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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 17 DE JULIOL DE 2019

Fiscal

Llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOE, 17-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 16 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 16 de julio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 17-07-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/index.php?s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 17 DE JULIOL DE 2019

Fiscal

El Gobierno se plantea retomar la ‘tasa Google’ española si no hay acuerdo en la UE
La ministra de Economía en funciones Nadia Calviño ha señalado hoy que España no descarta una ‘tasa Google’ española si no se logra un acuerdo a nivel europeo o global. En concreto, ha indicado que el Gobierno apoya que se establezca un impuesto a determinados servicios digitales a nivel global o europeo, pero deja la puerta abierta a establecer un impuesto de forma unilateral en España si no prospera a nivel comunitario o en el marco de la OCDE.

Calviño ha asegurado en declaraciones a los medios durante la inauguración de DigitalES Summit 2019 que el fenómeno de las grandes plataformas digitales es algo mundial. “Lo ideal es que se llegue a un acuerdo a nivel global o, en su defecto, a nivel europeo, pero si no se llega a un acuerdo en estos dos ámbitos tendremos que actuar a nivel nacional. El Gobierno no descarta actuar y abordar la implantación de esa tasa”. Las palabras de la ministra se producen después de que en el documento elaborado por el PSOE remitido a Unidas Podemos para negociar la investidura se abogara porque dicho impuesto se aprobara a nivel europeo, y también tras anunciar Francia la semana pasada que va a implantar su propia Tasa Google.

La ministra ha remarcado, sin embargo, que esto último “no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsado el que se logre un acuerdo en el ámbito europeo o mundial”. Calviño ha añadido que el Gobierno español tiene una participación “muy activa” en temas relacionados con la modernización de la fiscalidad para adaptarla a la realidad del siglo XXI en todas las reuniones de la OCDE y del G20.

Calviño ha vuelto a destacar que uno de los retos que plantea la revolución digital y, sobre todo, la creación de estas nuevas grandes plataformas mundiales es cómo abordar un sistema fiscal que refleje adecuadamente donde se produce el valor añadido, porque tradicionalmente estaba donde se producían los bienes, pero ahora resulta que el valor añadido se deriva de los datos y, por tanto, nosotros como ciudadanos que proporcionamos datos somos también generadores de valor añadido, y por eso tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal y adaptarlo a esta nueva realidad.

La ministra también ha anunciado que tendrá liberado y adjudicado mediante subasta antes del 30 de junio de 2020 el espectro radioeléctrico que ocupará el 5G. Calviño no quiso cifrar el objetivo de recaudación que persigue el Gobierno español cuando se le preguntó si la meta es aproximarse a los 6.550 millones de euros que ha recaudado el Estado alemán en su subasta. “Como en las subastas anteriores, no tenemos un objetivo recaudatorio porque el criterio es impulsar la innovación y la inversión. Nuestra prioridad es lograr un adecuado equilibro entre una recaudación que refleje el valor de ese espectro que se está poniendo a disposición de los operadores y los adecuados incentivos al despliegue de las redes, la innovación y la inversión”.
(Expansión, 17-07-2019)

Hacienda no tiene que indemnizar al contribuyente perjudicado por una inspección errónea
Los contribuyentes deben soportar las consecuencias de una inspección de Hacienda, aunque tengan razón, siempre que la actuación de la Agencia Tributaria se mantenga dentro de los límites razonables y no resulte arbitraria. En otras palabras, pese a que los tribunales tumben la decisión de la AEAT (anulando la liquidación practicada y la multa), los ciudadanos no pueden repercutir los gastos y perjuicios ocasionados (abogados, etc.), ni reclamar los daños morales porque, dentro de unos márgenes, Hacienda tiene derecho a equivocarse.

Una reciente resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (cuyo texto puede consultar aquí), así lo establece. En su resolución, el tribunal niega la compensación de algo más de 51.000 euros que solicitaba una contribuyente por el perjuicio patrimonial y anímico que, según alegó, le causó una inspección tributaria que impugnó y terminó ganando cinco años y medio después. La mujer cuantificó el daño moral en 48.000 euros, avalando su petición con documentos médicos que acreditaban que estuvo tratada por depresión durante año y medio.

