Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL 6 D'AGOST DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 5 de agosto de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de agosto de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 06-08-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/06/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/06/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 6 D'AGOST DE 2019 

Fiscal

Los retrasos en los pagos de los ayuntamientos suben a 65 días de media
Si un autónomo realiza un trabajo para la Diputación Provincial de Cuenca tardará en cobrar apenas siete días, pero si ese mismo trabajo se realiza para el Ayuntamiento de Jaén, el periodo medio que tardará en facturarlo será de nada menos que 542 días, casi un año y medio. Estas son las Administraciones públicas españolas que menos y más tardan en pagar a sus proveedores, respectivamente, según el último informe sobre los periodos medios de pago en el primer semestre elaborado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Esta asociación lleva varios años analizando trimestralmente el tiempo medio que tardan las Administraciones públicas (central, autonómica, diputaciones y ayuntamientos y cabildos insulares) en abonar las facturas a sus proveedores de bienes o servicios.

Aunque la tendencia de los últimos años ha sido con carácter general acortar los retrasos en los pagos, los ayuntamientos –que vuelven a revalidar el título de Administración que más tarda en pagar– han empeorado su puntualidad en el abono de sus facturas. Tras más de dos años con unos plazos medios de pago de 60 días, en el primer semestre de 2019 este periodo se elevó hasta los 65. Más de dos meses están tardando en pagar de media los municipios en lo que va de año.

Esto supone más que duplicar la exigencia de la ley, que fija en 30 días la obligación de pagar las facturas a las Administraciones públicas y en 60 días a las empresas privadas.

Por el contrario, sí han mejorado algo los plazos de las Administraciones central y de las regionales. En el caso del Estado, tardó en pagar sus facturas unos 37 días de media en este primer semestre, frente a los 39 días con los que arrancó el año. Mientras que las Administraciones regionales fueron las mejores pagadoras y redujeron sus demoras de 39 a 35 días, siendo las que más se acercan al periodo legalmente establecido, pero aun incumpliéndolo.

Desde ATA se quejan de que sean precisamente los municipios los que más tardan en abonar sus facturas porque es la Administración para la que trabajan la mayoría de los autónomos. "Es increíble que precisamente la Administración que es más cercana a ti sea la que más te castiga. Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos; adelantando recursos, materiales y esfuerzo", se lamentó el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Aunque la media resulte que los municipios son los que peor pagan hay grandes diferencias entre ellos e incluso muchos cumplen, con creces la ley. Es el caso de las corporaciones locales de Zamora, que paga en 9 días; Roquetas de Mar (Almería) y Lugo, que abonan los servicios que contratan en 11 días cada uno, o Vigo (12 días). Mientras que, por el contrario, Jaén no solo vuelve a ser el municipio que más tarda en pagar, sino que se retrasó aún más en el abono de sus facturas pasando de una media de 531 días de retraso en el primer trimestre del año a 542 en el acumulado del primer semestre de 2019.

Aún mayor ha sido el empeoramiento de los plazos de pago del segundo ayuntamiento que peor paga de España: Jerez de la Frontera (Cádiz), donde han pasado de abonar las facturas en 198 días en el primer trimestre a 320 días en la primera mitad del año.

En cuanto a las comunidades, Cantabria fue la que registró impagos por periodos más largos en la primera mitad del año: 56 días de retraso de media, casi el doble del máximo que marca la ley. Otras seis autonomías incumplieron la ley superando el máximo de 30 días (Comunidad Valenciana, 51 días; Baleares, 45; Castilla-La Mancha, 43; Cataluña, 41; La Rioja, 41; y Murcia, 40). Las tres Administraciones autonómicas que mejor pagan son Galicia (18 días de media); Andalucía (20 días) y el País Vasco (21 días). Pero, según estos datos, no solo las Administraciones y organismos públicos desoyen la ley en materia de pago, también las grandes empresas de más de 250 trabajadores incumplen ampliamente la norma al retrasarse en los pagos una media de 99 días, en las compañías que tienen entre 250 y 1.000 empleados; y con retrasos de unos tres meses y medio (105 días) las que cuentan con plantillas superiores a 1.000 trabajadores.
(Cinco Días, 06-08-2019)

Laboral

Los pensionistas no saben cuánto cobrarán en 2020
En España hay cerca de 8,7 millones de pensionistas que cobran un total de 9,7 millones de pensiones ya que alrededor de un millón de ellos reciben dos prestaciones (por lo general de jubilación y de viudedad). Y a poco más de cuatro meses de que termine el año, este abultado colectivo de ciudadanos aún no sabe cómo se revalorizarán sus pensiones a partir de enero de 2020. No saben qué cobrarán el próximo año.

