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NOVETATS LEGISLATIVES DEL 11 I 12 DE SETEMBRE DE 2019

Fiscal

Instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA)
Resolución de 2 de septiembre de 2019, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).
(BOE, 12-09-2019)

Estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
(BOE, 11-09-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 11 de septiembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de septiembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 12-09-2019)

Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios
Resolución de 2 de septiembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 11-09-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 11 I 12 DE SETEMBRE DE 2019

Fiscal

El INE ofrece una herramienta con la renta de los hogares, calle por calle
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comenzado a publicar este miércoles en su página web la sección 'Estadística Experimental', en la que mostrará los avances realizados en diferentes aspectos de la producción estadística y la distribución de renta de los hogares para áreas geográficas de más de 500 habitantes, pudiendo seleccionar cualquier calle de España.

El primer proyecto que se incorpora a esta sección es el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH), que consiste en la construcción de indicadores estadísticos de renta media y su distribución a nivel municipal e inframunicipal, a partir del enlace de información de población del INE con datos tributarios, fundamentalmente de la Agencia Tributaria (AEAT), pero también de las haciendas forales de País Vasco y Navarra.

El Atlas contiene datos de renta de 2015 y 2016, combinados con la población residente a 1 de enero de 2016 y 2017, respectivamente. Esta información, aún en fase experimental, se ofrece para municipios, distritos y secciones censales, siempre que superen ciertos umbrales en cuanto a número de habitantes. El ADRH ofrece información de renta media (por persona y por hogar) para ámbitos geográficos de más de 100 habitantes, lo que implica disponer de datos para más del 99,8% de la población residente en España.

Otra novedad es que (salvo para País Vasco y Navarra) ofrecerá también información de distribución de renta (población por debajo de determinados umbrales de renta absolutos y relativos), siempre que el ámbito geográfico supere los 500 habitantes.

Para ámbitos superiores a 2.500 habitantes publicará estos indicadores desagregados por sexo, grupos de edad y nacionalidad (españoles/extranjeros), lo que permite un análisis "muy pormenorizado" de la distribución de la renta de los hogares en España, destaca Estadística.

En concreto, se podrá acceder a información inframunicipal de renta media por persona, de renta media por hogar, de porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo menor de 7.500 euros, de población menor de 18 años y de población mayor de 65 años, entre otros datos. Con la publicación de este atlas, el INE también estrena un sistema que permite visualizar en mapa los datos de renta por municipio, distrito y sección censal.

La aplicación permite a los usuarios elegir cualquier calle de España para consultar sus datos y dispone de útiles herramientas, como la búsqueda por nombre de vía o por la ubicación personal (previo permiso expreso en este caso), la agregación de marcadores o la posibilidad de compartir vínculos por correo electrónico o en redes sociales.

La sección 'Estadística Experimental' que ha puesto en marcha hoy el INE mostrará resultados de las investigaciones en nuevos métodos de estimación, en el tratamiento de nuevas fuentes de datos o en nuevas formas de difusión, entre otros.
(Expansión, 12-09-2019)

El déficit está "controlado" en el 2% y que España crecerá "sin problemas" un 2,2% este año
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado en el Pleno del Congreso que el déficit público "está controlado" y que cerrará en el 2% del PIB este año, y ha afirmado que el crecimiento de la economía española alcanzará "sin problemas" el 2,2% en 2019.

Durante la primera de sus réplicas en el Pleno al que ha acudido para informar del Brexit y de los consejos europeos celebrados en junio, Sánchez ha replicado las críticas lanzadas por el presidente del PP, Pablo Casado, que le ha señalado que "la inercia se acaba" y le ha pedido que "arregle España".

"Para su tranquilidad, señor Casado, el déficit está bajo control. Al cierre de 2019 será del 2% del PIB, una reducción de 0,5 puntos respecto a 2018. Algo debemos estar haciendo bien", ha aseverado el presidente del Ejecutivo en funciones.