Las actuaciones tributarias que originaron esta situación se retrotraían a unas actuaciones de comprobación referidas al IVA de 2015 sobre la actividad de transporte que realizaba la contribuyente. Hacienda consideró que debía declarar de forma conjunta con su marido, ya que existía, según su opinión, una única actividad empresarial. La Agencia Tributaria le liquidó algo más de 31.000 euros y 13.000 euros más de multa, que los cónyuges recurrieron, primero en vía administrativa, y después ante los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León terminó dándoles la razón, y anulando la liquidación y la multa de Hacienda, pero la mujer no se quedó conforme. Antes de que transcurriera el plazo que da la ley, exigió la responsabilidad patrimonial de la Administración, solicitando 51.000 euros por los daños patrimoniales y morales. La reclamación administrativa fue rechazada porque, a pesar de que la actuación, como defendía la mujer, no fue correcta, la existencia de resoluciones divergentes respondía a la "interpretación razonable" de las normas jurídicas.

Tal y como establece la ley reguladora del régimen del sector público, los ciudadanos tienen derecho a resarcirse de aquellos perjuicios patrimoniales ("toda lesión que sufran en sus bienes y derechos") que les haya causado la actuación de un organismo público salvo casos de fuerza mayor.

La reclamación por daños a la Administración está, por tanto, limitada por ley. Se exige una serie de requisitos para que los tribunales puedan acoger la pretensión reparadora, como la individualización del daño, y la prueba de la existencia del perjuicio y su conexión causal con la actuación del organismo.

En el caso de las actuaciones tributarias, uno de estos requisitos hace casi imposible la probabilidad de que el contribuyente sea indemnizado por una inspección errónea o "no correcta". Como explica en su sentencia el tribunal, el daño producido solo es resarcible si trae causa de una actuación injustificada. En este sentido, continúa la Sala, no puede entenderse que la actividad administrativa inspectora impugnada haya traspasado los límites de "una actuación razonada y razonable". Según exponen los magistrados, los contribuyentes deben soportar las consecuencias de una inspección tributaria siempre que se produzcan dentro de los "márgenes ordinarios" o los "estándares esperables" de una "organización pública que debe servir los intereses generales", siempre con plena objetividad y legalidad.
(El País, 17-07-2019)

El Tribunal Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra el fraude fiscal
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida contra el fraude fiscal. El tribunal de garantías ha adelantado este martes el fallo que deniega el recurso de amparo solicitado por el ingeniero Sixto Delgado de la Coba contra la sentencia del Supremo que le condenó a seis años de prisión por ocultar 5,2 millones de euros en Suiza, a partir de datos contenidos en la lista Falciani.

Delgado aparecía en la lista que el exempleado de la filial de HSBC Hervè Falciani sustrajo de la entidad, en la que trabajó de 2001 a 2008, para denunciar a más de 130.000 posibles evasores fiscales. Esa obtención de datos bancarios procedentes de la lista no vulnera el derecho a la presunción de inocencia ni a un proceso con todas las garantías, según la decisión del Constitucional, que respalda el fallo del Supremo cuando en febrero de 2017 admitió la lista como prueba válida para condenar por delitos fiscales a un acusado en España.

Al respecto, el Supremo basó entonces la validez de la prueba, precisamente, en el hecho de que el acceso a la lista fuera a través de un particular sin conexión con los servicios de seguridad del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas, sino obtener lucro. Si el modo de obtener documentos o datos como los de la lista hubiera sido mediante la acción de la Policía u otros aparatos del Estado, la prueba no hubiera sido válida, aclaró el Supremo.

El nombre y cuentas del condenado figuraban, junto a la de más de 500 contribuyentes españoles, en los documentos sustraídos por Falciani que llegaron a España remitidos por las autoridades francesas y dieron origen a una inspección de la Agencia Tributaria. La Audiencia Nacional rechazó en dos ocasiones extraditar a Falciani a Suiza, que le reclamaba para cumplir cinco años de cárcel por filtrar estos datos bancarios.

Primero, en 2012 cuando fue arrestado en España, al considerar el tribunal que no existía el requisito de la doble incriminación que requiere una extradición porque el delito de espionaje financiero agravado no tiene encaje en el Código Penal español. Después, en septiembre de 2018 cuando Suiza volvió a reclamarle la Justicia española negó su entrega al entender que los hechos por los que se volvió a pedir eran los mismos por los que ya se le denegó en 2012.
(El Mundo, 17-07-2019)

Laboral

El empleado no está obligado a probar que no puede conciliar al solicitar la jornada a la carta
En mitad del revuelo ocasionado por la incorporación del derecho a la adaptación de jornada, la justicia se pone del lado del trabajador y aumenta su protección a la hora de solicitar la jornada a la carta. Este derecho permite a los trabajadores adaptar su horario laboral (ya sea en términos de flexibilidad horaria, cambio de turnos o, incluso, teletrabajar) en caso de necesitarlo por cualquier circunstancia personal, que debía explicar debidamente a la compañía. Ahora, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia perfila este requisito y determina que, en el momento de la petición, el empleado no está obligado a demostrar que no puede conciliar su vida personal y laboral por otros medios.

