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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 10 D'OCTUBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países
Real Decreto 561/2019, de 9 de octubre, por el que se completa la transposición de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE.
(BOE, 10-10-2019)

Euro
Resolución de 9 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 9 de octubre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 10-10-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/10/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 10 D'OCTUBRE DE 2019

Fiscal

La OCDE pide que las tecnológicas tributen donde tienen usuarios
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lanzó ayer su propuesta para que las grandes empresas tecnológicas, como Apple, Facebook, Amazon, Netflix o Google, paguen impuestos en los países donde están sus usuarios, tengan presencia física en ellos o no, y no solo en aquellos Estados donde esté registrada la propiedad de las patentes, licencias o marcas, o donde las empresas tengan sus sedes. Pero, más allá de a los gigantes de internet, la iniciativa afectaría a otras compañías que ofrecen productos de consumo minorista, como pueden ser las grandes marcas de lujo o los fabricantes de automóviles.

La propuesta supone un primer paso para lograr articular a escala global lo que se ha venido llamando tasa Google, pues deja superado el debate entre quienes, como EE UU, venían defendiendo que las empresas tecnológicas solo deben pagar impuestos donde crean sus algoritmos, y quienes, como la UE, apostaban por gravar su actividad allá donde encuentran los usuarios que los hacen rentables.

El nuevo documento, que será debatido la próxima semana en la cumbre del G20 que se celebrará en Washington, busca crear un nuevo sistema de fiscalidad “estable” para las empresas, dado que “las reglas actuales datan de la década de 1920 y ya no son suficientes para garantizar una asignación equitativa de los derechos fiscales en un mundo cada vez más globalizado”, explicaron ayer desde la OCDE. El objetivo pasa así por impulsar un acuerdo general para los 134 países que se han sumado desde enero a esta iniciativa.

La propuesta del grupo de trabajo de la OCDE, abierta ahora a consulta pública, es fruto del acuerdo sellado el pasado mes de agosto en Biarritz entre Estados Unidos y Francia, en la última cumbre del G7, para frenar las tensiones comerciales generadas por la tasa a las tecnológicas impulsada por París, que provocó que Washington anunciara aranceles sobre el vino francés.

La nueva tasa, que la OCDE espera tener lista a principios de 2020, mermaría la recaudación de países como Irlanda y a paraísos fiscales extraterritoriales, mientras que beneficiará a los grandes mercados de consumo como EE UU y Francia y a los países emergentes.

En principio, la propuesta, que no entra a detallar qué cantidad de impuestos deberá abonar las empresas, gravaría a las compañías con un volumen de negocios global de más de 750 millones de euros en todo el mundo y excluiría a las empresas dedicadas a la extracción de materias primas. Afectaría, eso sí, a las empresas tecnológicas que no venden directamente a los consumidores, sino que comercializan publicidad a empresas que sí venden al pequeño consumidor. La iniciativa ha tratado de consensuar las propuestas de tres bloques de países: Reino Unido y otros europeos; EE UU y China, e India, Colombia y otros emergentes.
(Expansión, 10-10-2019)

Hacienda mantiene el objetivo de déficit público en el 2% del PIB este año
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, mantiene el compromiso de que España cumplirá este año el objetivo de déficit público del 2% del PIB a pesar del enfriamiento económico y confía en formar Gobierno rápido para tener aprobados los presupuestos de 2020 en el primer trimestre de ese año.

El Gobierno mantendrá los objetivos de déficit y deuda pública (95,8% del PIB) en el borrador de proyecto presupuestario que enviará a Bruselas antes del 15 de octubre, ha asegurado este miércoles Montero en una entrevista con EFE.

"El Gobierno va a cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento" en 2019, subraya, aunque no confirma las metas para 2020 y 2021, ya que "habrá que definir una nueva senda para los próximos años" en el texto que se mandará a Bruselas.

Montero ha destacado que el déficit de 2019 se mantendrá "a pesar de tener un presupuesto prorrogado" y haber adoptado medidas como la subida de las pensiones o del salario de los funcionarios, que "se tacharon en su día de electoralistas" por la oposición.

El borrador también incluirá una revisión del cuadro macroeconómico que estará "marcado por la prudencia", aunque no desvela si se rebajará la previsión de crecimiento económico para este año, que actualmente es del 2,2%.