Esta situación es anómala porque las normas de revalorización habían estado claras en la ley hasta ahora. Antes de la reforma de pensiones de 2013, cada Gobierno decidía el incremento anual de las pensiones pero siempre con una garantía: las prestaciones se revalorizaban en enero al menos lo mismo que hubiera crecido el IPC interanual del mes de noviembre anterior. Así, los pensionistas tenían garantizado el mantenimiento de su poder de compra.

Sin embargo, el fuerte impacto negativo que tuvo en las cuentas del sistema de Seguridad Social la desaparición de más de tres millones de cotizantes por la destrucción de empleo causada por la crisis entre 2008 y 2013 hizo que en ese último año el Gobierno del PP hiciera una reforma de pensiones que introdujo un nuevo índice de revalorización. Consistía en una fórmula matemática que tenía en cuenta las finanzas de la Seguridad Social en los cinco años anteriores y las previsiones de los cinco posteriores al año en el que se fueran a revalorizar las prestaciones, de forma que mientras ese cómputo arrojara un déficit, las pensiones solo podrían subir un 025%.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió en los cuatro primeros años de aplicación de este nuevo índice. En 2014 las pensiones subieron un 0,25% y la inflación media anual bajó dos décimas, por lo que este colectivo no perdió poder adquisitivo, sino que ganó casi medio punto porcentual de poder de compra. Al año siguiente el resultado fue aún más favorable. La subida fue nuevamente del 0,25% ante los persistentes números rojos del sistema, pero los precios cayeron un 0,5%, con lo que la ganancia de poder adquisitivo fue del 0,75% en 2015.

Mientras que en 2016 volvió a repetirse la situación de 2014 y las pensiones subieron el ya conocido (y cada vez más criticado) 0,25% frente a una caída de dos décimas de la inflación media anual, con lo que ganaron prácticamente otro medio punto de poder de compra. De esta forma, entre 2014 y 2016 los pensionistas vieron como su poder adquisitivo subía alrededor de un 1,65%. Si bien, en 2017 cambiaron las tornas y tras tres años de caídas de precios, la inflación subió un 2%, con lo que tras la subida del 0,25% los más de nueve millones de beneficiarios de pensiones, perdieron un 1,75% de poder de compra en ese ejercicio.

Esa situación generó la aparición de movimientos de protesta del colectivo de pensionistas por toda España, que tuvieron su epicentro en el País Vasco. Por ello, a la hora de aprobar los Presupuestos Generales de 2018, el PNV, cuyos votos eran necesarios para sacar adelante las cuentas, obligó al entonces ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, a poner en suspenso la reforma de pensiones de su propio Gobierno y a subir las pensiones mínimas un 3% y el resto un 1,6% tanto en 2018 como en 2019.

El posterior Gobierno socialista fue más allá y aprobó un decreto en el que, además de estas subidas, compensó en enero a los pensionistas con una “paguita” –como la llamó la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio–, para actualizar la cuantía de las pensiones al incremento del IPC del 1,7%, con lo que les subió las prestaciones una décima más.

Pero hasta aquí las certezas, porque la última referencia legal a la subida de pensiones (el decreto de finales de diciembre pasado) solo indicaba como revalorizarlas en 2019. Por tanto, en estos momentos la normativa vigente sería la previa a los Presupuestos de 2018 y a dicho decreto, o sea, el indicador de 2013 que vuelve a la subida del 0,25% ya que la Seguridad Social, lejos de haber saneado sus cuentas ha incrementado sus números rojos hasta el entorno de los 19.000 millones anuales.

Ante esta incertidumbre, una de las exigencias que escuchará el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por boca de los líderes sindicales de UGT y CC OO cuando les reciba esta semana en la Moncloa tendrá que ver con esta actualización de las pensiones. Ambos le reclamarán que tome, cuanto antes, la decisión de revalorizar las pensiones más de un 0,25% para el próximo año. El procedimiento legal por el que tendría que optar el Gobierno al estar en funciones, sería nuevamente aprobar un decreto que debería convalidar el nuevo Parlamento.

