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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 18 D'OCTUBRE DE 2019

Laboral

Acuerdo sobre el registro de la jornada de trabajo derivado del VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre el registro de la jornada de trabajo derivado del VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada.
(BOE, 18-10-2019)

XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.
(BOE, 18-10-2019)

Tablas salariales para 2018 y 2019 del VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 2018 y 2019 del VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada.
(BOE, 18-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 11 de octubre de 2019
Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 11 de octubre de 2019.
(BOE, 18-10-2019)

Euro
Resolución de 17 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de octubre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 18-10-2019)

Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 17 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
(BOE, 18-10-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 18 D'OCTUBRE DE 2019

Fiscal

El Gobierno estudia evitar endurecer la tributación por módulos en 2020
El Gobierno en funciones estudia la posibilidad de volver a prorrogar el actual sistema de tributación por módulos de los trabajadores autónomos en 2020 para evitar que se endurezca a partir del 1 de enero, como está previsto en la legislación actual. Fuentes del Ministerio de Hacienda no descartan que esta medida se tome, aunque apuntan a que podría llegar tras el 10N.

De hecho, sería la tercera vez consecutiva que un Ejecutivo adopta una medida de este tipo en los últimos días del año. La legislación establecía inicialmente que a partir del 1 de enero de 2018 no podrían acogerse al sistema de tributación por módulos aquellos autónomos con rendimientos íntegros superiores a los 150.000 euros, frente a los 250.000 que se establecían anteriormente, ni tampoco aquellos que facturen 75.000 euros a otras empresas, en lugar de los 125.000 que venía marcando la ley.

El acceso a este sistema también estaría vetado a los empleados por cuenta propia que efectúen compras de bienes y servicios superiores a los 150.000 euros, cuando el límite venía situándose en los son 250.000 euros.

En diciembre de 2017, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy, decidió prorrogar los umbrales vigentes durante un ejercicio más para evitar que el cambio afectara a los autónomos en 2018. Tras la moción de censura que aupó al PSOE al poder, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que volvería a prorrogar el sistema de módulos existente durante todo 2019. Alcanzada de nuevo la recta final del año, y con las elecciones generales del 10N a la vuelta de la esquina, Hacienda no descarta ahora volver a tomar una medida similar en beneficio de uno 500.000 autónomos.
(Cinco Días, 18-10-2019)

Varapalo del Supremo a Hacienda por excederse en su cerco al contribuyente
El Tribunal Supremo asestó ayer el cuarto varapalo en lo que va de año a las reformas sobre el fisco que aprobó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2017, anulando ahora la posibilidad de que la Agencia Tributaria denuncie a un contribuyente ante el juez o el fiscal después de haberle practicado la liquidación de la deuda o haberle impuesto una sanción.

En concreto, la Sección Segunda de la Sala III del alto tribunal ha declarado nulo el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria. La Sala considera rechaza que la Administración Tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”.

El articulado de esa norma, dice la Sala, “no es ya solo (…) que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública”.

“A fuerza de ser repetitivos, debemos insistir en algo obvio: la ley no contempla que se pase el tanto de culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa; y mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora tras el oportuno expediente sancionador”, agrega el fallo.

La sentencia, de la que sido ponente el magistrado Jesús Cudero, estima así parcialmente un nuevo recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que ya ha logrado tumbar este año otras tres de las reformas legislativas de la inspección fiscal que impulsó en 2017 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un mismo paquete.

La victoria de Aedaf es parcial, eso sí, ya que el Supremo rechaza la impugnación que los asesores fiscales realizaron también sobre otros tres artículos del Reglamento General. En concreto, el artículo 74.1.h), que incluye las multas penales entre las obligaciones tributarias que no debe tener pendiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de las citadas obligaciones, entiende la Sala que no incurre en la infracción denunciada. Y que tampoco son nulos por falta de habilitación legal los nuevos artículos 171.3 y 184.2 del citado Reglamento General.
(Expansión, 18-10-2019)

Los técnicos de aduanas rebajan el impacto económico de los aranceles de Trump a España a 120 millones
Los funcionarios técnicos de Aduanas señalan que las tasas a los 10 productos principales exportados a EE UU únicamente representan el 9,4% de las ventas totales al exterior, un impacto económico de 120 millones de euros.

