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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 12 DE JULIOL DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 11 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de julio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-07-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/12/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/12/index.php?s=3


RECULL DE PREMSA DEL 12 DE JULIOL DE 2019

Fiscal

Los bancos con más de 50 quejas pagarán otra tasa de hasta el 10% de su beneficio
“Entre las primeras cosas que me gustaría lanzar en la nueva legislatura está la creación de esta autoridad de protección del cliente financiero”, anunció ayer la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, confirmando que estudia sufragar esta oficina imponiendo una tasa de 200 euros a los bancos por cada reclamación que presenten los consumidores, más otra para las firmas que más quejas acumulen.

“El objetivo es que los ciudadanos no tengan que pagar por reclamar”, explicó la ministra en Onda Cero, argumentando que si el coste se les cobra a las entidades “pues eso genera un incentivo muy potente para que los bancos resuelvan las reclamaciones en su propio seno y no tengamos que llegar a esta autoridad”. Según los cálculos de este diario, este modelo costaría de media unos 4,5 millones de euros anuales al sector financiero.

De un lado, las entidades estarían sujetas al pago de 200 euros por cada reclamación. Teniendo en cuenta que en 2018 el Banco de España, que de momento tramita este servicio, recibió 19.695 quejas, el coste para el sector habría ascendido a 3,93 millones de euros. En 2017, cuando el número de quejas alcanzó récord, con 40.176, la factura habría superado los ocho millones.

Más allá, el borrador del anteproyecto de ley que ultima Economía recoge que la autoridad aplicaría un segundo cobro, la “tasa por la promoción de buenas prácticas”, a las entidades que reciban más de 50 quejas en un año. El monto se calcularía aplicando un gravamen del 0,4% sobre el número de clientes de cada entidad en España a cierre del año anterior. La cuantía final partiría siempre de 1.000 euros y, para evitar un “carácter confiscatorio”, no podría superar el 10% del beneficio antes de impuestos de cada banco. Esta última cifra figura entre corchetes en el borrador de la ley, por lo que podría ser provisional.

En 2018 hubo una quincena de entidades que superaban las 50 reclamaciones tramitadas por el supervisor (que solo admitió un tercio de todas las recibidas). Aunque muchas comparten clientela, sumaban 61 millones de cuentas corrientes, de ahorro y a plazos, según los datos de las patronales AEB y CECA. Tomando el dato como referencia orientativa, el sector habría tenido que abonar en conjunto otros 247.000 euros.

Sumando ambas tasas, el coste total de la nueva oficina para el conjunto del sector habría ascendido en 2018 a 4,2 millones. La cifra casi duplica los 2,6 millones que la banca devolvió entonces a su clientela gracias al vigente sistema de reclamaciones.

De estar operativa desde 2009, la autoridad habría recaudado del sector unos 45 millones en 10 años solo en tasas. Es decir, una factura media anual de 4,5 millones.
(Cinco Días, 12-07-2019)

El TSJC anula el impuesto catalán a las bebidas azucaradas
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado nulo el decreto del gobierno catalán que regula el impuesto autonómico sobre bebidas azucaradas envasadas, creado a través de los presupuestos de 2017. El TJSC estima así el recurso interpuesto por diversas patronales y asociaciones, entre ellas la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), en contra del reglamento de este impuesto, contra el que cabe recurso.

La sección segunda de la sala contencioso-administrativa del TSJC considera que el gobierno catalán "ha prescindido de los trámites de consulta, audiencia e información públicas expresamente exigidos" a la hora de tramitar este decreto.

El recurso lo habían presentado, además de FIAB, la patronal de la gran distribución Anged, la asociación de grandes cadenas españolas de supermercados (Aces), la de distribuidores de autoservicios y supermercados (Asedas), la asociación de codificación comercial Aecoc; la asociación empresarial de marcas de restauración y la asociación Promarca.

Estas entidades se oponían al citado decreto por su "falta de justificación y precipitación", por la omisión de trámites relevantes en su tramitación, por apreciar vicios de constitucionalidad y por vulneraciones del derecho europeo. El TSJC ve "evidente" la vulneración de los preceptivos trámites de consulta, audiencia e información públicas, y por ello no cree "necesario entrar a examinar los restantes motivos del recurso".

Para sustentar su decisión, el TSJC argumenta que el gobierno catalán "pretende escudar su actuación en la innecesidad de tales trámites o en el hecho de que la Comisión Jurídica Asesora tan solo aprecia un déficit de motivación respecto a la omisión de los mismos". Sin embargo, el tribunal concluye que "no nos encontramos ante una insuficiente motivación, sino que la motivación alegada se aparta de forma evidente de las causas que la propia ley establece para poder prescindir de tales trámites".