Para el TSJ, la conciliación es un "derecho personalísimo" de los trabajadores que solo admite restricciones en caso de que ambos progenitores presten servicios en la misma empresa, lo que no ocurría en este caso. Así, rechaza que la demandante, una empleada de una compañía eléctrica, deba probar que los abuelos no podían hacerse cargo del menor o que este no podía ir a clases extraescolares por las tardes para ejercitar su derecho a la adaptación de jornada.

Como detallan los hechos probados, la empresa se negó a ajustar el horario de trabajo de la demandante a la hora de entrada y salida al colegio de su hijo porque esta no demostró si el menor podía quedarse a comer en el centro, realizar actividades extraescolares o quedarse al cargo de sus abuelos o terceras personas.

El tribunal rechaza estos argumentos y fija que para ejercitar el derecho a la adaptación de jornada no importa si el centro escolar al que acude el menor tiene comedor o actividades extraescolares que puedan suplir la necesidad de conciliar del empleado. Así, al recibir una petición de concreción horaria, la compañía debe "ceñirse a lo que es simplemente el horario lectivo" y no entrar a valorar otras circunstancias personales. Además, estos servicios no son gratuitos, por lo que el tribunal debería tener en cuenta otros factores como la economía familiar, lo que "excede de lo que es ponderable por un órgano jurisdiccional".

Por otro lado, los magistrados descartan que la empleada deba probar que su marido lo tiene más fácil para conciliar, y menos aún alegar que sean los abuelos quienes puedan hacerse cargo del menor. Aunque estos últimos tienen un peso importante en nuestra sociedad actual, "la patria potestad corresponde a los padres", aseveran, por lo que ellos son los encargados de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Y, para ello, "necesariamente tienen que poder conciliar su vida laboral, con la personal y familiar".

Además, el tribunal recuerda que este derecho está ejercitado mayoritariamente por mujeres, por lo que negar directamente la reducción de jornada propuesta por la trabajadora "sin entrar a valorar y ponderar los derechos en juego" supone una vulneración al derecho a la no discriminación por razón de sexo.
(Cinco Días, 17-07-2019)

Se abre la puerta a la exoneración real de todas las deudas en autónomos
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad. ATA quiere que en ella se contemple la inclusión de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Esto es, los créditos públicos, tal y como se establece en una sentencia del Tribunal Supremo.

La sentencia, que data del 2 de julio, indica que los juzgados de lo mercantil pueden actuar sobre las deudas que se han contraído con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Todo surge a raíz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca sobre una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad.

Según dicho fallo, los juzgados de lo mercantil podían decidir sobre si eximían de la obligación del pago del crédito público concedido y si al deudor se le condonaba más de la mitad de la deuda que tenía con la administración pública. A su vez, la sentencia también abría la puerta a que el resto de la deuda se pudiera abonar de manera fraccionada hasta los cinco años siguientes.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) llevaba solicitando unas conclusiones similares a las de esta sentencia desde el año 2015, fecha en la que se aprobó la Ley de Segunda Oportunidad. ATA reclamaba que el deudor pudiera abonar de manera fraccionada el pago de intereses y sanciones contraídas con la Administración.

En ese sentido, tras conocer el fallo del Tribunal Supremo, desde la Asociación recuerda que de esta manera son los tribunales los que pueden exonerar hasta un 70% de las deudas que se han contraído tanto con Hacienda como con la Seguridad Social. Y decidir, por tanto, en cuánto se fraccionan los pagos.

Según su presidente, que reclama que se corrija la Ley para incluir este detalle en ella, “ha tenido que llegar el Tribunal Supremo para decir lo que desde ATA llevamos diciendo años, que no podía existir una Ley de Segunda Oportunidad sin que se incluyesen los créditos públicos, que son los que realmente hunden a los autónomos”.
(Cinco Días, 17-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La CNMV afila sus armas para vigilar a las entidades financieras
Ha lanzado el concurso para contratar la empresa que se encargará de espiar a las entidades financieras y vigilar así cómo comercializan entre el público los productos financieros. Los empleados de la firma se harán pasar por clientes y realizarán visitas o llamadas telefónica sin revelar su actuación por cuenta de la CNMV (en la jerga, esta fórmula se denomina mystery shopping).

