Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 22 D’OCTUBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género
Real Decreto 599/2019, de 18 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género.
(BOE, 22-10-2019)

Euro
Resolución de 21 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de octubre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 22-10-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/22/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/22/index.php?s=3

 

RECULL DE PREMSA DEL 22 D’OCTUBRE DE 2019

Fiscal

Los fondos de inversión y los planes de pensiones tienen una fiscalidad muy ventajosa
Como vehículo de inversión colectiva, tan solo tienen que tributar por el 1% del Impuesto de Sociedades. Son los dueños de los fondos o los planes privados quienes, al venderlos, tienen que pagar por el Impuesto de la Renta. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de fondos o planes extranjeros?

En muchos casos, estos vehículos veían cómo los dividendos que cobraban como accionistas de empresas españolas o los cupones de bonos, sufrían una retención a cargo del Impuesto de la Renta de no Residentes. Si querían que Hacienda les devolviera ese dinero, tenían que iniciar un procedimiento que en ocasiones se alargaba años.

Para evitar estas situaciones, Hacienda ha modificado el reglamento del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes. Por medio de un real decreto publicado el pasado sábado, se facilitará a los fondos y planes privados de otros países de la Unión Europea que puedan hacer valer su condición de instrumento de inversión colectiva y puedan así evitar esa retención.

“La Comisión Europea regula qué tipo de vehículos de diferentes nacionalidades son asimilables a un fondo de pensiones. Si estas dentro de esa lista, Hacienda no tiene por qué cobrarte nada. Es una buena noticia porque aporta mayor seguridad jurídica y hace a España un mejor destino para invertir”, apuntan fuentes de la asociación de fondos y planes de pensiones (Inverco).

El gran problema con que se encontraban algunos vehículos era acreditar que tenían su residencia fiscal en un país de la Unión Europea, pero ahora la modificación aprobada por Hacienda será más sencillo demostrarlo.

Durante los últimos dos años, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han dictado una veintena de sentencias que fallan contra Hacienda por haber retenido impuestos injustamente a varios fondos y planes extranjeros cuando invertían en España.
(Cinco Días, 22-10-2019)

Los economistas proponen homogeneizar la fiscalidad ambiental
Así se deriva del informe La fiscalidad ambiental en España, situación actual y tendencias, publicado ayer por el Consejo General de Economistas, que apunta que desde 2002 a 2017 la recaudación por impuestos verdes sobre el total de ingresos tributarios ha pasado del 6,8% al 6,1% en el conjunto de la UE y del 6,1% al 5,4% en España. Con todo, la cifra supera el 4,6% de Alemania o el 5% de Francia, pero queda lejos del 10,2% de Grecia o el 8,1% de Dinamarca.

La brecha española con la media comunitaria es aún superior, de unos 7.000 millones, si se tiene en cuenta el peso de estos tributos sobre el PIB de cada país, pues en la UE suponen de media un 2,4% del tamaño de la economía y en España apenas un 1,8% a cierre de 2017, último ejercicio del que hay datos comparables. Ambas cifras también arrojan una caída desde el 2,5% y el 2% registrados, respectivamente, en 2002.

“La explicación más razonable a esta caída” generalizada en la recaudación medioambiental, expone Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) es que se trata de “impuestos anquilosados” que se crearon hace lustros y “han seguido como estaban mientras que la eficiencia energética ha mejorado” en empresas y vehículos, rebajando el consumo y los ingresos fiscales que generan.

A partir de esta tendencia general, eso sí, hay diferencias particulares en cuanto al diseño de la política fiscal medioambiental de cada país. Existen cuatro tipos de impuestos considerados medioambientales por la UE: los energéticos, que incluyen la tributación sobre carburantes o la emisión de gases; los del transporte, sobre la propiedad de vehículos; los que penalizan la contaminación, sea del aire, la acústica o por vertido de residuos; y los relacionados con la extracción de recursos naturales y su efecto en la erosión de parajes naturales, enumera María José Portillo, coordinadora del estudio. Aunque los primeros son más relevantes en toda Europa, arrojando un 76,9% de la recaudación total, en España resultan especialmente relevantes, proporcionando el 82,9% de los recursos verdes. Esta dependencia limita al 12,7% el peso de los tributos sobre transportes, frente al 19,8% de media comunitaria o el 40% que llegan a suponer en Dinamarca, y limitan al 4,4% el calado de los impuestos sobre la contaminación y la extracción de recursos.