La dirección general de Tributos de la Generalitat alegó en su momento ante la Comisión Jurídica Asesora que consideraba que ese decreto no debía superar todos esos trámites porque el despliegue reglamentario, la carga impositiva y las obligaciones fiscales ya venían contempladas en la ley que creó este impuesto; es decir, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017.

Este impuesto catalán a las bebidas azucaradas, que entró en vigor en mayo de 2017, lo gestiona la Agencia Tributaria de Cataluña y aportó el año pasado 42 millones de euros. El impuesto grava el consumo de bebidas azucaradas envasadas; esto es, aquellas que contienen edulcorantes calóricos añadidos, como el azúcar, la miel, la fructosa o la sacarosa, entre otros.

Así pues, en la práctica, el impuesto afecta a refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, bebidas deportivas, aguas con sabores o bien a bebidas energéticas, aunque quedan exentos por ejemplo los yogures bebibles o las leches que no contengan edulcorantes.
(La Vanguardia, 12-07-2019)

Laboral

El TSJ canario invierte la carga de la prueba y obliga a la compañía a demostrar que no se alargó la jornada
Con la controversia sobre el registro horario y el abuso de las horas extra impagadas, aun coleando, la justicia parece haberse impregnado de una mayor sensibilidad frente a los excesos de algunas empresas en esta materia. Así, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias ha abierto una brecha en la posición que tradicionalmente había mantenido el Tribunal Supremo cuando un empleado reclamaba la realización de unas horas extraordinarias que su compañía no reconocía.

El criterio asentado por el alto tribunal es que, en ese tipo de casos, el trabajador debía demostrar con pruebas contundentes la realización de ese exceso de jornada. Sin embargo, en su resolución, el TSJ canario se aparta de esta posición y afirma que, en las compañías en las que se realicen frecuentemente horas extra (legalmente o impagadas), se invierte la carga de la prueba, recayendo esta sobre la empresa. Así, en este tipo de casos, si el trabajador aporta unos mínimos indicios del exceso de jornada, será la compañía quien deba demostrar que las horas extra, o bien no se realizaron, o bien se compensaron económicamente o con el descanso correspondiente.

Si esta tendencia se consolida, supondría un cambio sustancial en los litigios en los que se discutan las horas extra. Hasta ahora el Supremo obligaba al empleado a probar día por día y hora por hora el tiempo trabajado de más; un esfuerzo que hacía decaer muchas reclamaciones. La presunción a favor del trabajador desplaza esta exigencia sobre la empresa, dando una ventaja procesal al empleado. Eso sí, como precisa el TSJ, solo se aplicará cuando las horas extra sean una práctica habitual, y no cuando se realicen “de forma esporádica o no fija”. Los datos avalan la importancia de este cambio. Según la encuesta de población activa (EPA) más de la mitad de los asalariados hace jornadas de más de 40 horas y, de ellos, la mitad no cobra las horas extra.

En el litigio estudiado por el TSJ, el demandante, encargado en una ferretería, pidió a la empresa que le retribuyera las horas extraordinarias que venía realizando. Alegó que en los últimos 13 años su jornada semanal había sido de 49 horas, superando sistemáticamente las 40 fijadas en su contrato. Para probarlo, aportó un pantallazo de la página web de la tienda en la que aparecía el horario de atención al público: de lunes a viernes de 7.30 a 13.00 y de 15.00 a 18.30; y los sábados, de 9.00 a 13.00 horas. Asimismo, explicó que, al ser el único empleado del establecimiento, también le correspondía la función de apertura y cierre diario.

Los magistrados, aplicando la doctrina descrita, dan más validez a este documento y a dos testimonios que respaldaron al trabajador. Desestimaron, en cambio, las pruebas aportadas por el empleador: el contrato de trabajo y el calendario laboral. Aunque generalmente a la prueba testifical no suele dársele tanto valor como a la documental, el TSJ estima “ha privado al empleado de aportar medios de prueba más sólidos”. Y, en este sentido, subraya que llevar a cabo un adecuado registro de jornada permitirá acreditar el horario efectivamente realizado por los trabajadores
(Cinco Días, 12-07-2019)

La justicia europea vuelve a poner en cuestión las normas españolas sobre jubilación
Esta vez es el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien lo hace al concluir que uno de los requisitos que se piden a los trabajadores que acceden a la jubilación anticipada discrimina a quienes han trabajado en otros países de la UE. Las conclusiones de esto organismo no son vinculantes, pero suelen anticipar el fallo de los jueces, que sí tienen más trascendencia.

