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NOVETATS LEGISLATIVES DEL 10 AL 12 D'AGOST DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 9 de agosto de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 9 de agosto de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 10-08-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/10/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/10/index.php?s=3

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https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/12/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 10 AL 12 D'AGOST DE 2019

Laboral

Sánchez impulsa una renta básica mensual de entre 600 y 1.800 euros
El Gobierno, a pesar de estar en funciones, mantiene su actividad de cara al momento de la formación de un nuevo Ejecutivo -que podría llegar en septiembre- para poner en marcha cuanto antes las principales medidas con las que se presentó Pedro Sánchez a las pasadas elecciones generales. Una de estas medidas, focalizada en la reducción de la pobreza en España, consta en la introducción de un ingreso mínimo vital para los hogares en una situación marginal, y se trata de uno de estos proyectos que el Ejecutivo socialista ha continuado dando forma en los últimos meses.

Una medida, sin embargo, que ya fue solicitada por los sindicatos en 2017 en el Congreso, y que, según señaló la AIReF durante la presentación del estudio Los Programas de Rentas Mínimas en España -documento elaborado a petición del propio Consejo de Ministros- supondría entre 7.200 millones y 9.800 millones de euros anuales. Pero en este mismo estudio la autoridad fiscal elabora dos alternativas a la propuesta sindical, que tal y como señalan fuentes de Moncloa a elEconomista, "se aproximan al planteamiento del Gobierno" que pretende ejecutar en la nueva legislatura.

Sin embargo, y aunque estas mismas fuentes reconocen haber mantenido encuentros con la AIReF para el diseño de la medida, la propuesta del Ejecutivo guarda algunas diferencias con esta propuesta y también con la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y CGT. La más importante es la del nivel de las cuantías previstas en la cobertura de los hogares que el Gobierno del PSOE plantea en un 40% más que la versión de la AIReF. Concretamente, si la alternativa del organismo auditor partía de una base 426 euros mensuales ampliables con una dotación de hasta 1.680 euros al año por hijo a cargo para un máximo de tres, el planteamiento del Ejecutivo partiría de un suelo de 600 euros al mes que llegaría hasta los 1.800 euros en los casos más extremos.

De este modo, esta tendría dos ramas: la primera de ellas, una ayuda para los hogares con pobreza infantil severa, donde se encuadrarían las ayudas de entre 600 y 1.800 euros, mientras que para los hogares en situación de alta pobreza las cifras serían entre 600 y 1.200 euros.
(El Economista, 12-08-2019)

El Constitucional dirá si el despido por absentismo debe desaparecer de la ley
El despido objetivo por absentismo podría desaparecer de la legislación española y será el Tribunal Constitucional (TC) el que lo decida. El pasado 27 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la decisión de este tribunal de admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona. Dicho recurso solicita que los magistrados del Constitucional se pronuncien acerca de si la regulación del despido por absentismo en España es lícita o no. Y en el caso de resultar contraria a la Constitución debería desaparecer de la normativa laboral.

En concreto, el Juzgado barcelonés solicita que el Constitucional se pronuncie sobre si el despido por absentismo contraviene los artículos de la Carta Magna número 15 –que garantiza la integridad física y moral–; el 35.1 –que recoge el derecho al trabajo, libre elección de oficio y a una remuneración suficiente sin discriminación por sexo–; y el 43.1, que recoge el derecho de protección a la salud.

El despido por absentismo está regulado en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. Permite al empresario extinguir el contrato de un trabajador por causas objetivas (con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad), ante faltas de asistencia al trabajo, que aunque estén justificadas sean intermitentes. Si bien estas ausencias deben alcanzar el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

No obstante, para justificar un despido por absentismo la ley excluye que computen las ausencias por huelga legal; por actividades sindicales; accidente de trabajo; cualquier baja relacionada con la maternidad; permisos y vacaciones; bajas por enfermedad o accidente no laboral cuando dure más de veinte días consecutivos; las derivadas por violencia de género acreditadas; o las ausencias por tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

Esta regulación se endureció, además, en la pasada reforma laboral de 2013, con la intención de facilitar a la empresa la utilización de este tipo de despido. Si bien, distintas fuentes jurídicas consultadas aseguran que, en la práctica, no es nada común que los empresarios recurran a esta modalidad de despido.

“El cómputo de las ausencias es extraordinariamente complicado, lo que hace que rara vez salga adelante”, aseguran estas fuentes. De hecho, recientemente, el Tribunal Supremo tuvo que unificar doctrina en torno al cómputo de las faltas para justificar estos despidos. En su sentencia –donde reiteraba lo fallado en diciembre de 2010– indicaba que los cuatro meses han de computarse de fecha a fecha, no por meses naturales.

Si el Constitucional decidiera que el despido por absentismo es contrario a los derechos fundamentales consultados por el Juzgado de Barcelona, podría anular directamente la regulación de este tipo de extinción laboral. Aunque no parece que la resolución del Constitucional vaya a ser pronta, dado que no es probable que esta cuestión se considere como urgente.

