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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 31 D’AGOST AL 2 DE SETEMBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 30 de agosto de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 30 de agosto de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 31-08-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/02/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/02/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/31/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/31/index.php?s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 31 D’AGOST AL 2 DE SETEMBRE DE 2019

Fiscal

Hacienda recauda 265 millones del dividendo ‘obligatorio’ de las socimis
La cifra de 265 millones desembolsada en impuestos es una estimación que proviene de la retención que hacen las compañías sobre el 19% del dividendo repartido entre los accionistas, si bien a partir de ahí existen diferentes casuísticas. Si el accionista es una compañía, como ocurre en la mayoría de los casos, el tipo impositivo a pagar es el nominal de Sociedades del 25% (o 30% para banca y petroleras), por lo que en ese caso cada firma deberá compensar la diferencia. En cambio, si el inversor es una persona física, el monto está sujeto a los rendimientos del capital declarados en el IRPF y su gravamen oscila entre el 19% y el 23% en función de la ganancia obtenida.

Por último, al accionista no residente en España se le retendrá el 19% inicial, pero tendrá derecho a una devolución si en su país de origen el tipo impositivo es menor, siempre y cuando este sea igual o superior al 10%. En la mayoría de casos con convenio de doble imposición, la tributación efectiva oscila del 10% al 15%, según los técnicos de Hacienda (Gestha).

De hecho, la mayoría del capital de las socimis, alrededor del 62%, está en manos de inversores extranjeros, tal como publicó la pasada semana Cinco Días, controlando una capitalización cercana a los 15.000 millones. Aun así, una de las grandes socimis explica que en el 90% de los casos, el inversor extranjero no pide una devolución de las retenciones incluso teniendo derecho a ellas. En España cotizan dos socimis en el Ibex (Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial), otras dos en el mercado continuo (Lar España y Árima) y 74 en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). En conjunto, su cotización supera los 23.000 millones.

Desde el sector se ha reiterado la importancia que ha tenido esta figura para dinamizar una actividad inmobiliaria hundida tras la crisis, el fomento de la profesionalización y la equiparación de España en el campo de los REITs, que han atraído miles de millones de inversión al país. Estas empresas están dedicadas a la adquisición y gestión de inmuebles destinados al arrendamiento urbano, como oficinas, hoteles, superficies comerciales, naves logísticas o viviendas.

Aunque partidos como Podemos han vinculado el auge de precios del alquiler de viviendas a estas socimis, la realidad es que el negocio residencial es el menos relevante para estas firmas, ya que estas propiedades solo suponen un 10% de sus carteras, según el estudio de JLL y BME. Controlan más de 35.000 viviendas en toda España, principalmente por el peso de las socimis de Blackstone como Testa Residencial, y de Vivenio, controlada por el fondo de pensiones holandés APG. Eso supone un pequeño porcentaje del parque de pisos en España, ya que existen más de cuatro millones de hogares en arrendamiento (según la EPA).
(Cinco Días, 02-09-2019)

Francia y Estados Unidos aceleran el diseño de una tasa Google global
La reciente cumbre del G-7 en Biarritz sirvió para desbloquear una de las cuestiones más espinosas de la agenda económica internacional en los últimos años, la llamada tasa Google, el impuesto a los gigantes de la economía digital que, por las peculiares características de su negocio, suelen zafarse en gran parte de tributar en los países donde tienen decenas de millones de clientes y ganan mucho dinero.

La habilidad diplomática del presidente francés, Emmanuel Macron, y de su ministro de Economía, Bruno Le Maire, el savoir-faire de ambos en el trato directo con sus homólogos norteamericanos, contribuyó a que Washington levantara definitivamente su resistencia a la tasa Google y haya aceptado participar –e influir– en su diseño. Donald Trump había llegado a Biarritz muy belicoso sobre el asunto, tras proferir nuevas amenazas de represalias, pero abandonó la cumbre mucho más calmado y conciliador. Dejó que Macron explicara el compromiso y se atribuyera la victoria. Él asintió en silencio, pero quien calla, otorga.