Sánchez sí que ha reconocido un "enfriamiento de la economía", pero "derivado de tensiones comerciales" y de la adopción de políticas proteccionistas por países como Estados Unidos. En todo caso, se ha remitido a las estimaciones de la Comisión Europea para celebrar que "España va a seguir creciendo y liderando" la economía europea.

En este sentido, ha citado las estimaciones de la AIReF acerca de un crecimiento del 0,5% en el tercer y cuarto trimestre de este año, por lo que cree que son "suficientes para alcanzar sin problemas las previsiones del Gobierno del 2,2%".

"Son bastante razonables, serias, rigurosas. No nos hemos apuntado cuando empezaron a elevar las previsiones de crecimiento de España. Nos mantuvimos porque intuíamos algunas de las cuestiones que ahora se están poniendo en solfa por parte de organismos internacionales", ha explicado.
(El Mundo, 12-09-2019)

Laboral

Un seguro europeo de desempleo, el bono formación y regular las plataformas
La presidenta electa, la alemana Ursula von der Leyen, ha enviado una carta a cada uno de los futuros comisarios que formarán parte del próximo Ejecutivo de Bruselas, apuntando, cuáles serán los deberes que deberán realizar en sus áreas respectivas.

Para el futuro del mercado laboral europeo, Von der Leyen tiene unos planes muy claros, según la misiva que le ha enviado al próximo comisario de Empleo, el luxemburgués Nicolas Schmit. La presidenta de la Comisión le ha fijado como tarea "reforzar la dimensión social de Europa y garantizar que las personas que trabajan reciben apoyo suficiente para ganarse la vida y las que están desempleadas reciben apoyo para encontrar un empleo".

Esto se materializará a través de una serie de normas comunitarias que Von der Leyen quiere sacar adelante durante los próximos cinco años. Entre las que cita en esta carta para el comisario de Empleo, están el establecimiento de salarios mínimos para todos los trabajadores europeos; la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales; el establecimiento de un seguro europeo de desempleo o la creación de un bono-formación para todos los trabajadores europeos (ocupados y desempleados).

Concretamente, la nueva líder de la Comisión llama la atención sobre el elevado nivel de desempleo que afecta aún a los jóvenes y a algunas zonas geográficas de la Unión Europea. Ante esto, "usted debe contribuir al diseño de una prestación de desempleo europeo", indica el texto enviado a Schmit. Es más, Von der Leyen, propone "un régimen de reaseguro" que sirva para "proteger a los ciudadanos comunitarios, pero, a la vez, que reduzca la presión sobre las finanzas públicas" durante los periodos de crisis y aumento del paro.

Este reaseguro serviría como una herramienta de la política fiscal anticíclica para repartir entre los distintos Estados la sobrecarga de determinados sistemas de desempleo más castigados por el incremento del número de parados en situaciones de recesión.

España y Francia ya presentaron en la primavera pasado una propuesta técnica que planteaba tres opciones para diseñar un seguro europeo de desempleo que completaría a los sistemas nacionales en casos de crisis. Estos planes se presentaron en los grupos de trabajo técnico del Consejo de Economía y Finanzas que discuten cómo reforzar la eurozona y ahora podrían retomarse con la nueva Comisión.

"La creación de un mecanismo de solidaridad como este es muy buena noticia, pero tendría que venir acompañado de un esfuerzo inversor en la formación y readaptación de los trabajadores comunitarios a los nuevos modelos de producción que traerá consigo la digitalización ", ha opinado Juan Pablo Riesgo, socio de People Advisory Services de EY y ex secretario de Estado de Empleo entre 2015 y 2018.

De hecho, Riesgo opina que la creación de este seguro de paro supranacional planteará el debate entre gastar más en subvenciones o en reciclar y formar a los trabajadores.
(Cinco Días, 12-09-2019)

La subida salarial pactada se mantiene en el 2,3%
Los convenios colectivos firmados por 8,5 millones de trabajadores hasta el pasado 31 de agosto recogen un incremento salarial pactado medio del 2,3%, al igual que lo acordado un mes antes. Se trata del aumento de sueldos más alto de los acordados en la negociación colectiva desde el año 2011. Aquel año, tras aplicar las cláusulas de revisión salarial que garantizan que los sueldos no pierdan poder adquisitivo, los sueldos subieron lo mismo que en la actualidad (2,3%). Aunque la crisis ya había empezado a hacer mella en la economía en 2008, los sueldos pactados subieron una media del 3,6% ese año y no fue hasta 2012 cuando la contención salarial empezó a notarse con mayor intensidad.