Montero sí aclara que el documento que se enviará a Bruselas consigna el coste de subir las pensiones conforme a la inflación y el salario de los empleados públicos desde el mes de enero, unas medidas que en condiciones normales se aprueban en el Presupuesto.

El objetivo, subraya, es tener un Gobierno "a pleno rendimiento" en diciembre para que elabore el techo de gasto, que defiende que tiene que subir, y contar con unos presupuestos en el primer trimestre de 2020. Respecto a la subida de las pensiones para 2020, recuerda que la revalorización se hace con el IPC proyectado y aunque elude dar la cifra concreta, que se desvelará en el cuadro macroeconómico que se enviará a Bruselas, sí avanza que cree que la inflación estará por encima de la de este año, que "terminará en torno a una media del 0,7%".

"Siempre hemos dicho que las pensiones había que revalorizarlas conforme al IPC, no es un anuncio nuevo", añade, al tiempo que recuerda que los bajos niveles de inflación han permitido recuperar poder adquisitivo en los tres últimos años.

En cuanto al alza salarial de los funcionarios, la ministra asegura que se respetará lo pactado con los sindicatos -repunte del 2% en 2020- y se materializará en las cuentas de 2020, aunque admite que "si esto no es posible" o los plazos se demoran, "habrá que tomar otros caminos".
(El País, 10-10-2019)

La UE planea sacar a los Emiratos Árabes de la ‘lista negra’ de paraísos fiscales
La UE se dispone a encoger de nuevo lista negra de paraísos fiscales al excluir a las islas Marshall y a los Emiratos Árabes Unidos. Los Veintiocho han concluido que las modificaciones legislativas llevadas a cabo por ambos países les permiten volver a ser consideradas como jurisdicciones cooperantes en materia fiscal. En la actualización de la lista, que fuentes comunitarias prevén que este jueves aprueben los ministros de Finanzas, también saldrán de la lista gris —con regímenes dañinos para la UE— Albania, Costa Rica, Islas Mauricio, Serbia y Suiza.

La propuesta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, fue aprobada la semana pasada por el Grupo del Código de Conducta, formado por los Veintiocho. Fuentes comunitarias confirmaron que se prevé que el Consejo de Ministros de Finanzas de este jueves lo aprobará al comienzo de su reunión sin debate previo al haber, en principio, un acuerdo entre los países miembros.

Ambas relaciones de países se van actualizando tras analizar si se han producido cambios normativos para cooperar en materia fiscal con la UE. El pasado mes de marzo se engrosó la lista negra hasta alcanzar las 15 jurisdicciones. A partir de ahora, habrá nueve: Samoa Americana, Belize Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las islas Vírgenes y Vanuatu.

La principal plaza financiera que deja esa lista es Emiratos Árabes, que fue incorporada el pasado mes de marzo. A pesar de que, según el documento, la primera legislación adoptada por ese Estado no despejó las preocupaciones de la UE, sus posteriores enmiendas sí permiten considerar que los Emiratos Árabes cumplen “completamente” con los requisitos que solicitaba la UE.

Las islas Marshall, en cambio, no saldrán del radar de la UE y se quedarán en la lista gris a falta de más comprobaciones sobre su nivel de transparencia. De esa segunda relación, que recoge países con regímenes fiscales perniciosos para la UE, sí queda fuera Suiza después de que su reforma fiscal, que entrará en vigor en 2020, haya sido aprobada en referéndum y publicada de forma oficial.

Fuentes comunitarias destacaron que la exclusión de estos países demuestra la eficacia de la lista, puesto que les empuja a reformar su legislación. Sin embargo, el Parlamento Europeo sigue viendo con recelos que se los Veintiocho la confeccionen al margen de la Eurocámara. “Con la retirada de países que aprobará el Ecofin, la lista negra es cada vez más descafeinada y el proceso está perdiendo credibilidad”, sostiene el diputado de Los Verdes Ernest Urtasun, que critica que “no hay transparencia ni criterios claros” en su elaboración.
(El País, 10-10-2019)

La Abogacía del Estado da luz verde a Hacienda para pagar las entregas a cuenta a las CCAA
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cree que con la aprobación "en días" de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un "precedente" que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligarlas para siempre de los Presupuestos Generales del Estado.

