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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 13 AL 15 DE JULIOL DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020
Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020.
(BOE, 13-07-2019)

Euro
Resolución de 12 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 12 de julio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 13-07-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/13/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/13/index.php?s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 13 AL 15 DE JULIOL DE 2019

Fiscal

Hacienda promete mantener su cruzada contra la elusión fiscal de los famosos
En los últimos años se vienen realizando unas 2.500 actuaciones inspectoras al año dentro del “programa socio-sociedad”, en el que se enmarcan en buena medida este tipo de irregularidades. Su persecución, coinciden los expertos consultados, ha crecido porque las prácticas detectadas son siempre muy similares y el fisco optó por intensificar su vigilancia en este campo cuando percibió que se generalizaban. Hay por tanto una estrategia, pero en Gestha descartan que a los famosos se les esté cazando gracias a un cambio normativo o de criterio. Este tipo de prácticas siempre han sido fraudulentas.

Con el tiempo, eso sí, se han ido dando novedades legislativas que restan armas a la elusión fiscal. Algunas datan de 1996, cuando se detectó que muchos deportistas pasaban a recibir más remuneración en forma de derechos de imagen que como sueldo sujeto a IRPF, lo que llevó al legislador a limitar que la primera pesara más de un 15% sobre la retribución total que les ofrecían los clubs. Diez años después, a su vez, se regularon a fondo las operaciones vinculadas, las que hace el propietario de una firma con su sociedad, para exigir que se hagan a precios de mercado. Hace un lustro, de otra parte, se cambió la llamada Ley Beckham, pensada para atraer a talentos científicos ofreciéndoles baja tributación, para evitar que, como ocurría, se aprovechase para fichar a deportistas de élite.

En cualquier caso, Hacienda viene ganando la batalla fiscal a los famosos por unas irregularidades que están sujetas a diferentes grados de castigo. Así, solo se considera delito fiscal cuando la cuantía reclamada supera los 120.000 euros y se aprecia dolo, por intención de ocultación, como en los entramados enclavados en delitos fiscales. Estas causas pasan a la justicia penal.

Sin embargo, son los recursos de los afectados los que a menudo llevan el asunto a manos de un juez pues los casos de sociedades interpuestas en España se suelen saldar administrativamente con una infracción leve, detallan en Gestha. Se multan con el 50% de la cuota defraudada; del 50% al 100% si hay ocultación; y del 100% al 150% en casos muy graves. A su vez, en muchos casos judicializados el contribuyente y Hacienda acaban llegando a un pacto antes del fallo, lo que rebaja esas multas por debajo, al 25% del monto, critican desde Gestha.

El contribuyente, responsable directo, es el objeto tradicional de estas causas. Últimamente, sin embargo, van cobrando peso los procesos en que se imputa también al asesor fiscal, después de que el Tribunal Supremo echara en falta su presencia en el juicio a Messi. Como consecuencia, estos asesores han pasado a formar parte de causas como la del jugador de fútbol Xabi Alonso o la de la asesoría Nummaria, que también implica a clientes suyos como los actores Imanol Arias y Ana Duato.

A falta de ver si esta tendencia se consolida, Hacienda promete mantener su cruzada contra la elusión fiscal de los famosos pues evitar estas irregularidades es ya un punto habitual del plan anual de la Inspección y ha permitido al fisco recuperar decenas de millones en los últimos años.
(Cinco Días, 15-07-2019)

Sociedad inactiva y no liquidada
La Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España advierte de que se debe comunicar que la sociedad está inactiva a la Agencia Tributaria. Para ello hay que hacer una modificación de la declaración censal, en concreto del modelo 036 y 037. A continuación, se darán de baja las obligaciones tributarias como las declaraciones mensuales, trimestrales, anuales, etc.

Pero sí habrá que presentar la referente al Impuesto de Sociedades. En este modelo tendrán que marcar la casilla 026 que es la que informa de la inactividad de la empresa, lo que permitirá que se pueda hacer el balance sin acceder a la cuenta de pérdidas y ganancias porque desde la baja no se admiten resultados positivos ni negativos en la sociedad.

Asimismo, a partir de la fecha de inactividad el IVA soportado no será deducible y los administradores podrán darse de baja de la Seguridad Social siempre y cuando no desempeñen más actividades. En cuanto al Registro Mercantil, la sociedad sí tendrá la obligación de realizar todos los trámites como si ejerciera la actividad, por lo que tendrá que llevar la contabilidad, legalizar los libros y formular las cuentas anuales. En el caso de que no se depositen los documentos en los plazos legales establecidos, los administradores de la sociedad podrían tener sanciones de 1.200 euros a 60.000 euros.

