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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 8 D'OCTUBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)
Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas el 11 de octubre de 2017 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 49º periodo de sesiones (21º ordinario).
(BOE, 08-10-2019)

Euro
Resolución de 7 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 7 de octubre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 08-10-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/index.php?s=3



NOTÍCIES DE PREMSA DEL 8 D'OCTUBRE DE 2019

Fiscal

El Gobierno se prepara para rebajar su previsión de crecimiento de 2019
El Gobierno en funciones se prepara para revisar a la baja su cuadro de previsiones macroeconómicas en plena cuenta atrás hacia la repetición electoral del 10 de noviembre. Aunque la corrección al alza inicialmente esperada ya había sido descartada, el recálculo a la baja del tamaño del PIB que hizo el Instituto Nacional de Estadística (INE) en septiembre podría obligar ahora al Ejecutivo a rebajar la estimación de crecimiento de 2019, según admitió ayer la ministra de Economía Nadia Calviño.

El Ejecutivo debe enviar a Bruselas las nuevas cifras con el plan presupuestario de 2020 no más tarde del 15 de octubre (día límite en que suele hacerlo) y está por ver si lo hará público tras el Consejo de Ministros de este viernes. Según el criterio del Banco de España, solo el efecto de la corrección del INE rebajaría el alza esperada del 2,2% al 2%.

Paradójicamente, hasta septiembre la expectativa era que el Gobierno acabara elevando sus previsiones de crecimiento económico de 2019, que había mantenido inalteradas en lo que entonces parecía un moderado 2,2%, siguiendo la estela de otros organismos nacionales e internacionales. Después de todo, el Banco de España revisó el incremento del PIB del 2,2% al 2,4% en junio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su perspectiva del 2,1% al 2,3% en julio y la Comisión Europea hizo lo propio, el mismo mes, pasando también del 2,1% al 2,3%.

En las últimas semanas, sin embargo, la desaceleración de la economía española en un entorno de frenazo del crecimiento mundial, con amenazas acuciantes de fondo como el Brexit o la guerra comercial global, comenzaron a menoscabar las perspectivas.

Aunque esta coyuntura podía estar más o menos recogida en las estimaciones de cada organismo, lo que estaba fuera de todas las quinielas es que el INE rebajaría en septiembre el punto de partida al reducir el tamaño del PIB de 2018 de 1,208 a 1,202 billones de euros dentro de su plan de revisión quinquenal. Además, el organismo redujo el crecimiento estimado en los dos primeros trimestres de 2019 del 0,7% y el 0,7%, respectivamente, al 0,5% y el 0,4%, siendo este último el menor incremento desde que arrancó la recuperación.

El INE “nos ha cambiado las bases de referencia. Es un elemento importante que, si bien no quiere decir nada sobre nuestra economía y sobre todo no quiere decir nada sobre el futuro, sí cambia la base de referencia y eso lo tenemos que integrar en nuestras previsiones y en nuestros cálculos”, admitió ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una entrevista en la SER, donde anticipó que una revisión a la baja “es una posibilidad, por supuesto”.
(Cinco Días, 08-10-2019)

Laboral

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha validado el modelo de negocio de la plataforma de reparto
Victoria legal de Glovo frente a sus repartidores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha validado el modelo de negocio de la plataforma de reparto reconociendo que su modelo está basado en la independencia que le otorga a la figura del autónomo. Y eso en un momento en el que hay varios operadores interesados en entrar en su capital, como Uber o Deliveroo.

Así consta en una sentencia, en la que los magistrados desestiman el recurso presentado por un repartidor contra la decisión del juez de lo Social número 39 que rechazó reconocer la existencia de una relación laboral con la aplicación.

El juez defendía que la relación no es de carácter laboral, ya que Glovo "no tenía trabajadores a su servicio" y se trata de una plataforma "de intermediación. De este modo, la sentencia del Alto Tribunal madrileño confirma que la relación entre el repartidor y la plataforma es ajena al orden laboral y típica de una relación de Trade (Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente).

La sentencia se basa en que Glovo ofrece a los autónomos libertad de elección horaria en la que desea colaborar el repartidor, "con fijación de la hora de inicio y de finalización de su actividad; e incluso dentro de ese periodo, la posibilidad de no activar la posición de auto asignación, lo que significa que no desea estar disponible".

También alude el fallo a "la libertad de aceptar aquellos pedidos que desea realizar sin tener que ejecutar un mínimo de ellos, con posibilidad de su rechazo incluso una vez aceptada e iniciada su ejecución (sin penalización alguna)". Y se refiere a "la libertad de elegir la ruta para llegar al destino final, fijado por el cliente, siendo éste quien establece las características del producto a adquirir y de la forma de entrega, estableciéndose una relación directa entre repartidor y cliente".