Los Técnicos de Aduanas estiman que los aproximadamente 700 millones de euros de determinadas exportaciones españolas soportarán un nuevo coste arancelario de casi 120 millones de euros frente al cálculo preliminar realizado por el Ministerio de Agricultura, que cifró la imposición de estas tasas en 200 millones sobre 750 millones de productos exportados.

De esta manera, España será el sexto país de la UE que más sufrirá los nuevos aranceles de Estados Unidos; por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia e Irlanda, señala un comunicado hecho público por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de datos de comercio exterior de la oficina estadística europea, Eurostat y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT).

La lista de productos afectados por los nuevos aranceles elaborada por la Administración de EE UU, no obstante, afectará en mayor proporción a Chipre (el 17,9% de las exportaciones a EEUU), Grecia (13,9%), Francia (6%) y España (5,5%).

A pesar de esta abultada cifra, Gestha asegura que "el impacto en España de esta política arancelaria afectará apenas el 0,7% de todas las exportaciones españolas, y para los sectores afectados por las medidas de EEUU será significativamente menor de lo esperado, pues las ventas a EE UU son solo el 4,5% de nuestras exportaciones mundiales, y de ellas solo el 5,5% estarán afectadas por el arancel".

Sin embargo, reconoce que los nuevos aranceles no afectarán exclusivamente a las empresas exportadoras, sino que también tendrán un impacto indirecto en las compañías productoras y comercializadoras de materias primas, así como en toda la cadena de producción.

En cualquier caso, los técnicos de Aduanas entienden la preocupación de los sectores más afectados, pues los nuevos aranceles se concentrarán sobre 10 productos exportados a EE UU que alcanzan casi el 95% de las exportaciones afectadas por los nuevos aranceles de aquel país.

Así, los productos españoles más afectados por el aumento arancelario que aplicará desde hoy el Gobierno de Donald Trump a partir de mañana serán el aceite de oliva virgen, las aceitunas y el aceite de oliva, cuya presencia en el mercado estadounidense es casi una quinta parte de las exportaciones de aceite y el 23,7% de las exportaciones de aceitunas.

En consecuencia, los productores más expuestos serán los de Andalucía (Sevilla, Córdoba y Málaga), Cataluña (Lleida), Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, según el domicilio social de las empresas situado.
(El País, 18-10-2019)

Macrooperación de Hacienda contra el fraude en las clínicas estéticas
La Agencia Tributaria ha puesto la lupa en los centros estéticos, y este jueves ha anunciado el inicio de una macrooperación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología en 15 comunidades autónomas. La actuación, denominada Nassus, implica el inicio de inspecciones a 90 sociedades y 70 personas físicas, principalmente médicos especialistas, pero también personas de su entorno personal y familiar, informa Hacienda en una nota difundida este jueves.

El dispositivo, que seguirá en los próximos meses, ha iniciado este jueves mediante la personación de inspectores tributarios en 92 clínicas, a raíz de un análisis pormenorizado de los resultados de una serie de comprobaciones realizadas en los últimos años a sociedades y profesionales del sector de la cirugía estética y la dermatología. La operación Nassus afecta a los locales de distintas comunidades: Andalucía (12), Aragón (4), Asturias (2), Baleares (3), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (4), Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (1), Galicia (10), Madrid (11), Murcia (3), La Rioja (1) y Comunidad Valenciana (15).

El sector estético goza de buena salud. La Agencia Tributaria destaca que España es el cuarto país de Europa con más intervenciones de estética, y el número 12 del mundo, con cerca de 400.000 operaciones al año. Estos datos contrastan sin embargo con el análisis realizada por los inspectores fiscales, que se encontraron con un "importante volumen de ocultación de la actividad económica real en las sociedades y especialistas inspeccionados". En particular, Hacienda señala que muchos de los centros inspeccionados usaban efectivo como principal medio de pago y que en algunos casos ni siquiera estaba admitido el pago con tarjeta.

La Agencia Tributaria seleccionó las sociedades y personas físicas objeto de inspección en función de una serie de ratios económicas. Entre ellas, el hecho de que algunas empresas declarasen pérdidas en los últimos años pese a que sus socios y administradores mostrasen "claros signos externos de poder adquisitivo, no acordes con esa situación económica de la sociedad", o que el uso de efectivo como medio de cobro fuera tan extendido, algo que dificulta la trazabilidad de las operaciones. Hacienda destaca que muestra de ello es que un 40% aproximadamente de las personas físicas investigadas cuentan con cajas fuertes de su propiedad.