Así lo indican los últimos datos estadísticos de convenios colectivos facilitados ayer por el Ministerio de Trabajo. Estas cifras reflejan también que son los convenios que se firman en el seno de cada empresa los que recogen las subidas salariales más bajas (un 1,9% de media) frente a los convenios sectoriales de ámbito superior (nacional, autonómico o provincial), con alzas medias superiores, del 2,31%.

Son precisamente estos últimos convenios los que afectan a un mayor número de trabajadores (7,9 millones de asalariados hasta finales de agosto), mientras que los acuerdos de empresa recogieron las condiciones laborales de 536.000 trabajadores. Si bien, dentro de los convenios de ámbito superior a la empresa, fueron los de carácter nacional –que afectan a tres millones de personas en toda España– los que registraron una mayor alza retributiva, rozando el 3%.

Estos datos indican que los negociadores de los convenios (empresarios y representantes de los trabajadores) están cumpliendo con lo pactado por las cúpulas patronales y sindicales, en el Acuerdo de Negociación Colectiva (2018-2020) que recogía un incremento salarial general del 2% y superior allí donde lo permitiera la productividad.

Esto último es lo que está ocurriendo en algunos sectores como la educación, donde casi los 300.000 trabajadores que ya han firmado sus condiciones para este año han experimentado un aumento de sueldo medio de casi el 5,8%. O los trabajadores de la sanidad, los servicios sociales, los de actividades artísticas y de ocio o los de la administración pública y defensa, todos ellos con subidas de sueldo superiores al 3,5%. Es más, además de los trabajadores de los sectores mencionados, los datos conocidos ayer apuntan a la existencia de casi 900.000 asalariados que han experimentado un incremento salarial medio del 6%.

Por el contrario, hay otros 2,3 millones de trabajadores cuyas mejoras retributivas no llegan al 1,5% este año. En el entorno de este umbral se encuentran los más de 208.000 profesionales y trabajadores de actividades científicas y técnicas, que a pesar de su especialización están experimentando los menores avances salariales este año.

Esta evolución de los sueldos pactados se corresponde con los datos conocidos también ayer del coste laboral armonizado por hora trabajada, que avanzó un 3,1% interanual en el segundo trimestre del año, según las cifras corregidas de efectos de calendario y de estacionalidad. Es la tasa más elevada desde finales de 2013.
(El País, 12-09-2019)

La justicia obliga a readmitir a una empleada cesada tras pedir reducción de jornada
Los trabajadores que hayan solicitado una reducción de jornada por cuidado de hijos están blindados frente a los despidos improcedentes. La ley laboral los considera nulos, aunque no se aprecie discriminación ni represalia del empresario. Dicho de otro modo, si el juez considera que no hay motivo suficiente para un despido disciplinario, la empresa está obligada a readmitir al empleado. Esta es la conclusión a la que llega en una reciente sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia.

En su fallo, el tribunal gallego obliga al BBVA a readmitir a una empleada a la que despidió por ofensas verbales a jefes y compañeros de trabajo, y por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza “no solo don el banco sino con los clientes”. La trabajadora despedida, había solicitado un par de meses antes una reducción de jornada o flexibilidad horaria para poder compatibilizar el cuidado de su hija menor, sin obtener una contestación.

La resolución es interesante porque aplica la norma del Estatuto de los Trabajadores (en concreto, el artículo 55.5 apartado b) que considera nulo el despido no procedente de las trabajadoras embarazadas, sin necesidad de probar discriminación. Este blindaje también extiende a los empleados que soliciten o disfruten de lactancia, reducción de jornada o excedencia para cuidar a menores o personas dependientes. A diferencia de la improcedencia, que otorga al empleador la posibilidad de readmitir o indemnizar al trabajador, la nulidad del despido implica la reincorporación del mismo con las mismas condiciones que tenía.