Glovo suma ya nueve sentencias a favor de juzgados de lo Social (como el 17 y el 39 de Madrid) y nueve en contra (como las de los juzgados 33 de Madrid y 1 de Gijón.

Aunque, desde la compañía, han resaltado que es la primera sentencia favorable a sus intereses emitida por un tribunal superior, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sentencia de 25 de julio de 2019, falló a favor de un 'rider' señalando que la relación de éste con Glovo es laboral. Estas discrepancias aseguran que tendrá que ser el Tribunal Supremo quien decida finalmente sobre la naturaleza de la relación entre los 'riders' y Glovo.

El fallo, de 19 de septiembre de 2019, desestima el recurso de suplicación de tres de riders y valida la relación de Glovo con los repartidores, basado en la independencia que les otorga la figura del autónomo dependiente (trade). No obstante, la sentencia cuenta con un voto particular, de uno de los tres magistrados, que considera que la relación entre Glovo y los riders es laboral.

Tanto Glovo como otras empresas de reparto han sido protagonistas en los últimos meses de un goteo de resoluciones judiciales sobre la vinculación laboral que existe con los mensajeros. Además de estos procesos judiciales- en su mayoría de carácter individual-, hay abiertos procedimientos colectivos como consecuencia de expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo. Glovo así afronta un juicio de este tipo en Zaragoza, que recientemente fue aplazado hasta marzo; y Deliveroo ya ha recibido dos sentencias contrarias a sus intereses en procesos similares en Valencia y Madrid.

El pasado mes de julio, el Juzgado de lo social número 19 de Madrid condenó, de hecho, a Deliveroo, estimando la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social, que acusó a la empresa de mantener a 500 falsos autónomos trabajando como repartidores. El modelo de Deliveroo, sin embargo, es distinto al de Glovo, al controlar los horarios y entregas de sus empleados.
(Cinco Días, 08-10-2019)

El 13% de los trabajadores en España son pobres, según la OIT
El 13% de los trabajadores españoles vive por debajo del umbral de la pobreza, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hechos públicos por el director de este organismo en España, Joaquín Nieto, con motivo de la celebración del día mundial del trabajo decente. Esta cantidad de trabajadores pobres supera la media europea, situada en el 9,5%. Además, según estas cifras España se sitúa entre las primeras de la UE con mayor pobreza laboral ya que solo en Grecia y en Rumanía hay más ocupados pobres, con el 17% y el 24%, respectivamente.

La OIT estima que unos 300 millones de trabajadores en el mundo viven en condiciones de pobreza extrema, es decir, que no disponen ni de 1,9 dólares diarios para subsistir. De esta forma, erradicar dicho tipo de pobreza laboral extrema es la primera de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030.

Una de las principales disfunciones de los mercados laborales que según la OIT habrá que remediar para luchar contra este tipo de pobreza afecta al trabajo a tiempo parcial involuntario. Nieto que más del 60% de los trabajadores a tiempo parcial en España lo son de manera forzosa (es decir, preferirían tener un empleo a tiempo completo), mientras que la media de Europa se sitúa por debajo del 30%.

Desde la organización consideraron que la crisis ha hecho "mucho daño" en los países del sur de Europa. "Se ha conseguido que lo datos macroeconómicos estén funcionando, pero la recuperación social tiene que pasar por mejorar la calidad del empleo y por mejorar la estructura productiva de España", incidió Nieto.

El informe presentado hoy sobre la calidad del trabajo en el mundo indica también que existen 190 millones de parados, de los cuales casi 65 millones son jóvenes, "lo que implica un incremento de las desigualdades durante la transición a la edad adulta. Además, más de la mitad de los trabajadores de todo el mundo (el 55%) no tienen un sistema de protección social y que la discriminación de la mujer sigue siendo la más amplia de todas.

"Esta discriminación empieza en el hogar, con los trabajos de cuidados no remunerados, y sigue después en el mercado de trabajo, donde tienen más dificultades para entrar", explicó Nieto. "El 70% de las mujeres del mundo desearía tener un empleo remunerado y solo cerca de la mitad lo consigue", insistió.