París quiere aprovechar el impulso y aprieta el acelerador. El pasado jueves, en París, Le Maire anunció la creación de un grupo de trabajo, una task force franco-estadounidense, bajo la égida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –con sede en la capital francesa– para decidir los detalles de aplicación y los aspectos técnicos de la tasa Google.

La próxima semana, Le Maire se desplazará a Washington para proseguir las discusiones con el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin. El objetivo es consensuar una propuesta que pueda llevarse al G-20 de ministros de Finanzas, el 17 de octubre, en la capital federal estadounidense. Ese texto debería luego pulirse, a falta sólo del visto bueno político definitivo. Macron y Trump pactaron que eso ocurra en el primer semestre del 2020, siempre que no surjan escollos imprevistos.

“Hubo un acuerdo en el G-7 de Biarritz sobre la tributación del (sector) digital –declaró Le Maire–. Ahora queremos acelerar los trabajos técnicos”. Francia y Estados Unidos copresiden la task force y llevan la iniciativa, pero el proyecto afecta a unos 130 países.

En el anuncio de Le Maire estuvo presente el secretario general de la OCDE, el mexicano Angel Gurría, quien aseguró que su organización lleva trabajando intensamente en la materia desde hace meses. El proyecto lo lleva el director del centro de política y administración fiscal de la OCDE, Pascal Saint -Amans. Él es uno de los cerebros que elaboran el nuevo impuesto. Gurría se mostró optimista sobre la viabilidad de una propuesta y puso énfasis en la importancia de “crear un modelo de tributación para el siglo XXI” en el que se tenga en cuenta la realidad creciente de las empresas que ya no tienen presencia física allí donde se encuentran sus clientes.

Crear y aplicar la tasa Google no es nada fácil. Primero hay que definir el vínculo –el nexus, en el argot técnico– entre las empresas digitales (se piensa siempre en Google, Apple, Facebook y Amazon, pero hay decenas de ellas) y el territorio en el que operan. Para valorar ese vínculo pueden tenerse en cuenta el número de clientes, de conexiones y el tamaño de las plataformas. No sólo se consideran los productos y servicios vendidos sino los datos que las empresas obtienen de los clientes internautas y que pueden comercializar.

Otros puntos fundamentales son establecer la cuantía de la tasa y definir exactamente a qué empresas se les debe aplicar, si sólo a las puramente digitales o también a otras que tienen presencia física. Ahí hay diferencias entre Washington y París. Los estadounidenses querrían extender el concepto de empresa afectada. Eso perjudicaría al potente sector del lujo francés, por ejemplo, al grupo LVMH (Louis Vuitton), que pagaría más impuestos por sus ventas en China.
(La Vanguardia, 01-09-2019)

El Consejo General de Economistas estima que la incertidumbre interna por la falta de Gobierno en España resta al crecimiento económico hasta tres décimas
"Es arriesgado decir cuánto está afectando al crecimiento. En nuestro caso estimamos que algunas décimas, quizás no más de tres. Nos parece exagerado hablar de puntos porcentuales", señala el CGE en su último Observatorio Financiero. Al mismo tiempo, subraya que tampoco puede olvidarse que Cataluña, que antes crecía por encima de la media española, se ha igualado a ésta y muestra "signos" de que lo hará incluso en menor medida, lo que también contribuirá a un menor crecimiento del PIB.

De momento, el CGE mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,2% para este año, aunque "con sesgo bajista". En su opinión, el crecimiento del 0,5% avanzado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el segundo trimestre "marca la posible proyección de los dos próximos trimestres" y apunta a que el crecimiento del 0,7% logrado en el primer trimestre fue "un mero rebote técnico".