En el caso concreto, la trabajadora, que había disfrutado en el pasado de un año de reducción de jornada para cuidar de su hija, pidió por correo electrónico una nueva reducción de un octavo de su jornada, o, si era factible, entrar 15 minutos más tarde, recuperando este tiempo después. La entidad no llegó a contestar a la mujer, aunque en uno de los correos que intercambiaron la empleada comentó que al director le parecía bien. Poco después, recibió la carta de despido disciplinario.

El juzgado de lo social declaró la improcedencia del despido de la empleada, pero no apreció su nulidad. Sin embargo, el TSJ corrige su decisión y anula el cese de la empleada, instando al banco a readmitirla de forma inmediata, pese a no apreciar indicios discriminatorios ni represalia por parte de la entidad. En este sentido, los magistrados aclaran que sí había “motivos razonables”, fundamentados en “hechos con base real”, aunque no suficientemente graves como para justificar el cese disciplinario. Como recuerda la Sala, en caso de reducción de jornada por guarda de menores de 12 años, el despido solo puede ser declarado procedente o nulo, nunca improcedente.

La carta de despido relataba varios incidentes en los que la mujer, en situaciones de alteración y nerviosismo, había proferido expresiones ofensivas. En una ocasión, tras una reunión con su superior en la que se la incluyó en el colectivo de mejora de desempeño, la empleada dio un puñetazo en la mesa y dijo en voz alta “hay que ser cabrón”. Según la entidad, mantenía una “nefasta actitud con sus compañeros de trabajo”, señalando en su escrito que en otra ocasión llamó “falsa” a una colega le dijo “que le estaba dando la espalda cuando ella daba la cara por ella”.

El banco acusó a la trabajadora de mala fe y abuso de confianza, no solo con la empresa, sino con los clientes. La carta también recoge otro episodio en el que, durante una llamada de una cliente enfadada, pasó el teléfono a su compañera y dijo en voz alta “me está tocando los huevos”.
(Cinco Días, 11-09-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Banca y comercio piden ampliar a marzo de 2021 el plazo para aplicar la nueva norma de pagos
El Banco de España confirmó oficialmente ayer a través de un comunicado que concederá un tiempo adicional a los proveedores de servicios de pago para hacer efectiva la migración hacia soluciones que permitan el cumplimiento de la nueva normativa que exige aplicar una autenticación reforzada del cliente en los pagos electrónicos según establece la revolucionaria regulación de medios de pago, conocida como PSD2 (Payment Service Directive). Inicialmente la entrada en vigor es el próximo 14 de septiembre.

Varias fuentes aseguran que este comunicado fue solicitado por bancos y comercios para conocer oficialmente si había periodo transitorio o no para las compras electrónicas o si tenían que aplicar la PSD2 en todas sus amplias y complejas variantes.

En su nota, no obstante, el organismo que encabezado Pablo Hernández de Cos no ha especificado el periodo transitorio que está dispuesto a conceder. El Banco de España, de hecho, mantiene aún contactos con bancos y comercios y con sus homólogos europeos para intentar fijar una fecha común, que pretende, además, que coincida con la del resto de los países europeos.

“No hay que olvidar que el 60% de las compras de los españoles en comercios electrónicos se realizan fuera de España”, argumentan fuentes bancarias para justificar por qué sería lógico que todos los países europeos contasen con el mismo periodo transitorio.

Está previsto que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés) y los responsables de los bancos centrales de la zona euro decidan en estos días hasta dónde alcanzará el periodo de transición para incorporar las exigencias de la nueva norma europea de pagos.