La Agencia Tributaria no va a quitarle el ojo a estas sociedades, pues sospecha que la mayoría de estos negocios ‘fantasma’, sobre todo aquellos que son de pequeño tamaño esconden negocios no declarados. Según datos recogidos por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), en España hay registradas 1,42 millones de empresas, aunque solo 361.000 de ellas acaban pagando el impuesto de Sociedades.
(Cinco Días, 15-07-2019)

La Autoridad Fiscal exige más control y eficacia en el Presupuesto
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha llevado a cabo una primera fase de revisión del gasto público en el conjunto de las administraciones. Lo que en el lenguaje comunitario se conoce como Spending Review, es un compromiso del Gobierno con la Comisión Europea para analizar en profundidad la gestión del gasto público.

De forma más certera "la finalidad de esta revisión integral del gasto es detectar posibles ineficiencias y solapamientos entre las administraciones", dice la AIReF. Con este objetivo, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha analizado diversos capítulos del presupuesto público, por una cuantía global de 33.000 millones de euros. Capítulos, como las subvenciones que conceden el Gobierno y las comunidades autónomas por diversas razones; las políticas de apoyo a la creación de empleo -las políticas activas- o el copago de las medicinas con receta.

La Autoridad Fiscal también ha analizado el funcionamiento de las becas universitarias, los programas de incentivos a la industria y la empresa pública de Correos. En la mayoría de los casos, la AIReF ha descubierto numerosos casos de gasto ineficaz de dinero público, como en las subvenciones que conceden todas las administraciones. El organismo denuncia el gasto de 14.000 millones de euros anuales, sobre los que ninguna administración controla su gestión y sus fines.

Otro caso paradigmático de mala utilización del dinero público es el descubrimiento de que el gasto de 6.500 millones en políticas activas no mejora realmente las posibilidades de encontrar empleo de los beneficiarios. La AIReF también ha descubierto que el modelo de copago farmacéutico es injusto con los trabajadores respecto a los pensionistas. Al final, en los casos de igualdad de renta, los primeros pagan más que los segundos. Además, la Autoridad considera que el Programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial (RCI) del Ministerio de Industria "no mejora la competitividad empresarial" y su impacto en la inversión y el empleo es "modesto".

En cuanto a Correos, la AIReF ve "mejorable" el modelo de compensación por el servicio postal universal, cuyo coste es "elevado" comparado con otros países, por lo que propone reducir el número de días de entrega en zonas de poca demanda y valorar. La AIReF llevará a cabo ahora la segunda fase del proceso de revisión del gasto, para la que va a revisar los beneficios fiscales, el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, los incentivos a la contratación y el gasto en infraestructuras.

El proyecto estrella es la revisión de los beneficios fiscales, algo especialmente relevante ya que su existencia disminuye los ingresos tributarios del Estado. En el punto de mira, 13 beneficios fiscales que reducen la recaudación en cerca de 57.000 millones. Así lo ha planteado el Gobierno en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea en abril y lo detalló en un Consejo de Ministros.
(Expansión, 13-07-2019)

Laboral

Los jóvenes españoles ganan menos ahora que hace una década
La crisis les ha afectado, y tanto los que tienen una formación baja como los más formados ingresan menos que los que tenían hace diez años su edad. El Banco de España ha llegado a esta conclusión en un estudio que está preparando con datos de los últimos 30 años, y que presentó en un reciente discurso en Cunef el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En él se observa que cada nueva generación fue siempre superando los ingresos laborales de las previas. Incluso se aprecia que la crisis de los noventa apenas se notó.

Sin embargo, esta trayectoria se truncó con la Gran Recesión. Entonces todos los grupos vieron cómo se redujeron sus retribuciones anuales. Pero hay un grupo que lo ha sufrido especialmente: los de menor edad. Y entre ellos, “el colectivo de los jóvenes menos formados fue el que sufrió una mayor caída en sus ingresos anuales totales”, explicó Hernández de Cos en su intervención.

