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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L'11 D'OCTUBRE DE 2019

Laboral

Calendario laboral 2020
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020.
(BOE, 11-10-2019)

Convenio colectivo estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida
Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida.
(BOE, 11-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 10 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de octubre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 11-10-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DE L'11 D'OCTUBRE DE 2019

Fiscal

La UE saca a Costa Rica, Suiza y Emiratos de sus listas de paraísos fiscales
La lista de países considerados paraísos fiscales por la Unión Europea, creada en 2017, ha vuelto a menguar. La reunión de ministros de Economía y Finanzas comunitarios (Ecofin), celebrada este jueves en Bruselas, tuvo como resultado la salida de Suiza de la llamada lista gris, en la que se encuentran estados que no facilitan colaboración fiscal, y aprobó la exclusión de la lista negra de Emiratos Árabes Unidos e Islas Marshall de la lista negra, que queda reducida ya a solo nueve países.

El Consejo de la UE concluyó que la nueva legislación suiza, aprobada en octubre de 2018 y votada en referéndum el pasado mayo, permitirá al vecino helvético superar las exigencias comunitarias de transparencia y cooperación fiscal a partir del 1 de enero de 2020, cuando la legislación entrará en vigor. Como consecuencia, la UE saca a Suiza de la llamada lista gris de paraísos fiscales, de la que también excluyen por sus recientes reformas a Costa Rica, Serbia, Mauricio y Albania.

A su vez, los ministros de Economía y Finanzas decidieron borrar de la lista negra de paraísos fiscales a Emiratos Árabes Unidos, que fue incluido en la revisión de marzo, y a las Islas Marshall, que, sin embargo, queda dentro de la lista gris.

Tras estos cambios, la lista negra queda compuesta ya de solo nueve países, frente a los 15 que alcanzó el pasado marzo. Entre mayo y junio se excluyó también a Aruba, Barbados, Bermudas y Dominica, mientras que permanecen en el registro Belice, Fiyi, Guam, las Islas Vírgenes de EE UU, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

La inclusión en el listado responde a tres criterios: que los países analizados no sean transparentes en materia tributaria o no comparten información automáticamente a demanda de otros países; que apliquen una fiscalidad nociva e inequitativa que facilite la atracción de beneficios no generados en el estado en cuestión; o que evitan combatir la evasión y elusión fiscal.

Aunque organizaciones como la ONG Oxfam vienen criticando la facilidad con que algunos países abandonan el listado, la UE defendió este jueves que la disminución del número de estados señalados responde precisamente a que la publicación de la lista está empujando a los estados a cumplir con los criterios de transparencia requeridos.
(Expansión, 11-10-2019)

El presupuesto de la eurozona reservará un 20% para países en dificultades
Serían unos 17.000 millones de euros para siete años (entre 2021 y 2027) si en las negociaciones del presupuesto comunitario se respeta la propuesta que hizo la Comisión Europea de dotarlo con 25.000 millones para los Veintisiete. Los países podrían utilizar estos fondos para financiar programas de reformas e inversiones que reciban luz verde de la Comisión Europea. De ese volumen total, un 80% sería asignado de antemano entre los países de la eurozona en función de su población y de su producto interior bruto - a menor PIB, mayor asignación.

Sin embargo, para que también los más ricos puedan beneficiarse, tendrá que respetarse un segundo criterio: cada país deberá recibir al menos un 70% de lo que ponga. El restante 20% - unos 3.500 millones para siete años- se reservaría para ser utilizado cuando un país atraviese momentos difíciles.

Al mismo tiempo, los países estarán obligados a cofinanciar un 25% de sus reformas e inversiones, tasa que podrá reducirse a la mitad cuando se den "circunstancias económicas severas" en un Estado concreto, según Centeno.

El colchón del 20% y la posibilidad de pagar menos en periodos bajos abre la puerta, aunque con muy poco margen de maniobra, a que el presupuesto se use como mecanismo anticrisis.

