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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 23 D'OCTUBRE DE 2019

Fiscal

Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su Protocolo
Protocolo y su Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de 2013, que modifican el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su Protocolo, firmado en Madrid el 22 de febrero de 1990.
(BOE, 23-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 22 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 22 de octubre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 23-10-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 23 D'OCTUBRE DE 2019

Fiscal

Bruselas avisa a España de que incumple el déficit y pide Presupuestos "cuanto antes"
Bruselas avisa al Gobierno de Pedro Sánchez de que la prolongada parálisis política en España se ha traducido en un nuevo incumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En una carta conjunta dirigida a la ministra de Economía, Nadia Calviño, los comisarios responsables de Economía, Valdis Dombrovskis y Pierre Moscovici, alertan de que la prórroga presupuestaria aprobada por Sánchez para 2020 incumple los objetivos de reducción de déficit y deuda de España y se traducirá en realidad en un fuerte aumento del gasto público.

El Ejecutivo comunitario reclama al nuevo Gobierno que salga de las urnas tras la repetición electoral del 10 de noviembre que envíe a Bruselas "lo antes posible" unos Presupuestos que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos por España con sus socios de la UE. "Somos conscientes de que el plan presentado por España se ha preparado sobre una base de mantenimiento de la política económica debido a que el Gobierno está en funciones", escriben Dombrovskis y Moscovici.

El plan remitido por Sánchez constituye la segunda prórroga de las cuentas públicas pactadas por el Gobierno de Mariano Rajoy con Ciudadanos en 2018. Desde entonces, el Ejecutivo socialista no ha logrado sacar adelante unos nuevos Presupuestos y la subida de impuestos que tiene prevista, aunque sí un catálogo de medidas que aumentan el gasto público.

El año pasado, Sánchez alcanzó un pacto con Podemos que también fue muy criticado por Bruselas, pero el Congreso lo tumbó y forzó el primer adelanto electoral. La repetición de los comicios ha retrasado también los planes para elaborar las cuentas de 2020, que en teoría deben entregarse a Bruselas antes del 15 de octubre.

"Aunque entendemos que la presentación del borrador de Presupuestos se está retrasando respecto a su calendario habitual, queremos resaltar la importancia de presentar un plan presupuestario actualizado", señala la misiva firmada por Moscovici y Dombrovskis, que ha sido enviada a Madrid este martes.

"Por eso invitamos a las autoridades españolas a enviar, tan pronto como el borrador de Presupuestos para 2020 se envíe al Parlamento español, un plan presupuestario actualizado a la Comisión Europea y al Eurogrupo, que garantice el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo a España", concluye la carta.

Según los cálculos de Bruselas, la prórroga presupuestaria aprobada por Sánchez apenas permitirá mejorar en un 0,1% el déficit estructural en 2020, frente al ajuste del 0,65% que exige la UE. Además, el gasto público primario neto se dispara un 3,8%, muy por encima del tope máximo del 0,9% al que se ha comprometido España. Es decir, crece cuatro veces más de lo autorizado por la UE.
(Expansión, 23-10-2019)

El aviso de Bruselas sobre el déficit denota que urge un Presupuesto
La Comisión Europea abroncó este martes por carta a España por el “riesgo de significativa desviación” de los objetivos de déficit que arroja el plan presupuestario que le remitió la pasada semana. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, asumió que la misiva “no es una regañina”, ya que el Gobierno en funciones se ha limitado a proyectar una prórroga presupuestaria para 2020 a la espera del resultado de las elecciones del 10N, si bien asume que la llamada al orden evidencia la necesidad urgente de aprobar unos nuevos Presupuestos que permitan reconducir las cuentas.

El plan presupuestario remitido la pasada semana por Hacienda y Economía a la UE rebajaba una décima la previsión de crecimiento de este año, del 2,2% al 2,1%, y en otra la del próximo, del 1,9% al 1,8%, manteniendo un objetivo de déficit del 2% para este ejercicio y elevando en seis décimas el agujero fiscal estimado para 2020, hasta el 1,7%. Aunque el análisis comunitario de este plan será emitido en noviembre, la Comisión Europea remitió este martes un primer comunicado de respuesta en el que alerta de un claro riesgo de desviación del ajuste fiscal en 2019 y 2020, ante los escasos avances que creen posible lograr en materia de déficit y deuda pública.