Según el decreto de Sánchez de diciembre pasado, el diseño de dicho índice debía producirse en el primer semestre de 2019. Pero el fracaso en la aprobación de los Presupuestos para este año y la disolución de las Cortes dejó en papel mojado este compromiso. Por ello, la respuesta del Gobierno es que “habrá que esperar a que la Comisión del Pacto de Toledo retome sus trabajos para poder cumplir con dicho mandato”. El caso es que esto no ocurrirá de forma inmediata y mucho menos será rápido, por lo que, de momento, los pensionistas no saben cómo ni cuanto se revalorizará su pensión el año que viene.
(Cinco Días, 06-08-2019)

Los 50 sectores que tiran del empleo pese a la ralentización
La última Encuesta de Población Activa apunta a que la creación de empleo se está frenando. Sin embargo, hay medio centenar de actividades que siguen creando empleo a pesar de la desaceleración. La educación, el comercio, la informática, el transporte o la construcción están entre los principales motores.

La economía española se encuentra en pleno proceso de desaceleración, tras haber registrado el segundo trimestre el crecimiento más débil de los últimos cinco años, y esto está afectando al mercado laboral. De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa, que publicó recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE), la creación de empleo se ha resentido en los últimos meses, algo en lo que ha jugado un cierto papel la subida del salario mínimo a principios de año y el destope de las cotizaciones sociales.
Sin embargo, a pesar de todo, hay 51 sectores que siguen tirando del mercado laboral y generan, entre todos, 648.300 puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año anterior.

La educación sigue siendo el primer motor del mercado laboral. El sector educativo sigue creando empleo, con 72.000 puestos de trabajo más que el año anterior, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. Con todo, esta actividad acusa un ligero retroceso entre abril y junio, algo que no suele ser habitual en esta época del año, ya que el mayor desplome se produce en el tercer trimestre del año, coincidiendo con las vacaciones escolares. Y esto no es un buen augurio para la continuidad de la tendencia.

El comercio al por mayor genera 60.900 nuevos puestos de trabajo. El comercio mayorista ocupa el segundo puesto entre las ocupaciones que más han incrementado sus plantillas en el último año, con 60.900 ocupados más que en 2018, hasta los 801.900 empleos, en total. Esto supone un aumento del 8,2%, según las cifras que maneja el INE. Esta dinámica positiva se ha contagiado a la venta de vehículos, con 12.000 nuevos puestos de trabajo, pero no al comercio minorista, que se encuentra en retroceso por la debilidad del turismo.

La programación y consultoría informática se mantiene en ascenso. El sector de la programación informática y la consultoría sobre este campo sigue en ascenso, después de haber creado empleo de forma prácticamente ininterrumpida en los años más duros de la crisis. Esta área incrementó su volumen de ocupados en 36.200 personas el último ejercicio, un aumento del 11,9% respecto a 2018, hasta alcanzar los 339.900 trabajadores. Con ello, el empleo queda un 66% por encima de las cifras de 2008.

El transporte terrestre crece a rebufo del comercio. El transporte terrestre y por tubería generó 29.400 puestos de trabajo en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta alcanzar los 619.300 ocupados. Aunque se ha experimentado un cierto retroceso entre abril y junio, derivado de la estacionalidad del sector, estas cifras implican un crecimiento del 5% interanual, con lo que la actividad duplica la velocidad media del mercado laboral español.

La construcción mejora espoleada por la subida de precios de la vivienda. En los últimos doce meses, la construcción de edificios ha sido uno de los principales dinamizadores del mercado laboral. En el segundo trimestre del año, esta actividad ha generado 28.500 puestos de trabajo con respecto a 2018, hasta alcanzar los 508.300 ocupados. Esto se debe a que la subida de precios de la vivienda y el agotamiento del 'stock' están aumentando la construcción de nuevas viviendas, lo que repercute en el empleo.
(Expansión, 06-08-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La creación de empresas ahonda su caída al 8,5% en junio y suma tres meses de descensos
El número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 8,5% el pasado mes de junio respecto al mismo mes de 2018, hasta sumar 7.433 empresas, al tiempo que las disoluciones empresariales cayeron un 8,4%, hasta totalizar 1.255, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso de junio, la creación de empresas encadena tres meses consecutivos de retrocesos interanuales después de que en abril bajara un 1,5% y en mayo un 2,8%.

