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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 24 DE JULIOL DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Modificación del anexo II sobre la seguridad de los juguetes
Orden PCI/791/2019, de 18 de julio, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes.
(BOE, 24-07-2019)

Euro
Resolución de 23 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de julio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 24-07-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/24/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/24/index.php?s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 24 DE JULIOL DE 2019

Fiscal

El FMI eleva dos décimas la previsión de crecimiento de España
El Fondo Monetario Internacional ha constatado este martes que mientras el crecimiento de la economía mundial sigue agravando su ralentización, el de la española renueva su vigor. En concreto, el organismo corrigió sus previsiones macroeconómicas reduciendo en una décima su previsión de crecimiento mundial para este año hasta el 3,2%. Por el contrario, el FMI augura un incremento del 2,3% para España a cierre del ejercicio, una cifra que supera en dos décimas la estimación realizada por la misma institución el pasado abril, cuando la previsión fue reducida en una décima frente a la perspectiva publicada a inicios de año.

“Las proyecciones de crecimiento para España en 2019 se han revisado al alza, como reflejo de la fuerte inversión y la debilidad de las importaciones al comienzo del año”, señala el informe de Perspectivas de la Economía Mundial que el FMI publicado este martes, el tercero de los cuatro que el organismo emite anualmente.

La mejora de previsiones sobre la economía española que acaba de anunciar el FMI se suma a la que vienen haciendo otras instituciones en los últimos días. En concreto, la Comisión Europea también elevó en dos décimas la estimación de crecimiento del PIB, hasta el 2,3% a comienzos de julio; la misma cifra que estimaron BBVA Research hace una semana (subiendo una décima su cálculo anterior) o Funcas este lunes (tras incrementarla en otra décima).

De hecho, según avanzó la pasada semana la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, el Gobierno español estudia actualmente una revisión de sus estimaciones de crecimiento para 2019, que de momento se mantienen en un alza del PIB del 2,2%.

La cifra española supera con creces el 1,9% de crecimiento esperado para el conjunto de las economías avanzadas, entre las que solo EE UU supera esta cota, con un aumento esperado del 2,6% para 2019. La estimación del FMI es que Alemania crecerá un 0,7%; Francia, un 1,3%; Italia, un 0,1%; Japón, un 0,9%; Reino Unido, un 1,3%; y Canadá un 1,5%. A su vez, las economías emergentes crecerán un 4,1% este año, con Rusia subiendo un 1,2%; China, un 6,2% e India, un 7%.

Aunque la comparativa internacional actual deja en muy buen lugar a España, lo cierto es que el FMI mantiene su previsión de que el PIB español mantenga su progresiva desaceleración –el año pasado creció un 3%– hasta el 1,9% en 2020. Así, pese al renovado ímpetu de la economía española este año, la percepción es que su PIB mantendrá una senda de crecimiento descendente en contraste con la economía global, que repuntaría el próximo año al 3,5%, o con la europea, que se alzaría un 1,3% este ejercicio y un 1,6% el próximo.

“Se prevé un repunte del crecimiento en la zona del euro en lo que queda de este año y hasta 2020, ya que se proyecta que la demanda externa se recuperará y que seguirán disipándose los factores temporales (como la disminución del número de matriculaciones de vehículos en Alemania y las protestas callejeras en Francia)”, argumenta el informe publicado por el FMI.
(Expansión, 24-07-2019)

Laboral

Los 'riders' son asalariados
La larga lucha entre la Seguridad Social y las plataformas digitales de reparto vive una jornada crucial. Un juzgado de lo Social de Madrid ha dado la razón al Gobierno frente a Deliveroo en el macroproceso celebrado en mayo al considerar que los más de 500 repartidores de esta compañía, los conocidos como riders y que habitualmente entregan los pedidos en bicicleta, son asalariados, y no autónomos, como defiende la empresa. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

“Cabe concluir que en la prestación de servicios de los repartidores afectados por el proceso […] prevalecieron las condiciones propias de la laboralidad”, sentencia el juez. Traducción: los 537 repartidores que trabajaron para Deliveroo entre octubre de 2015 y junio de 2017 eran asalariados, la empresa tendría que haberlos contratado y dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social pagando las cotizaciones correspondientes y no deberían ser autónomos, costeándose ellos mismos las cuotas.