La licitación fue publicada el pasado 9 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en ella se detalla que el importe base de la licitación es de 65.600 euros para un plazo de dos años. Si bien, este es ampliable por un año adicional, lo que podría elevar el valor estimado del contrato a 98.400 euros. La presentación de ofertas concluirá el próximo jueves 25 y la adjudicación se realizará en septiembre. Será a partir de entonces cuando arranque el proceso de mystery shopping.

Durante el periodo del contrato, la entidad realizará al menos una comprobación del proceso de comercialización de productos financieros con un mínimo de 100 visitas. El número máximo de comprobaciones será de cinco y el de visitas, de 1.200. En una misma investigación, la CNMV podrá solicitar la realización de “visitas a las sucursales u oficinas de atención al público de un máximo de ocho entidades diferentes a la vez, distribuidas por todo el territorio nacional”, señala el pliego de prescripciones técnicas de la licitación.

El supervisor explicó a inicios de año que contrataría una firma para que le ayudara en investigaciones concretas, por ejemplo, en la obtención de información sobre la actividad de chiringuitos financieros. La CNMV efectuó el primer mystery shopping en 2016 y publicó sus resultados en febrero de 2017.
(Expansión, 17-07-2019)

Llega la nueva norma de pagos
A partir del próximo 14 de septiembre regirá en España la norma que, en noviembre de 2018, traspuso la directiva de la Unión Europea contra el fraude y el uso de información sensible en los pagos digitales. A dos meses de su entrada en vigor, la ley aún es poco conocida entre uno de sus actores principales: el comercio.

Básicamente, el texto obliga a las entidades bancarias a realizar el llamado open banking, es decir, a ofrecer medios técnicos (software) a terceros para que puedan acceder a los datos de pago de sus clientes. Para ello, establece un sistema de seguridad con el fin de controlar quién y cuándo accede a dicha información llamado Autentificación Reforzada de Cliente (ARC) o SCA, por sus siglas en inglés.

De cara a los comercios, la realidad de este sistema de autentificación es la siguiente: a la hora de abonar una compra superior a un importe de 30 euros habrá que pedir al cliente dos elementos que lo identifiquen de entre tres posibles: algo que posee físicamente, como el documento nacional de identidad (DNI), pasaporte o la tarjeta bancaria; algo que solo sabe el comprador, como el pin o una contraseña; o algo que existe para identificarle, como la huella digital o un rasgo biométrico, por ejemplo, los rasgos faciales.

Los bancos deben disponer de las llamadas API (protocolo informático o especificación formal sobre cómo el módulo de un software se comunica con otro) que servirán de enlace entre el cliente y el comercio sin necesidad de utilizar objetos físicos, como las tarjetas.

En realidad, esta doble autentificación ya se utiliza en las compras sin efectivo en los comercios físicos. Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC) y vicepresidente de Cepyme, lo explica así: “En el terreno físico, la entrada en vigor de la ARC apenas va a tener incidencia, pues habitualmente ya se piden dos medidas de identificación al consumidor (la tarjeta de crédito y el pin); en el caso de las tarjetas contactless, para ganar agilidad en los pagos, se pedirá esta doble autentificación tan solo cada cinco pagos y, por tanto, creemos que la ralentización de las operaciones y la incidencia en el comercio físico va a ser mínima”.
(Expansión, 17-07-2019)

Lagarde abandona el FMI tras lograr los apoyos para presidir el BCE
Christine Lagarde ha presentado este martes su dimisión como directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con efectos del 12 de septiembre, y ha dado así paso a la puesta en marcha del proceso de relevo en la institución con sede en Washington. Lagarde, de 63 años, fue nominada como nueva presidenta del Banco Central Europeo el pasado 2 de julio, pero no había renunciado formalmente a su puesto en el FMI, sino que había delegado sus funciones en su número dos, David Lipton. Este se ha convertido ahora en director gerente interino.

“Ahora que hay mayor claridad sobre el proceso de mi nominación como presidenta del BCE y el tiempo que ello llevará, he tomado esta decisión por el interés del Fondo, ya que acelerará el proceso para seleccionar a mi sucesor”, ha afirmado la política francesa en un comunicado enviado en la mañana de este martes. La propuesta de su nombramiento al frente del organismo de Fráncfort se formalizó el pasado 9 de julio y, si nada se tuerce, asumirá el cargo el 1 de noviembre. Avalada ya por los 19 países socios del euro, el asunto debe pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE, pero la opinión de estas dos instancias no es vinculante.