España consideraba ambas opciones como una vía para dotar al presupuesto de la capacidad de estabilizar la economía, explicó el miércoles la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, quien afirmó que este instrumento puede ser un "punto de partida" para algo más potente.

En la misma línea se pronunció este jueves el comisario de Economía, Pierre Moscovici, quien consideró que "hay que ir mucho más allá" porque se necesita un "auténtico presupuesto". Los ministros no lograron acordar si los Estados del euro podrán proporcionar fondos adicionales, tal y como pedían Alemania y Francia.

Para ello se necesitaría un acuerdo intergubernamental entre los socios de la moneda única, y el consenso alcanzado solo llega a pedir a los servicios legales del Consejo de la UE que se pronuncien sobre la "necesidad, modalidades, contenido y tamaño" de este posible acuerdo. Queda así para más adelante un punto al que se oponen Holanda y los nórdicos.
(El País, 11-10-2019)

Cataluña gravará a 3,6 millones de vehículos por las emisiones de CO2
En total, 3,6 millones de vehículos deberán pagar el tributo, que empezará a cobrarse el próximo año, aunque los recibos tendrán como fecha el 31 de diciembre del 2019. La letra menuda del nuevo impuesto queda recogida en un anteproyecto de ley elaborado por el departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que será aprobado en breve por el Govern. El documento incorpora algunas modificaciones a la ley de Cambio Climático, para dar más consistencia a la nueva tributación y resolver algunas carencias e imprecisiones legales que complicaban su aplicación.

El impuesto gravará los vehículos en función de sus emisiones a la atmósfera, de manera que penaliza a aquellos que arrojan más CO2y, que, por lo tanto, contribuyen más al calentamiento. Los que arrojen menos de 120 gramos de CO2por kilómetro estarán exentos de este pago en el año 2019, y a partir del 2020 pagarán el tributo al rebasar el listón de los 95 g/ CO2/km. El sentido último es promover una flota más limpia dando señales ecológicas al mercado.

Turismos y furgonetas tributarán en el 2019 (aunque el recibo se pasará al cobro en el 2020) mientras que las motos se incorporarán en el 2020 y lo pagarán en el 2021. En cambio, no tributarán los camiones, aunque el Govern no descarta que puedan hacerlo en un futuro. La modificación de la ley nace sobre todo de la necesidad de fijar el impuesto a los coches más antiguos, que carecen de información sobre sus emisiones. La Generalitat se encontró con que gran parte de parque de vehículos no tiene la cifra del volumen de emisiones en la ficha técnica de los vehículos.

Por eso, “hemos hecho estudios para obtener una fórmula que permite determinar las emisiones de esos vehículos para los que no ­teníamos datos de emisiones”, explica Marta Espasa, secretaria de Hacienda del Govern. Se han considerado diversos parámetros (carburante, potencia, cilindrada, masa, antigüedad …), en todo lo cual ha colaborado el Barcelona Supercomputing Center. La lectura estimada de emisiones afecta a entre un 40% y 50% de total de vehículos.
(La Vanguardia, 11-10-2019)

La OCDE advierte a los gigantes tecnológicos: "Si no hay acuerdo en 2020, habrá consecuencias negativas"
Llega una revolución fiscal que nadie esperaba. No habrá un impuesto digital acordado internacionalmente, sino que la OCDE pretende llegar mucho más lejos: impulsa un gravamen a las multinacionales de todos los sectores que operan con consumidores para que tributen por todos sus beneficios allí donde se generan. Así lo desveló ayer la Organización tras publicar un documento que recoge unas negociaciones que afectan a 130 países y que se han mantenido en la sombra en los últimos meses.

La primera pista llegó en la cumbre del G-7 de finales de agosto, en la que Donald Trump y Emmanuel Macron escenificaron un acuerdo por el que EEUU retiraba su amenaza de imponer aranceles al vino francés e impulsaría lo que entonces se entendió como el impuesto digital de la OCDE a escala global, y Francia se comprometía a retirar su recién aprobada tasa Google.