Algunos países como Reino Unido, Irlanda o Dinamarca, ya han comunicado oficialmente la flexibilidad en el calendario para aplicar la doble autenticación para el e-commerce. Estos países han extendido el periodo de adaptación en 18 meses

Las diferentes asociaciones españolas solicitaron el pasado 23 de julio al Banco de España entre 12 y 18 meses de periodo transitorio, ya que consideran que no están preparados para su aplicación, pero, aunque se pusieron de acuerdo para solicitar 14 meses, algunos bancos y comercios han reflexionado y ahora son partidario de que el plazo se amplíe hasta marzo de 2021.
(Cinco Días, 12-09-2019)

Los expertos creen que los estímulos que previsiblemente anunciará el BCE hoy, serán insuficientes
Entre las medidas esperadas, la mayoría de los expertos prevé que el BCE recorte la facilidad depósito en 10 puntos básicos, a -0,50% desde los -0,40% actuales. Algunos como Goldman Sachs y BofAML esperan que sea más agresiva, de 20 puntos básicos.

El segundo foco de interés ante la reunión de hoy es el más que probable anuncio de la reanudación del programa de compra de deuda o de expansión cuantitativa, también conocido como QE (Quantitative Easing). Ibercaja explica que la clave en este caso será la cuantía del programa. Se habla de entre 30.000 y 40.000 millones de euros con una duración que iría entre seis y doce meses, aunque tampoco aquí existe consenso.

No es descartable que algunos detalles más concretos queden pendientes para próximas reuniones donde la institución estaría ya dirigida por Christine Lagarde. “Este cambio dará paso a una nueva fase en el BCE en la que habrá más presión para los países de la eurozona en el aspecto fiscal”, agrega Natixis.

El débil crecimiento económico de la zona euro y las primeras evidencias del impacto del proteccionismo han llevado al BCE a ir modificando su discurso en el transcurso de pocos meses dando un giro radical. Lejana queda la posibilidad de empezar a subir los tipos de referencia en la zona euro, anclados en el 0% desde 2016.

La posibilidad ahora es precisamente, el movimiento contrario, un recorte de estos tipos de referencia, lo que implicaría entrar en terreno negativo por primera vez en su historia. El consenso de Bloomberg no prevé bajadas de tipos en la reunión de hoy pese a las palabras de Draghi en julio que dejaban la puerta abierta a un recorte en esta reunión.
(Expansión, 12-09-2019)

El Supremo cancela todos los desahucios iniciados por menos de 12 impagos
El Tribunal Supremo acabó este miércoles con dos años y medio de incertidumbre judicial sobre las consecuencias de anular las cláusulas hipotecarias abusivas que rigen los desahucios. Una demora, principalmente debida a la espera que le ha requerido escuchar antes el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha permitido al alto tribunal abrazar la reforma hipotecaria que entró en vigor el pasado junio para ofrecer una solución que busca proteger tanto a consumidores como a bancos y que supondrá la cancelación de miles de procedimientos de desahucio en suspenso.

El pronunciamiento de este miércoles cierra definitivamente un largo debate judicial en torno a las cláusulas de vencimiento anticipado de las hipotecas, aquellas que marcan cuándo un banco puede ejecutar el préstamo y reclamar la garantía inmobiliaria, iniciando el desahucio. Desde el famoso caso Aziz, en 2013, la justicia europea venía reiterando que la condición estándar utilizada por el sector financiero, que permitía desahuciar ante un único impago de cuota, era nula por abusiva. Aunque el Gobierno respondió ese año elevando el umbral a tres cuotas, la justicia matizó que la fórmula tampoco era válida pues lo importante es que la medida sea proporcional al volumen de impago sobre el préstamo total.

La aplicación práctica de la doctrina comunitaria arrojaba, sin embargo, el problema de qué hacer con el crédito tras eliminar la cláusula abusiva. En febrero de 2017, recién vapuleado por el TJUE en el asunto de las cláusulas suelo, el Supremo decidió curarse en salud y consultar primero a la Corte de Luxemburgo antes de pronunciarse.