Para hacer esta afirmación, el gobernador parte de datos: ahora los nacidos en 1987 con pocos estudios tienen, en promedio, un 20% menos de ingresos laborales que quienes tenían 30 años en la anterior década. Y eso ocurre por primera vez con datos de tres décadas tomados de la Seguridad Social.

Lo mismo les ha sucedido a los poco formados que ahora ya no son tan jóvenes: aquellos que tienen 40 años y nacieron en 1977. Este grupo gana ahora menos que los que habían nacido diez años antes cuando estaban en los 40. En su caso se ve cómo ha les ha perjudicado la crisis, pues en la década anterior ingresaban más que la generación precedente de 1967. En estos resultados son decisivos el elevado paro y la alta rotación, que hace que los trabajadores hagan menos horas y, por tanto, cobren menos. Las cifras incluyen a todos los que han trabajado a partir de un solo día en el año.

Esta evolución de las rentas salariales está en consonancia con lo sucedido en el PIB per cápita una vez restada la inflación. De estos datos se desprende que el español medio es en torno a un 13% menos rico de lo que hubiese sido de no haber padecido la crisis. Hasta el punto de que han vuelto a niveles del año 2000. Según el Banco de España, en los jóvenes sin formación incluso se retrocede algo más y se desciende a cotas de finales de los noventa. Ahora a los 30 ganan menos de lo que se ganaba 10 años antes y prácticamente lo mismo que 20 años antes. Han perdido dos décadas medido por el poder de compra. Y a esto se suma que los jóvenes tienen que dedicar en la actualidad más recursos a la vivienda en alquiler, un hecho que ha denunciado el organismo.

En los sueldos de trabajadores formados también se detecta un retroceso similar: un individuo de 40 años con estudios altos consigue ahora unos ingresos salariales en torno a un 20% menores que lo que ganaba hace una década alguien de la misma edad. Entre las razones de este deterioro en la situación de los jóvenes, el gobernador apuntó al papel que desempeña la regulación laboral. Esta hace que para las empresas sea más fácil despedir al temporal y joven antes que abordar un ajuste de salarios, que suele afectar más al indefinido con más experiencia, más años y mayor sueldo. El gobernador está intentando despertar la conciencia en los jóvenes de que la legislación brinda un reparto intergeneracional muy desigual.
(El País, 15-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Temor al parón legislativo
España debería aprovechar el momento de bonanza que vive la economía, a pesar de la desaceleración, para emprender reformas que la blinden ante las amenazas que ya se divisan en el horizonte. Pero la parálisis que impera en la política española desde hace casi un lustro lo está impidiendo, y pronto podría ser demasiado tarde.

La amenaza de bloqueo político y de nuevas elecciones vuelve a inquietar. Incluso con investidura en el horizonte, un escenario de aprobación de Presupuestos se antoja muy complicado. Esta falta de capacidad legislativa ha sido avisada por los principales organismos internacionales, a los que ahora se suman agencias de rating y banca de inversión. "Las implicaciones crediticias de las elecciones dependerán de si el futuro Gobierno es capaz de conformar una mayoría legislativa y el consenso necesario para avanzar en una agenda de reformas estructurales macroeconómicas y fiscales", advierte Moody's.

Casi tres meses después de las elecciones generales, España sigue sin gobierno a la vista y con unos presupuestos prorrogados. La fragmentación política que arrastra el país desde 2015, después de tres resultados electorales sin mayorías estables abona esta realidad que ha venido para quedarse. "La incapacidad acumulada de las autoridades de dirigir los retos pendientes puede lastrar el comportamiento de la economía en el medio-largo plazo", avisa la agencia S&P, con la que coincide Antonio Madera, jefe de rating soberano y subsoberano de Axesor, que avisa de que "esa incertidumbre acabará afectando negativamente al crecimiento potencial".

España lleva desde 2013 sin efectuar reformas de calado. Cansado de esperar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue uno de los primeros organismos en dar un toque de atención. "En España hace falta un nuevo ímpetu para impulsar una agenda de reformas estructurales", advirtió en noviembre el informe anual sobre España del organismo, que pedía aprovechar el momento de crecimiento para reducir el déficit y la deuda y disponer así de un colchón frente a posibles sustos.