Ahora empieza para el FMI una carrera por el mando que no se esperaba hasta 2021, cuando terminaba este segundo mandato de Christine Lagarde. El comité ejecutivo del Fondo, formado por 24 países o grupos de países, abrirá el plazo para que los interesados presenten candidaturas y llevará a cabo una criba para dejar la selección en una serie de finalistas —probablemente, una terna— que pasan por una entrevista personal.

El pacto no escrito que lleva décadas funcionando establece que la dirección del FMI corresponde a una europeo y la del Banco Mundial, a un estadounidense, pero conforme las economías emergentes han ido ganando peso en el mundo, muchos países han empezado a cuestionar esta tradición. El peso de cada país o grupos de países en el Consejo se pondera en función de su peso en el accionariado de la institución y Estados Unidos se sitúa a la cabeza con el 16,5% de porcentaje de voto.
(La Vanguardia, 17-07-2019)

El Parlamento Europeo elige a Von der Leyen para presidir la Comisión
La Comisión Europea tiene nueva dirigente para los próximos cinco años. Por primera vez en la historia de la institución (1958), una mujer estará al frente el Ejecutivo comunitario, el puesto de más alto de la UE, y sucederá al conservador Jean-Claude Juncker. La alemana Ursula Von der Leyen, también conservadora y estrecha aliada de la canciller Ángela Merkel, logró este martes el respaldo mayoritario del Parlamento Europeo en una ajustada votación.

Tras enarbolar promesas de índole medioambiental, social y fiscal, consiguió un amplio apoyo entre el grupo socialdemócrata (que cuenta con 154 diputados) y el liberal (108), además del respaldo unánime de su familia política, los populares (182).

Retomando el ambicioso paquete de medidas anunciado el lunes, Von der Leyen –nacida en Bruselas y de 60 años, cuatro menos que Juncker–, convenció a 383 eurodiputados (de un total 747) tras prometer ante la Eurocámara que pondrá en marcha una ambiciosa política verde en sus primeros 100 días de mandato. También defendió la implantación del salario mínimo en todos los países de la UE (seis estados miembros carecen de él, entre ellos Italia, Irlanda o Chipre), así como de un seguro de desempleo comunitario complementario al nacional, recogiendo así parte de las demandas de los socialdemócratas, que llegaron divididos a la votación, sobre todo por el rechazo de la delegación alemana.

Concretamente, dentro del impulso de medidas contra el cambio climático, la décimo tercera dirigente del Ejecutivo comunitario –que tomará posesión el próximo 1 de noviembre– quiere que Europa se convierta en 2050 en el primer continente neutro en emisiones, esto es, que no emita más sustancias contaminantes de las que pueden absorber, y que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se erija como el primer banco verde del mundo, con una dotación de 1.000 millones de euros en la próxima década. También prevé un fondo de transición para apoyar a las regiones que se vean más afectadas por la reconversión y el cumplimiento de los objetivos climáticos.

La hasta ahora ministra de Defensa bajo Merkel (también primera mujer en el cargo), defendió además una mayor flexibilidad en la política fiscal, en un claro guiño a los países del Sur que más han sufrido las medidas de austeridad, e imponer mayores impuestos a los gigantes tecnológicos. “Si quieren beneficios, deben compartir la carga”, subrayó. Propuso, además, cambiar la unanimidad por la mayoría cualificada para desbloquear las propuestas de mayor calado de la UE, y se mostró abierta a dar más tiempo a Reino Unido para culminar el Brexit, previsto para el 31 de octubre.

Su defensa de un “new green deal” no logró convencer a Los Verdes (74 asientos) ni a la Izquierda (41), que ya habían adelantado su rechazo. Su propuesta de poner en marcha un nuevo mecanismo para luchar contra la erosión del Estado de Derecho y de cambiar la regulación para evitar que se criminalice a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo provocaron el rechazo del grupo Identidad y Democracia (73), integrado por los partidos ultras de Salvini, Le Pen o AfD, pero sí contó con el respaldo de los ultracatólicos polacos (PiS, 26) integrados en el grupo euroescéptico ECR.

Los países del Este, conocidos como el bloque de Visegrado, fueron quienes principalmente boicotearon, durante el pasado Consejo Europeo, la nominación del socialdemócrata holandés Frans Timmermans al frente del Ejecutivo comunitario, por ser quien lideró la apertura de expedientes sancionadores contra varios de ellos por vulnerar los derechos fundamentales.
(El Mundo, 17-07-2019)

 
 
 
 
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