020 frente al 39,4% que no lo hará. En el último año, los han incrementado el 51,2% de las compañías si bien casi la mitad, el 24,3%, solo los ha subido en la parte variable de la nómina.

Sin embargo, en el caso de las compañías que han hecho contrataciones, se constata que los nuevos trabajadores cobran menos que los que llevan cinco años o más de antigüedad, hasta llegar a una brecha salarial del 21% de media y afecta más a las categorías profesionales más bajas. Si la respuesta proviene de los trabajadores, el 69,8% dice que no se siente suficientemente remunerado, aunque en el anterior estudio los descontentos llegaban al 70,3%. El 47,5% de los empelados afirman que cobran al año 18.000 euros o menos y el 40,6% entre 18.000 y 25.000 euros.

El estudio, basado en una encuesta a 583 empresas y profesionales de recursos humanos, en otra a más de 3.000 personas con empleo y en el análisis de las ofertas de empleo publicadas, revela que el sueldo medio en España se sitúa en 23.812 euros brutos al año. Este dato viene a coincidir con el más reciente que ha ofrecido la encuesta salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), referido al ejercicio 2017, y que sitúa el salario medio en 23.646 euros anuales.

El INE refleja, no obstante, una gran diferencia entre el salario medio de los hombres (26.391 euros) y el de las mujeres (20.607 euros). La brecha salarial de género se sitúa, según Adecco e Infoempleo, en un 18% a favor de los varones y es extrapolable a todas las categorías laborales. Esta brecha es especialmente elevada entre los profesionales directivos y supera de media los 13.000 euros. Es menor entre los mandos intermedios y entre los empleados alcanza los 1.945 euros. En la categoría de técnicos, la brecha se sitúa en 1.736 euros.

Atendiendo a la formación, cuanto mayor es ésta, mayor es la retribución percibida. La brecha salarial que existe según el nivel formativo es, según el informe, de 12.144 euros anuales entre el salario de trabajador con máster (29.706 euros) y el de un trabajador sin estudios (17.562 euros).

De acuerdo con los datos de Adecco e Infoempleo, las áreas funcionales mejor pagadas son las de dirección y gerencia con sueldos anuales medios de 45.186 euros. Tecnología, informática y telecomunicaciones siguen con una media de 30.613 euros; los del área legal cobran de media 28.761 euros y los del área de marketing, comunicación y contenidos, 26.115 euros. Si bien, los autores del estudio advierten que hay que tener en cuenta que el concepto "mejor pagado" depende mucho de las retribuciones variables de cada compañía. Uno de cada tres trabajadores percibe alguna remuneración variable.

Por comunidades autónomas, destaca la media de los salarios anuales en Cataluña que es más alta que la nacional, 26.421 euros; el País Vasco, con 24.162 euros también se sitúa por encima. A continuación, se encuentran Galicia, con 23.846 euros, y la Comunidad de Madrid, con 23.506. as dos autonomías con menores salarios de media con Castilla y León, con 20.969 euros, y Cantabria, con 19.610.
(El País, 11-07-2019)

Uno de cada dos autónomos no cogerá vacaciones este verano
El 51,3% de los autónomos afirma que no se irá de vacaciones este verano. Este porcentaje es resultado del 39,8% que no podrá disfrutar de descanso a lo largo del año y otro 11,5% que afirma que lo hará en otras fechas ajenas al verano, según la encuesta anual sobre las vacaciones de los autónomos presentada este miércoles por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Frente a esto, el 42,3% asegura que va a cogerse al menos unos días de vacaciones en temporada estival, porcentaje seis puntos inferiores al registrado en 2018. De los autónomos que tendrán vacaciones en verano o más adelante, el 78,2% se irá, pero en un período inferior a 15 días, y la mayoría, el 42,6%, lo hará por menos de 8 días. Los datos se extraen de una encuesta que se ha realizado a 1.494 autónomos de toda la geografía nacional, atendiendo al número de autónomos por provincias, género, edad y sector de actividad.

El principal motivo para no descansar, y el que también desliza el presidente de ATA, Lorenzo Amor, es “perder la menor cantidad de cartera posible”, por lo que se trata de una cuestión económica. En este sentido, el 35,8% argumenta que perdería clientela y el 22,3% no se puede permitir una semana sin ingresos porque su volumen de negocio es bajo.