Para llegar a esta conclusión, el abogado general, el irlandés Gerard Hogan, para de una pregunta del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre dos trabajadores que había cotizado en Alemania durante bastantes años y habían solicitado jubilarse anticipadamente. Tanto uno como otro no cumplían una de las exigencias de la norma española para acceder a esa modalidad de retiro: que la prestación a cobrar de la Seguridad Social debe ser igual o superior la pensión mínima correspondiente a las circunstancias personas del beneficiario. Esto llevó al Ministerio de Trabajo a denegar las solicitudes cuando se produjeron (2015 y 2017) y a los afectados a iniciar la reclamación judicial.

En la reforma de 2011 se crearon dos formas de jubilación anticipada: la forzosa, que permitía retirarse cuatro años antes de la edad legal si el trabajador había sido despido en los últimos años de la vida laboral, y la voluntaria, que lo permitía en los últimos dos. Pero en este último caso, la norma añadió un requisito: quien se jubilara antes de la edad legal debía tener derecho a una pensión contributiva igual o superior a la mínima que pudiera corresponderle (cuando no se llega al umbral mínimo, el estado pone lo que falta). Por ejemplo, en 2019 un jubilado menor de 65 años sin pareja debe tener derecho al menos al menos 633,7 euros al mes y si la tiene y se hace cargo de ella percibirá 783,6 euros.

Este mismo requisito se mantiene cuando el jubilado ha trabajado durante años en algún país de la Unión Europea. Los dos trabajadores gallegos que solicitaron la jubilación anticipada tenían derecho a prestaciones por debajo de las mínimas teniendo en cuenta solo lo cotizado en España, de ahí la negativa de la Seguridad Social. Sin embargo, esta cantidad se superaba con creces cuando se añade la prestación procedente de Alemania.

Aquí es donde el abogado Hogan ve la discriminación. Al tener cuenta solo la cantidad que tiene que pagar España sin sumar la parte alemana, la norma se aplica "en detrimento de los trabajadores que han ejercido su derecho fundamental a la libre circulación" y choca con el reglamento comunitario que coordina los sistemas de Seguridad Social.
(El País, 12-07-2019)

Abogacía pide una 'categoría especial' para los despachos en el registro de jornada
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ya tiene una posición sobre el polémico registro de jornada. Este jueves, el pleno del organismo ha enviado un comunicado en el que manifiesta su apoyo a que los despachos de abogados registren la jornada de sus trabajadores, pero al mismo tiempo vuelve a insistir en que se establezca una suerte de 'categoría especial' que tenga en cuenta la singularidad del sector, algo que por ahora Trabajo no contempla, como señaló 'Cinco Días'.

En concreto, el CGAE pide al Ministerio de Trabajo que tenga en cuenta la realidad diaria de las firmas, en que las jornadas de trabajo suelen ser bastante largas y los plazos marcan el día a día. "Debe ser posible compaginar el registro de la jornada diaria con el carácter liberal de una profesión como la nuestra, que demanda una flexibilidad y un plus de disponibilidad plenamente compensables con horas de descanso equivalentes o, en su defecto, abonos", señala el comunicado difundido este jueves.

"Dadas las singularidades y múltiples perfiles o modalidades de desarrollo de la abogacía por cuenta ajena, nada obsta a que se pacte un régimen de libre disponibilidad del tiempo de trabajo, o bien que la plena disponibilidad horaria constituya un elemento esencial para el correcto desarrollo del trabajo encomendado, incluyendo incluso la variante del trabajo no presencial", añade el comunicado, que también señala que el registro de los abogados de despacho debe "singularizarse" para "individualizar las condiciones de jornada y horario de cada abogado trabajador".

Además, el consejo también quiere que Trabajo aclare si el tiempo dedicado "a desplazamientos puntuales o extraordinarios desde su centro habitual de trabajo constituye tiempo efectivo de trabajo". En opinión del organismo, "el empleo del registro de la jornada diaria debería permitir racionalizar los 'picos de sobreesfuerzo' propios de las exigencias de nuestra profesión liberal, ya sean derivados de la presentación de una demanda especialmente compleja a término, la negociación de un contrato con una pluralidad de partes en plazo, o del cierre en tiempo de una operación transnacional que requiere trabajar con varias franjas horarias, por ejemplo".