Para llegar a esa conclusión, el juez tiene en cuenta que “los repartidores esencialmente han ejecutado un trabajo personal en unas condiciones organizadas y dirigidas por la empresa, que es la única que controla la marca Deliveroo, su aplicación informática y toda la información que se desprende de ella”. En su texto, el magistrado recuerda que la compañía marcaba claramente a los riders normas estrictas sobre cómo llevar a cabo las entregas: "Su margen real de autonomía se limita así a aspectos que estimo que no son determinantes en orden a la calificación de la relación como laboral, como es la elección del medio de transporte (...), la concreta ruta (aunque parece evidente que elegirán la más corta) y la posibilidad de rechazar el pedido", algo esto último, recuerda, que encima "podía tener consecuencias negativas para él".

Con esta sentencia termina la primera gran batalla en la guerra por aclarar si los repartidores de las plataformas digitales son asalariados o autónomos. Pero no será la última. La empresa ha anunciado este mismo martes que pretende recurrir el fallo, como ya hizo hace unas semanas cuando se conoció la decisión de otro juzgado de Valencia, donde una juez le dio ya la razón a la Inspección de Trabajo al considerar que los 97 repartidores que la Inspección obligó a convertir en asalariados en diciembre de 2017 eran falsos autónomos. “La sentencia no refleja la forma en que los riders colaboran con la compañía”, expone Roofoods Spain, razón social de Deliveroo, seleccionando con cuidado las palabras y eludiendo hablar de trabajadores.

Hasta el momento, la sentencia conocida este martes (con fecha de ayer, 22 de julio) es la mayor sobre una plataforma de reparto a domicilio, pero ha habido más y no todas han sido en el mismo sentido. Las primeras respuestas al conflicto laboral fueron varias actas de la Inspección de Trabajo sobre Deliveroo y Glovo (otra empresa rival) que concluyeron que sus trabajadores eran falsos autónomos. Sin embargo, en paralelo, ha habido juicios individuales con fallos contradictorios: algunos jueces condenan a la empresa y otros sí estiman que los riders son autónomos.

La importancia de la guerra jurídica por aclarar si los riders son autónomos o asalariados —abierta en todo el mundo y, por el momento, con el mismo resultado desigual— se debe a que puede señalar por dónde pueden caminar las relaciones laborales en el futuro. Si finalmente se impone el modelo de autónomos y no el de asalariados, esto puede tener consecuencias serias sobre la estabilidad en el empleo o la protección social y su financiación.

Por eso, la sentencia de este martes, la mayor hasta el momento, supone un importante respaldo para quienes defienden la tesis de que estos repartidores son asalariados. En ella el juez señala que "múltiples consideraciones llevan a esa conclusión" de que la Seguridad Social tiene razón para considerar a los repartidores como trabajadores por cuenta ajena. "En primer término, el acta aparece firmada por dos funcionarias —una inspectora y una subinspectora de Trabajo— sobre cuya imparcialidad y cualificación no existe motivo para dudar", dicen los fundamentos del fallo. Destaca, además, que "el número de trabajadores con los que se entrevistó la Inspección de Trabajo fue lo bastante amplio (más de 60 personas) como para poder ser ilustrativo y poder sacar conclusiones mínimamente seguras".

La empresa, en su defensa, alegó como muestra de que los repartidores trabajan por su cuenta el hecho de que son dueños de su bicicleta y su teléfono, mientras que Deliveroo es, a su entender, solo un intermediario que les pone en contacto con clientes. El juez, sin embargo, no cree que quede probado. "Puede entenderse acreditado que los repartidores eran propietarios de varios medios materiales, especialmente de sus vehículos con los que realizaban sus labores de reparto. Sin embargo, ello no basta para descartar la ajenidad, al estimar que los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad no son esos, sino que son la aplicación Deliveroo, controlada y proporcionada por la empresa para su uso por los repartidores, y la correspondiente marca, que naturalmente no es controlada por los repartidores sino por la empresa", señala.

Sobre la organización del trabajo, también recuerda la sentencia que no depende de los riders, sino de la empresa. "Los repartidores prestaban sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa demandada, incluso en sus más pequeños detalles. De entrada, se ha acreditado la existencia de instrucciones a los repartidores que más allá de la encomienda en sí del servicio establecen con toda precisión las condiciones en las que el mismo debe prestarse, condiciones que la empresa comprobaba y evaluaba", señala. Apunta, por ejemplo, que en el momento de su contratación a los repartidores se les presentaba un vídeo explicativo donde se les animaba a presentarse como trabajadores de Deliveroo, se les explica cómo deben realizar la recogida y entrega o dirigirse al cliente.