En la carta, a la que ha tenido acceso este diario, Bruselas subraya que la rebaja del déficit estructural, aquel que no tiene en cuenta los efectos del ciclo económico, será de solo un 0,1% frente al 0,65% que reclama la Comisión Europea para 2020. Cumplir con esta corrección del déficit estructural exigiría que, más allá del efecto inercial que pueda tener la evolución económica sobre la recaudación o las inversiones públicas, España eleve sus ingresos, o rebaje sus gastos, en unos 6.000 millones de euros adicionales.

Por el contrario, la Comisión Europea constata que el plan presupuestario remitido por España, que no incluye nuevas medidas de ingreso, pero sí avanza nuevos incrementos en las pensiones y los salarios públicos, recoge un aumento del gasto público primario neto del 3,8%, frente al límite aconsejado del 0,9%. La misiva, firmada por el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici, está dirigida a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, y reconoce en todo caso la dificultad del Gobierno en funciones para incluir unas previsiones diferentes a la prórroga presupuestaria, pero insta a España a remitir lo antes posible un plan actualizado con nuevas medidas.
(Expansión, 23-10-2019)

Laboral

Contrato tipo de la Seguridad Social para asegurarnos que no somos falsos autónomos
Realizar una actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que se percibe, como mínimo, el 75% del total de los ingresos tiene un nombre: TRADE. O lo que es lo mismo, autónomo económico dependiente. Sin embargo, para que los contratos con este tipo de trabajadores sean legales deben reunir una serie de requisitos.

Sirven además para evitar posibles fraudes a la Administración, por parte de empresas que traten de obtener una relación laboral, pero que sea el trabajador el que abone sus cotizaciones a la Seguridad Social. El TRADE cubriría en parte las prestaciones y condiciones mínimas de un autónomo que depende principalmente de un cliente. Sin ser ilegal.

Según el contrato, el autónomo deberá prestar sus servicios para el cliente, del que percibirá una contraprestación económica por la ejecución de su actividad profesional. El abono de ésta se producirá en el tiempo y forma convenidos siendo el plazo de pago de 30 días.

El contrato deberá recoger las fechas de validez del acuerdo entre ambas partes, así como la duración máxima de la jornada laboral. A su vez, habrá que establecer qué días descansará el trabajador autónomo y cuántos días le corresponden de vacaciones.

Por otro lado, el trabajador autónomo económicamente dependiente y el cliente se comprometen a mejorar el derecho a la integridad física, la protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo, así como formación preventiva del trabajador autónomo económicamente dependiente.

Además de eso, el contrato deberá registrarse en el Servicio Público de Empleo Estatal o en el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren empresa y trabajador. El plazo para registrar el contrato es de 10 días hábiles. Será el trabajador autónomo económicamente el que deberá comunicar al cliente que el contrato ha sido registrado en el plazo de 5 días hábiles siguientes al registro.

Transcurrido el plazo de 15días hábiles desde la celebración del contrato, sin que se haya producido la comunicación de registro por el trabajador autónomo económicamente, el cliente deberá registrarlo en el Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de 10 días hábiles siguientes. Por último, el contrato debe hacerse por triplicado y entregar una copia a cada una de las partes correspondientes.
(Cinco Días, 23-10-2019)

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social aumentan un 7,6% en septiembre
La Seguridad Social registró una media de 2.145.263 trabajadores extranjeros en septiembre, lo que supone un aumento del 7,63% y 152.053 trabajadores foráneos más que en el mismo mes de 2018, según informó hoy el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Asuntos Sociales.

La subida interanual de septiembre supone el segundo mes consecutivo de crecimiento tras la bajada del 1,73% en julio. En septiembre, se registraron 12.356 afiliados extranjeros más que en agosto. En el último mes la cifra de este colectivo ha crecido un 0,58%.

Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el Régimen General: 1.796.488 (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 205.355 ocupados, y el de Hogar, con 167.377). Le siguen el Régimen de Trabajadores Autónomos, con 343.658 personas, el Régimen Especial del Mar, con 5.065, y el del Carbón, con 51.