Por último, el consejo también considera que "el modelo de registro para trabajadores abogados que cada despacho implante debe permitir la individualización del tiempo de trabajo efectivo, dado que la obligación de llevanza de dicho registro tiene por objeto no solo controlar los excesos sino ofrecer flexibilidades a los trabajadores, así como al despacho u organización en la que ejercen su actividad profesional, por medio de compensaciones". En todo caso, el consejo añade que "dado que la norma no distingue situaciones ni modalidades contractuales, en tanto el legislador no perfile o la jurisprudencia no module, debemos insistir en que la jornada laboral debe ser objeto de registro y su soporte debe ser conservado durante al menos cuatro años".
(El Mundo, 12-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El BCE pone deberes a la banca para que se prepare ante la llegada del nuevo euribor
El próximo 2 de octubre entrarán en vigor, en fase de transición, el nuevo euribor y la nueva tasa de interés que sustituirá al eonia (ester), por lo que el Banco Central Europeo (BCE) se ha puesto manos a la obra para evitar una transición accidentada. El supervisor bancario único ha remitido a inicios de este mes una carta a todos los primeros ejecutivos (presidentes y CEO) de los bancos de la zona euro con el objetivo de advertirles de los cambios que se avecinan, que afectarán a contratos vigentes y a procedimientos internos, entre otros aspectos.

«El propósito de esta carta es asegurar que los responsables de las entidades y sus consejos entienden los riesgos asociados con las reformas de estos índices globales y que están llevando a cabo las acciones apropiadas ahora para garantizar una transición suave a los índices de referencia reformados de cara a la fecha definitiva de finales de 2021», tal y como señala el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, en referencia a que los bancos han de estar preparados desde el minuto uno para el nuevo entorno regulatorio, pese a que contarán luego con un periodo de transición de más de dos años.

En su misiva, el BCE advierte a los ejecutivos bancarios europeos de que el uso de estos índices y tasas de referencia está ampliamente extendido en el sector, tanto en la concesión de préstamos, como en los modelos de riesgos o la valoración de activos, entre otras actividades. «El hecho de que los diferentes indicadores tomarán distintos caminos de transición se suma a la complejidad de abordar el impacto de estos cambios desde un punto de vista operacional, en particular cuando se lidia con distintas divisas», explica la carta.

Para que esta complejidad no lleve a que las entidades se dejen ningún cabo suelto, el BCE reclama la elaboración de varios deberes a los responsables de los bancos, que deberán presentar antes del 31 de julio al supervisor.

El primer documento que todos los bancos de la zona euro tendrán que enviar a Enria y los suyos antes de final de mes será un resumen «aprobado por el consejo de administración» en el que se detalle la evaluación de la entidad de los principales riesgos relacionados con las reformas de los indicadores.

Además, las entidades deberán incluir un «plan de acción detallado» en el que cada banco explique cómo mitigará dichos riesgos, cómo abordará aspectos relacionados con los precios y cómo implementará los cambios en los procedimientos (por ejemplo, los modelos internos).

Otro documento que tendrán que incluir los bancos será un listado de los contactos de los altos responsables de cada entidad encargados de supervisar la implementación de estos planes de acción, según la misiva remitida al sector. Por último, las entidades han recibido también un cuestionario (que tendrán que responder antes del 15 de septiembre) en el que se solicita información cuantitativa y cualitativa relacionada con los impactos y el periodo de transición hasta la plena vigencia de los nuevos indicadores.

El nuevo euribor que entrará en vigor provisionalmente en octubre supondrá un cambio hacia un índice «híbrido», según explica el BCE. Es decir, que el nuevo indicador estará soportado por transacciones de un panel de bancos «y de otras fuentes de información de precios disponibles cuando sea necesario», advierte la carta.
(Expansión, 12-07-2019)

Exceltur prevé un buen verano pese al descenso del sol y playa
El lobby turístico Exceltur asegura que este verano seguirá consolidándose la tendencia de ralentización del turismo extranjero en España, con niveles de afluencia similares a los del verano de 2018 y aumentos moderados de los ingresos, pero con caídas en los destinos de 'sol y playa' frente al incrementos de destinos más urbanos y de interior.

Esta progresiva desaceleración de la actividad turística España ha llevado a Exceltur a mantener sus expectativas de crecimiento para el sector en el 1,6% para el conjunto del año 2019, por debajo del 2% registrado el pasado año. Un año más, la tasa es inferior al 2,4% previsto para el conjunto de la economía.