También se les entregaba a los repartidores una guía de comportamiento o de normas internas muy explícitas. "La empresa no se ha limitado a contratar un servicio de transporte de comida en el que lo esencial sea la entrega en sí sin entrar en el detalle de cómo se ha de realizar, sino que ha establecido con toda precisión la forma en la que se ha de prestar ese servicio, homogeneizándola para todos los repartidores, a quienes se anima a presentarse como parte de Deliveroo", destaca.

"Su margen real de autonomía se limita así a aspectos que estimo que no son determinantes en orden a la calificación de la relación como laboral, como es la elección del medio de transporte (como se ha dicho, de importancia muy relativa en este caso), la concreta ruta (aunque parece evidente que elegirán la más corta) y la posibilidad de rechazar el pedido", concluye. E incluso este derecho a rechazar pedidos, dice el juez, es muy limitado y puede después tener consecuencias. "Esa posibilidad no era intrascendente para el repartidor, sino que podía tener consecuencias negativas para él, ya que se tenía en cuenta por la empresa a la hora de elaborar unas métricas del servicio que podían implicar la no asignación de los turnos apetecidos y, por tanto, quedarse sin trabajar", recuerda.

Además del sentido del fallo, en uno de los fundamentos de derecho el juez desmonta la estrategia de la defensa de Roofood Spain cuando sale en defensa del trabajo de la Inspección. En el juicio, el abogado de la empresa trató de desacreditar el acta dudando de la imparcialidad de las funcionarias que la había elaborado y denunciando presiones sobre ella. "No existe acreditación alguna sobre la efectiva existencia de las presiones a las que se aludió en la contestación [...]; nada permite cuestionar con un mínimo fundamento la probidad de las funcionarias que han realizado el acta".
(Cinco Días, 24-07-2019)

El suicidio de un empleado tras discutir con un cliente es accidente laboral
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía ha confirmado la calificación de accidente laboral del suicidio de un empleado de banca quien, tras una fuerte discusión con un cliente, subió a la azotea de su edificio y se arrojó al vacío. Según la sentencia, "es indiscutible" la relación de causalidad entre el conflicto laboral previo y el estado de "nervios o estrés" del trabajador que le empujó a la terrible decisión.

Según el relato de los hechos, el empleado discutió con un cliente por un ingreso que este había realizado. Después de abandonar en un primer momento la sucursal, el cliente volvió y se encaró con él. La situación de alteración que causó en el trabajador lo ocurrido obligó a la responsable del establecimiento a llamarle a su despacho y a invitarle a que se fuera a calmarse al archivo. En ese momento, el empleado pidió permiso para salir a la calle, circunstancia que aprovechó para subirse a la azotea y saltar.

El juzgado de primera instancia declaró lo ocurrido como un accidente laboral, reconociendo a su mujer e hijos las correspondientes pensiones de viudedad y orfandad, así como una indemnización. La entidad bancaria y la mutualidad, sin embargo, recurrieron la sentencia.

Según la entidad, la decisión del trabajador fue voluntaria, por lo que no puede entenderse como derivada del trabajo. El TSJ, en cambio, responde que, aunque fuera él quien resolviera quitarse la vida, ello no "enerva" la presunción de laboralidad del artículo 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social. Dicho precepto determina que "se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo".

Según los magistrados, los recurrentes no han logrado probar que las causas reales del suicidio no estuvieran relacionadas con el desempeño de su trabajo, pues no figura ningún "elemento o circunstancia revelador de antecedentes de anterior brote o de enfermedad mental previa al siniestro, ni de motivos ajenos al trabajo que le pudieran afectar mentalmente" al empleado.
(Cinco Días, 24-07-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Europa tiene una lista de productos a los que cargar aranceles para defenderse de presuntas medidas de EE.UU.
Bruselas tiene ya preparado su contraataque en caso de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decida imponer aranceles del 25% a los automóviles fabricados en Europa acogiéndose a razones de seguridad nacional. La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, anunció este martes que el Ejecutivo comunitario tiene ya elaborada una lista de productos norteamericanos sobre los que se cargarían nuevos aranceles por un importe de 35.000 millones de euros. Bruselas confía en no tener que llegar a adoptar esas medidas, que dependerán de la decisión que pueda tomar Trump el próximo otoño.