Pues bien, Estados Unidos, gran enemigo de los intentos de gravar a sus grandes tecnológicas, se ha metido de lleno en el proyecto de la OCDE para transformarlo por completo. No habrá un impuesto digital global, sino una reconfiguración mundial de la imposición directa a las empresas; esto es, del Impuesto sobre Sociedades, en una economía digital y globalizada, que además de a las tecnológicas, afectará a las empresas textiles, de consumo y alimentación, de automóviles, etc. La fiscalidad, ahora sí, busca caminar con los tiempos, tras décadas enquistada en sistemas creados para la economía de 1920.

Con este cambio de paradigma, el tablero se reconfigura y habrá nuevos ganadores, los países con mercados productivos, como EEUU y China, y perdedores como Irlanda, Luxemburgo o Singapur, las jurisdicciones en las que se sitúan quienes quieren reducir su carga fiscal (ver apoyo al final del artículo).

Del lado de las empresas, las perdedoras son casi todas las multinacionales, ya no sólo las grandes tecnológicas. Si bien las empresas de Silicon Valley pueden tener más facilidades para deslocalizar beneficios, esta práctica la realizan en mayor o menor medida empresas internacionalizadas de todos los sectores en una economía, además, en la que se puede tener una actividad relevante en una jurisdicción sin tener presencia física.

Como explica la OCDE, la propuesta, que se ha abierto a información pública hasta el 12 de noviembre y que deberá acordarse en enero de 2020, "cubre ampliamente los modelos de negocio digital, pero va más lejos y se enfoca en los negocios de cara al consumidor", además de empresas de servicios y de venta de publicidad en determinados casos. De momento, sólo quedan excluidas las "industrias extractivas" (petróleo, gas, minería), es decir, quienes tienen una actividad física inevitable.

El informe menciona también la posible exclusión de las materias primas, sin descartarlas por completo. Y plantea que la banca podría estar incluida. Cabe recordar que el impuesto indirecto que planea España, a imagen del que proyectó la UE y el que tiene Francia, es indirecto y sólo grava el negocio digital -entendido como publicidad online, intermediación y venta de datos- de tecnológicas y medios, con lo que deja fuera al sector financiero, y al gran consumo (textil, alimentación, etc.).

El umbral para estar incluido en la propuesta de la OCDE es que el grupo tenga una facturación mundial de 750 millones de euros, el mismo que el llamado country by country report o strip tease de la actividad de las multinacionales en cada jurisdicción al que la OCDE les somete desde 2017 -uno de los topes de la tasa española-. Sociedades que consoliden con el grupo, incluidas start up, con facturación inferior, quedarán afectadas.

La parte más compleja de la propuesta es el hecho imponible, que no será la actividad digital, sino el beneficio asociado a intangibles de márketing. Hay tres escalones. Primero se gravará a las empresas que estén o no estén en una jurisdicción en la que tengan ventas y usuarios, en una base que se determinará restando a su beneficio consolidado las actividades "rutinarias", y a lo que quede, se le sustraerá a su vez el beneficio tecnológico y de intangibles. Lo que queda y se gravará será el beneficio de intangibles de márketing (como las marcas).

En segundo lugar, las empresas que sí estén en una jurisdicción, tendrán un segundo gravamen por las actividades "extra" de distribución y márketing que allí desarrollen. Y las mismas empresas podrán tener un tercer gravamen si tienen más funciones e intangibles en el país en que están. Estos dos últimos escalones, que se determinarán y acordarán con cantidades fijas a consensuar según el país, el sector y la actividad, se imponen a cambio de que las Administraciones Tributarias de cada país se comprometan a no inspeccionar a las empresas por estas cuestiones, es decir en aras de la seguridad jurídica, otra petición de EEUU. A nadie se le escapan las dificultades que esperan a esta propuesta, pero el aval de Trump podría suavizarlas.

En su particular guerra comercial en el ámbito fiscal, Estados Unidos siempre ha insistido en que la 'tasa Google' europea, y sus réplicas casi idénticas en Francia y España, atacaban injustamente a sus grandes tecnológicas.