En una entrevista con EFE, Montero considera que se va a producir un "hito" en la financiación autonómica con esta medida, al desvincular también las entregas a que el Ejecutivo esté o no en funciones, y que al mismo tiempo permite que "no haya excusa" para que las comunidades autónomas dejen de aprobar sus propios presupuestos.

Montero ha confirmado que esas entregas ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar, por tanto, en unos días, aunque no ha querido confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes.

En su opinión, con la inminente aprobación del decreto ley, "se fortalece la autonomía de las comunidades" que ya "no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos".

Considera además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un "precedente fundamental" para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permite a futuros Ejecutivos hacer lo mismo cuando sea necesario, y que no haya "excusas" para que las autonomías puedan elaborar sus cuentas.

Aunque no las ha citado, hay comunidades como Madrid que aún no han presentado sus presupuestos al no contar con las entregas a cuenta, y la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, habló incluso de "presupuestos secuestrados" para justificar no aprobar las cuentas autonómicas.

"Las autonomías tienen el derecho y la obligación de hacer sus presupuestos y seguir proveyendo los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos" ha insistido Montero. La idea ahora es que la futura reforma de la financiación autonómica recoja ese cambio en su ley orgánica. Y que, en esa norma, ha señalado la ministra, quede "absolutamente claro que no puede haber una jerarquía presupuestaria de las comunidades autónomas respecto al Estado".

Porque creer lo contrario, que para que una comunidad haga su presupuesto tengan que estar aprobado el del Estado y el Ejecutivo deba estar a pleno rendimiento y no en funciones es "subordinar la autonomía de las comunidades a la propia conformación del Gobierno", ha concluido. Espera en cualquier caso que esta medida "marque el camino" no solo a futuros gobiernos sino también a las comunidades para que lleven a la práctica su autonomía financiera y saquen adelante sus cuentas.
(La Vanguardia, 10-10-2019)

Hacienda da a los ayuntamientos 12 días para pedir apoyo financiero
El Ministerio de Hacienda ha abierto este miércoles el plazo para que los ayuntamientos que se encuentran en situación de riesgo financiero puedan presentar sus solicitudes para acogerse a diversas medidas de apoyo. De este modo, los consistorios podrán solicitar hasta el próximo 22 de octubre mejoras en las condiciones financieras de los préstamos ligados al Fondo de Financiación a Entidades Locales, aprobadas el pasado 14 de marzo por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

En concreto, podrán optar por agrupar en un solo crédito todos los préstamos formalizados con cargo a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales, mejorando las condiciones financieras en los períodos de amortización y de carencia.

Esta medida podría beneficiar a 556 ayuntamientos, que deberán aprobar acuerdos plenarios para modificar las condiciones financieras de los préstamos que resulten tras esta agrupación. La deuda afectada suma 5.459,7 millones (el 84% del total) y contará con un período de carencia de dos años (2020 y 2021). Así, estos ayuntamientos podrán generar ahorros durante los dos ejercicios por importe de 549,22 millones de euros.

Además, los consistorios que se encuentren en una peor situación financiera podrán acceder a ventajas adicionales. En estos casos, los préstamos agrupados en un único crédito verán incrementado el período de amortización en diez años. Esta medida tiene un carácter voluntario y podrá beneficiar a 80 municipios, con una deuda viva de 2.203,21 millones de euros.

Las medidas acordadas en marzo por la CDGAE se centraron en la modificación de las condiciones financieras en los casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado y de los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.
(El Mundo, 10-10-2019)

Laboral

Una trabajadora logra que la justicia avale que teletrabaje gracias a la jornada a la carta
Los conflictos sobre la conocida como jornada a la carta, una de las medidas estrella de la última reforma laboral, están llegando cada vez más a los tribunales. A través de sus resoluciones, los jueces van perfilando el contenido y límites de este derecho de los asalariados a pedir una adaptación de su jornada que les permita conciliar trabajo y vida familiar. Una de las últimas sentencias, fechada en septiembre, abre la puerta a solicitar teletrabajar en aplicación de la jornada a la carta del artículo 34.8 del Estatuto.