Hace justo un año, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lograba una firmar una tregua comercial con Trump después de que Washington decretara aranceles para el acero y el aluminio europeos. Ambos mandatarios sellaron entonces varios compromisos y pusieron en marcha un comité de trabajo. Malmström anunció en el Parlamento Europeo que la Comisión en breve publicará un informe sobre el resultado de esos acuerdos.

La escalada comercial desde entonces se ha congelado a la espera de los resultados de las conversaciones que están en curso. Trump, no obstante, ha seguido con su retórica proteccionista. El presidente estadounidense encargó un informe al Departamento de Comercio para que investigara si las importaciones de vehículos de la UE suponían una amenaza a la seguridad nacional al debilitar la capacidad de los fabricantes de su país para invertir en tecnología.

Trump, que se reservó el contenido de las recomendaciones, aplazó hasta noviembre si decidía imponer aranceles del 25% a los coches fabricados en Europa. En caso de que lo haga, la UE ya tiene la respuesta preparada: una lista de productos sobre la que podría aplicar tarifas que sumarían 35.000 millones. “Esperamos no tener que emplear ese último recurso”, aclaró Malmström, quien calificó de “irrisorio” el hecho de la Administración norteamericana se esté planteando que los automóviles europeos puedan constituir una amenaza para su seguridad nacional.

Si bien Bruselas ha logrado que la guerra no se recrudezca, tampoco ha conseguido dar los pasos que quería para rebajar las tensiones. La Comisión Europea consiguió el mandato para negociar con Estados Unidos una rebaja de los aranceles de productos industriales, en particular vehículos. La comisaria de Comercio admitió que esas negociaciones, sin embargo, están ahora mismo encalladas porque la Administración norteamericana no quiere avanzar si antes no se aborda la producción agrícola. “Esa es una línea roja para nosotros”, recordó Malmström.

La comisaria también mostró su “preocupación” por el bloqueo que mantiene EE UU sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC). De mantenerse esa situación, Bruselas quiere buscar una vía alternativa con árbitros actuales o antiguos de la propia organización.
(Cinco Días, 24-07-2019)

Europa se lanza a invertir el dinero destinado a resolver bancos para frenar las pérdidas del BCE
La era de los tipos negativos no solo está pasando factura a los bancos, sino a toda institución con mucho dinero en sus manos. Y la Junta Única de Resolución no es una excepción. La organización destinada a resolver los bancos en apuros está sentada en 33.000 millones de euros pagados principalmente por los bancos, instituciones financieras y firmas de inversión para dotar de recursos al fondo de rescate, y la factura del -0,4% que cobra el Banco Central Europeo (BCE) por depositar el dinero en su caja fuerte está mermando los recursos para los posibles salvamentos.

Para compensar estas pérdidas, la Junta Única de Resolución ha comenzado a invertir algunas partidas más allá del banco central. Las primeras decisiones se tomaron en 2018, pero este año ha decidido ir más allá. «Como parte del plan de inversión de 2019, se ha tomado la decisión de empezar a invertir en bonos corporativos con el objetivo de fortalecer la diversificación sectorial que pide la regulación», anuncia el organismo presidido por Elke König en su memoria de actividades anual.

Eso significa que las empresas tendrán un inversor más en sus emisiones de bonos, aunque no todas podrán contar con la Junta Única de Resolución entre los propietarios de su deuda. Los criterios que debe seguir esta institución para invertir el dinero que tiene encomendado son estrictos y no dejan mucho margen a la especulación más arriesgada.

De ahí el camino pausado que se ha tomado para empezar a invertir los fondos. Se hizo por primera vez en mayo del año pasado, cuando llegó un plazo de la contribución de los bancos de 4.500 millones de euros. Y se repitió en junio de 2018, cuando llegó el segundo, también de 4.500 millones.

Con estas cifras, ya son 9.000 millones de euros los que la Junta Única de Resolución ha puesto en el mercado y pronto llegarán más, porque el organismo acaba de recibir otra inyección de los bancos de 7.800 millones de euros. Pero por ahora los resultados no han sido demasiado positivos. Las inversiones han dado rendimientos, pero no los suficientes para compensar el resto del dinero que está en depósitos en el BCE al -0,4%. El rendimiento total de la cartera de la Junta fue del -0,16% después de pagar las comisiones exigidas.