El objetivo de la operación es regularizar las cuotas tributarias que correspondan (IVA, IRPF e impuesto sobre sociedades), analizando también la eventual interposición de terceras sociedades en el proceso de facturación y las consecuencias fiscales derivadas de ostentar la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias. De esta manera, además, Hacienda pretende conocer mejor el funcionamiento del sector y sus ratios económicos reales, además de disuadir a otros locales de incurrir en las mismas prácticas ilegales.

Con estos objetivos la Agencia ha desarrollado en los últimos años un total de 17 macrooperaciones sectoriales coordinadas a nivel nacional (sin contabilizar la operación Nassus), con más de 1.600 expedientes iniciados, de los cuales se han finalizado ya más de 1.100, con un importe total liquidado de 258 millones de euros. La Agencia prevé hacer un seguimiento del comportamiento de estos contribuyentes en los años posteriores a las inspecciones.
(La Vanguardia, 18-10-2019)

Laboral

La abogada de la UE sugiere que el abuso del empleo interino no lo convierte en fijo
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de comunicar que la normativa europea es compatible con la jurisprudencia española, "en la que el uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales por parte de una Administración pública no se sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fija". No obstante, lo conocido hoy no es la sentencia del TJUE sino las conclusiones de la abogada general, que, aunque no son vinculantes, sí son tenidas en cuenta posteriormente para la elaboración del fallo final. De hecho, aproximadamente ocho de cada diez sentencias siguen la línea de lo argumentado por el abogado general.

Este fallo responde a las demandas de un informático estatutario temporal interino del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que suma 18 años en ese puesto eventual, y los de cuatro odontólogas, también de la sanidad pública madrileña, que llevan entre 12 y 17 años encadenando distintos contratos temporales. Todos ellos demandaron que la administración autonómica que les emplea sea sancionada por haber abusado de la contratación temporal y que esa sanción fuera su conversión en personal fijo.

En su argumentación, esta abogada considera que la norma española se adecúa al Acuerdo Marco que regula estas situaciones en Europa porque la ley en España puede reconocer al personal afectado un derecho a continuar en el puesto de trabajo hasta que el empleador haya estudiado las necesidades de personal. Y, por otro lado, esta misma regulación española también reconoce un derecho a una indemnización completa de los perjuicios que haya causado el abuso.

Además, la abogada general deja en manos del juez nacional apreciar, según la normativa española, si las medidas como las consideradas en estos asuntos son adecuadas para sancionar el uso abusivo de sucesivos nombramientos o relaciones de servicio temporales. Pero, dicho esto, abre la puerta a que la legislación española concrete una indemnización "disuasoria". Concretamente, aunque reconoce que en España un interino que considere que está sufriendo abuso de esta figura contractual puede pedir daños y perjuicios, la abogada dice que esta medida debe ir acompañada de un mecanismo de sanciones efectivo y disuasorio.

En este sentido, la jurista comunitaria apunta que cabría pensar en una obligación adicional de pago de una indemnización (por parte del empleador público) por un importe a tanto alzado suficientemente disuasorio. Y añade que serán los juzgados los que deban valorar si la indemnización por despido improcedente satisface esas exigencias.

Pese a todo, las conclusiones cierran la puerta a la conversión en fijos de todo el personal interino al considerar que "si se permitiera a los tribunales nacionales sancionar el abuso reconociendo en el caso concreto un puesto fijo al personal temporal, esto tendría graves consecuencias para el acceso a la función pública en su conjunto y pondría seriamente en cuestión el objetivo de los procesos de selección".

No obstante, la abogada general sí considera que el Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada de la UE se opone a la jurisprudencia española a la que le basta que se haya respetado la causa del nombramiento y la correspondiente limitación temporal o que las funciones que deba desempeñar el trabajador estén limitadas temporalmente, para establecer una razón objetiva para el uso de los encadenamientos temporales. Ante esta situación, la jurista opina que los jueces españoles no están valorando adecuadamente las particularidades de la actividad de que se trate y las condiciones de su ejercicio en el caso concreto.