Por otro lado, el CGE ha ajustado sus previsiones de crecimiento de la inflación, de forma que estima que ésta no superará el 1,3% al final del ejercicio. En el actual contexto de falta de Gobierno, los economistas denuncian que se ha "aparcado" el problema de las pensiones, que afecta al control del déficit y la deuda, y se ha originado un conflicto con las comunidades autónomas al no cobrar los anticipos del Presupuesto de 2019 y la liquidación del IVA correspondiente a 2017.

"Ello está poniendo en peligro no sólo la atención de servicios básicos de las mismas, sino también el control del déficit en la parte que les corresponde. Resumimos la situación como preocupante, tanto por la gravedad de las causas geopolíticas externas como por la parálisis política interna a la que asistimos", concluye el CGE.
(El Mundo, 31-08-2019)

Laboral

UGT explica la subida del paro en agosto por el fraude en la contratación
El mes de agosto es siempre "malo" en términos de destrucción de empleo y, consecuentemente, de aumento del paro (previsiblemente también este año) por razones estacionales y una situación de fraude generalizado en la contratación, según el sindicato UGT. Desde 2001, el número medio de ocupados en agosto ha descendido en una cuantía "muy importante", en 145.834 afiliados de promedio, mientras el paro ha subido en una media de 39.639 personas, excepto en 2013 que descendió en 31.

Agosto es uno de los dos únicos meses del año en los que el empleo cae siempre, junto con enero, y, en el caso del paro, entre los cuatro con peor comportamiento de cada ejercicio, junto a enero, octubre y noviembre. El problema en España es que la estacionalidad de la actividad determina "unas exageradas fluctuaciones" en el empleo y el paro, porque no se cubren esos puestos de trabajo con los contratos adecuados, sino que existe una situación de fraude generalizado, ha apuntado UGT este domingo en un comunicado.

A su juicio, se utilizan en muchos casos contratos de carácter temporal, que se rescinden en estas fechas de baja actividad, en lugar de mantener contratos indefinidos o fijos discontinuos como determinaría la ley por la naturaleza del puesto de trabajo. Para el sindicato, ésta es una de las razones por las cuales "España mantiene niveles de temporalidad y rotación laboral anómalamente elevados". El sector de la educación suele ser una de las actividades donde más se reduce el empleo y aumenta el paro en los meses estivales.

En los últimos cinco años, este sector ha perdido entre 180.000 y 231.000 empleos cada año en los meses que van de junio a agosto y, en este último, de 50.000 a 61.000. Otros sectores son construcción (22.562 empleos perdidos); industria manufacturera (25.858); servicios para el empleo (26.746); servicios sociales sin alojamiento (4.433), y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (14.512).

En opinión de UGT, estas pérdidas de empleo "no son, en la mayoría de los casos, justificables por causas productivas, porque muchos de estos trabajadores, a los que se les rescinde su contrato en agosto, deberían tener contratos indefinidos y, en consecuencia, no deberían engrosar las listas del paro en este mes". El hecho de tener un mes de vacaciones (o de baja actividad empresarial) no responde a situaciones de estacionalidad de la actividad.

En realidad, esos trabajadores desempeñan un trabajo permanente, estructural, y que, por tanto, debería cubrirse con un contrato indefinido.
(Expansión, 01-09-2019)

Las empresas siguen sin definir sus métodos para registrar la entrada y salida de los empleados
En el trasfondo de la norma para regular el registro de la jornada laboral reside el propósito de poner fin a las horas extras sin remunerar. Pese al escaso margen de tiempo, las cifras y las fuentes consultadas apuntan que el efecto ya es evidente.

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al segundo trimestre del año, los españoles realizaron 6.020.700 horas extra entre abril y junio, un 11,7% menos que en el mismo periodo de 2018; el descenso fue mayor en las remuneradas (-19%) que en las no remuneradas (-2,5%).

Estos datos van en la línea de las estadísticas que manejan en UGT, donde no tienen dudas sobre la vinculación entre la reducción y el registro. "En el primer trimestre ejerció un efecto disuasorio en los empresarios, que sabían que la medida iba a entrar en vigor, y en el segundo trimestre, la influencia es directa", responde Isabel Araque.