En el fallo, un juzgado de lo social de Mataró da la razón a una fisioterapeuta que pidió salir media hora antes de la residencia en la que trabajaba para poder recoger a sus dos hijos en el colegio. La juez considera que la empresa no acreditó “de ningún modo” las dificultades organizativas que impedían flexibilizar el horario de la mujer, y le permite salir media hora antes y recuperar “si se prefiere” ese tiempo a distancia. Así mismo, condena a la empresa a indemnizar a la trabajadora con 3.125 euros por la ansiedad que le produjo la negativa.

En opinión del abogado laboralista Víctor Canalda, "del análisis realizado por la magistrada, se deduce que la medida de concreción es acorde con el principio de buena fe, y la oposición basada en causas organizativas no es de suficiente entidad para enervar el derecho de la trabajadora a concretar sus horarios". En especial, influye en el sentido del fallo el número de hijos, el horario del cónyuge y la viabilidad de adaptar horarios por parte de la empresa.

Según relata la sentencia, la empleada trabajaba como fisioterapeuta en una residencia de personas dependientes con reducción de jornada del 85 % por cuidado de menores. Su horario era de 9:30 a 18:30 los lunes y viernes, y de 9:30 a 16:30 los martes, miércoles y viernes. En junio de 2019, solicitó salir media hora antes (a las 16) para poder recoger a sus dos hijos del colegio. Según indicó, a su marido le era imposible porque finalizaba su jornada a las 19:30. Para recuperar esos 30 minutos, la mujer ofrecía varias posibilidades: empezar antes su jornada, trabajar 30 minutos desde casa, o realizar jornada intensiva (reduciendo a media hora el tiempo de comida).

La petición fue rechazada de plano por la residencia, que, sin valorar las propuestas de la empleada ni abrir un periodo de negociación, le comunicó la negativa un mes después por “motivos organizativos”. Según se le comunicó, no había posibilidad de adaptar su jornada, ni siquiera entrando 30 minutos antes, por el horario que tenían los residentes.
(Cinco Días, 10-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Banco de España no descarta pedir más capital en 2020
El ratio de morosidad para el conjunto del sector de la zona euro es del 3,56%, el nivel más bajo desde la primera serie de tiempo publicada en 2015 (el BCE comenzó a supervisar a las entidades europeas en noviembre de 2014). Este porcentaje, de cualquier forma, está distorsionado por la alta morosidad que sigue acumulando la banca griega.

En el caso de España el ratio está en la media, y se coloca en la séptima posición, por encima de países como Francia, Austria, Bélgica, Alemania o Luxemburgo, entre otros. En los últimos años el BCE ha presionado mucho para que la banca acelerase la venta de sus activos inmobiliarios, algo en lo que los bancos españoles han puesto mucho empeño entre 2017 y 2018, aunque siguen arrastrando aún activos improductivos originarios de la crisis financiera.

El índice de cobertura de liquidez disminuye a un 146,83% en el segundo trimestre del año, por debajo del 149,51% en el primer trimestre. Los valores promedio varían del 99,15% en Grecia al 369,16% en Eslovenia. Los ratios de la banca española se sitúan por encima de la media europea en este caso, al colocarse en el quinto puesto con un índice ligeramente por encima del 150%, según el análisis del BCE.
(Expansión, 10-10-2019)

La falta de Gobierno empieza a pasar factura a la inversión extranjera
El atractivo de España para la inversión internacional comienza a resentirse. El bloqueo político está pasando sus primeras facturas, sobre todo en un entorno en el que la incertidumbre sobre la economía europea y el efecto de la guerra comercial ha puesto en guardia el dinero en todo el mundo. Y la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A, en el argot financiero) ha sido la víctima. El volumen entre julio y septiembre se desploma un 73% en España, según los datos de Mergermarket. Con 4.248 millones de euros, es el peor trimestre desde el cuarto de 2016.

Esta vez no se puede culpar de la situación a la distorsión que supone la multimillonaria opa sobre Abertis del año pasado. La compra se computó en el primer trimestre de 2018, así que las cifras actuales están limpias de interferencias. Donde sí se nota el efecto Abertis es en la comparación anual. Las fusiones y adquisiciones movieron en España 82.660 millones entre enero y septiembre del año pasado y en el actual el volumen no llega a los 24.200 millones. La caída supera el 70%.

«Se esperaba que las elecciones de mayo ayudarían a estabilizar la situación política en España, pero, después de un verano de bloqueo institucional, la actividad de M&A se ha resentido y los números evidencian cierto nerviosismo, sobre todo por parte de inversores extranjeros», señala Mohamed Rais, analista de Mergermarket.