Es más, la abogada cree que en este caso la ley española es contraria al acuerdo marco europeo que regula estas situaciones al justificar la renovación de nombramientos temporales sucesivos en la sanidad pública por razones objetivas, solo por el mero hecho de que los nombramientos se basen en una ley que los permite para garantizar la prestación de servicios de naturaleza temporal, aunque, según considera esta jurista, en realidad la necesidad de ese personal sea permanente y duradera. Además, critica que no exista una garantía de que la autoridad laboral competente cree esas plazas permanentes.

No obstante, las conclusiones de otro abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, también conocidas hoy, avalan la ley española que niega que un funcionario interino nombrado para cubrir una plaza vacante hasta que sea cubierta por un funcionario de carrera reciba una indemnización por despido en el momento de su cese.

En este caso el pronunciamiento de este otro abogado general responde a una cuestión prejudicial planteada al TJUE por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, por el caso de una trabajadora que estuvo empleada en el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid como funcionaria interina desde 2005 hasta 2013. En ese último año fue cesada porque su puesto fue cubierto por un funcionario de carrera.

Esta trabajadora pidió al Ayuntamiento de Madrid que se le reconociera y abonara una indemnización por cese a razón de 20 días de salario por año trabajado, pero la reclamación fue desestimada por el Director General de Recursos Humanos de la Gerencia de la Ciudad del Ayuntamiento. Ahora estas primeras conclusiones --que tampoco son vinculantes para la sentencia, como en los casos anteriores-- dan la razón al Consistorio madrileño.
(El País, 18-10-2019)

El TEDH concluye que grabar al trabajador con cámara oculta no viola su intimidad
Grabar a un trabajador en su puesto de trabajo con una cámara oculta mientras roba no viola su intimidad. Así lo ha determinado la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hoy tras estimar el recurso de la Abogacía del Estado, contra la resolución de enero de 2018 en la que el mismo tribunal consideró vulnerada la intimidad de cinco cajeras de un supermercado que fueron grabadas con una cámara oculta mientras robaban.

En su sentencia, el TEDH determina que no considera vulnerado el artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos en cuanto al derecho a la vida privada y familiar porque la instalación de cámaras "se hizo a partir de una sospecha razonable". Además, considera la medida "proporcionada" por no haber sido utilizada más que para probar los supuestos hurtos de las trabajadoras.

La Gran Sala considera que la norma española se ajusta a derecho y que, por tanto, corresponde a los tribunales valorar caso a caso las circunstancias para ver en qué medida el grado de intromisión en la intimidad es razonable o no. También descarta que haya violación del artículo 6 del Convenio en relación al derecho a tener un juicio justo.

Desde el Colectivo Ronda, bufete de abogados que ha defendido a las trabajadoras, lamentan la decisión y recuerdan que "pone en riesgo la intimidad de todos nosotros en nuestros centros de trabajo". En concreto, el abogado José Antonio González desde Estrasburgo, afirma que se trata de "una disposición abusiva porque nos vemos obligados a ceder parte de nuestra esfera de intimidad a cambio de ningún tipo de contraprestación". De este modo, alertan sobre la extensión del uso de estos dispositivos para controlar el desempeño laboral y ponerlo en un contexto de expansión de la faculta de dirección de las empresas.

El caso resuelto hoy por el TEDH se refiere a un grupo de cajeras de Mercadona de la localidad de Sant Celoni (Barcelona). Tras apreciar notables diferencias entre las existencias que figuraban en el inventario y los datos de venta, los responsables del centro instalaron videocámaras en los accesos de entrada y salida al supermercado destinadas a controlar y prevenir la posible comisión de robos por parte de los clientes. Sobre la instalación de estas cámaras se informó, como exige la normativa, a la plantilla. Sin embargo, no se les comunicó a los trabajadores (y tampoco a sus representantes) que también se instalarían otras cámaras, en este caso ocultas, dedicadas a la vigilancia de los empleados.

La sentencia del TEDH de enero de 2018 consideró que los tribunales españoles incumplieron su deber de proteger el derecho a la intimidad y a la privacidad según los términos de la legislación española y la Convención de Derechos Humanos al despedir a las trabajadoras por la comisión de hurtos de alimentos cuando habían sido grabadas con una cámara oculta que no conocían.

