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NOVETATS LEGISLATIVES DEL 6 DE SETEMBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Actualización del anexo I que define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 06-09-2019)

Euro
Resolución de 5 de septiembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de septiembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 06-09-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/06/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/06/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 6 DE SETEMBRE DE 2019

Fiscal

España reduce a una cuarta parte el IVA perdido por fraude en un lustro
Así lo destaca un informe publicado este jueves por la Comisión Europea que detalla que España dejó de percibir 1.806 millones de euros en 2017, cuando ingresó 75.913 millones por este tributo, debido a casos de fraude, evasión fiscal o impagos, entre otras causas. Aunque la cifra resulta significativa, el monto supone apenas un 2% de la recaudación potencial del país, siempre según las autoridades comunitarias, y una excepcional mejora desde el 12% de ingresos que se perdían por fraude del IVA en 2013.

El informe destaca que el conjunto de países de la Unión Europea perdió por los mismos motivos 137.000 millones de euros de recaudación por impuestos sobre el valor añadido en 2017, lo que supone un 11% de su capacidad real de recaudación. La cifra, en todo caso, mejora los 147.146 millones (12,3%) de 2016.

“La coyuntura económica favorable y algunas soluciones políticas a corto plazo aplicadas por la UE contribuyeron a reducir la brecha del IVA en 2017. No obstante, para lograr un progreso más significativo, tendremos que llevar a cabo una profunda reforma del sistema del IVA para hacerlo más resistente al fraude”, defendió el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici.

La mayor brecha de IVA, según la denominación comunitaria, la sufrió Rumanía, que perdió un 36% de sus ingresos. Le siguen en la lista Grecia (34%) y Lituania (25%) mientras que Suecia, Luxemburgo y Chipre (1%) son las autoridades fiscales más efectivas en este terreno. Por volumen, en todo caso, el mayor problema lo sufre Italia, con una pérdida de recaudación de 33.629 millones, si bien estos suponen el 24% de su recaudación potencial.
(Expansión, 06-09-2019)

La patronal tecnológica denuncia que la ‘tasa Google’ recaerá al final en los consumidores
La imposición de impuestos a los servicios digitales de forma unilateral por parte de los países, como se está planteando en España, perjudicaría al desarrollo del mercado digital de esa economía, impactaría de forma negativa en su competitividad y acabaría repercutiendo en los consumidores y las pequeñas empresas, según un estudio elaborado por la Global Digital Foundation presentado este jueves por la patronal tecnológica Ametic.

El informe ¿Quién soportará la carga de un impuesto digital? sale al paso de las pretensiones del Gobierno de Pedro Sánchez de rescatar en la próxima legislatura la aprobación del impuesto a las grandes plataformas digitales conocido como tasa Google, bien adaptándose al acuerdo internacional en el marco del G-20 o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o mediante una tasa nacional en caso de que no exista ese acuerdo.

El director ejecutivo de la Global Digital Foundation, Paul MacDonnell, ha sostenido que el "problema" de los impuestos digitales es que acaban repercutiendo en los "consumidores de bajos ingresos" en mayor medida que en las grandes empresas, ya que éstas tienden a poder "evitar" este tipo de impuestos digitales y corporativos.

A su juicio, los consumidores y las pequeñas empresas "son susceptibles" de pagar los impuestos digitales "de una manera o de otra", puesto que para ellos es "muy importante" el uso de Internet, algo que, según ha lamentado, a menudo "olvidan" los legisladores.

"De este modo, es previsible que el coste lo terminen soportando pequeñas empresas, autónomos, usuarios -especialmente aquellos con rentas bajas-, organizaciones sin ánimo de lucro u organismos públicos. Todos ellos conforman la parte de mayor crecimiento de la economía digital", ha señalado el experto.

Aunque el informe presentando hoy no lo concreta, un informe anterior elaborado por la consultora PwC por encargo de Ametic señaló que la denominada tasa Google tendría un impacto negativo en el Producto Interior Bruto (PIB) español de entre 586 y 662 millones de euros, con los consumidores y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Por eso, MacDonell ha considerado que este impuesto puede ser "especialmente severo" e incluso una "amenaza a la libertad de expresión" para los consumidores y pequeñas empresas. Por ello, aunque ha reconocido que "existe un peligro" y una "amenaza" en la red, ha insistido en que los gobiernos "deben tener cuidado" de que no recaiga de forma "severa" en los consumidores.