No obstante, Amor recomienda a los autónomos que “descansen unos días”, si bien lo cierto es que, según la encuesta, el 55,8% asegura que pese a intentar desconectar siempre tiene que dedicarle un tiempo a su negocio en vacaciones. Además, en el caso del 42,9% de los autónomos su negocio seguirá funcionando pese a no estar presente.

Por sectores, los autónomos dedicados a las actividades profesionales, científicas y técnicas son los que mayoritariamente tendrán vacaciones de verano, pues así lo afirma el 73,4% de los mismos. En cambio, aquellos autónomos dedicados a actividades artísticas y de entretenimiento son los mayoritarios a la hora de afirmar que no podrán disfrutar de un descanso, con un porcentaje del 72,3%.

Tener hijos o no y la edad de los mismos también es un aspecto diferencial, pues el 44,7% de los encuestados con hijos afirma que se irá de vacaciones este verano. Los autónomos sin hijos descansan menos, pues el 39,8% de los mismos afirma que tendrá vacaciones. El rango de edad de autónomos de 40 a 54 años es el mayoritario de cara a las vacaciones de verano, pues el 45,8% afirma que podrá disfrutarlas. Los jóvenes autónomos, en cambio, son el rango que menos descanso tendrá a lo largo de todo el año, con el 43,6% del total.
(El Mundo, 11-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los inversores han acudido en masa en los últimos dos meses a comprar deuda soberana española
Los bonos españoles han disparado su precio, en paralelo a la caída en picado de su rentabilidad, en una oleada compradora compartida por el conjunto de los activos de renta fija y desatada por la clara disposición del BCE y de la Fed a recortar el precio del dinero si fuera necesario, una decisión que los inversores dan por hecha y a la que han querido adelantarse.

El rendimiento del bono español a una década ha pulverizado sin tregua mínimos históricos desde el mes de mayo, hasta marcar un récord sin precedentes en el 0,214% a principios de este mes. Y en ese trayecto, los grandes fondos extranjeros, en especial asiáticos y entre los que también figuran hedge funds y grandes ETF de renta fija, han sido los principales compradores, con la banca española como principal vendedora.

La tendencia por la que la banca local se va desprendiendo de su cartera de renta fija y gana peso el inversor extranjero como tenedor de la deuda soberana española viene de años atrás, pero se ha intensificado con fuerza en los dos últimos dos meses y medio, coincidiendo con el rally de la renta fija. “No hemos visto apenas compradores españoles desde el momento en que el bono a 10 años cayó del 1%”, señalan desde la mesa de negociación de deuda de un gran banco estadounidense en España.

Distintas fuentes de mercado coinciden en que la banca española ha respondido con su cartera de deuda a la pujante demanda extranjera de las últimas semanas. “En algunos momentos no había suficiente liquidez para comprar todo lo que quería el inversor extranjero”, añaden. Los inversores asiáticos, en especial japoneses, han sido claros protagonistas, con compras mucho más intensas que las de hace más de un año, cuando la mejora del rating español permitió el regreso del inversor nipón, de perfil muy conservador.

“Hemos visto peticiones de inversores asiáticos muy fuertes, del entorno a los 1.000 millones de euros”, añade Javier Ferrer, director de deuda de Ahorro Corporación, que explica que las compras se han concentrado en los plazos largos y cuando el bono español cayó al nivel del 0,6%, a partir de donde se intensificó el descenso. Solo en mayo, inversores japoneses compraron deuda española por 3.200 millones de euros, una cifra mensual récord, según los datos del Ministerio de Finanzas nipón.
(Cinco Días, 11-07-2019)

Bruselas exige a Madrid y Barcelona medidas adicionales para mejorar la calidad del aire
El eurocomisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha pedido a España medidas adicionales sobre calidad del aire para paliar los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) que, en ciudades como Madrid o el área metropolitana de Barcelona, vulneran los límites establecidos por la normativa europea.

En la carta remitida a la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, el comisario señala que es necesario adoptar medidas adicionales para hacer frente a las obligaciones en materia de calidad del aire y alcanzar el cumplimiento de los valores límite para el año 2020.