El 20,9% de las sociedades mercantiles que se crearon en junio se dedica al comercio y el 15,8% a inmobiliarias, financieras y seguros. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 21,4% correspondió a comercio y el 16,4% a construcción.

Para la constitución de las 7.433 empresas creadas en junio se suscribieron más de 286 millones de euros, lo que supone un descenso del 28,1% respecto al mismo mes de 2018, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 38.548 euros, cayó un 21,5% en tasa interanual.

Sector

Cada año se aprueban en España 12.000 normas legislativas
La 'producción legislativa' en España se habría multiplicado por cuatro en los últimos 40 años, hasta situarse en el entorno de 12.000 normas anuales. Los expertos avisan del impacto económico que podría provocar la 'sobrerregulación'.

Lógicamente, una sociedad moderna y una economía de mercado necesitan de una legislación acorde a su tamaño. Pero el peligro de la sobrerregulación puede convertirse en un cuello de botella en determinados casos para iniciativas empresariales. Puede "generar incluso una gran incertidumbre en los agentes económicos", explicó Mora-Sanguinetti en declaraciones en este diario. Este economista ha publicado recientemente a título personal el artículo La complejidad de la regulación española y su impacto económico en la revista ICE de la Secretaría de Estado de Comercio.

Se aúna una gran producción legislativa con la complejidad de cada uno de los niveles de Administración. "La multiplicidad de fuentes legislativas en España hace dudar a las empresas sobre la norma adecuada a obedecer, perjudicando sobre todo al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. No tienen músculo administrativo para afrontar tal volumen de legislación. No arriesgan porque les da vértigo y los que arriesgan se ven obligadas a destinar notables recursos y esfuerzos para cumplir con la regulación existente", apuntó Bernardo Aguilera Sánchez-Garrido, del Departamento de Asuntos Regulatorios de la CEOE.

Si bien la producción normativa a nivel estatal no ha experimentado cambios drásticos en los últimos años -de hecho, con el actual momento de parálisis política, se ha frenado-, el foco de atención, para los expertos, debe centrarse en las normativas emanadas por los parlamentos autonómicos.

Y es que, precisamente, la complejidad regulatoria en las últimas décadas llega de la mano de las comunidades autónomas. Las cifras así lo confirman. Solo en 2018, la normativa autonómica habría alcanzado más del 70% sobre el total, dejando por detrás a la normativa estatal que estaría en torno del 15%.

En total, en las diecisiete comunidades autónomas, la actividad regulatoria bruta se habría multiplicado cuatro veces desde 1983 (con 2.207) a 2018 (con 8.436). "La campeona es Cataluña. Con 12% tiene el mayor peso frente al resto de las comunidades autónomas, que no supera un peso del 8,5%", sostuvo Mora-Sanguinetti.

Una explosión normativa que puede añadir en algunas ocasiones complicaciones al empresariado español. Por ello, desde la CEOE la petición es clara: que se eliminen las duplicidades legislativas y que se busquen alternativas para las normativas contrapuestas.

"Apostamos por una unidad de mercado para una normativa más armonizada y coordinada. Que no se impongan requisitos. Por ejemplo, esto genera muchos problemas en varios sectores como el de las telecomunicaciones que deben estar cumpliendo a la vez una normativa estatal, autonómica y de los ayuntamientos. Otros sectores sensibles son el del transporte y el agroalimentario". Por eso, desde la patronal abogan por la "simplificación" de las normas.

Teniendo en cuenta solo las normas con rango de ley, según el informe La producción normativa en el 2018 realizado por CEOE, a nivel autonómico, desde 2012 a 2018, se han publicado 1.965 -leyes, decretos legislativos y decretos leyes- en todas las autonomías. El Principado de Asturias es la comunidad autónoma que ha experimentado el mayor incremento (de 3 a 14) desde 2012 a 2018. La segunda en el ránking es Extremadura (de 4 a 16) en este mismo periodo. La tercera es Aragón que pasó de 9 en el 2012 a 21 en el 2018. "Todo esto desincentiva al empresariado", concluyó Sánchez-Garrido.

A nivel estatal se aprobaron 588 nuevas normas de distinto rango, lo que supone un incremento del 13,7% si se comparan con las 517 normas que se adoptaron en 2017.
(Expansión, 06-08-2019)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).