Según la Oficina de Comercio de EEUU, "la estructura del propuesto nuevo impuesto, así como las declaraciones hechas por funcionarios sugieren que Francia esté dirigiendo injustamente el impuesto a ciertas compañías tecnológicas con sede en Estados Unidos". La investigación abierta por el Gobierno de Trump a Francia era del mismo tipo que la que llevó a la guerra arancelaria entre Washington y Pekín y tenía como objetivo determinar prácticas comerciales injustas contra EEUU.
(El Mundo, 11-10-2019)

Laboral

Trabajo insta a las cajas a corregir su acuerdo de registro de jornada
La nueva regulación de registro de jornada laboral impulsada este año por el Gobierno está generando serios quebraderos de cabeza al sector empresarial ante la obligación de poner en marcha un novedoso sistema de control del horario de su plantilla. Aunque el sistema está aún pendiente de implantación en el grueso de compañías, los problemas, sin embargo, también afectan ya a las pocas empresas pioneras que lo han puesto en marcha, al menos en el caso de las antiguas cajas de ahorros.

El Ministerio de Trabajo acaba de instar a las entidades financieras adheridas a la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), listado que incluye a CaixaBank o a Bankia, a corregir el flamante acuerdo de registro de jornada que firmaron en septiembre porque incumple algunos aspectos de la nueva regulación y de la Constitución española.

En concreto, el Ministerio ha detectado que el plan de control de horario de los empleados de cajas no permite el acceso a los datos a parte de la representación sindical de la plantilla, concretamente a los delegados, tal y como exige explícitamente la nueva norma.

Así lo acaba de comunicar el subdirector general de relaciones laborales del Ministerio al sector, en un escrito, fechado el 3 de octubre, que conminaba a las entidades a presentar las alegaciones que consideren pertinentes en el plazo de 10 días o a corregir el texto para adecuarlo a la legislación vigente.

El texto del acuerdo de control horario de las cajas, registrado ante la Dirección General de Trabajo el pasado 12 de septiembre, establece que “con carácter mensual la empresa facilitará a la representación legal de los trabajadores, mediante soporte informático (formato hoja de cálculo) el contenido del registro de jornada de las personas trabajadoras del centro de trabajo en el que ejerzan su representación”.

“Además, con la misma periodicidad, se facilitará el registro de jornada de todas las personas trabajadoras de la empresa a las secciones sindicales constituidas en la empresa que alcancen el 10% de los miembros de comités de empresa y delegados y delegadas de personal en el conjunto de la misma”, agrega el documento.

“Sin embargo, observamos que a lo largo del mencionado apartado segundo del punto VI del Acuerdo se omite toda referencia a la posible representación, por medio de un único delegado sindical, de las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10% de los votos en la elección del correspondiente comité de empresa, posibilidad expresamente contemplada” en la ley, alerta el Ministerio de Trabajo en su escrito al sector de cajas.
(Cinco Días, 11-10-2019)

La CEOE pide negociar la subida del SMI en el diálogo social
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, han trasladado al Gobierno que es "mucho mejor" subir el salario mínimo interprofesional (SMI) dentro del marco del acuerdo y del diálogo social.

Así lo han señalado durante un Desayuno Informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde, por alusiones, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha mostrado dispuesta al diálogo, pero ha resaltado que puede haber acuerdo "total, parcial o desacuerdo".

En esta línea, el presidente de la patronal ha recordado que patronal y sindicatos firmaron el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que establece un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales.

"Creemos en la negociación colectiva y en España se están firmando grandes convenios, que son los que dan la paz social al país", ha añadido, tras afirmar que la mejor infraestructura para España es el diálogo. "Creemos profundamente en el diálogo tripartito", ha remarcado.

Así, ha apuntado que, en el ámbito bipartito, con las organizaciones sindicales, se están tratando cuatro grandes temas (empleo, industria, digitalización y formación), "independientemente de lo que pase con la Administración".