El problema es que cada vez son más las amenazas que sobrevuelan la economía, y España no está preparada para afrontarlas. "España se vería forzada a un ajuste procíclico si la economía es golpeada por un shock", avisó el FMI. A los riesgos externos, con el posible impacto de una guerra comercial o el golpe que supondría un Brexit caótico, se suman los internos. España convive con un agujero de 18.500 millones en la Seguridad Social en un entorno de envejecimiento demográfico y desempleo juvenil. Además, pese a que acaba de salir del procedimiento de déficit excesivo, la economía posee el déficit estructural más elevado de la Unión Europea. Esto dificulta la reducción de la deuda, actualmente en el 98,7% del PIB, y significa que, en caso de shock, el déficit podría volver a dispararse. "Esta situación hace a España especialmente vulnerable ante la próxima desaceleración", avisa Moody's.

No en vano, la Comisión Europea ha pedido al Gobierno un ajuste de 7.800 millones de euros en 2020. "Cada vez va a ser más difícil esconder" que a España le quedan por ajustar tres puntos estructurales del PIB, advierte Rubén Segura-Cayuela, economista jefe para Europa de Bank of America Merril Lynch, que considera "más fácil hacer los deberes en la parte alta del ciclo". En la misma línea se pronunció el viernes pasado la OCDE en un informe titulado El momento para las reformas es ahora, sin dejar lugar a la imaginación.

Ahora que España despunta entre sus socios europeos, siendo la única gran economía de la eurozona para la que la Bruselas revisó al alza el crecimiento en 2019, al 2,3%, el Gobierno debería ponerse manos a la obra. Un ímpetu reformista podría incluso mejorar su rating. "Continuar con la consolidación fiscal con una apuesta reforzada por medidas estructurales y permanentes sería positivo para el crédito", considera Moody's.
(Expansión, 14-07-2019)

Los registradores remiten al Sepblac aquellos casos que presentan serios indicios de ocultar algún delito
Los registradores españoles detectaron el año pasado casi 22.600 inscripciones con sospechas de ocultar operaciones de blanqueo de capitales, lo que supuso un fuerte incremento del 46% sobre el número de alertas detectadas en el año 2017, según la información facilitada por el propio Colegio de Registradores.

El mayor incremento se detectó en los registros de la propiedad, donde se lanzaron casi 10.000 alertas ante la posible existencia de que pudieran ocultar alguna forma de lavado de dinero procedente de origen delictivo. El incremento en este apartado fue cercano al 65%, poniendo sobre aviso a las autoridades responsables de perseguir este tipo de delitos. En los registros mercantiles se emitieron 12.700 alertas a lo largo del año pasado, con un incremento anual del 34%.

Todos esos avisos fueron lanzados por los registradores desde sus respectivos registros y comunicados al Centro Registral AntiBlanqueo (CRAB), donde fueron tratados y remitidos, en su caso, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). El Colegio de Registradores tan sólo remite al Sepblac aquellos casos que, después de una depuración informática, presentan muy serios indicios de ocultar algún delito, y viene a representar en torno al 1% del número total de alertas.

Así pues, aunque el elevado volumen de alertas se traduzca en unos cientos de procesos judiciales, sí es indiciario de cómo evoluciona la realización de operaciones mercantiles o inmobiliarias de dudoso cometido y de cómo la compra de propiedades inmobiliarias puede estar ocultando en cientos de casos la forma en que organizaciones criminales lavan el dinero que obtienen de sus negocios ilegales.

La decana del colegio, María Emilia Adán, ha explicado a La Vanguardia que “los registradores tienen la obligación legal de remitir esas alertas cuando los datos que obtienen les inducen algún tipo de sospecha, pues sólo de esta forma pueden poner sobre la pista en primer término al Sepblac y, en segundo, a las fuerzas de seguridad del Estado”.

El CRAB fue creado oficialmente a finales del 2015, por lo que el 2018 fue su tercer ejercicio completo de funcionamiento. Su juventud hace que incluso los primeros casos detectados en el 2016 que han supuesto la apertura de investigaciones y procesos judiciales todavía están en trámite o pendientes de ser juzgados, por lo que no es posible establecer ni el volumen ni el resultado final del sistema. No obstante, sí es útil para establecer un sistema de detección temprana de posible instrumentación de propiedades y empresas para la comisión de delitos.
(La Vanguardia, 14-07-2019)

La inflación baja en junio al 0,4%
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado hoy que el dato ya adelantado de la inflación de junio, que fue del 0,4% tras situarse en mayo en el 0,8%, un mes en el que se desplomó siete décimas respecto a abril. El INE señala que el transporte tuvo en junio una tasa cero, casi dos puntos inferiores a la de mayo, debido a la disminución de los precios de los carburantes y lubricantes. También la bajada de los precios de la electricidad y los combustibles líquidos lastraron la tasa de la vivienda, que tras experimentar un descenso de más de un punto se situó en el 1,5% negativo.