De entre los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en septiembre, 1.275.172 proceden de países de fuera de la Unión Europea y el resto (870.091) de países comunitarios. De la cifra total, 1.199.718 son hombres y 945.545 son mujeres.

Los grupos de trabajadores extranjeros más numerosos proceden de Rumanía (345.906), Marruecos (251.533), Italia (132.738) y China (107.473). Les siguen los trabajadores nacionales de Colombia (77.236), Ecuador (75.665), Reino Unido (68.963), Bulgaria (61.567), Venezuela (61.392) y Portugal (57.331).

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros sube en todas las comunidades autónomas. La Rioja (+11,27%), Extremadura (+10,79%), País Vasco (+10,32%) y Galicia (+10,23%) son las autonomías que más trabajadores de origen foráneo han sumado en el último año. A continuación, se sitúan Navarra (+9,27%), Castilla y León (+8,66%) y Cataluña (+8,31%).

Las mayores subidas en afiliación de extranjeros en el último mes se han producido en Extremadura (+11,62%), La Rioja (+9,77%) y Castilla-La Mancha (+8,54%). También sube en Navarra (+3,24%), Andalucía (+2,69%), País Vasco (+2,05%), Castilla y León (+1,34%), Madrid (+1,24%), Canarias (+0,47%) y Galicia (+0,23%).

La afiliación de extranjeros ha descendido en este mes en Cantabria (-4,38%), Asturias (-3,01%), Islas Baleares (-2,91%), Aragón (-2,8%), Cataluña (-0,76%), Murcia (-0,4%) y Comunidad Valenciana (-0,03).
(Expansión, 23-10-2019)

El Constitucional avala los despidos por absentismo laboral reiterado, aunque esté justificado
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado el despido por causas objetivas de los empleados que falten de manera intermitente al trabajo, aun por motivos justificados, siempre que acaben estando fuera de su puesto el 20% de las jornadas durante dos meses consecutivos.

Por 8 votos frente a 4, el TC ha desestimado una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Social de Barcelona, que consideró que la norma que permite despedir al trabajador que incurra repetidamente en absentismo laboral podría vulnerar los artículos 15 (derecho a la vida y a la integridad física y moral), 35.1 (derecho al trabajo) y 43.1 (deber de los poderes públicos de tutelar la salud pública) de la Constitución.

La norma sobre la que el TC se ha pronunciado es el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, según el cual un contrato de trabajo podrá ser extinguido "por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".

El precepto no considera faltas de asistencia computables a efectos de ese despido las ausencias del trabajador en determinados supuestos: ejercer el derecho a la huelga, desarrollar actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo; maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia; enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia; paternidad, licencias y vacaciones.

Tampoco se pueden computar como faltas de asistencia las que se deben a una enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género acreditada por los servicios sociales o de salud. En ningún caso se consideran faltas de asistencia las que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

Para el Juzgado promotor de la cuestión, la regulación legal del despido objetivo por absentismo sería inconstitucional en la medida en que puede condicionar la conducta del trabajador y forzarle a acudir al puesto de trabajo, aun sin encontrarse en adecuadas condiciones físicas o emocionales, por el temor a exceder los índices de absentismo, en detrimento de su salud.

El TC no le ha dado la razón. La sentencia respaldada por el Pleno, redactada por el magistrado Andrés Ollero, considera que la minuciosa y cuidada regulación por la que ha optado el legislador compagina adecuadamente los derechos concernidos: de un lado, el derecho al trabajo y a la salud del empleado y, de otro, el derecho a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado que garantiza el artículo 38 de la Constitución.

Este precepto, además, encomienda a los poderes públicos la protección de la libertad empresarial y la defensa de la productividad, que puede verse seriamente afectada si el empresario se ve obligado a soportar constantes bajas intermitentes de trabajadores por encima de los niveles de absentismo señalados en el Estatuto de los Trabajadores.