El experto ha defendido que los impuestos sean "por beneficio" y "no corporativos" ya que esto se traduciría, en su opinión, en una "mayor inversión" en el sector. En este sentido, ha calificado el impuesto digital como un "impuesto a la innovación". "Es como si alguien inventara la electricidad y el Gobierno le pusiera el impuesto más elevado porque está perjudicando a otros sectores", ha ejemplificado.

Por su parte, Francisco Hortigüela, director general de Ametic, ha transmitido la preocupación de la patronal por la tasa digital, ya que “penalizará a la industria digital, el primer sector generador de crecimiento y empleo, y hará que España se perciba como un lugar incierto y costoso para hacer negocios, desalentando la inversión en nuevas empresas españolas”.

Hortigüela también ha señalado que el planteamiento Hortigüela también indicó que el planteamiento del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), como se denomina oficialmente, se centra en la denominada economía digital, contradiciendo el consenso internacional de que ésta no pueda separarse del resto de la economía. "Es importante recordar que cualquier nuevo impuesto debe aplicarse a todas las empresas, sin discriminar sobre la base del modelo de negocio específico", dijo.
(El Mundo, 06-09-2019)

Laboral

¿Es legal sancionar a un empleado utilizando un vídeo grabado por otro trabajador?
Las exigencias en materia de protección de datos relativas al uso de dispositivos de videovigilancia en el ámbito laboral no solo se aplican a las cámaras de seguridad que instale la propia empresa, sino también a cualquier grabación que pueda realizarse en el trabajo y que después sea utilizada para el control de los empleados. Es el caso, por ejemplo, del vídeo captado con el móvil por cualquier otro compañero de la plantilla.

Así lo establece la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en una reciente resolución en la que impone una multa de 12.000 euros a una compañía que utilizó, para sancionar a un trabajador con 45 días de suspensión de empleo y sueldo, las grabaciones del móvil que le entregó otro empleado. El segundo, cansado de que su compañero dedicara su tiempo de trabajo a quehaceres personales y tareas ajenas a su propio empleo (reparar su moto, hablar por teléfono, etc.), decidió tomar pruebas de estos hechos y se las entregó a la dirección de la compañía, que actuó disciplinariamente.

Según la resolución, aunque las imágenes empleadas no provengan de un equipo de videovigilancia instalado, "la finalidad es el control laboral a través de la recogida de datos con otro sistema similar", por lo que "resulta de aplicación la normativa de protección de datos".

La AEPD subraya que, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), al emplear la grabación de móvil, el empresario efectuó un tratamiento de datos con "efectos jurídicos en el seno de un control laboral", eso sí, sin haber informado al trabajador sancionado ni de la recogida de sus datos (la imagen es un dato personal) ni de los derechos asociados a tal circunstancia. Y ello, concluye el organismo, vulneró el artículo 5.1 del RGPD que establece que los datos serán tratados "de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado".

La resolución asevera que el hecho de que otro empleado afirme que "estaba harto" del comportamiento de su compañero no justifica el seguimiento diario a través de vídeos del trabajador sancionado. "Es desproporcionado y arbitrario", remarca el texto, que, a su vez, afirma que no es otro trabajador quien deba decidir a quién se le realizan vídeos o no.

La AEPD tiene en cuenta que la compañía no había informado previamente al empleado sancionado de la utilización de las imágenes obtenidas y el destino de las mismas, por lo que carecía de una base legítima para el tratamiento de datos.

Finalmente, el organismo recuerda que en la jurisdicción social se admite el uso de cámaras de seguridad en el trabajo para controlar la actividad de los trabajadores siempre que exista proporcionalidad y se garanticen los derechos de los empleados, "comenzando con una información expresa, clara y detallada del uso, fines del sistema y ejercicio de derechos" de la plantilla.