En esta sentencia, obligó a España a indemnizar con 4.000 euros a las trabajadoras despedidas y recordaba a las empresas su obligación de informar a toda persona que se someta a videovigilancia en su puesto de trabajo de la existencia de cámaras.
(El Mundo, 18-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Banco de España reclama a la banca que refuerce sus esquemas de buen gobierno
La gobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, alertó ayer sobre los riesgos para negocio y reputación que pueden llegar a entrañar la existencia de inadecuados estándares de buen gobierno en las entidades financieras. “Las entidades que han superado la crisis financiera, logrando afianzar en muchos casos su posición de partida, así como evitando la materialización del riesgo reputacional, son aquellas que contaban con unos esquemas de gobernanza y compliance sólidos”, refirió durante unas jornadas en la Universidad Complutense sobre Regulación Bancaria.

Delgado reconoció que, aunque la gobernanza no es objetivable ni medible de modo cuantitativo al cien por cien, es necesaria para un buen control de los riesgos. Por ello, indicó que “debe ser fomentada desde lo más alto” de la organización porque afecta al conjunto de su estructura al ser un elemento cultural. Sus declaraciones coinciden en el tiempo con el caso de BBVA y Villarejo, por las presuntas escuchas ilegales a empresarios, periodistas y políticos, o el caso de Orcel y Santander, tras el fichaje frustrado del banquero italiano en el gigante financiero español, a lo que se suma el caso de Banco Popular, primer banco de Europa resuelto y cuyo juicio acaba de comenzar.

La subgobernadora reconoció la dificultad de entender su importancia en ocasiones ya que una gobernanza inadecuada “no siempre tiene consecuencias en el corto plazo, ni tampoco suele afectar inmediatamente al modelo de negocio”. “Todo esto -admitió- dificulta transmitir un sentido de urgencia para alcanzarlo”.

Sin embargo, apuntó que sin un buen esquema de gobernanza “no se pueden gestionar los riesgos ni los conflictos de interés, que se producen a diario en las entidades”. Precisamente para la gestión de estos riesgos refirió que las entidades deben crear una función de control que sea independiente o se correría el riesgo de que sea “anulada o absorbida por la presión del negocio”. “Hemos podido comprobar, lamentablemente, que, sin una adecuada gobernanza, las funciones de control carecen de peso y poder efectivo”, algo que según refirió acaba otorgando a las unidades de negocio “una influencia excesiva; incluso en ocasiones, exclusiva, en la gestión diaria de las entidades”.
(Expansión, 18-10-2019)

Los aranceles reducirán un 12% las ventas agrarias a EE UU
El Banco de España calcula que las exportaciones de productos agroalimentarios españoles a los Estados Unidos se reducirán al menos un 12 % si se materializan los aranceles anunciados por el país sobre este tipo de bienes.

En un artículo publicado este jueves, el Banco de España analiza el impacto potencial de los aranceles sobre las exportaciones de bienes extracomunitarias no energéticas para concluir que "las tensiones proteccionistas tienen un impacto adverso y potencialmente persistente sobre las exportaciones españolas".

La aplicación de su modelo matemático determina que en términos generales una subida del 1% de los aranceles a la importación a un producto español implica una reducción de las exportaciones nominales de alrededor del 0,6 %, un efecto que, además, afecta a la capacidad exportadora a largo plazo.

El Banco de España también analiza el impacto potencial de los aranceles anunciados por los Estados Unidos sobre determinados bienes europeos, entre ellos productos agroalimentarios españoles, cuya tasa pasaría del 3,5 % actual al 25 % a partir del 18 de octubre. En este caso, la aplicación de los aranceles mermaría en "al menos" un 12 % las exportaciones españolas de estos productos a los Estados Unidos, con un impacto en la economía equivalente al 0,01 % del PIB.

La institución precisa que estas estimaciones no incorporan efectos no lineales relacionados con la magnitud del aumento de los aranceles ni los cambios derivados de un hipotético "brexit" sin acuerdo.
(Expansión, 18-10-2019)

El Parlamento británico amenaza el histórico acuerdo de Reino Unido y la UE sobre el Brexit
Tras varias jornadas maratonianas de negociaciones, Londres y Bruselas han informado esta mañana de que han llegado a un acuerdo para que Reino Unido deje la Unión Europea de forma amistosa, el escenario menos traumático de cuantos se barajaban tras la decisión de los británicos de dejar el club europeo.

Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha indicado en un mensaje en la red social Twitter que se trata de un "acuerdo justo y equilibrado para la UE y para Reino Unido". Fiel a su estilo de comunicar ha dicho: "Donde hay deseo, hay acuerdo", en referencia a las arduas negociaciones que han tenido lugar en los últimos tres años entre Londres y Bruselas.