Los datos de la OIT también ponen de manifiesto que hay 2.000 millones de personas que viven de la economía sumergida en todo el mundo, "y esto implica que se ven privados de condiciones de trabajo dignas", dice esta organización; que también ha denunciado "un ensanchamiento de la brecha social". Concretamente, entre 1980 y 2016 el 1% más rico de la población aumentó sus ingresos en un 27%, mientras que el 50% más pobre ´los incrementó un 12%.
(Expansión, 08-10-2019)

Pedro Sánchez promete subir las pensiones con el IPC en diciembre y seguir aumentando el salario mínimo
El PSOE se compromete a actualizar en diciembre las pensiones del ejercicio 2020 de acuerdo con el IPC real, así como continuar incrementando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, según recoge su programa electoral para el 10N que Pedro Sánchez ha presentado hoy en Madrid.

Subir las pensiones es una de las 35 propuestas incluidas en el programa electoral Ahora, Gobierno. Ahora, España, que recoge 35 compromisos sociales de los socialistas y buena parte de su programa electoral para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

En el documento, que incluye las 370 medidas pactadas con la sociedad civil y que hoy ha presentado en Madrid el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, los socialistas se comprometen a actualizar "en el próximo mes de diciembre" las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real tras el incremento del 22% aprobado por el Gobierno en 2019.

Abogan, además, por "blindar" en la Constitución el sistema público de pensiones, "abordando las reformas que garanticen su sostenibilidad y su suficiencia, actualizándolas de acuerdo con el IPC real y aumentando las pensiones mínimas y no contributivas, en atención al diálogo social y en el marco del Pacto de Toledo".

Asimismo, promete volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tras el incremento del 22% aprobado por el Gobierno en 2019, de forma "progresiva y acordada en el diálogo social", hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo a lo establecido en la Carta Social Europea, unos 1.200 euros anuales.

El PSOE vuelve también a citar su intención de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral e iniciar el diálogo con los agentes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incentive la actividad económica y la creación de empleo "digno, de calidad y estable".

El documento también recoge el compromiso de "un ingreso mínimo como base de la libertad y los derechos de todas las personas", para lo que se propone mejorar las prestaciones por hijo a cargo para los hogares en situación de pobreza y el desarrollo de un mecanismo de garantía de ingresos para hogares altamente vulnerables.

En cuanto a los autónomos, se compromete a fomentar el diálogo social con las organizaciones representativas del trabajo autónomo, impulsando la "gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena", estableciendo una cotización acorde con sus ingresos reales y mejorando la protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.

También para los emprendedores prevé aprobar la estrategia España nación emprendedora, que promoverá una "profunda transformación" del tejido productivo, así como una Ley de startups, trabajando en cooperación con las comunidades autónomas para eliminar los obstáculos a la actividad empresarial y facilitando la atracción de inversión internacional y talento.
(El País, 08-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El BCE considera que la banca está preparada para afrontar una salida de fondos
Los bancos europeos están preparados para afrontar una crisis de liquidez, según los resultados de los test de estrés conducidos en los últimos meses por el Banco Central Europeo, cuyos resultados se han publicado hoy. La conclusión del supervisor es que el sector está preparado para afrontar una salida masiva de fondos en el corto plazo: tienen un colchón del 23% de sus activos, sumando reservas y efectivo (9% del activo), activos comercializables (8%) y otros activos menos líquidos (8%).

Los problemas de liquidez fueron la causa de la mayor crisis bancaria vivida en España desde el colapso de Bankia: la caída del Banco Popular, su intervención y la venta al Banco Santander por un euro. Las dudas sobre el futuro de la entidad se convirtieron en una profecía autocumplida ante las salidas masivas de depósitos y la pérdida del acceso a los mercados.

El 90% de los 103 bancos analizados soportaría durante al menos dos meses el escenario extremo planteado por el BCE: una salida de fondos equivalente al 9,5% del activo en un mes y del 27% en un plazo de medio año. En cuatro meses solamente superan la prueba del escenario extremo la mitad de las entidades. Estos plazos de supervivencia se definen como el tiempo que el banco puede operar solamente con el efectivo y el colateral que tiene en balance, asumiendo por tanto un cierre total de los mercados de financiación.

El BCE ha trabajado con tres escenarios: el estándar, el adverso y el extremo. Hay solamente cuatro bancos que no soportarían el escenario estándar durante seis meses, que supone un agujero de liquidez del 5,1% y, sobre todo, el cierre a cal y canto del mercado de capitales.

El escenario adverso, que implica una salida de fondos del 21,7% del activo con la salida del 15% de los depósitos, lo soportarían durante medio año la mitad de las entidades analizadas, con un periodo de supervivencia medio de 176 días. El ya citado escenario extremo, por su parte, sería capeado por apenas 26 entidades de la zona euro, con una supervivencia media de cuatro meses (122 días).