La respuesta llegó el pasado marzo, cuando el tribunal comunitario expuso que la cláusula abusiva debe ser eliminada del contrato, a no ser que el juez estime que el crédito no podrá subsistir sin ella, en cuyo caso podría sustituirse por la redacción de la ley de 2013.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictaminó este miércoles por unanimidad que “no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria o extremadamente dificultosa”. “Para evitar una nulidad del contrato que exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales (la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo”, la “pérdida de las ventajas” legales del procedimiento de ejecución o “el riesgo” de acabar sufriendo una ejecución por el procedimiento declarativo, más duro, los magistrados coincidieron en optar por sustituir la cláusula por otra. Sin embargo, en vez de usar la redacción de 2013, haciendo uso del margen de decisión que el TJUE le da, el Supremo opta por utilizar el texto de la flamante reforma hipotecaria.

Esta ley, tan reciente que el Supremo solo ha podido aprovecharla por la demora en su pronunciamiento, eleva la deuda mínima para poder iniciar la ejecución del préstamo a 12 impagos (o el 3% de la deuda) en la primera mitad del préstamo, o 15 cuotas (o el 7%) en la segunda mitad.

De hecho, la nueva ley impone sustituir las cláusulas de vencimiento por esta fórmula en todas las hipotecas de forma retroactiva a excepción, según una enmienda introducida en la tramitación, de aquellas ya judicializadas. El Supremo entiende, sin embargo, que esta cautela se tomó precisamente para evitar que un fallo del TJUE en contra de los consumidores terminara haciendo más lesiva una sustitución universal. Es más, fuentes del Ministerio de Economía celebraron este miércoles que el tribunal haya optado por aplicar la ley que han promovido.

Fijado criterio para los próximos casos, el Supremo ha decidido dar respuesta también al problema que ha generado su dilatado fallo. A la espera de conocer el dictamen del TJUE y su aplicación práctica, desde febrero de 2017 los jueces vienen suspendiendo sistemáticamente el grueso de ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 65% desde entonces, según el INE. Así, unos 20.000 desahucios paralizados pendían del criterio del Supremo.

En respuesta, el alto tribunal instó este miércoles a los tribunales de inferior instancia a sobreseer automáticamente y “sin más trámite” todos los procesos abiertos antes de la reforma hipotecaria de 2013; así como aquellos posteriores en los que el impago sea inferior al umbral marcado en la nueva reforma hipotecaria. Esto es, en la práctica, a cancelar todos los desahucios en curso motivados por menos de 12 impagos, o los que corresponda en cada caso según la ley.

El Supremo, eso sí, vela por la banca al permitirle iniciar nuevos procedimientos de ejecución en estos casos no basados ya en la cláusula de vencimiento anticipado, que sería abusiva, sino en el incumplimiento de la nueva ley de crédito hipotecario.

Aunque el dictamen conllevará la cancelación de miles de desahucios a partir de este jueves, conviene recordar que la banca no suele iniciar los desahucios ante uno o tres impagos (en una de las causas analizadas por el TJUE se trataba de 36), con lo que previsiblemente en muchos casos se superen las 12 o 15 que impone la nueva ley. Estos clientes, por tanto, quedan libres de una cláusula abusiva pero previsiblemente acabarán igualmente desahuciados en virtud de la nueva ley. En concreto, las ejecuciones posteriores a 2013 que superen ese umbral de impagos comenzarán a reactivarse a partir de este jueves mientras que los anteriores a esa fecha ganan tiempo, pero quedan sujetos a que la entidad presente una nueva demanda. El criterio del Supremo, de otra parte, no beneficiará a quienes ya han perdido su casa por un fallo en firme, al considerarse cosa juzgada.
(El País, 12-09-2019)

El abogado de la UE abre la puerta a anular las hipotecas poco transparentes ligadas al IRPH
Una cantidad de entre 250 y 300 euros mensuales ha sido, en especial durante la recesión, la diferencia entre mantener la casa o perderla. Ese es el desembolso que, según las entidades de afectados, han abonado de más quienes tenían su hipoteca vinculada al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) respecto a quienes usan el euríbor. En total, más de un millón de ciudadanos.