Por todo ello, el organismo determina que la compañía cometió una infracción muy grave. En la determinación de la sanción tiene en cuenta que la vulneración afectó solo a un empleado; que se produce una falta de diligencia cualificada al no plantearse la propia empresa los problemas que podía plantear hacer uso de la grabación de otro trabajador; que la reclamada es una pyme de 31 empleados, y la actividad de la empresa (era un local de hostelería) no conlleva un tratamiento de datos de forma habitual, sistemática o continuada.

En este caso, a pesar de que la AEPD no aplica el artículo 89 de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que regula el uso de sistemas de videovigilancia por parte de los empleadores (la captación de imágenes no provino de la empresa), sí exige unos requisitos similares a los contenidos en el precepto. Según dicho artículo, la compañía deberá "informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o empleados públicos" acerca de la instalación de las cámaras, así como de la finalidad de las imágenes que puedan captarse a través de las mismas.
(Cinco Días, 06-09-2019)

Más de 17.200 autónomos se dieron de baja durante el pasado mes de agosto
La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha disminuido en una media de 500 personas al día durante el pasado mes de agosto. De este modo, las cifras dejan una pérdida de 17.282 trabajadores por cuenta propia. Según los datos oficiales, las comunidades autónomas con el descenso más brusco han sido la Comunidad de Madrid, con más de 3.400 bajas, y Andalucía, con más de 2.000 autónomos menos durante agosto. Cataluña y Comunidad Valenciana también han registrado una importante bajada en la afiliación.

Para la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), resulta alarmante que ni las Comunidades Autónomos que amplían el periodo de tarifa plana ni las que aplican bonificaciones especiales para los emprendedores están siendo capaces de consolidar el trabajo autónomo.

A la hora de analizar los sectores, nuevamente es el Comercio el que lidera estos preocupantes números. Si se suman las bajas de agosto y julio, la pérdida de profesionales por cuenta propia es de 3.740 personas. Tras el comercio, la Industria Manufacturera y las Actividades Profesionales Científicas y Técnicas también han perdido más de 2.200 autónomos cada uno.

La previsión que hacen desde UPTA tampoco es muy halagüeña de cara a la inminente temporada otoñal. Principalmente, porque en el momento en el que el turismo termine de marcharse de las costas españolas habrá una nueva bajada en la afiliación. Se trata de una situación "agónica", dicen desde UPTA.

"Por esta razón hacemos un llamamiento a Pedro Sánchez, para que promueva un cambio drástico en las políticas de autoempleo", señalan en un comunicado. Para UPTA ha quedado "sobradamente demostrado" que las políticas desarrolladas hasta el momento han resultado "estériles" a la hora de contribuir a la estabilidad y a la consolidación del empleo autónomo.

Por otro lado, UPTA ha solicitado al resto de partidos políticos que "dejen de tomar decisiones atendiendo únicamente a sus intereses partidistas", y que hagan un ejercicio de "responsabilidad política" facilitando un periodo de estabilidad parlamentaria que permita acometer los cambios que necesita el colectivo autónomo.
(El País, 06-09-2019)

La justicia rechaza que los padres tengan que volver a mantener al hijo que se independiza y después se arrepiente
Así se desprende de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que rechaza la petición de un joven de 24 años que reclamaba una pensión de alimentos a sus padres divorciados, con los que no mantenía ninguna relación, seis años después de abandonar el hogar familiar y decidir irse a vivir por su cuenta.

La resolución recuerda al joven que como persona adulta “debe asumir las responsabilidades de sus decisiones” porque, al superar la mayoría de edad y emanciparse, ya no se encuentra bajo la protección incondicional de sus progenitores que sí tienen los menores. Así, los magistrados inciden en que su decisión de volver a estudiar supone la puesta en marcha de un “nuevo proyecto” que pretende realizar en lugar de procurarse el sustento, y que, por tanto, solo será posible “en tanto pueda procurárselo”. “Es él quien lleva las riendas de su vida y quien debe valorar qué posibilidades tiene de compatibilizar el estudio con el trabajo necesario para su mantenimiento”, explican.

Tras la separación de sus padres, siendo él menor de edad, el hijo convivió con ambos progenitores en sus respectivos domicilios. Al cumplir 18 años, no estudiaba a pesar de estar matriculado en un curso de formación; tampoco trabajaba y el dinero que recibió de una beca para seguir estudiando se la gastó en un tatuaje. Finalmente, por las diferencias con su padre, quien le exigía más dedicación en los estudios o que se pusiera a trabajar, decidió trasladarse con sus abuelos paternos.