En cualquier caso, si el despido por absentismo desapareciera de la normativa laboral, las empresas podrían utilizar otra vía para extinguir el contrato de un trabajador con elevadas ausencias reiteradas injustificadas. Lo explica el socio del Área Laboral de Pérez-Llorca, Daniel Cifuentes: “Si el Constitucional llegase a anular el despido por absentismo, el empresario podría recurrir al artículo 52.1.a que justifica un despido objetivo por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva”.

Asimismo, Cifuentes explica que, si se anulara este despido, los trabajadores afectados, que hayan sido objeto de una extinción objetiva por absentismo, podrían llegar a reclamar en los tribunales la responsabilidad patrimonial del Estado.
(Cinco Días, 12-08-2019)

Trabajo enviará 85.000 cartas a empresas con indicios de fraude laboral
El Ministerio de Trabajo va a enviar en los próximos días una remesa masiva de carta a empresas en las que haya detectado indicios de fraude laboral. Concretamente, mandará 85.000 misivas que afectan a 238.000 trabajadores en dos nuevos planes de choque, según ha anunciado este viernes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Los dos planes tienen como objetivo la lucha contra la temporalidad fraudulenta y los abusos en la contratación a tiempo parcial, tal y como adelantó EL PAÍS.

Ambos programas se enmarcan dentro del plan contra la explotación laboral que el Ministerio de Trabajo puso en marcha en el verano del año pasado y se ponen en marcha por segunda vez. Su desarrollo consiste en que se envía una carta a los centros de trabajo en los que se han detectado indicios de fraude con la advertencia de que si en un determinado periodo de tiempo no se regulariza la situación, la Inspección visitará la empresa. En esta edición, las cifras de trabajadores afectados por estas cartas aumentan un 11,2% entre temporales, hasta los 89.285 empleados, como entre jornadas parcial, 148.730.

Dentro de ese plan marco, Valerio ha presentado al acabar el Consejo de Ministros la segunda evaluación de este plan. Según los números presentados por la ministra, entre agosto del año pasado y junio de este la Inspección ha convertido 173.957 contratos temporales irregulares en indefinidos. En estos datos se incluyen tanto las 61.445 logradas en el primer envío masivo de cartas como en la acción ordinaria de la inspección. Esa cifra supone un incremento del 83% que en los mismos 11 meses de 2017-2018.

En lo referente a las ampliaciones de jornada, la cifra llegó a 36.694, de ellas 8.824 corresponderían al correspondiente envío masivo de cartas del ejercicio anterior. Este resultado también supone un aumento considerable sobre los resultados del periodo comparable, un 58%.

Como sucediera ya este año, en enero de 2020 se analizará el impacto de los dos planes de choque, que en el caso de la temporalidad tuvo una incidencia alta. Bastante menor fue en el caso del empleo a tiempo parcial, más difícil de detectar.

Entre los datos que ha facilitado Valerio de los primeros 11 meses de funcionamiento del plan de choque de la Inspección está el de empleo aflorado, 126.751. En esta cifra se contienen los 32.067 falsos autónomos que habría detectado la Inspección y las ampliaciones de contratos a tiempo parcial que superan el 50% de la jornada.
(El País, 10-08-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Montero descarta aprobar el techo de gasto y apunta a subir la previsión del PIB al 2,3%
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó este lunes que el Gobierno apruebe el techo de gasto estando en funciones, ya que considera que no puede hacerlo puesto que se trata de una medida que afectaría a un futuro Ejecutivo.

"No podemos aprobar el techo de gasto porque no podemos asegurar ni que vamos a tramitar los Presupuestos", afirmó Montero en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, donde explicó que su departamento ya tiene "un esqueleto técnico" de cómo serían los Presupuestos de 2020.

A este respecto, la titular de Hacienda se mostró convencida de que habría tiempo de aprobarlos si finalmente el Gobierno consigue los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura en el mes de septiembre. A este respecto, volvió a pedir la abstención del PP y Ciudadanos, si bien indicó que Unidas Podemos falta a la verdad cuando dice que el PSOE prefiere la abstención de los partidos de la derecha, porque sabe que los socialistas siempre han considerado a la formación morada como su socio preferente.

También confirmó la intención del Gobierno sigue siendo revisar al alza su previsión de crecimiento del PIB en 2019, "como mínimo al 2,3%".

Además, confirmó su intención de aprobar por real decreto la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas una vez que haya Gobierno, desvinculando su tramitación de la elaboración de los Presupuestos, tras lograr el visto bueno de la Abogacía del Estado, y aseguró que no se "da por vencida" en cuanto a la posibilidad de hacerlo en funciones.