Por lo general, los grandes bancos son más sensibles a estas situaciones de crisis de liquidez, pues dependen en mayor medida de fuentes de financiación inestables como los depósitos de institucionales, que están sujetos a salidas de dinero más rápidas. Los bancos al por menor están más protegidos porque su base de depósitos es más estable.

El informe del BCE identifica, no obstante, algunas vulnerabilidades: los bancos más dependientes de financiación en divisas están más expuestos a las crisis de liquidez, y algunos de ellos son "excesivamente dependientes" del buen funcionamiento del mercado internacional de swaps. Igualmente, las filiales fuera de la eurozona de los bancos tienen tasas de supervivencia son menores, pues dependen de la financiación de las entidades matriz.
(Expansión, 08-10-2019)

El Gobierno cifra en 765 millones el impacto agroalimentario por los aranceles de EEUU
El Gobierno ha calculado en 765 millones de euros el impacto económico de la subida de aranceles de EEUU a los productos agroalimentarios españoles si finalmente la Administración de Donald Trump confirma la lista preliminar dada a conocer la semana pasada.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha precisado, tras reunirse con los consejeros del ramo, que esta estimación se ha elaborado en base a las ventas de España a EEUU en 2018 sobre las partidas afectadas que aparecen en dicho listado.

Las cantidades, no obstante, no son fáciles de precisar y pueden variar con el paso de los días, conforme avance el trabajo de los técnicos, ha apuntado, al ser "complicado" porque los códigos arancelarios que EEUU aplica "no son los mismos" que los de España y el resto de la Unión Europea (UE). El cálculo, no obstante, es inferior a los 1.000 millones de euros que se apuntó la semana pasada.

"Todos estamos unidos en la firmeza de la negociación" entre la UE y EEUU para conseguir que el sector agroalimentario "quede fuera de estas posibles sanciones", porque en este caso "no es el objeto de la disputa"

Tras el encuentro con los consejeros autonómicos, Planas ha constatado la "unidad de puntos de vista" para enfrentarse a este asunto. "Todos estamos unidos en la firmeza de la negociación" entre la UE y EEUU para conseguir que el sector agroalimentario "quede fuera de estas posibles sanciones", porque en este caso "no es el objeto de la disputa", ha afirmado Luis Planas.

El ministro ha añadido que España y Francia mantienen una posición "muy similar" que trasladarán a Bruselas en los próximos días para lograr que EEUU "aplace o suspenda definitivamente" las sanciones.

En rueda de prensa, Planas ha lamentado nuevamente la decisión estadounidense, más aún cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) resolverá si permite a la UE aplicar a EEUU sanciones también por un importe parecido a los 7.500 millones de dólares por un panel arbitral abierto con la compañía Boeing.
(Expansión, 08-10-2019)

El 86% de las pymes españolas no tiene plan de digitalización
Solo el 14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España, según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea. Y lo que es peor, es una cuestión que solo preocupa al 2% de estas empresas.

La transformación digital es una asignatura pendiente en España, ya que influye directamente en el crecimiento propio y global. De hecho, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), si hubiese un alza del 10% en la digitalización de las empresas, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentaría un 3,2% y se crearían más de 250.000 empleos netos adicionales de cara a 2020.

La compañía vasca Semantic Systems lleva 17 años facilitando la transformación digital a empresas industriales. Santiago Alfaro, director general de la compañía, aseguró ayer en Madrid durante una jornada de digitalización, que todavía hay mucho camino que recorrer para concienciar a las pequeñas y medianas empresas sobre la importancia de este proceso: “ya no es solo un tema de ahorrar costes o solucionar un problema. Es un tema de supervivencia”.

La empresa, que cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao, ha crecido más de un 20% en los últimos dos años, hasta integrar una plantilla de 200 trabajadores. En 2018 cerraron el año con una facturación de 14 millones de euros y este año prevén sobrepasar los 15 millones.

Los datos de Semantic Systems revelan que los sectores más adelantados en esta materia son la banca, las telecomunicaciones, el retail y el turismo. La industria se encuentra en quinto lugar, seguida del transporte, el sector público y el energético.

“En Europa nos llevan la delantera, pero en los últimos 20 años he visto un cambio espectacular en España. La gente está pasando de pensar que la herramienta tiene que ser americana o alemana, a darse cuenta de que se puede construir aquí”, sostuvo Alfaro. Entre sus más de 200 clientes hay grandes empresas como Airbus, CIE Automotive o Saint Gobain. Pero ahora su objetivo es centrarse en las pymes y “conseguir que cualquiera se pueda digitalizar”.
(El País, 08-10-2019)

Los desahucios por impago del alquiler caen por primera vez en dos años
La crisis parece alejarse de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 32,9% y son los que han experimentado una disminución interanual más acusada. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que hoy en día son la mayoría, se han reducido en un 6,6%, lo que supone la primera caída en dos años. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2019 ha sido de 14.756, lo que supone un descenso del 14% respecto al mismo trimestre de 2018.