Por su parte, el presidente de Cepyme ha dejado claro que, aunque la subida del SMI es competencia del Gobierno, "lo mejor es que la subida quede enmarcada dentro del acuerdo y el diálogo social" con empresarios y sindicatos, en lugar de tomar decisiones "unilateralmente".

Valerio, por su parte, ha asegurado que hay que recuperar el espíritu de diálogo de los Pactos de la Moncloa y que se tiene que intentar ese acuerdo. "Diálogo y diálogo para llegar a mayores acuerdos", ha apostillado.
(Expansión, 11-10-2019)

El número de afectados por ERE crece un 40% hasta julio
El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) ascendió a 44.745 en los siete primeros meses del año, un 40% más que en el mismo periodo de 2018 y el mayor ritmo de crecimiento desde 2012, con una importante alza de las suspensiones de contrato en el sector industrial.

Según datos de la Estadística de Regulación de Empleo del Ministerio de Trabajo consultados por Efe, el alza hasta julio de este año es el mayor para este periodo desde 2012, cuando la subida fue del 64%, y la primera desde ese año.

Al detalle de los distintos procedimientos que engloba esta estadística (despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada) la mayoría de los trabajadores afectados, el 64,6%, entró en las suspensiones de contrato que también registraron la mayor alza: un 74% hasta los 28.920 empleados.

Frente a esto, 14.500 empleados se vieron afectados por despidos colectivos, un 12,8% más, y a otros 1.325 les aplicaron reducciones de jornada, un 46,7% menos. En cuanto al número de empresas que optaron por estas medidas, cayeron ligeramente hasta julio, 1.304 frente a 1.312, y también el número total de procedimientos, que pasaron de 1.965 a 1.678, un 15% menos.

Por sectores, el industrial encabezó la lista con 28.229 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, el 85,3% más, de los que su mayor parte -22.088, el doble que un año antes- fueron suspensiones de contrato y se dieron fundamentalmente en empresas de fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

Las suspensiones de contrato son mecanismos que se emplean mucho en las grandes empresas automovilísticas, explican desde CCOO que recuerda la coyuntura que atraviesa el sector con reducción en ventas y exportaciones en un contexto de desaceleración comercial y cambio en los modos de transporte.

Por comunidades autónomas, las que más trabajadores vieron inmersos en expedientes de regulación de empleo fueron la Comunidad Valenciana (14.870, de los que 13.615 fueron suspensiones de contratos), Madrid (6.283) y Cataluña (5.945). En Valencia está la fábrica de Ford de Almussafes.

En cifras anuales, 2018 ya se cerró con un alza de los afectados por ERE, del 26,78 %, en la que fue la primera subida anual desde 2012. Por tipo de procedimientos, detrás de este incremento también estuvieron las suspensiones de contrato con un 75% más de afectados que en 2017 frente al descenso del 4 % en los despidos colectivos. De 2013 a 2017, esta estadística registró caídas en todos los supuestos.

También llevan al alza desde 2017 las demandas por despido que mide el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de varios años de descensos. Los últimos datos publicados esta semana por este organismo volvieron a ser al alza con 28.121 demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 9,06 % respecto al mismo periodo de 2018.
(El País, 11-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

España pide a la UE ampliar el blindaje del acero europeo ante un brexit duro
España quiere parar la hemorragia que está sufriendo el sector del acero en España. A los elevados precios de la energía, que han hecho poco competitiva a la industria en comparación con otros países de la zona euro, se unió posteriormente la guerra comercial entre China y EE UU, que provocó el cierre del mercado estadounidense para los grandes productores asiáticos.

La cercanía de un brexit duro ha abierto un nuevo frente para la industria. Así se lo ha hecho saber la ministra de Industria, Reyes Maroto, en una carta remitida el pasado 8 de octubre a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom, en la que pide que se endurezca las limitaciones a las importaciones de acero una vez que se consume el brexit.