Hay otros factores, pero el "registro horario también ha tenido incidencia", admiten desde la CEOE. Eso sí, advierten de que "hay que estar pendientes de la evolución a largo plazo". Quizá para entonces China y EE.UU. ya sean amigos y en España ya se haya formado Gobierno.

La voluntad de la compañía y los empleadores en todo el proceso se convierten en elementos fundamentales. "Los empresarios que conciben los derechos laborales como derechos del trabajador no ponen ningún problema", asegura Areque, "pero hay de todo". En su experiencia, sectores como el comercio o los grandes almacenes apenas han notado el cambio, ya que gozan de una amplia tradición en lo que a registro horario y negociación colectiva se refiere; otros como la agricultura han realizado "un gran esfuerzo" por adaptarse a las condiciones de cada territorio

Muchos de los interrogantes que se plantearon en las primeras semanas -¿cómo computa el teletrabajo? ¿Qué tienen que hacer los autónomos? ¿Cómo fichan los altos directivos?- se han ido despejando con el paso del tiempo. Desde el departamento de Relaciones Laborales de la CEOE aseguran a que el "aluvión de consultas" de las primeras semanas se ha reducido a casos puntuales desde el mes de julio.

En mitad del desconcierto generalizado, el Ministerio de Trabajo publicó una guía para tratar de arrojar luz a la situación y ese documento, "junto con la implicación de las compañías", ha facilitado la aplicación del registro.
(El Mundo, 01-09-2019)

La justicia avala que los autónomos societarios se acojan a la tarifa plana
Los jueces insisten en reconocer a los autónomos societarios su derecho a acogerse a la tarifa plana a pesar de la resistencia de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a conceder este beneficio. Así lo reitera una reciente sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de León que rechaza, como argumentó la Administración tras la reclamación de un trabajador, que el régimen de la tarifa plana se limite a los autónomos "que asumen el riesgo", quedando excluidos "los administradores de sociedades mercantiles cuando poseen el control efectivo de las mismas".

El litigio tiene su origen en el recurso presentado por un autónomo societario (aquel que ha constituido una mercantil para ejercer su actividad) contra la negativa de la TGSS a reintegrarle lo cobrado de más, al rechazar que pudiera acogerse a la tarifa plana y mantenerle la cuota ordinaria de los trabajadores por cuenta propia. La tarifa plana reduce la cuota mensual hasta los 60 euros durante los primeros 12 meses de actividad.

Según razona la sentencia, el demandante (como cualquier autónomo societario) cumple todos los requisitos para estar incluido dentro del ámbito de aplicación del Estatuto del Trabajo Autónomo. Es decir, ser una persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de un tercero, una actividad económica y profesional a título lucrativo.

La TGSS alegó que el artículo 31 del Estatuto, al regular la tarifa plana, al referirse expresamente a los "socios de sociedades laborales y a los socios de trabajadores de cooperativas", excluye a los autónomos societarios. Sin embargo, el juez determina que su inclusión en esta bonificación se produce automáticamente por su alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).

Finalmente, y en la línea de otras sentencias dictadas por varios tribunales superiores de justicia (TSJ), la resolución subraya que su interpretación es acorde a los estímulos al autoempleo que pretende la normativa que regula el trabajo autónomo.
(Cinco Días, 31-08-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La CNMV se ha impuesto como misión mejorar su funcionamiento
Por eso ahora, tras la vuelta del verano, iniciará el proceso de contratación de una firma para que ponga en marcha una suerte de auditoría externa a sus labores. Así, elaborará un mapa de los puntos fuertes y débiles del supervisor. Sebastián Albella, jefe máximo del supervisor desde noviembre de 2016, tiene como una de sus grandes misiones mejorar la operativa de la CNMV. Y el objetivo para este ejercicio es realizar una encuesta entre participantes del mercado sobre su funcionamiento. Está previsto que el pliego del concurso se publique en las próximas semanas, según fuentes conocedoras del proceso. Las empresas dedicadas al negocio de la consultaría serán, de entrada, las más interesadas en participar en la licitación.