En conjunto, España recaudó 21.382 millones con tributos medioambientales en 2017, demostrando una especial dependencia del impuesto de hidrocarburos, que arrojó 13.156 millones a las arcas públicas (pese a que las deducciones rebajan los ingresos en 850 millones). Aporta un 74% de toda la recaudación de impuestos a la energía y un 61,5% del total de tributos medioambientales. Le sigue en importancia el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con 2.225 millones (de los que los particulares abonan 1.838 y las empresas el resto), el 10% del total.

De la recaudación total, el 82% corresponde a tributos estatales, el 8% a autonómicos y el 10% a locales. Estos dos últimos son los que más han proliferado en los últimos años, si bien aportan una recaudación poco significativa que va desde los 503 millones del canon de aguas catalán a los 127.000 euros de los vertidos litorales en Murcia.
(El País, 22-10-2019)

Laboral

La deuda de la Seguridad Social superó en agosto los 50.000 millones por primera vez
En concreto, debe 51.193 millones al Tesoro Público. En estos tres años, el pasivo ha crecido en algo más de 34.000 millones. Estos datos han sido divulgados este lunes por el Banco de España en una serie que muestra también como en agosto volvió a aumentar la deuda del conjunto de las administraciones públicas hasta los 1,2 billones, hasta el 97,38% del PIB.

Ya hace siete años que el sistema de pensiones cierra en números rojos cada ejercicio. Los tres últimos años, incluso, ha superado de largo los 18.000 millones. Esta situación llevó al Gobierno del PP en 2012 a recurrir al Fondo de Reserva, conocido popularmente como hucha de las pensiones, para pagar las pagas extraordinarias de verano y Navidad. Desde entonces y hasta 2016 el Ejecutivo recurrió a este colchón para financiar las pensiones. De haber seguido así, esa hucha se habría agotado ya. Para evitarlo, en 2017 Hacienda concedió un préstamo de más de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social.

El crédito aumentó en 2018 en 15.000 millones, cantidad similar a la que se espera para este año. Esto ha propiciado que la deuda de la Seguridad Social se haya disparado. En agosto de este año superó por primera vez los 50.000 millones y es probable que se acerque a los 55.000 al acabar el año.

En este volumen de deuda no solo está incluido el pasivo del sistema de pensiones, también está el del Servicio Público de Empleo y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). No obstante, la mayor parte procede del sistema de pensiones.

La evolución de los últimos tres años revela cómo las decisiones políticas han afectado a las finanzas de la Seguridad Social. Antes de que se recurriera a los créditos para compensar el desfase entre ingresos y gastos, la deuda de la Seguridad Social estaba estabilizada en torno a los 17.200 millones (acumulada, sobre todo, en los años noventa del siglo pasado, cuando todavía se pagaba parte de la Sanidad con cotizaciones). Desde julio de 2017, coincidiendo con la paga extra de verano, hasta agosto de este año el salto ha sido de más de 34.000 millones.

La política de recurrir a créditos para pagar las pensiones por la insuficiencia de recursos de la Seguridad Social ha sido criticada por diferentes autoridades y organismos, entre ellos el actual secretario de Seguridad Social, Octavio Granado. También lo ha hecho el Tribunal de Cuentas: “Este tipo de medidas coyunturales [en referencia a los préstamos] no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, [...]. Más bien al contrario, dejan a este organismo en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia”, exponía este órgano fiscalizador en su análisis del balance general de Estado de 2017. Para resolverlo, el Tribunal de Cuentas proponía que Hacienda hiciera directamente transferencias y no otorgara créditos “mientras estos problemas de naturaleza estructural no sean solventados y no se lleven a término las reformas que sean precisas para resolver de forma estable dicha situación”.