Así lo ha manifestado este jueves el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, en la presentación del informe de valoración empresarial del segundo trimestre de 2019, en el que se asegura que se están consolidando "dos escenarios divergentes entre dos Españas turísticas", donde la actividad de las ciudades y los destinos de interior tienen una evolución al alza, con un repunte de la demanda externa, que además es la que más gasta en destino.

Por contra, en los destinos tradicionales vacacionales de sol y playa en España, más dependientes de una demanda extranjera "turoperizada", especialmente en Canarias y Baleares, las caídas son más importantes. Los descensos del mercado alemán y nórdico en las islas se encuentra, en el entorno del 8% por la recuperación de destinos competidores, la mejor meteorología y la menor conectividad aérea.

Exceltur asegura que Barcelona, Madrid y Valencia, junto con destinos del interior, el litoral catalán, Asturias y Galicia presentan las mejores perspectivas para el verano, mientras Canarias y Baleares registrarán caídas generalizadas en sus resultados por el menor volumen previsto de la demanda extranjera.

Según Zoreda, este declive competitivo resulta dispar por mercados de origen y según sea el grado de renovación de la oferta alojativa y la transformación realizada en los destinos en los que se integra. Así la brecha en resultados y de creación de empleo llega a ser del 30% entre las empresas y destinos que han invertido en transformaciones y los que aún no, según Exceltur.

"Las lecturas grandilocuentes de muchos responsables turísticos, basados únicamente en el número de llegadas turísticas, han retraído el proceso de regeneración necesaria en muchos destinos españoles en momentos en que los competidores estaban en momentos bajos y que debimos aprovechar", ha lamentado Zoreda.

Los empresarios turísticos son moderadamente optimistas: el 40,7% cree que aumentaran sus ventas respecto al verano pasado y el 45,3% anticipan una mejora de sus resultados por las positivas perspectivas para aquellos destinos vacacionales más dependientes de la demanda española y las ciudades, mientras que se espera que se mantengan las caídas en zonas de sol y playa.

La actividad turística en nuestro país se siguió desacelerando en el segundo trimestre hasta el 1,7%, por debajo del crecimiento registrado en el primer trimestre (del 2,3%). En el segundo trimestre destacan los crecimientos en los destinos de interior y ciudades frente a la caída de resultados en costa en destinos con mayor dependencia extranjera, con Canarias (-4,7%) y Baleares (-2,3%) a la cabeza. A pesar de ello el empleo turístico ha crecido en un 3,7% en el número de afiliados a la Seguridad Social hasta junio, lo que supone unos 76.195 empleos más.
(Expansión, 12-07-2019)

La creación de empresas cae un 2,8% en mayo y la disolución sube un 6,9%
En mayo se crearon 8.583 sociedades mercantiles, un 2,8% menos que en el mismo mes de 2018, mientras que se disolvieron 1.629 empresas, un 6,9% más, según la estadística publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con estas cifras, el número de empresas constituidas en España aumentó un 0,1 % en los cinco primeros meses del año, mientras que el de sociedades disueltas se incrementó un 7,3%, recogen los datos del INE.

De las empresas que cerraron sus puertas en mayo, el 71% lo hizo voluntariamente; el 16,5%, por fusión, y el 12,5% restante por otras causas. Por sectores, el 20,1% de las sociedades creadas se encuadra en el comercio y el 15,3% en las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, seguidas por las constructoras, un 13,5%; en tanto que la mayoría de las disueltas se dedican a la industria y energía, el 20,7%, y al comercio, 19,7%.

De vuelta a las nuevas empresas creadas en mayo, sumaron 500 millones de euros de capital para montarse, un 27% más que en el mismo mes de 2018. El capital medio suscrito fue de 58.266 euros, también un 30,6% más que en el mismo mes de 2018. Por otro lado, en mayo ampliaron capital 2.511 sociedades mercantiles, un 2,2% menos que en el mismo mes de 2018. El capital suscrito en esas ampliaciones bajó un 10% hasta 1.438 millones de euros.

Por regiones, las comunidades donde se generaron más empresas en mayo fueron Madrid, con 1.889; Cataluña, con 1.870, y Andalucía, con 1.401. Por el contrario, el menor registro se dio en La Rioja (48), Cantabria (50) y Navarra (60). En cuanto a las empresas que cerraron, Madrid (489), Andalucía (219) y Cataluña (205) lideraron la estadística en cifras absolutas.
(El País, 12-07-2019)

 
 
 
 
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