“Esta encuesta será una herramienta muy útil para conocer la opinión o percepción de los supervisados, profesionales que interactúan con la CNMV y demás personas interesadas sobre el funcionamiento del supervisor”, señala en un documento. El organismo tiene una relación con múltiples participantes en el mercado. En primer lugar, es el vigilante global de la integridad de los mercados regulados españoles, tanto de Bolsa como de renta fija. Y su papel como máxima autoridad para velar por los derechos de los pequeños es máxima, pues está pendiente de los procesos de comercialización de todos los productos de inversión en la banca. Además, su responsabilidad es directa en cuanto al control de la solvencia de las empresas de servicios de inversión (agencias, sociedades de valores y empresas de asesoramiento financiero). También se ocupa de las gestoras de fondos de inversión y de capital riesgo, así como de las plataformas de financiación participativa.

“La citada encuesta también servirá para conocer mejor los puntos fuertes y débiles de la institución, e impulsar así medidas encaminadas a mejorar la eficiencia del funcionamiento de la CNMV”, añade el supervisor. En relación con esta misión, proyectada para el segundo semestre de este año, que implica aumentar la eficiencia, está la necesidad de mejorar la coordinación interna. Así, tiene como proyecto llevar a cabo una reforma de los canales internos de comunicación para reforzarlos y fomentar su uso. “Entre otras actuaciones, se realizará una revisión integral de la intranet de la CNMV con el fin de impulsar su utilización como herramienta de comunicación interna”, indica el organismo en el documento en el que explica su hoja de ruta para el presente ejercicio.

Dentro del segmento de mejoras del funcionamiento de la CNMV también está la finalización del proceso de digitalización. El supervisor se propone completar la adaptación a los requerimientos de la preceptiva administración electrónica. Tras cumplir el objetivo del año pasado en esta materia, se ha elaborado un calendario con tres fases. La final supondrá la modificación formal de los procedimientos y guías existentes y concluirá muchos meses antes del último plazo para que las administraciones públicas se adapten, que finaliza el 2 de octubre de 2020.

La CNMV, contaba con una plantilla de 446 trabajadores a cierre de 2018, frente a los 3.022 del Banco de España. El anterior Ejecutivo diseñó además la integración del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en el supervisor de los mercados, que tenía a 71 personas en plantilla a cierre de 2017, sus últimas cuentas públicas. Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, es el máximo intérprete de la normativa contable y el supervisor de los auditores.

Uno de los deseos del actual presidente de la CNMV es hacerse con el control de la vigilancia de la conducta de todo el sector financiero.
(Cinco Días, 02-09-2019)

El Banco de España reclama más gasto a Alemania para hacer frente a ralentización de la zona euro
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha alertado de que el auge del proteccionismo es una de las mayores amenazas para la economía mundial y que ya está teniendo efectos negativos significativos. Cos, que ha participado en la clausura de los Cursos de La Granda, ha señalado que "una eventual proliferación de acciones proteccionistas adicionales (...) podría acabar teniendo un impacto severo sobre el PIB mundial".

El gobernador del Banco de España destaca las novedades recientes sobre el Brexit, después de que el primer ministro británico lograra mantener cerrado el Parlamento hasta el próximo 14 de octubre, circunstancia que diezma las posibilidades de que los partidarios de una salida de la Unión Europea pactada tengan tiempo para las negociaciones y señala que todos estos acontecimientos "han incrementado las probabilidades que los mercados otorgan a que se produzca un Brexit duro".

De ser así, recuerda, la economía de Reino Unido se vería especialmente afectada por las consecuencias de un Brexit caótico. Una situación que se sumaría a la incertidumbre actual que ha llevado al PIB británico a contraerse un 0,2% en el segundo trimestre del año, su primera caída desde 2002.