También la bajada de los precios de la electricidad y los combustibles líquidos lastraron la tasa de la vivienda, que tras experimentar un descenso de más de un punto se situó en el 1,5% negativo. Por el contrario, la temporada veraniega impulsó el precio de los paquetes turísticos, lo que elevó ocho décimas la tasa anual del ocio y la cultura, que pese a ello continúa en el 0,4% negativo. En junio, el precio de los hoteles, cafés y restaurantes avanzó un 2,2% en tasa anual; el de la enseñanza, un 1%, y el vestido y el calzado, un 0,9%.

A un nivel más desagregado, el precio de los productos energéticos bajó un 2,6% en junio en tasa anual y el de los alimentos sin elaboración, un 1,4%, mientras que el mayor repunte lo registraron los servicios con un índice del 1,4%. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni productos energéticos por ser los más volátiles, se situó en el 0,9%, dos décimas más que en mayo y cinco décimas por encima de la tasa general.

De esta manera, en junio la inflación subyacente superó al IPC general por primera vez desde enero de 2018. En términos mensuales, los precios bajaron un 0,1% en junio con respecto a mayo, con lo que pusieron fin a cuatro meses consecutivos de subidas. Los grupos que presionaron a la baja los precios mensuales fueron el transporte -influido por los carburantes-, el vestido y el calzado -por el impacto de las rebajas- y la vivienda -por la bajada de los precios de la electricidad y el gas-.

Por el contrario, impulsaron los precios el ocio y la cultura, sobre todo por los paquetes turísticos, y los alimentos y bebidas no alcohólicas ante el aumento del precio de la fruta y la carne.
(El País, 13-07-2019)

Sector

Las empresas no quieren gastar tanto en abogados
Se avecinan fuertes cambios en el mercado legal. La abogacía de los negocios (los grandes despachos) es un sector que ha resistido relativamente bien los embates de la crisis gracias a su amplia oferta de servicios. En la época de bonanza, alimentan los ingresos las operaciones financieras, mercantiles e inmobiliarias; mientras que, en los malos momentos, se disparan los litigios, las reestructuraciones y los despidos colectivos. Sin embargo, cada vez son más los indicadores que alertan del agotamiento de este modelo de éxito. Con algo de retraso respecto a otras actividades, la máxima de renovarse o morir ha llegado a la abogacía.

El gran motor de esta revolución será (o están siendo ya) las asesorías jurídicas internas de las empresas, departamentos encargados de decidir a qué firma contratar. El cliente manda y, por tanto, sus necesidades marcan la pauta. Y lo que los consejeros delegados de las compañías están exigiendo a los jefes de sus asesorías es hacer “más con menos”. Así lo asevera el estudio Reimaginando la función legal, de EY, según el cual el 82% de los departamentos jurídicos prevé llevar a cabo en los próximos dos años una reducción de costes, un 42% de los cuales lo hará a doble dígito. Y ello a pesar de que la cada vez mayor complejidad regulatoria provoca que nueve de cada diez afirmen haber sufrido un incremento de carga de trabajo en los últimos cinco ejercicios. El informe recoge la opinión de 1.058 directores legales de empresas de más de una veintena de países.

Desde la Associaton of Corporate Counsel (ACC, la principal organización de abogados de empresa del mundo), Teresa Mínguez apunta que, en efecto, las asesorías jurídicas pretenden reducir el coste de las “operaciones legales”. Es decir, no es que los departamentos vayan a ver mermados sus presupuestos globales (de hecho, un informe de la organización apunta lo contrario), sino que quieren ajustar lo que pagan por cada servicio jurídico, acercando su precio al valor que realmente aporta a la empresa. Y es aquí donde se produce la gran disrupción.

Dentro del asesoramiento legal conviven dos tipos de tareas. Por un lado, aquellas más sofisticadas, en las que los bufetes aportan un conocimiento y una experiencia de alta calidad. Y, por otro, un conjunto de operaciones y trabajos rutinarios, también imprescindibles, pero de escaso valor (gestión documental, revisión contractual, tramitación de expedientes, etcétera).
(El País, 13-07-2019)

 
 
 
 
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