Sobre este asunto, tras recordar que supone unos 4.500 millones de euros para las comunidades autónomas, agregó que su bloqueo es consecuencia de la negativa del PP y los independentistas a aprobar los Presupuestos, por lo que espetó a la formación dirigida por Pablo Casado que "no se puede soplar y sorber al mismo tiempo".

"Aquellos que tumbaron el Presupuesto no pueden pedir cuenta de las consecuencias de esa decisión", lamentó Montero, quien recordó además que su posición ha sido siempre que las entregas a cuenta no pueden depender de los Presupuestos del Estado, que fue siempre la postura de Cristóbal Montoro. "Yo no defendía eso ni cuando era consejera ni ahora", sentenció.
(Expansión, 12-08-2019)

El INE detectó 143.500 falsos autónomos en el segundo trimestre
El Instituto Nacional de Estadística (INE) reclasificó como asalariados a 143.500 trabajadores que inicialmente se declararon independientes o empresarios sin asalariados y que después aseguraron desarrollar su actividad para un empleador en el segundo trimestre de 2019.

Así se desprende de datos del INE en los que se detalla que entre abril y junio de 2019, un total de 143.500 ocupados fueron reclasificados como asalariados por declararse inicialmente en la entrevista como trabajadores independientes o empresarios sin asalariados, pero posteriormente señalar en la misma entrevista que desarrollaban su actividad para un empleador.

Esta cifra es inferior en 9.200 personas a la registrada en el primer trimestre, cuando el INE detectó 152.700 falsos autónomos. En suma, en el primer semestre se cifraron casi 300.000 personas en esta situación.

Si se compara el dato del segundo trimestre de este año con el del mismo periodo del año anterior, los autónomos reclasificados como asalariados descendieron un 26,5%, puesto que en 2018 totalizaron 195.200 personas.

Mientras, el INE contabilizó entre abril y junio de este año 98.700 trabajadores independientes o empresarios sin asalariados que trabajan casi en exclusiva para un cliente, aunque atienden a otros cuando surgen. Esta cifra es inferior tanto a la del trimestre anterior, cuando eran 104.400 personas, como a la registrada en el segundo trimestre de 2018 (112.300).

De esta manera, a la luz de los datos del INE, son más numerosos aquellos que figuran como autónomos pero que reconocen trabajar para un solo cliente y, como consecuencia de ello, han sido considerados por Estadística como asalariados, que aquellos que dependen casi en exclusiva de un solo cliente.

El Gobierno aprobó el año pasado el 'Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020', que entró en vigor el 1 de agosto de 2018 y que, entre otras actuaciones, preveía intensificar las acciones para detectar falsos autónomos.

Según el balance de este plan, el año pasado se regularizaron 32.067 falsos autónomos, de los que la mayoría se encontraban en el sector cárnico.

Por otra parte, en los registros del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social constan solamente 9.394 autónomos económicamente dependientes a cierre del segundo trimestre.
(Expansión, 11-08-2019)

España pierde fuelle en innovación por la falta de inversión y estrategia
La innovación tecnológica despunta en el norte de Europa, China y Estados Unidos pero no, desde luego, en España. Los resultados del Global Innovation Index –uno de los rankings más prestigiosos del mundo que miden la innovación tecnológica de un país– reafirman esta realidad un año más. España queda en la posición 29 de 129, una menos que el año anterior, dos menos que en el 2015 y tres menos que en el 2013. Una clara tendencia a la baja que sitúa la innovación del Estado por debajo de países como Chipre, Malta o Estonia.

El Global Innovation Index mide decenas de parámetros y España queda en la cola en varios de ellos. Destacan: la falta de colaboración entre la universidad y la empresa, el bajo gasto en educación –especialmente en alumnos de secundaria– la dificultad de las empresas para obtener créditos, los bajos niveles de exportación de productos y servicios tecnológicos y creativos, la burocracia para crear una empresa, los costes de despido de un trabajador y la poca movilidad internacional de los estudiantes.

“España evoluciona según las expectativas: ni mejor ni peor de lo previsto. Puede que la tendencia a la baja de los últimos años refleje los estragos de la crisis económica. En inversiones que se destinan a innovación tecnológica, los resultados tardan un mínimo 5 o 6 seis años en empezar a dar sus frutos”, apunta Rafael Escalona, investigador principal del Global Innovation Index.

En España, los datos del Global Innovation Index se leen en clave pesimista. “No estamos tan bien como parece. Las políticas de innovación son débiles y sigue sin resolverse la cuestión de la transferencia al mercado”, lamenta el economista Xavier Ferràs. “Entre el colectivo, reina la sensación de auténtica dejadez. Creemos que la innovación tecnológica nunca ha sido una prioridad estratégica para ningún gobierno de España. Nos hemos bajado del tren de la innovación mientras el resto de países se ha puesto las pilas”, comenta con preocupación Carmen Iglesias, experta en transferencia tecnológica de la fundación Cotec y directora de transferencia al mercado al centro IK4-Tekniker.
(La Vanguardia, 11-08-2019)

 
 
 
 
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