El magistrado Fernando Valdés anunció un voto particular discrepante, que será suscrito por Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.
(El País, 23-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La CNMV regula las limitaciones de entrada a los fondos de éxito
Morir de éxito. Ese es uno de los problemas a los que se enfrentan algunos fondos de inversión. Si crecen demasiado, por la entrada de nuevo dinero y la revalorización de los activos, pueden alcanzar un tamaño tan grande que los haga inmanejables. Eso es lo que quiere evitar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por lo que ha emitido una serie de recomendaciones sobre cómo deben actuar las gestoras si quieren evitar que llegue más dinero a un determinado fondo.

Una de las firmas que se enfrentó hace poco a este dilema fue Santander Asset Management. Su fondo de compañías de pequeña y mediana capitalización (Santander Small Caps) registró unas entradas de dinero sin precedentes entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, hasta rebasar los 1.300 millones de euros de activos bajo gestión. Cuando alcanzó este nivel, el fondo envió un hecho relevante a la CNMV en el que explicaba que ya no aceptaría más dinero. El problema es que no había un protocolo claro sobre cómo actuar.

Ahora bien, ¿por qué tener demasiados activos para invertir puede ser un problema para un gestor de fondos? La clave está en el universo inversor y la profundidad del mercado. En el caso del fondo Santander Small Caps, se trata de un vehículo que solo puede invertir en compañías españolas que tengan un valor bursátil de menos de 15.000 millones de euros. Si la gestora del fondo decide, por ejemplo, que la mayor posición sea Viscofan (que capitaliza 2.000 millones de euros) y destina el 10% de su cartera a comprar esa posición, con esos 130 millones podría controlar de golpe el 7% de la compañía.

“Cuando un fondo de inversión es muy grande, no puede comprar compañías que son muy pequeñas porque en seguida toma posiciones de dominio. En poco tiempo acaba viendo limitada su capacidad de inversión y eso puede acabar dañando a la rentabilidad”, explica Ángel Martínez Aldama, presidente de la asociación de las gestoras de fondos, Inverco.

De acuerdo con las instrucciones dictadas desde la CNMV, los fondos podrán incluir en sus folletos de lanzamiento la posibilidad de limitar la realización de nuevas suscripciones si considera que estas son contrarias al interés de los inversores “como consecuencia de circunstancias de mercado, como falta de profundidad, escasez de activos invertibles, precios anormalmente elevados, etc.”.

En principio, esta limitación se deberá añadir en el folleto de emisión del fondo, pero para los ya existentes la CNMV dará facilidades para que la incluyan.
(Cinco Días, 23-10-2019)

Johnson suspende la tramitación del Brexit hasta que la UE decida el alcance de la prórroga
Victoria agridulce para el primer ministro británico, Boris Johnson. Por primera vez, el premier logró este martes el respaldo del Parlamento de Westminster a su acuerdo sellado con Bruselas por una amplia mayoría de 30 votos. Pero sus ilusiones se esfumaron pronto. Escasos minutos después, la Cámara rechazó, por 14 votos de diferencia, tramitar el proyecto de ley por la vía de urgencia y en tan solo tres días. Ello desbarata los planes del premier, que buscaba agotar todos los cauces posibles para tener lista la ratificación del texto antes del 31 de octubre y evitar así que se produjera bajo su mandato una tercera y humillante prórroga.

A pesar de que Johnson había amenazado con retirar el texto del Brexit e impulsar elecciones anticipadas antes de Navidades si la Cámara no respaldaba la vía exprés, este martes por la noche tras la votación tan solo anunció que “pausará” la tramitación hasta que Bruselas decida qué tipo prórroga concede a Reino Unido: si una de tres meses, tal y como Johnson tuvo que solicitar el sábado forzado por los Comunes, o una extensión técnica de menor duración, como parece que se inclina ahora el propio Johnson. La UE se apresuró en anunciar que tomaba nota del recado y afirmó que el Consejo Europea ya estaba consultando la fecha con los líderes comunitarios.