En la sentencia de primera instancia, que también rechazó que sus progenitores debieran pagarle una manutención, se acreditó que, pocos días antes del juicio, se había inscrito, por primera vez, como demandante de empleo y que estaba matriculado en un ciclo superior de administración y finanzas por el que realizaba prácticas en empresas.

En la vista, el joven alegó que sus padres debían procurarle una pensión de alimentos por haber comenzado a estudiar de nuevo y, a su vez, porque no corresponde a sus abuelos cubrir sus necesidades. La resolución, sin embargo, rechaza su pretensión al constatar que “no ha agotado todas las posibilidades para ser responsable de dicha decisión de vida independiente”. Por tanto, agregan los jueces, no se puede pretender que los parientes, por más cercanos que sean, “sostengan las ilusiones o expectativas” de quien ya es adulto, en referencia al joven.

La obligación de proporcionar alimentos a los hijos que recoge el artículo 237 del Código Civil de Cataluña (en el Código Civil se regula en los artículos 142 y siguientes) solo alcanza lo indispensable para el mantenimiento básico, vivienda, vestimenta y asistencia médica. Según los magistrados, los padres no están obligados a proporcionarlo si la petición tiene relación con el mantenimiento de un determinado nivel de vida. Por el contrario, sí podrá reclamarlo quien lo necesite si no se deriva de una causa que le sea imputable. Es decir, si las consecuencias de sus acciones (como, por ejemplo, no buscar trabajo) repercuten en los demás.

El fallo explica que puede solicitarse una pensión de alimentos para continuar la formación que, de forma ininterrumpida, una persona menor edad ha ido siguiendo hasta la mayoría de edad. Sin embargo, cuando se cumplen 18 años y se decide no seguir estudiando o se mantiene una situación de acceso a la formación meramente formal, pero sin aprovechamiento real, se rompe ese continuismo y su formación ya no se considera básica y tampoco es exigible.

En este sentido, son numerosos los procedimientos en los que los progenitores que siguen manteniendo a hijos de más de 18 años solicitan al juez que declare el cese de su obligación. Sin embargo, la pensión de alimentos no se extingue automáticamente por el simple hecho de alcanzar la mayoría de edad. Los tribunales estudian caso por caso, y tienen en cuenta las circunstancias concretas (el joven sigue estudiando con dedicación, por ejemplo), para avalar o no que siga siendo mantenido por sus padres.

Así, el tribunal desestima el recurso del joven al no poder aclarar si había iniciado una búsqueda activa de empleo, ni demostrar que trabaja los fines de semana y en periodos no lectivos. Tampoco si cobra por las prácticas que realiza en empresas. “No ha demostrado que ha tratado de adecuar su sistema de vida a sus posibilidades y tampoco consta que hubiera realizado todo lo posible para cubrir sus propias necesidades como persona adulta”, concluye la resolución.
(El País, 06-09-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El próximo día 14 de septiembre entra en vigor la nueva norma de pagos PSD2 dónde será imprescindible el móvil para entrar en la banca online
Así, los clientes de Banco Santander y de Openbank necesitarán su clave de acceso más un código recibido por SMS para acceder a la banca online. BBVA, mientras, ha optado por la misma solución y ya ha notificado a sus clientes que a partir de este mes el “móvil será imprescindible para acceder” a los canales digitales. Colonya y las cajas rurales combinarán los datos de acceso habituales (usuario, NIF y contraseña o bien huella y reconocimiento facial) con un código recibido por SMS, según explica el comparador bancario HelpMyCash.com.

Algunas entidades están aprovechando la entrada en vigor de la normativa PSD2 para eliminar la tarjeta de coordenadas. Laboral Kutxa ha avisado que “la actual tarjeta de firmas para operar en banca online será sustituida por claves que recibirás por SMS”.