Pese a ese resultado, la visión del organismo es positiva. «La inversión en títulos añadió un valor positivo al retorno financiero», señala el informe de la Junta Única de Resolución. Y seguirá con la experiencia, aunque abriendo el abanico de posibles inversiones a los bonos corporativos para intentar que los rendimientos lleguen un poco más lejos y puedan compensar del todo la merma provocada por los tipos negativos en la facilidad de depósito del BCE. Sobre todo, ahora cuando todas las papeletas apuntan a que el cobro se intensificará al menos al -0,5% durante este año.

El dinero que está en manos del fondo de rescate bancario tiene un reglamento específico que regula qué se puede hacer con él y qué no. La máxima es «una estrategia de inversión prudente y segura», cuyo objetivo debe ser «proteger el valor del Fondo Único de Resolución y cubrir sus necesidades de liquidez», asegura el documento.

Eso sí, los redactores del reglamento dejaron claro que las inversiones deben medirse por su seguridad esperada, no por su retorno, y que no se podrá culpabilizar a los gestores por tener pérdidas en la cartera siempre que no se deban a imprudencias.
(El País, 24-07-2019)

La victoria de Boris Johnson aboca a un Brexit duro más que probable
Boris Johnson ya es el sucesor de Theresa May gracias a su victoria en las primarias del Partido Conservador británico. El resultado, esperado por otra parte, convierte en primer ministro desde mañana miércoles a un euroescéptico veterano que durante toda la campaña de primarias ha expresado su intención de llevar a cabo la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre con un “todo o nada”.

En su discurso de agradecimiento después de conocer su victoria se ha referido al Brexit con estas palabras: “El Partido Conservador demostrará su habilidad histórica para equilibrar dos instintos enfrentados: el deseo de mantener una relación cercana con la Unión Europea y el deseo de que este país se pueda autogobernar democráticamente”.

Johnson pretende renegociar un nuevo acuerdo de retirada y renunciar al firmado por su antecesora May y la UE, y que el Parlamento británico rechazó tres veces, con el objetivo de que el país “esté más preparado”. El problema es que la UE no está dispuesta a modificar los términos del Brexit. “Esperamos trabajar de manera constructiva con el primer ministro para facilitar la ratificación del acuerdo de retirada y lograr un Brexit ordenado” ha afirmado el negociador comunitario Michel Barnier.

Como mucho puede negociarse, según el representante de la UE, “una declaración política” que se agregaría al acuerdo. Un poco antes, el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, recalcó que “el Reino Unido llegó a un acuerdo con la UE y ésta se ceñirá a ese acuerdo”, aunque añadió que “escucharemos lo que el primer ministro tenga que decir cuando venga a Bruselas”.

Las reacciones del mundo económico tras la elección de Boris Johnson no se hicieron esperar. “Con la elección de Johnson como líder conservador y primer ministro, la probabilidad de un compromiso parece ser menor que antes”, ha señalado la agencia Moody’s. Esta entidad confía en que el Parlamento de Londres acuerde una alternativa al acuerdo actual con la UE porque la larga incertidumbre conlleva riesgos para la solvencia y volatilidad al frenar la inversión a largo plazo, el comercio y las decisiones económicas. Lo que ocurre es que el Parlamento suspende mañana día 25 sus actividades por las vacaciones estivales y no reanudará sus sesiones hasta el 3 de septiembre.

Los analistas económicos recuerdan que la economía británica está atravesando una etapa dura debido, precisamente, a la incertidumbre en la que vive desde el referéndum de 2016. El crecimiento del PIB encadena cuatro años consecutivos por debajo del 2%. La industria y la construcción están afectadas por la falta de inversión y la confianza empresarial y de los consumidores están a la baja desde hace meses. El gran estreno internacional de Boris Johnson tendrá lugar en la cumbre del G-7 a finales de agosto. Es previsible, asimismo, que se reúna con los líderes de la UE en las próximas semanas.
(La Vanguardia, 24-07-2019)

Sánchez no logra en su primer intento de ser investido presidente
El líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha perdido este martes la primera votación parlamentaria del debate de investidura en el que aspira a reafirmarse en el cargo. El fracaso era esperado para un grupo con solo 123 diputados y que requería los 176 de la mayoría absoluta para salir victorioso en una Cámara más fragmentada que nunca. La gran novedad es que a estas alturas sigue sin estar claro que lo logre tampoco en la segunda vuelta, a mediodía del jueves, cuando le bastarían más votos a favor que en contra dada la enconada discusión entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la composición del Ejecutivo de coalición que están negociando.