Al mismo tiempo, Boris Johnson, el primer ministro británico, ha dicho que se ha alcanzado "un gran acuerdo que nos permite tomar de nuevo el control", en clara referencia al slogan que los partidarios del Brexit han repetido hasta la extenuación desde que se celebró el referéndum de 2016.

Juncker, en una carta enviada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recomienda a los líderes europeos que hoy se reúnen en Bruselas que respalden esta propuesta de acuerdo. Tanto Juncker como Johnson presentarán esta tarde la propuesta a los representantes de los 27 países miembros.

La libra, que lleva varias jornadas al alza, ha reaccionado con una subida de más del 1% frente al dólar a la noticia del acuerdo, lo que la sitúa por encima de 1,29 dólares. También sube frente al euro, y supera los 1,16 euros. Desde el pasado jueves, la libra ha subido un 6% frente al dólar y un 5% frente al euro, en la mejor semana que recuerdan los analistas desde 1985, según indican desde la firma JCRA.

Michel Barnier, el negociador del Brexit para la Unión Europea, ha asegurado en rueda de prensa que "el Brexit ha sido una escuela de paciencia". También ha asegurado que el punto de fricción entre los dos equipos negociadores, el IVA que va a aplicarse a la región de Irlanda del Norte tras el Brexit, ha quedado resuelta.

Pese al alivio que la firma del acuerdo va a tener en los mercados, que desde hace un par de días contaban con que estaba a punto de producirse, existen todavía dudas sobre la viabilidad del pacto una vez que Boris vuelva a Londres y tenga que presentarlo ante el Parlamento británico. Su aprobación es esencial para que el acuerdo pueda materializarse.

Aunque hoy Johnson intente transmitir un mensaje de éxito para su país, sabe que tiene un serio problema. Los representantes del Partido Unionista de Irlanda del Norte (DUP), socios en el Gobierno conservador, han asegurado esta mañana que "tal y como están las cosas", no pueden apoyar el acuerdo del Brexit. Johnson se ha reunido en varias ocasiones con el DUP en los últimos días para intentar convencerles de las bondades del acuerdo, algo que al parecer no ha logrado.

El DUP, que representa a los votantes que quieren ser británicos (no irlandeses) y que son en su mayoría protestantes, tiene diez diputados en el Parlamento británico. Ante la falta de mayoría de diputados del Partido Conservador, su apoyo resulta casi esencial para poder pasar cualquier propuesta, en especial este acuerdo del Brexit. "No podemos apoyar lo que se está sugiriendo sobre la unión aduanera o sobre el consentimiento norirlandés a lo que se pacte, y hay falta de claridad con respeto al IVA que se va a aplicar", dice el comunicado del partido irlandés.

Para lograr el pacto con Bruselas, Boris Johnson ha tenido que hacer importantes concesiones. Entre ellas, aceptar que Irlanda del Norte seguirá en el mercado común europeo y que será regulado por la Corte de Justicia Europea. Estas medidas hacen que la región británica esté próxima a la UE, algo que los representantes del DUP querían evitar a toda costa, ya que su objetivo es tener la misma regulación que el resto de regiones de Reino Unido.

Estas medidas permitirán que no haya una frontera física entre la República de Irlanda y la región de Irlanda del Norte, una de las obsesiones de los líderes europeos en un intento por preservar la paz en esta zona, que durante años vivió en una situación casi bélica. Según el borrador del acuerdo, el DUP no podrá vetar ninguno de los acuerdos entre Londres y la UE en los próximos ocho años, algo que se barajaba en un principio.

El papel del Partido Laborista será clave en los próximos días. Jeremy Corbyn ya ha anunciado que su partido pedirá que el acuerdo sea aprobado en un segundo referéndum. "Por lo que parece, Johnson ha negociado un acuerdo que es todavía peor al que negoció Theresa May, que fue rechazado de forma contundente" (por el Parlamento). "La mejor forma de solucionar el asunto del Brexit es dar a la gente la posibilidad de decir lo que piensa sobre el acuerdo". Todos los indicios apuntan a que solo si los diputados laboristas respaldan a Boris podrá aprobarse el acuerdo. Este apoyo podría llegar a cambio de un segundo referéndum.
(El País, 18-10-2019)

 
 
 
 
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