El caso ha llegado a la justicia europea, que debe dirimir si estas hipotecas están regidas por la directiva sobre cláusulas abusivas para determinar su grado de transparencia. Y, de momento, el abogado general de la UE, cuya opinión no es vinculante pero sí condiciona la decisión del tribunal, ha abierto la puerta a que los jueces puedan declarar abusivos esos contratos y compensar a sus clientes al considerar que "una cláusula contractual pactada entre un consumidor y un profesional", también la del IRPH, "no está excluida del ámbito de aplicación de la directiva". Y anticipa que "la fórmula matemática de cálculo resulta compleja y poco transparente para un consumidor medio".

Lo que debe dirimir el Tribunal de Justicia de la UE no es si esa referencia es legal o no, sino sobre si estos contratos están sujetos a tutela judicial y, por lo tanto, puede determinarse la transparencia y claridad de sus cláusulas. En plata: si está sujeta a la directiva comunitaria sobre cláusulas abusivas, por la que la justicia europea ha asestado ya varios golpes a España. Y el Abogado General considera que sí, pero que en todo caso deben ser los jueces nacionales quienes examinen caso a caso si la cláusula cumplía con esos requisitos.

La causa llegó a Luxemburgo después de que un cliente de Bankia cuya hipoteca estaba referenciada al IRPH presentara una demanda de nulidad de esta cláusula por considerarla abusiva ante el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, cuyo titular decidió formular una cuestión prejudicial a la justicia europea. El abogado general Maciej Szpunar considera que, este caso, la entidad financiera "cumplió la exigencia de transparencia" que impone la directiva, puesto que el cliente podía acceder a los sistemas de cálculo de los diferentes índices oficiales y compararlos con otras ofertas.

En todo caso, el letrado de la Corte de Luxemburgo insiste en que deberá ser el juez de Barcelona quien determine si las estipulaciones eran o no abusivas. El magistrado, de hecho, acudió a Luxemburgo después de que el Tribunal Supremo considerara que el IRPH no podía ser abordado dentro de la directiva europea al estar fijado por ley. Ante el elevado coste que estos préstamos suponen al consumidor (según el juzgado barcelonés, entre 18.000 y 21.000 euros anuales más respecto a quien esté pagando de acuerdo al euríbor), el magistrado preguntó al tribunal europeo si los jueces españoles pueden controlar el "carácter abusivo de dicha cláusula" y cuál debe ser la información que "el profesional ha de facilitar" dada la complejidad de la fórmula matemática de la que resulta el tipo aplicado a la hipoteca.

El abogado de la UE es claro en sus conclusiones. Primero, considera que una cláusula pactada entre profesional y consumidor no puede excluirse del ámbito de aplicación de la directiva, al contrario de lo defendido por el Supremo. Y, segundo, admite que la fórmula de cálculo es "compleja y poco transparente" para un consumidor medio. A su juicio, el criterio de transparencia y claridad que la legislación exige a cualquier estipulación para que no sea considerada abusiva debe cumplir dos requisitos: ser "suficiente" para que el cliente pueda tomar una "decisión prudente y con pleno conocimiento de causa" en cuanto al método de cálculo del préstamo y, además, contener una explicación sobre la evolución de ese índice en el pasado.

La banca española podría recibir un nuevo golpe de la justicia europea en caso de que siga el criterio del abogado general cuando dicte sentencia, previsiblemente durante el primer trimestre de 2020. La Corte de Luxemburgo ha fallado ya para que la justicia española deje sin efecto las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo y asuma los gastos hipotecarios. Más ambigua fue con las estipulaciones que fijaban el vencimiento anticipado de los préstamos, que los jueces nacionales hasta ahora están interpretando de forma dispar.

El tribunal, además, volvería a enmendar la plana al Tribunal Supremo que, en una sentencia de diciembre de 2017, consideró que el IRPH no estaba dentro del ámbito de la directiva al tratarse de un "índice definido y regulado legalmente" que superaba "el control de transparencia". Y desestimó el comportamiento más favorable que había tenido el euríbor para el consumidor al considerar que el "sesgo retrospectivo" no puede ser la pauta para realizar un "control de transparencia". Bankia y el Gobierno español defendieron ese argumento. Pero el abogado de la UE es claro: "No veo cómo un Estado miembro podría afirmar que una cláusula contractual no es abusiva en la medida en que [...] refleja una disposición imperativa cuyo contenido es contrario al efecto útil de la directiva 93/13".