ING, mientras, obligará a descargar su app. Además, quiere licenciar la tarjeta de coordenadas; sin embargo, en lugar de recurrir al popular SMS, enviará notificaciones a través de su app, por lo que a partir de este mes sus clientes estarán obligados a tenerla instalada en su móvil si quieren operar con normalidad a través de la web, explica el comparador bancario. ING avisa que antes del 10 de septiembre será necesario cumplir estos tres requisitos: descargar la app o actualizarla a la versión 2.5 o superior, activar las notificaciones y dar de alta la validación móvil, que sustituirá a la tarjeta de coordenadas.

Para acceder a una cuenta de ING a través del ordenador (se podrá seguir operando por la web, aunque la app sea obligatoria), el cliente recibirá una notificación en su móvil para verificar su identidad. La app también será necesaria para validar operaciones realizadas desde el ordenador. En esos casos, el cliente recibirá una notificación en su smartphone que deberá aceptar y luego introducir una contraseña.

Obligar al cliente a operar a través de una notificación integrada en una app en lugar de enviarle un SMS implica que solo podrá operar cuando el smartphone tenga acceso a Internet. Asimismo, será necesario disponer de un terminal que soporte las últimas versiones de las aplicaciones bancarias y que tenga espacio suficiente para instalarlas, explican los expertos de HelpMyCash.

Para agilizar el proceso, la doble autenticación no será necesaria siempre que se acceda a la banca online, sino que los bancos que lo consideren oportuno podrán dar una tregua de 90 días a sus clientes durante los cuales estarán exentos de usar el sistema de autentificación.

Según el Reglamento Delegado 2018/389, que regula la autenticación reforzada, solo será necesario introducir el segundo factor de seguridad la primera vez que se acceda a una cuenta online y cuando hayan transcurrido más de 90 días desde la última vez que se solicitara la autenticación reforzada.
(Cinco Días, 06-09-2019)

El Tesoro reduce un 43% la emisión de deuda
El Tesoro Público español reducirá en otros 10.000 millones de euros la emisión neta de deuda este 2019 hasta los 20.000 millones, la cifra más baja desde 2007, según ha anunciado este jueves la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Este recorte, sumado a la rebaja de 5.000 millones anunciada el pasado abril, supone que el Estado ha reducido un 43% su previsión de deuda, que entonces situó en los 35.000 millones de emisión neta –el saldo entre el total de colocaciones en mercado una vez restados los vencimientos–. Esta menor captación de fondos junto al recorte de las rentabilidades de la deuda supondrá un ahorro para las arcas públicas de más 2.300 millones de euros en intereses, frente a los 1.500 millones logrados el año pasado.

Así, está previsto que el Estado cierre este ejercicio con una emisión bruta de deuda por debajo de los 200.000 millones de euros, algo que no sucedía desde 2011. En concreto, el Tesoro estima que las emisiones brutas llegarán a los 194.525 millones, 15.000 menos que la previsión anunciada a inicios de año (209.526 millones). El objetivo del Gobierno es que la deuda pública cierre en el 95,8% del PIB tal y como recoge el Programa de Estabilidad para 2019.

La titular de Economía ha destacado la confianza que han mostrado los mercados hacia España, algo que ha quedado "patente" en la "gran labor" que está llevando a cabo el Tesoro, que logró cerrar 2018 con una deuda inferior a la prevista y que ha permitido reducir los intereses de la deuda en más de 1.500 millones. Un ahorro que este año superará los 2.300 millones de euros, según ha detallado posteriormente la directora general del Tesoro, Elena Aparici, ligeramente por debajo del 2% del PIB, frente al 2,8% que suponía el pago de intereses en 2014.

La responsable del organismo de financiación del Estado ha señalado que la menor necesidad de financiación se debe a una conjunción de factores. En primer lugar, a la confianza de los inversores en la economía española, que se refleja en la reducción sostenida de la prima de riesgo y el entorno favorable de tipos de interés; en la gestión más eficiente de la tesorería pública, en segundo lugar; y a la mejora de las finanzas de las comunidades autónomas, permitiendo a algunas de ellas -Andalucía, Baleares, Galicia, Castilla y León y Asturias- acudir al mercado de capitales.
(Expansión, 06-09-2019)

La confianza del consumidor cae al nivel más bajo desde 2014
La confianza de los consumidores en la economía española se hundió en agosto hasta su nivel más bajo desde 2014, lastrada por la peor visión tanto de la situación actual como de las expectativas. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de agosto publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se situó en agosto en 86 puntos, 11 puntos por debajo de lo que contabilizaba en julio, con lo que profundiza en el terreno negativo marcado por el umbral de los 100 puntos.