Esta posición es muy parecida a la que mantiene la Autoridad Fiscal (Airef). La institución que preside José Luis Escrivá divulgó un informe el pasado marzo donde lanzaba propuestas para abordar los números rojos de la Seguridad Social. Planteaba medidas que suponen financiar con impuestos algunas de las actuales prestaciones de la Seguridad Social. Con ello, defiende que sea el conjunto del Estado el que asuma los números rojos del sistema de pensiones evitando así que se extienda la incertidumbre sobre su viabilidad.

Los datos del Banco de España sobre la evolución de la deuda de la Seguridad Social están incluidos en la serie sobre deuda pública española. En estos se aprecia que en agosto volvió a subir el pasivo público, hasta los 1,2 billones y acaricia su máximo histórico.
(El País, 22-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

España ya tiene casi un millón de grandes fortunas
La riqueza mundial ha aumentado a un ritmo del 2,6% en 2019, situándose alrededor de los 360 billones de euros. Además, la riqueza media por adulto, que se queda en los 70.850 dólares (unos 63.500 euros al cambio), ha crecido un 1,2% frente a las cifras del pasado ejercicio. Los datos, que evidencian el buen comportamiento del patrimonio medio de todo el mundo, se desprenden de la décima edición del Informe de la riqueza mundial (GWR, por sus siglas en inglés) que publica anualmente el banco suizo Credit Suisse.

Pese a este avance, el reparto sigue sin ser uniforme y la diferencia entre los grandes patrimonios y las capas más pobres continúa siendo muy elevada. Más de 2.800 millones de personas, el 56% de la población adulta de todo el planeta, acumulan una riqueza total de 6,3 billones de euros, el 1,8% del caudal de todo el mundo. Viene a ser menos de 10.000 dólares por cabeza. Al otro lado, en el vértice superior de la pirámide, 47 millones de personas (el 0,9% de toda la población) concentran más de 158 billones de euros, un número que representa casi el 45% del patrimonio global. En medio están aquellos que tienen entre 100.000 y un millón de dólares, que representan el 10% de la población y tienen el 39% de la riqueza, y los que oscilan entre los 10.000 y los 100.000 dólares: el 32% de la gente, el 15% del patrimonio total y el estamento que más crece año a año, gracias a la prosperidad de economías emergentes como China y a la expansión de la clase media, tal y como apuntan desde la entidad financiera.

Esta no es la única franja que ve subir el número de miembros. Según las estimaciones de Credit Suisse, hay 46,8 millones de ultrarricos (más de un millón de dólares en patrimonio financiero) en el mundo, un incremento de 1,1 millones de personas respecto a los datos del pasado ejercicio. La mayor parte de los nuevos integrantes (675.000 personas) proviene de Estados Unidos, uno de los países con más riqueza media por adulto, junto a Suiza, Japón o Países Bajos.

España también ve crecer sus grandes fortunas, y roza el millón de personas que entran en este selecto club, que cuenta hoy con 979.000 miembros en el país. Esto supone un incremento de más de 33.000 personas respecto a 2018, cuando la cifra se situaba en los 945.000 individuos. Según Miguel Matossian, responsable de Credit Suisse Banca Privada en Iberia, hay datos interesantes sobre la creación de la riqueza en España. "En el último año, el número de millonarios (en dólares) en nuestro país ha aumentado de 945.000 a 979.000 de un total de 47 millones a escala mundial, lo que sitúa a España en la décima posición. En 2010, la cifra era de 172.000 millonarios. Se prevé que el número de millonarios españoles crezca un 42% adicional en los próximos cinco años".

El Credit Suisse Research Institute, el think tank de la entidad suiza, también reserva un apartado para los ultramillonarios (UHNW en inglés), aquellos que cuentan con un patrimonio superior a los 50 millones por cabeza. Según el informe, a mediados de 2019, un total de 55.920 adultos poseían 100 millones o más, y 4.830 de ellos disponían de activos netos por encima de los 500 millones. América del Norte encabeza la lista regional de UHNW, con 84.050 individuos (50% del total), mientras que Europa cuenta con 33.550 (20%) y Asia-Pacífico, excluyendo China e India, 22.660 (14%). En España, un total de 61 individuos tienen más de 500 millones por cabeza.
(Expansión, 22-10-2019)

China pide a la OMC imponer sanciones a EE UU por valor de 2.150 millones
China ha pedido en la Organización Mundial del Comercio (OMC) la imposición de sanciones contra Estados Unidos por valor de 2.400 millones de dólares (2.150 millones de euros), por incumplir una decisión del organismo en relación a un conflicto sobre subsidios chinos que se remonta a los años de la Administración de Barack Obama. Según un documento publicado el lunes, Pekín ha pedido que estudie el tema el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC el próximo lunes. Si Estados Unidos no acepta las reclamaciones de China, el asunto sería derivado a un arbitraje en el marco de la OMC.