En cuanto a la evolución de la economía de la zona euro, Cos reconoce que su elevada exposición al exterior, que le ha llevado a tener un flujo comercial con terceros países del 50% del PIB, frente al 38% de China o el 28% de Estados Unidos, hace que los países del euro sean más sensibles a los shocks externos y a la ralentización del comercio mundial actual. Una situación que es patente en Alemania, donde los nubarrones de recesión han dado la señal de alarma por la debilidad de las exportaciones y la situación del sector automoción, y a la que se suma Italia por su inestabilidad política actual.

Cos apunta que la ralentización económica de la zona euro se está concentrando especialmente en los sectores industriales pero que está llegando también a la inversión, "de modo que los planes de gasto de las empresas ya se están viendo lastrados por la debilidad de la demanda externa, el aumento de la incertidumbre política en algunos países y la moderación de los beneficios empresariales". Unas circunstancias que, reflejadas en los indicadores adelantados de la zona euro, no dan muestras aún de haber tocado fondo.

El gobernador del Banco de España califica de "preocupante" que la zona euro carezca de una política fiscal común para dar una respuesta común a los retos y pone como ejemplo que el presupuesto federal de EE UU, que, según cálculos del organismo español, suaviza cerca de un 10% las perturbaciones económicas en el país. Señala asimismo que la falta de herramientas fiscales comunes se ve agravada por un periodo de tipos de interés bajos como el actual y que es "urgente la creación de algún tipo de instrumento común de aseguramiento cíclico" en la zona euro (como un seguro europeo de desempleo o el uso de fondos europeos para mitigar los efectos de las perturbaciones) que pueda absorber tanto los shocks que afecten a todos los miembros del euro como a algunos países concretos.

Mientras tanto, Cos manda un mensaje velado a Alemania al reclamar que en el actual momento de desaceleración los países que disponen de mayor margen para gastar fiscal ofrezcan estímulos presupuestarios a sus economías. Una medida que, en su opinión, tiene efectos positivos en el resto de socios comunitarios y que el Gobierno de Angela Merkel ya ha anunciado que estaría estudiando pese al rechazo mostrado por el Bundesbank.
(Expansión, 01-09-2019)

El euríbor baja 17 puntos en dos meses
La caída de los tipos de interés a largo plazo, vinculada a las perspectivas de enfriamiento económico en todo el mundo, ha provocado este verano un fuerte abaratamiento de las hipotecas. El euríbor a 12 meses ha cerrado agosto con una media del -0,356%. En dos meses, el índice más utilizado en las hipotecas a tipo variable ha bajado del -0,191% al -0,356%, un descenso de 17 puntos básicos en solo dos meses. El último dato del mes ha sido del -0,383%.

Aunque el retroceso del euríbor en agosto es algo inferior al de julio, la bajada del índice en dos meses es la más abultada desde los peores momentos de la crisis en 2012, cuando la desconfianza en la banca disparó el tipo de interés al que los bancos se prestan entre ellos.

Para una hipoteca de 180.000 euros a 20 años, la diferencia entre el euríbor de junio y el de agosto es de 25 euros al mes. Asumiendo un diferencial de 75 puntos básicos sobre el euríbor, la cuota pasa de 793 euros al mes (con 84 euros de intereses) a 780 euros mensuales, de los que 59 se dedican al pago del interés.

La caída de los tipos afecta a las hipotecas que se revisen con cargo al euríbor de agosto. De hecho, el descenso de estos dos meses ha dejado algunas hipotecas con tipos inferiores al cero, pues durante la etapa del boom inmobiliario se colocaron hipotecas con diferenciales sobre el euríbor, inferiores a los 40 puntos básicos.

Las hipotecas firmadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria no pueden tener intereses negativos. Para las anteriores, el Banco de España ha indicado que se deben cumplir las cláusulas firmadas en su momento.
(El País, 01-09-2019)

El Gobierno trabaja en la creación del índice de precios de referencia para el alquiler
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha afirmado este viernes que el Gobierno está trabajando ya para poner en marcha el índice de precios de referencia para los alquileres de viviendas, que será "de gran utilidad" para el mercado. En concreto, ha señalado que dicho índice "va a ser muy útil para tener una visión de los precios de mercado, para dar transparencia y también para permitir articular políticas de estímulo fiscal que permitan aumentar la oferta de vivienda de alquiler e incidir de forma positiva en el mercado".