“Las empresas siderúrgicas de la Unión se encuentran en una situación difícil, hasta el punto de plantearse el cierre de algunas líneas y plantas debido a la escasez de la demanda y la competencia de las importaciones. La salida del Reino Unido es relevante en este contexto, explica la ministra, porque habrá que volver a calcular los contingentes para todas las categorías de productos, y en alguna de las cuales el impacto podría ser muy importante”, recalcaba en la misiva.

El ejemplo más claro del deterioro de la industria es la europea ArcelorMittal, el mayor productor de acero del mundo, que anunció en junio una reducción temporal de la producción en tres millones de toneladas anualizadas, de las que 700.000 correspondían a su planta de Asturias.

El mecanismo de salvaguarda activado por Bruselas en febrero y modificado en septiembre (entró en vigor el pasado 1 de octubre), establecía un máximo de importaciones de acero a Europa, calculado como la media de importaciones entre 2015 y 2017 y, sobrepasado ese límite, se imponía un arancel del 25%. La salida del Reino Unido provocará que la base sobre la que estimaba el máximo de importaciones sea menor y que por tanto el contingente permitido también sea menor. Pero al mismo tiempo, un socio económico pasa a ser competidor con las consecuencias que ello tiene.
(Cinco Días, 11-10-2019)

La compra de viviendas cae en todas las comunidades autónomas sin excepción
La entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria a mediados de junio y la desaceleración cada vez más evidente del mercado inmobiliario produjeron en agosto un descalabro en las compraventas de vivienda. En el octavo mes del año, las operaciones se desplomaron un 21% respecto al mismo mes del año pasado, una caída de severa magnitud que no se veía desde los primeros meses de 2014, cuando todavía el sector no había comenzado la recuperación, según los datos publicados este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, se registraron 35.371 operaciones, la cifra más baja para un mes de agosto de los últimos cuatro años y el peor dato en lo que va de 2019, si bien este mes suele ser de los más bajos siempre debido al efecto estacional del periodo estival. Ninguna comunidad autónoma se salva de las caídas. Los retrocesos van desde el 43% que sufre Extremadura al 9% en Galicia.

La fuerte caída en el octavo mes de 2019 también ha provocado que, en lo que va de año (en el acumulado entre enero y agosto), las compraventas totales hayan caído un 2,2% respecto a los mismos ocho meses de 2018, lo que también supone la primera cifra en números rojos desde 2014. Desde ese año, las operaciones habían registrado repuntes de doble dígito, la más alta en 2016, cuando crecieron un 15% respecto al año anterior. Si bien en agosto tanto las casas nuevas como las usadas sufrieron por igual –ambas cayeron un 21% hasta las 6.426 y 28.945 operaciones, respectivamente–, en el acumulado del año, son las de segunda mano las que se llevaron la peor parte: retrocedieron un 3,5% frente al aumento del 4,2% de las de obra nueva.

El fuerte descenso registrado en agosto viene en buena parte debido a la parálisis que produjo la nueva regulación hipotecaria que, tal y como avisó el sector, hizo que se retrasaran las decisiones de compra de muchas entidades y consumidores. En efecto, el INE recoge los datos de compraventas inscritas en el Registro de la Propiedad tras su elevación a escritura pública ante notario, un proceso que suele dilatarse un poco en el tiempo, por lo que las cifras que da el instituto estadístico reflejan las operaciones celebradas cerca de uno o dos meses antes, justo cuando entró en vigor en cambio normativo.

No obstante, a ello se suma otro factor. La caída de agosto también muestra claramente que el mercado inmobiliario está entrando en una fase de enfriamiento, tras los fuertes repuntes de actividad vividos en los dos últimos años. Con el retroceso de agosto, son ya cuatro los meses en negativo que se registran desde comienzos de año: en enero las compraventas ya crecieron un 0,2% menos que en ese mismo mes de 2018; en abril, un 3,1% por debajo; y en junio, un 9% inferior.
(Expansión, 11-10-2019)

 
 
 
 
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