El comisario añade que, sin perjuicio del procedimiento legal comunitario en marcha, es preciso que todos los actores, en todos los niveles de gobernanza del país, se movilicen para contribuir a la puesta en marcha y aplicación de medidas eficaces a nivel nacional, regional y local.

En este sentido, la ministra Teresa Ribera ha señalado que "lo más relevante ahora es identificar nuevas medidas y trabajar en los distintos niveles de la administración frente a la posibilidad de que se malinterpreten las voluntades de los responsables públicos pensando que se quiere hacer menos en lugar de hacer más".

Además, ha calificado la carta de "pertinente" en un momento en el que "se cuestiona la necesidad o no de adoptar más medidas o de suprimir las ya existentes en algunas capitales" y la ha remitido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la Generalitat de Cataluña, "aunque no sean las únicas afectadas por incumplimientos".

Ribera ha recordado que la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Medio Ambiente e informes científicos y médicos alertan de la relación existente entre la mala calidad del aire y las enfermedades cardiorrespiratorias o la muerte súbita.

"Estamos hablando por tanto no sólo de regulación de la ocupación de nuestro espacio público o del ruido en nuestras ciudades, sino de salud; tenemos que activar protocolos que permitan luchar contra la contaminación y hacer un uso más eficiente de esos espacios", ha concluido.

En un comunicado, el Ministerio para la Transición Ecológica subraya que el objetivo del Gobierno es que España cumpla los límites comunitarios en materia de calidad del aire, protegiendo así la salud pública y evitando que el país afronte una posible multa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
(El País, 11-07-2019)

El TSJC suspende cautelarmente la norma municipal que obliga a precontratar con una hora de antelación los VTIC
Revés judicial al taxi en Barcelona, mientras Uber y Cabify sonríen. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido cautelarmente varios artículos del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), entre ellos el que fija un lapso obligatorio de una hora entre la contratación y la prestación efectiva de este servicio. Dicho reglamento fue aprobado el pasado 21 de mayo y supuso la salida de Barcelona de empresas como Uber, al considerar que esa obligación hacía inviable su servicio.

El TSJC también ha decidido suspender el registro electrónico de la AMB, a través de la cual las empresas VTC tienen que comunicar los servicios que tienen previsto prestar acreditando su contratación previa. El tribunal asegura que dicho registro puede convertirse en "un régimen autoritario encubierto y sobrepuesto al de carácter autonómico o estatal/autonómico".

Según precisa el auto del citado tribunal, la necesidad de hacer la reserva anticipada de una hora "es contraria a la libertad de empresa y discriminatoria frente a los servicios del taxi prestados previa llamada telefónica o mediante una aplicación informática", como pueda ser la de Free Now (antigua Mytaxy).

El auto, que supone un duro contratiempo para Ada Colau, añade igualmente que esos preceptos del reglamento "no parece que sean compatibles con la libertad de establecimiento y con la prohibición de adoptar medidas que puedan entrañar una ventaja o ayuda (en este caso indirecta) a uno de los sectores implicados, como es el del taxi".

Un peligro que "existe", en opinión del TSJC, si se analizan las consecuencias económicas que pueden derivarse de las restricciones analizadas. "Máxime tratándose de restricciones añadidas sobre un sector empresarial que en un corto periodo de tiempo deberá renunciar a la prestación de servicios urbanos o metropolitanos y que con regulaciones como las que vamos a suspender cautelarmente, podría colapsar definitivamente antes de tiempo".

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que la sentencia no afecta a la restricción de 15 minutos de la Generalitat. "Básicamente, supone que Colau no podrá poner reglar más duras que las marcadas por la normativa del Gobierno catalán durante al menos los cuatro años que da el real decreto ley de José Luis Ábalos a las VTC para hacer transporte urbano, y luego los dos más extras que podían obtener”.

En su resolución, el TSJC estima parcialmente la solicitud de medidas cautelares formuladas por la empresa Luxury VTC, que interpuso un recurso contencioso-administrativo para pedir la suspensión del reglamento metropolitano que establece también multas de hasta 1.400 euros para quien incumpla la precontratación de los servicios VTC con una antelación mínima de 60 minutos.
(La Vanguardia, 11-07-2019)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).