Así lo ha señalado Ábalos en un encuentro con los medios previo a la reunión con las diferentes organizaciones representantes del sector de la vivienda en la que será la última reunión de las 24 que el PSOE ha mantenido para elaborar un documento programático de 300 medidas que presentará a los diferentes grupos parlamentarios y con el que intentará conformar Gobierno.

Asimismo, ha afirmado que también tienen listo el Proyecto de Ley Estatal de Vivienda, "la primera de la democracia", a la espera de que la legislatura comience a andar. Según Ábalos, esta Ley pretende garantizar la función social de la vivienda y blindar este derecho y todas las cuestiones en materia de vivienda "sin invadir el espacio competencial autonómico, pero intentando crear un marco para toda España".

Sobre el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que se aprobó el pasado mes de marzo, Ábalos ha señalado que, aunque han pasado solo cuatro meses y es un tiempo "muy corto" para medir impactos, se ha podido ver un incremento de la oferta de entre el 9% y el 12% y una moderación también en los precios. "Los datos son positivos, lo cual quiere decir que estamos en la buena dirección", ha añadido.

Ábalos ha dejado claro que para el Gobierno la vivienda "no es un tema menor", sino un derecho básico sobre el que también se pueden desarrollar otros derechos muy reivindicativos y requeridos, porque "sin un techo es imposible desarrollar un proyecto de vida".

Por otro lado, el ministro en funciones ha resaltado que su Ministerio se ha puesto ya a trabajar también para movilizar el suelo público disponible y para agilizar las ayudas que gestionan las comunidades autónomas para la vivienda social. "Hemos empezado de modo inmediato a desarrollar el plan de 20.000 viviendas de alquiler social", ha resaltado.

A la reunión con Ábalos han asistido representantes de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), la Confederación de Cooperativas de viviendas de España (Concovi), el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España o el Consejo General de la Arquitectura Técnica.

También han estado presentes representantes de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
(La Vanguardia, 31-08-2019)

Sector

La omisión del trámite de información pública en los procedimientos de expropiación provocará la nulidad
Así lo ha determinado recientemente el Tribunal Supremo, en una sentencia por la que resuelve en casación una materia que había suscitado pronunciamientos contradictorios de los órganos judiciales inferiores. Según explica el alto tribunal, en plazo de 15 días que habilita el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa para que los afectados puedan formular cuantas alegaciones (de forma y fondo) estimen pertinentes es un requisito “preceptivo y esencial” en estos procesos. No obstante, este trámite será válido tanto si se produce con posterioridad a la aprobación del proyecto causa de la expropiación, como si es simultáneo a la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación.

El litigio surge tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en 2004, del proyecto de construcción del tramo entre Cartagena y Vera de la autopista de peaje AP7. Según se explicaba, la expropiación se llevaría a cabo siguiendo el trámite de urgencia y se emplazaba a los afectados a formular por escrito “alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes”. Es decir, sin darles la oportunidad de oponerse por razones de fondo o forma.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Granada, a pesar de que reconoció los defectos en la publicación del proyecto, denegó que causaran la nulidad del mismo porque no había provocado una “verdadera indefensión a los afectados”.

Una interpretación que, sin embargo, no comparte el Supremo, que recuerda que, además de lo que se establece en la LEF, el artículo 105 de la Constitución exige la “audiencia de los ciudadanos” en la elaboración de disposiciones administrativas que les afecten. Finalmente, la resolución del alto tribunal determina que el momento límite para denunciar este vicio del procedimiento expropiatorio es cuando el acuerdo de justiprecio haya adquirido firmeza.
(Cinco Días, 31-08-2019)

 
 
 
 
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