Las dos terceras partes de esos lanzamientos (9.802, equivalentes al 66,4%) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) por impagos en el alquiler, mientras que otros 3.806 (el 25,79%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 restantes obedecieron a otras causas diferentes. Estos datos forman parte del informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

Cataluña (con 3.433, el 23,3% del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Le siguen Andalucía (con 2.456), la Comunidad Valenciana (con 1.960) y Madrid, con 1.637. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2019 en la Comunidad de Madrid ha sido de 1.637, lo que supone un descenso del 12,8% respecto al mismo trimestre de 2018.

Las dos terceras partes de esos lanzamientos (1.269, equivalentes al 77,5%) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 233 (el 14,2%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 135 restantes obedecieron a otras causas.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 2.281, el 23,3% del total; seguida por Andalucía, con 1.336; Madrid, con 1.269; y la Comunidad Valenciana, con 1.194. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 934; seguida por la Comunidad Valenciana, con 694; Cataluña, 689; y Murcia, 311.
(La Vanguardia, 08-10-2019)

La confianza del consumidor cae en septiembre a mínimos desde 2014
La confianza de los consumidores en la economía española ha continuado a la baja hasta marcar en septiembre su índice más bajo desde marzo de 2014 ante el empeoramiento de las expectativas y, especialmente, de la situación actual.

El índice de confianza del consumidor (ICC) de septiembre publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se situó en 80,7 puntos en septiembre, 5,3 unidades por debajo de agosto, con lo que se aleja del umbral de los 100 puntos que marca la diferencia entre percepción positiva y negativa.

La confianza de los consumidores ha oscilado entre los 90 y los 110 puntos en los últimos años hasta que en agosto cayó hasta los 86 y en septiembre, a los 80,7 puntos

Precisamente, la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha admitido que "es una posibilidad" rebajar la previsión de crecimiento del PIB de España, actualmente en el 2,2%, pero aseguró que "no estamos hablando de un cambio sustancial en nuestro análisis de la realidad".

También la agencia de calificación Axesor ha revisado a la baja su previsión de crecimiento de la economía española hasta una tasa del 2% para este año y al 1,8% para 2020.
(El Mundo, 08-10-2019)

Sector

Captar qué siente el defendido multiplica las opciones de negocio de letrados y bufetes
En el ejercicio de la abogacía, como en muchas otras profesiones, la gestión de las emociones ha estado relegada a un segundo plano. Cualidades como la empatía, la comprensión o la sensibilidad han sido tradicionalmente vistas como muestras de debilidad, propias de trabajadores poco competentes. No obstante, el sector legal, poco a poco, va abandonando esa idea y asumiendo que, para dar un buen servicio al cliente, además del asesoramiento técnico, se requiere gestión humana y emocional.

Al abordar un problema jurídico, “el cliente busca confiar en la persona más allá de su perfil como abogado”, resume Berta Santos, coach del sector jurídico. Así, la empatía o la asertividad, son aptitudes que ayudan a generar y consolidar vínculos con el cliente, “lo que contribuye, en último caso, a su fidelización”, indica. En este sentido, el informe Legal Trends Report 2018, elaborado por la empresa canadiense Clio, revela que los letrados captan con mayor facilidad en sus clientes la ansiedad, el control, la molestia y la rabia, pero tienden a confundir el alivio, la urgencia, la desconfianza y la frustración. Igualmente, el estudio plasma que los abogados suelen creer que sus defendidos están más confusos de lo que en realidad están, lo que puede repercutir negativamente en el servicio prestado.

El lenguaje, por su parte, juega un importante papel en este escenario. Así, por ejemplo, al abordar a un cliente preocupado o alterado, “el letrado debe modelar su tono, mostrando comprensión hacia los sentimientos del cliente y así tranquilizarle”, aconseja Sara Molina, consultora y coach de Nize Partners.

Por otro lado, la inteligencia emocional “supone una ventaja a la hora de atraer nuevos clientes a la firma”, apunta. De hecho, el informe revela que la facilidad para entender las pretensiones del cliente y el trato y personalidad del abogado son dos de los factores más valorados a la hora de recomendar un letrado a terceros, por encima incluso de la experiencia y el conocimiento jurídico.
(Cinco Días, 08-10-2019)

 
 
 
 
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