Este martes, al pronunciamiento en contra de los 66 diputados del PP, los 57 de Ciudadanos o los 24 de Vox se han sumado los votos de los dos de Coalición Canaria, que rechaza un pacto PSOE-Podemos o los dos de Navarra Suma. También han votado en contra, aunque anticipan un posible cambio de tono el jueves, los 15 diputados de ERC y los siete de JuntsPerCAT. La gran sorpresa del día la ha dado la portavoz de Podemos Irene Montero, que ha votado telemáticamente por estar embarazada, en contra de la investidura.

Un voto que podría revelar la disposición de voto con la que Podemos ha llegado hoy a la Cámara, si bien finalmente los otros 41 representantes de Podemos se han abstenido como gesto para facilitar el diálogo. También lo han hecho los seis de PNV, los cuatro de Bildu, y el de Compromís. En total suman 52 abstenciones frente a 170 en contra. Solo los 123 de PSOE y el del Partido Regionalista Cántabro han votado a favor. Los cuatro votos que faltan corresponden a los diputados en prisión preventiva por el juicio del proceso.

Horas antes, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha alimentado la esperanza de los socialistas confirmando que los 15 miembros de su grupo se abstendrán en la votación del jueves siempre y cuando Sánchez logre un acuerdo con Iglesias en las 48 horas que restan para la votación.

La condición impuesta por el grupo independentista catalán es el mayor factor de presión para que el pacto acabe fraguándose in extremis. Sánchez, que aspiraba a gobernar en solitario, ha dejado claro que prefiere una nueva convocatoria electoral en noviembre a dar asientos de peso a Unidas Podemos, que suman 42 diputados, en el nuevo Consejo de Ministros.

Iglesias, que el viernes renunció a formar parte del nuevo Ejecutivo porque Sánchez aseveró que este era el único “escollo” para un pacto, reclama ahora que sus compañeros tengan una representación equivalente a sus votos, el 14% del total frente al 28% del PSOE, es decir, contar con uno de cada tres ministros y no ser mero “decorado” del nuevo Gabinete.

Aunque la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha sugerido hoy que el PSOE está dispuesto a dar una vicepresidencia a Irene Montero, portavoz de Podemos y pareja de Iglesias, los socialistas han vetado al partido las carteras de Estado: Interior, Defensa, Justicia o Exteriores. Sánchez tampoco parece dispuesto a ceder las carteras económicas y el pulso está centrado en las de mayor calado social, como Trabajo, Vivienda o Igualdad.

Más allá, Sánchez defendió ayer ante la Cámara Baja un programa de legislatura con gran contenido social y que responde a algunas de las reclamaciones clave de Podemos como derogar la reforma laboral del PP de 2012, subir de nuevo el salario mínimo o controlar el alza de los precios del alquiler.

En la votación del jueves, parece claro que PP, Cs, Vox, Coalición Canaria y Navarra Suma destinarán sus 151 votos a negar la presidencia a Sánchez. El PSOE cuenta con sus 123 votos a favor de partida, y a priori con la abstención de PNV o Bildu. Un pacto de Gobierno de coalición con Podemos le garantizaría 165 votos a favor y las 15 abstenciones de ERC, garantizando la investidura.

“Corro el riesgo de ser también el primer candidato a la presidencia del Gobierno que sufre dos investiduras fallidas en la historia de la democracia”, ha admitido este martes Sánchez, alegando que también fue el primero en hacer triunfar una moción de censura, pero apelando a la “generosidad y responsabilidad” del resto de grupos para desbloquear la situación política y facilitar la formación de un Ejecutivo.

La sesión de investidura se retomará el jueves a las 13.30, no pudiendo producirse la votación antes de las 14.25 horas para respetar las 48 horas que deben transcurrir entre la primera y la segunda vuelta, ha detallado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
(El Mundo, 24-07-2019)

 
 
 
 
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