El fracaso de las negociaciones para formar Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones han sido el último capítulo, pero fuentes de la banca de inversión recuerdan que hay incertidumbres regulatorias que se acumulan desde hace tiempo sobre varios sectores, lo que ahuyenta la inversión, y que la situación de falta de toma de decisiones no es nueva.

La banca de inversión tiene la vista puesta en las elecciones de noviembre. Según fuentes de varias entidades, la formación de un Gobierno estable será clave para que se reactive la inversión internacional en España, porque el apetito por invertir en el país permanece.

Por ahora, sin embargo, las operaciones corporativas están en cuarentena. La parálisis del tercer trimestre tiene un ejemplo claro: solo una de las diez mayores operaciones del año sucedió en ese periodo. Fue la venta de la promotora inmobiliaria de Sabadell a Oaktree por 882 millones y ha entrado por los pelos. Es justo la décima de la lista.

Sin competencia a la vista, la compra por parte de Carlyle de hasta el 40% de Cepsa del mes de abril sigue la primera del ránking de mayores operaciones del año en España, seguida de la opa sobre Dia. En tercer lugar, se sitúa la compra de Áreas por PAI Partners.

En la búsqueda de culpables, la inversión extranjera brilla con luz propia. La actividad de fusiones y adquisiciones entre empresas españolas ha crecido un 6% en lo que va de año y las compañías nacionales han pisado el acelerador en las compras en el exterior, cuyo volumen se dispara un 13,4% entre enero y septiembre, según Mergermarket. Pero el puntal del M&A en España siempre han sido las adquisiciones que vienen del exterior y eso es lo que se ha desplomado. Los inversores extranjeros, con el capital riesgo a la cabeza, han comprado por un volumen de 18.200 millones de euros y eso es un 76% menos que el año pasado por estas mismas fechas.

La caída del M&A en España es mayor que en Europa o en el mundo, pero está lejos de ser un caso aislado. La parálisis compradora es un mal que se ha extendido a todo el mundo y que incluso ha contagiado a Estados Unidos, que hasta ahora parecía inmune.

El país norteamericano ha logrado mantener al alza su volumen en fusiones y adquisiciones en el acumulado del año, pero en el trimestre cae un 32% y lo convierte en el peor desde el primero de 2016. Otras geografías no han conseguido mantenerse en positivo en 2019. En Europa, el retroceso entre enero y septiembre roza el 30%. «La debilidad económica europea y las tensiones geopolíticas continúan frenando la actividad», afirma Mergermarket.
(Expansión, 10-10-2019)

La Fed ve más cerca una recesión
El martes el presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó la puerta abierta a futuras rebajas, actuando “según corresponda”. En lo que sí hubo un mayor acuerdo fue en la idea de que habían aumentado los riesgos, especialmente los derivados de las relaciones comerciales. Varios funcionarios señalaron que la probabilidad de una recesión en el mediano plazo había aumentado en los últimos meses.

La publicación de las actas se produjo 24 horas después de que Powell afirmara que ha llegado el momento de aumentar el balance de la institución. Septiembre fue un mes marcado por la volatilidad en los mercados financieros a corto plazo, hecho que obligó a la Fed a recurrir a las subastas de repo, una estrategia que según lo recogido en las minutas se mantendrá hasta noviembre. Hoy ha vuelto a inyectar 30.800 millones a través de una subasta repo.

Inversores y exfuncionarios han venido solicitando al banco central que ofrezca una solución más a largo plazo, para evitar problemas de liquidez. En la reunión de septiembre, los participantes acordaron que cualquier crecimiento del balance “debería distinguirse claramente de los anteriores programas de compra de activos a gran escala” y varios sugirieron una discusión adicional sobre un sistema de subastas de repo permanente. Powell subrayó el martes que permitir que el balance vuelva a crecer no debe interpretarse como un esfuerzo para estimular la economía, sino más bien para satisfacer la demanda pública de efectivo y de reservas bancarias.

La publicación de las actas sirvió a los inversores para confirmar la tendencia alcista que venían registrando y al cierre, los tres índices de referencia de Wall Street registraron subida del entorno del 1%.
(El País, 10-10-2019)

 
 
 
 
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