El descenso, en todo caso, no es el más abultado que se registra: el mes de septiembre del año pasado mostró una caída algo superior, de 102,4 a 90,6 puntos. Exceptuando esta cifra, el dato es el peor desde 2012. En términos interanuales, la variación es de 16,6 puntos a la baja, el mayor deterioro desde mediados de 2013.

La caída ha sido prácticamente igual en los dos componentes del índice: la situación económica actual y las expectativas. La lectura sobre la situación actual ha bajado 10,1 puntos, de 93,2 a 83,1, y las expectativas, 12 (del 100,9 al 88,9).

La lectura de la situación actual es el resultado de un comportamiento negativo en la valoración de todos sus componentes; así, la valoración de la evolución general de la economía disminuye 15,4 puntos, la valoración del mercado de trabajo desciende 12,9 puntos y la percepción de la situación de los hogares baja en 1,9 puntos.

El índice de expectativas, por su parte, registra también caídas en las previsiones sobre la situación futura de la economía (-14,9 puntos), las relativas al mercado de trabajo (con un descenso de 17,1 puntos) y sobre la evolución de los hogares (-3,8 puntos).
(El País, 06-09-2019)

Sector

La AEPD exime a los abogados de la evaluación de impacto de los datos personales
Los abogados no tendrán que realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (o PIA, por sus siglas en inglés: privacy impact assestment) de aquellos datos personales que traten con motivo de su actividad profesional. Así se desprende del listado que esta mañana ha publicado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), relativo a los tratamientos en los que no es necesario efectuar este análisis.

Según el documento, quedan excluidos, entre otros, los tratamientos "realizados en el ejercicio de su labor profesional por trabajadores autónomos que ejerzan de forma individual, en particular médicos, profesionales de la salud o abogados, sin perjuicio de que pueda requerirse cuando el tratamiento que lleven a cabo cumpla, de forma significativa, con dos o más criterios establecidos en la lista de tipos de tratamientos de datos que requieren evaluación de impacto relativa a protección de datos publicada por la AEPD". Es decir, como regla general están exentos, pero pueden darse casos especialmente sensibles en los que la PIA sí sea requerida.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) recoge, en su artículo 35.1, que las organizaciones que traten datos están obligadas a realizar una evaluación de impacto antes de efectuar dicho tratamiento cuando sea probable que, en función de su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañen un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas. Admitiendo, en todo caso, que las autoridades de control publiquen un listado en los que se determine qué tipos de tratamiento no requieren tal análisis.

La AEPD, en todo caso, subraya que esta lista no exime a los abogados (ni al resto de quienes aparecen en ella) de cumplir el resto de obligaciones establecidas en la normativa sobre privacidad. Asimismo, recuerda que también ha publicado una relación de casos en los que sí es obligatorio llevar a cabo una PIA. Tal y como apunta el organismo, la evaluación es "un proceso costoso y es necesario aplicar un principio de economía de medios". Si el responsable del tratamiento, tras un primer análisis cualitativo, concluye que no es necesario realizarla, podrá seguir adelante sin ella siempre que la decisión esté "suficientemente fundamentada".

Junto con el mencionado relativo a médicos y abogados, el documento también apunta como otros tratamientos excluidos de la PIA, los que se realicen bajo directrices establecidas o autorizadas por las autoridades de control y, en particular, por la AEPD; los que se lleven a cabo siguiendo las directrices de códigos de conducta aprobados por la Comisión Europea o autoridades de control; y cuando el tratamiento derive de una obligación legal, cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

Además, también quedan fuera los tratamientos obligatorios por ley y realizados con relación a la gestión interna del personal de pymes con finalidad de contabilidad, gestión de recursos humanos y nóminas, seguridad social y salud laboral (pero nunca relativos a los datos de los clientes); los que lleven a cabo las comunidades de propietarios; y los de los colegios profesionales y asociaciones sin ánimo de lucro para la gestión de los datos personales de sus propios asociados y donantes, siempre que no se traten datos sensibles.
(Cinco Días, 06-09-2019)

 
 
 
 
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