Johnson consiguió en una primera votación el respaldo de la Cámara –por 329 votos a favor y 299 en contra– para iniciar la tramitación del paquete legislativo de su acuerdo, frente a las previsiones que auguraban que el resultado sería mucho más ajustado. “El Parlamento se ha unido para respaldar este acuerdo”, celebró el premier, tras sostener que hace tan sólo unas semanas, ese resultado hubiera sido impensable. “De una forma u otra, abandonaremos la UE con este acuerdo”, se felicitó, después de que el texto negociado por su predecesora, Theresa May, fuera tumbado de forma contundente hasta en tres ocasiones por la Cámara. Johnson pasó tras ello la pelota al tejado comunitario. “La UE debe aclararse y responder a la petición de prórroga hecha por el Parlamento” destacó.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn criticó el intento de Johnson de querer aprobar “un enorme paquete legislativo en apenas dos días”, para después tenderle la mano y proponerle negociar juntos un “calendario razonable” para la tramitación del texto. Una mayoría de 14 diputados (322 frente a 308) rechazó dar luz verde a la vía exprés. Además de laboristas, nacionalistas escoceses y liberaldemócratas, entre los que se negaron a ese proceso de tramitación se encontraron también los 10 diputados norilandeses del Partido Unionista (DUP) –socios de Gobierno de los tories– quienes ya habían avanzado que se opondrían por considerar que la aprobación acelerada constituía un “abuso”.
(El Mundo, 23-10-2019)

Sector

El Colegio de Abogados de Madrid decide hoy si sube las cuotas a sus colegiados
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) decide hoy si sube las cuotas a sus colegiados. El órgano, que se reúne a partir de las 15.30 en la sede colegial, estudiará los presupuestos del año que viene antes de presentarlos en la Junta General que tendrá lugar en diciembre. Entre los puntos a debatir, uno que ha causado cierto revuelo en los letrados (y así se ha reflejado en las redes sociales con quejas de muchos de ellos): el incremento de las cuotas.

La controversia, adelantada por Vozpópuli y Confilegal, surgió el pasado jueves 17 de octubre, durante el primer encuentro de la Junta de Gobierno para abordar del debate presupuestario. Según lo publicado, y como relatan fuentes consultadas, en contra de la subida se posicionaron la vicedecana, Begoña Castro, y los diputados más cercanos a los pequeños despachos, la abogacía joven y el turno de oficio (como Ángela Cerrillos, Raúl Ochoa, Juango Ospina y Esther Montalvá); a favor, los más próximos a las grandes firmas (Luis Fernando Guerra, Manuel Martín o José Ignacio Monedero). Desde el ICAM señalan que el decano, José María Alonso, aún no ha tomado posición en esta cuestión (aunque también hay quien indica que apoya la subida).

Fuentes del Colegio madrileño señalan varias cuestiones en relación a esta materia. La primera es que en absoluto está claro por qué opción se decidirá la Junta, si incrementar las cuotas o congelarlas. Y, en todo caso, si se optara por la primera, se trataría de una subida que definen como "mínima", de entre el 4% y el 6%. En segundo lugar, explican que la medida no se aplicaría en ningún caso a los no ejercientes. Y, de entre los 43.000 ejercientes que si podrían verse afectados, se establecerían algunas excepciones teniendo en cuenta las circunstancias de los distintos colectivos. "Quedarían fuera los de AJA (la Agrupación de Jóvenes Abogados) y los del turno de oficio, seguro", explican las mismas fuentes.

El debate, por tanto, está ahí: ¿merece la pena el coste en imagen y reputación que conllevaría aprobar una subida de las cuotas para después establecer mil y una excepciones? Los que defienden que sí alegan que es necesario mayor músculo económico para abordar algunos proyectos. Los contrarios a la subida subrayan que cabe una mejor distribución del gasto del organismo y no es necesario cargar un nuevo esfuerzo sobre los colegiados (el presupuesto del ICAM ronda los 30 millones de euros). La decisión final la conoceremos a lo largo de la tarde del martes, pero algunos miembros de la Junta apuestan porque el decano optará por frenar un incremento que no sería entendido por muchos abogados.

En la actualidad, las cuotas que deben pagar los letrados ejercientes colegiados en Madrid se sitúan entre los 38,16 euros al trimestre del primer año y los 97,14 a partir del cuarto.
(Cinco Días, 23-10-2019)

 
 
 
 
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