La petición se deriva de un pronunciamiento en apelación de la OMC de julio, en el que establecía que Estados Unidos podría enfrentarse a sanciones de China si no retiraba determinados aranceles. Pekín acudió a la OMC en 2012 para denunciar unos aranceles contra los subsidios impuestos por Estados Unidos a determinadas exportaciones chinas, como paneles solares o generadores de energía eólica.

Los aranceles se impusieron tras una serie de investigaciones realizadas por el Departamento de Comercio estadounidense entre 2007 y 2012. Según la Oficina del Representante del Comercio estadounidense, la OMC reconoció que China utilizaba compañías de titularidad pública para subsidiar y distorsionar el mercado. Pero la decisión de la organización con sede en Ginebra también señalaba que Estados Unidos debía aceptar los precios chinos para calcular los subsidios.

“En respuesta al incumplimiento continuado de Estados Unidos con las recomendaciones y decisiones [del Órgano de Solución de Conflictos de la OMC], China solicita autorización para suspender las concesiones y obligaciones relacionados a una cantidad anual de 2.400 millones de dólares”, dice el documento remitido por Pekín.

Aunque se trata de un conflicto anterior a la llegada de Trump a la Casa Blanca, se suma a las hostilidades de la guerra arancelaria que libran Estados Unidos y China en la actualidad. La semana pasada deparó señales positivas hacia una eventual resolución del conflicto que libran desde hace más de un año las dos mayores economías del mundo, lo que ha provocado este lunes subidas en la bolsa estadounidense.

El consejero económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha dicho que los nuevos aranceles que la Administración Trump anunció que entrarían en vigor en diciembre podrían retirarse si las negociaciones continúan avanzando en la buena dirección. Está previsto que las conversaciones continúen esta semana, por vía telefónica, y estas “tienen bastante buena pinta”, según ha afirmado Kudlow en una entrevista en televisión. El viernes, el presidente Trump dijo confiar en que se alcanzaría un acuerdo para mediados de noviembre.
(La Vanguardia, 22-10-2019)

La facturación del sector servicios sube un 1,2% en agosto y los pedidos de la industria caen un 4,5%
El sector servicios registró un aumento de su facturación del 1,2% el pasado mes de agosto en relación al mismo mes de 2018, su menor ritmo en tres años, según datos provisionales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las entradas de pedidos de la industria española cayeron un 4,5% interanual en el mismo mes, lo que supone el mayor descenso de este indicador desde julio de 2016.

Esta tasa, con la que los servicios encadenan ya 72 meses de ascensos interanuales, es cuatro puntos inferiores a la registrada el mes anterior (+5,2%) y es la más baja desde julio de 2016, cuando los servicios incrementaron sus ventas un 0,8% en valores interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios aumentó un 2,7% interanual en agosto, tasa 1,2 puntos por debajo de la del mes de julio.

Los datos del INE reflejan que el empleo en el sector servicios creció en el octavo mes del año un 1,4% en tasa interanual, dos décimas menos que en julio. Con este repunte, el sector suma ya 65 meses de crecimiento interanual de la ocupación.

En términos mensuales (agosto sobre julio) y eliminado el efecto de calendario y la estacionalidad, la facturación del sector servicios repuntó un 0,1%, frente al avance del 0,2% que experimentó en julio y el aumento mensual del 1,3% registrado en agosto de 2018.

Las ventas del comercio registraron una leve subida del 0,1% en agosto, mientras que la facturación de los otros servicios presentó un aumento interanual del 3,3%. El incremento de la facturación del comercio se debió al avance en un 2,4% de las ventas del comercio mayorista y al crecimiento en un 2,6% de las realizadas por el comercio minorista, frente a las ventas de vehículos y motocicletas, que se hundieron un 19,1% interanual.