Las entidades financieras españolas tienen una cartera de casi 17.000 millones de euros referenciada a estos préstamos, según han ido detallando los propios bancos. El coste de otro eventual varapalo podría oscilar entre los 7.000 y los 44.000 millones de euros, según la banca de inversión Goldman Sachs. Nada más conocerse las conclusiones del abogado general, las principales entidades financieras españolas han empezado a caer en Bolsa.
(Expansión, 11-09-2019)

La producción industrial regresa a tasas positivas con una subida en julio del 2,9%
El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,9% el pasado mes de julio en relación al mismo mes de 2018, tasa 4,8 puntos superior a la de junio, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de julio, la producción industrial regresa a tasas positivas tras descender un 1,9% en junio. Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 0,8% respecto a julio de 2018, tasa 0,8 puntos inferior a la registrada en junio.

En tasa mensual (julio sobre junio), la producción industrial bajó un 0,4% eliminando los efectos estacionales y de calendario, frente al descenso mensual del 0,2% que experimentó en junio y al aumento del 0,3% de un año antes.
(La Vanguardia, 11-09-2019)

Sector

El ICAM denuncia la privatización del Servicio de Orientación Jurídica municipal
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) denuncia que el Ayuntamiento de Madrid siga con el proceso de privatización del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) Municipal, que tiene por objeto facilitar asesoramiento jurídico generalista a personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid, y ayudarles a tramitar sus solicitudes de asistencia jurídica gratuita.

Por ello, y entendiendo que este proceso privatizador vulnera la legislación vigente, y que es gravemente perjudicial para los ciudadanos, el ICAM ha interpuesto ya recurso contencioso administrativo contra esta decisión del anterior equipo consistorial, solicitando la medida cautelar de suspensión del proceso de licitación, si bien confía en que el actual gobierno municipal revoque el proceso privatizador, sin necesidad, por tanto, de que los Tribunales tengan que pronunciarse al respecto. Así lo ha manifestado en un comunicado de prensa:

1º) El Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) es un servicio público cuya gestión y prestación viene encomendada de forma exclusiva y excluyente a los Colegios de Abogados, por la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, con la finalidad de garantizar la independencia, permanencia, solvencia y calidad de este servicio público, manteniéndolo alejado de intereses privados.

2º) Algunas corporaciones municipales han ofrecido su colaboración a los Colegios de Abogados, proporcionando espacios físicos y financiación con la finalidad de acercar el servicio al ciudadano. Una de esas corporaciones ha sido el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, mediante convenio firmado con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que desde 1989, y salvo algún breve período, ha venido prestando este servicio de forma ejemplar.

3º) Los Ayuntamientos pueden colaborar en la prestación de este servicio, pero no sustituir a los Colegios de Abogados ni apropiarse de funciones y competencias que corresponden exclusivamente a éstos.

4º) El concurso público convocado por el anterior equipo de gobierno municipal pretende sustituir como gestor y prestador de este servicio público esencial a una Corporación de Derecho Público, con más de cuatro siglos de existencia, por la “persona natural o jurídica, española o extranjera, o unión temporal de empresarios” que resulte adjudicataria del servicio”, habiendo resultado finalistas en el concurso dos entidades privadas, una de las cuales se encargará, en lo sucesivo, de la prestación del servicio si nadie lo remedia.

5º) El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en tanto que Corporación de Derecho Público, no pretende otra cosa que salvaguardar el derecho de los ciudadanos a recibir un asesoramiento jurídico imparcial, objetivo y de calidad, sin intereses privados o meramente comerciales que puedan alterar la esencia y finalidad del servicio, y garantizar su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad con quienes tienen medios.
(Cinco Días, 11-09-2019)

 
 
 
 
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