Dentro de los otros servicios, las ventas aumentaron en todos los sectores. Los mayores repuntes correspondieron a actividades profesionales, científicas y técnicas (+4,8%) y a la hostelería (+3,6%), seguidos de transporte y almacenamiento (+3,5%), actividades administrativas (+3,4%) e información y comunicaciones (+1,1%).

En cuanto a la ocupación, el empleo en el sector servicios registró el pasado mes de agosto un crecimiento interanual del 1,4%, gracias, sobre todo, a los avances de la ocupación en información y comunicaciones (+2,7%) y comercio mayorista y actividades profesionales, científicas y técnicas (+2% en ambos casos).

Las ventas del sector servicios bajaron en agosto en seis comunidades autónomas y subieron en once. Castilla y León registró el mayor retroceso interanual (-3,9%), seguida de Aragón y La Rioja (-3,1%). Entre los ascensos, los más importantes se dieron en País Vasco (+4,9%), Murcia (+4,6%) y Extremadura (+6,7%), mientras que los menores correspondieron a Castilla-La Mancha (+0,6%) y Navarra, con un repunte del 1,2%.
(El Mundo, 22-10-2019)

Sector

La fiebre del 'low cost' irrumpe en la abogacía
Los letrados ya no solo compiten entre ellos, sino también con otros operadores que, tras ver el potencial del sector legal, se han lanzado a morder la tarta del negocio jurídico. El último ha sido el gigante tecnológico Amazon, que acaba de desembarcar en el mercado legal estadounidense con IP Acelerator, un producto para empresas que quieren obtener protección y registro de marca de forma rápida y barata.

La abogacía low cost provoca sentimientos encontrados. Por un lado, están los que denuncian el riesgo de uberizacion de la profesión, con la participación de operadores que no sometidos a control deontológico o colegial. En el bando contrario, los que defienden que el sector tiene que modernizarse, dejar el corporativismo, y adaptarse a la nueva realidad: servicios cada vez más fragmentados, sana competencia y uso de tecnología. El asesoramiento legal ya no es un monopolio de los abogados, dicen.

Para empezar, habría que definir qué significa ser un abogado low cost y bajo qué modelos de bajo coste funcionan los distintos operadores en el mercado legal español. Junto a firmas que ofrecen precios competitivos gracias a la especialización y estandarización de determinados procesos, como reclamaciones aéreas o bancarias, hay gran variedad de proveedores legales.

Muchos profesionales rechazan la connotación negativa del término low cost. El precio puede ajustarse, afirman, porque se gestiona mejor. Es el punto de vista de empresas que, con una visión mercantilista y apoyadas en las nuevas tecnologías, ofrecen servicios jurídicos como si fueran commodities o productos. Registro de marcas, firma electrónica, modelos de contratos… todo un mundo de gestiones que no tienen por qué ser prestadas por un abogado, y que puede hacer, incluso, una máquina.
(Cinco Días, 22-10-2019)

Los españoles conquistan los órganos de poder de la Abogacía internacional
El sector jurídico español ha conseguido colocar en lo más alto de las instituciones a nivel mundial a un buen número de letrados, lo que demuestra el gran trabajo hecho en los últimos años y el nivel de la profesión. España se encuentra en lo más alto de la Abogacía internacional. Son grandes noticias para nuestro país, ya que varios españoles están actualmente liderando los organismos más importantes a nivel mundial.

En este sentido, Almudena Arpón de Mendívil, secretaria general de la International Bar Association (IBA), comentó al conocerse su nombramiento que se trataba, en realidad, de un éxito para toda la profesión: "Es un reconocimiento del altísimo nivel que tiene la práctica legal española en sus distintos ámbitos: sin duda, el de la abogacía española internacional, pero también de la académica, la judicial y la institucional".

Sin embargo, Arpón de Mendívil no es la única española que brilla en lo más alto de la Abogacía mundial. Jorge Martí es vicepresidente de la Unión Internacional de Abogados; Agustín Cruz es presidente de honor de la European Lawyers' Union; y Xavier Costa es presidente de la International Association of Young Lawyers.
(Expansión, 22-10-2019)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).