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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 AL 28 D'OCTUBRE DE 2019  

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español
Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.
(BOE, 26-10-2019)

Euro
Resolución de 25 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de octubre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 26-10-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/28/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 26 AL 28 D'OCTUBRE DE 2019  

Fiscal

El Supremo dirá si el fisco puede registrar el hogar de un empresario por ingresar poco
Muchas pymes han comenzado a recibir este año una carta de la Agencia Tributaria en la que les informa de que sus ingresos declarados no cuadran con los de la media del sector al que pertenecen, conminándoles a regularizar la situación si es necesario. Pese a lo novedoso de estos avisos, el fisco puso en marcha una estrategia de inspección de estos negocios bajo sospecha hace ya unos tres años.

Y, al menos en un caso, la campaña llevó al fisco a hacerse con una orden judicial para registrar el hogar de un empresario tras detectar que su negocio ingresaba menos que la competencia. Un asunto que ha terminado llegando al Tribunal Supremo que decidirá ahora si esta sospecha estadística justifica la inspección de un domicilio, cuya privacidad protege la Constitución.

El caso que, por su interés, acaba de aceptar analizar el alto tribunal es el de un negocio de hostelería de Córdoba, Taberna La Montillana, S.L., sometida a un análisis de la Agencia Tributaria en 2017. Tras revisar sus principales magnitudes económicas y tributarias, así como sus declaraciones del impuesto de Sociedades de 2013, 2014 y 2015, el fisco identificó "un perfil de alto riesgo tributario".

Su análisis argumentaba que "los bajos resultados declarados en su actividad económica" arrojan una rentabilidad media de 1,95 euros por cada euro invertido en compras, "bastante baja si la comparamos con la declarada a nivel nacional" por los negocios del ramo, de 3,03 euros. "Por tanto, el margen comercial declarado es bastante inferior al declarado por las empresas del sector, lo que induce a pensar que el obligado tributario puede haber estado ocultando ventas efectivamente realizadas", concluyó Hacienda.

Además, añadía, el contribuyente declara "bajos ingresos en efectivo", algo inusual en un negocio de restauración, siendo su caso que el monto en metálico que se ingresaba en la cuenta bancaria era "25 veces menos de lo que lo hacen los establecimientos de hostelería a nivel nacional. Lo que parece indicar que 24 de cada 25 euros cobrados en efectivo, en vez de ser ingresados en banco, son retirados por los administradores de la empresa, evitando con ello la tributación tanto en el IVA como en Sociedades".

En base a estos datos, y tras realizar un requerimiento de información al contribuyente en julio de 2017, la Agencia Tributaria solicitó una orden judicial para entrar en el domicilio social de la empresa ante la sospecha de que "exista una contabilidad real, distinta a la reflejada en las declaraciones mercantiles y fiscales, así como que existan ventas no declaradas" y el riesgo de "destrucción u ocultación de la posible doble contabilidad" en caso de iniciar una inspección fiscal formal.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Córdoba autorizó la entrada en el domicilio del titular del negocio en octubre de 2017. La defensa del empresario viene recurriendo la decisión, que llega ahora al Supremo, denunciando la existencia de infracciones "relevantes y determinantes" para su castigo, al haberse "vulnerado el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio recogido en el artículo 18.2 de la Constitución Española", por lo que reclaman la "anulación de la autorización de la entrada y registro" de la casa y, por tanto, de las pruebas que el fisco pudiera haber encontrado allí.

El Supremo considera procedente y relevante estudiar el asunto, por su interés en materia casacional para la formación de jurisprudencia, dado el precedente que puede suponer para futuros casos. El alto tribunal ve de especial importancia valorar "en particular, si la entrada en domicilio puede justificarse, en el auto judicial que lo autoriza, preponderantemente, en que el contribuyente, titular de un establecimiento de hostelería, haya tributado, con base en los datos declarados, una cuota que resulta inferior a la media de rentabilidad del sector a nivel nacional y si, por tanto, puede inferirse de ese solo dato que el obligado tributario puede haber estado ocultando ventas efectivamente realizadas".

También se cuestiona si la "conjetura o suposición de fraude fiscal" justifica el registro pese a "la decisión administrativa deliberada de no iniciar procedimiento inspector alguno" antes.
(Cinco Días, 28-10-2019)

Los inspectores de Hacienda piden a las regiones más control sobre la falsa residencia fiscal
La asociación de inspectores de Hacienda del Estado (IHE) presentó el viernes un documento de propuestas de mejora del control del fraude fiscal como colofón a su XXIX Congreso Anual, centrado este año en la vigilancia de los grandes patrimonios. El colectivo mantiene entre sus reclamaciones algunas peticiones recurrentes, como la posibilidad de actuar de incógnito o poder pagar a confidentes, pero también introduce la necesidad de "potenciar" la colaboración entre comunidades autónomas para evitar engaños como la fijación de una falsa residencia fiscal en las regiones que cobran impuestos más bajos, pero en las que en realidad el contribuyente no habita.

"Es un fenómeno muy importante desde el punto de vista cuantitativo. Muchos contribuyentes deslocalizan su residencia para pagar menos impuestos en otras comunidades", denunció Berta Tomás Vidal, presidenta de la asociación de inspectores, señalando que la batalla por rebajar tributos de algunas regiones ha generado movimientos que tradicionalmente se asociaban a falsos empadronamientos en países vecinos con gravámenes inferiores. El problema, detallan desde el colectivo, es que la autonomía que acoge a un nuevo contribuyente que en realidad no es vecino carece de incentivos para denunciar esta situación, pues está cobrando impuestos de un ciudadano más en el que en realidad luego no invierte gasto público.

Aunque los inspectores de Hacienda matizan que este tipo de denuncias se dan a veces, "en la ley no están previstos mecanismos de colaboración" específicos y la falta de incentivos evita que se promuevan revisiones del censo real de contribuyentes en busca de este fraude, por ejemplo. Aunque la Agencia Tributaria vela por evitar engaños de este tipo, corresponde a los gobiernos autonómicos la competencia de control de algunos tributos cedidos como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, que han sido bonificados prácticamente al 100% en comunidades como Madrid y motivan buena parte de las falsas residencias fiscales.

En paralelo, los inspectores confían en que se les acabe permitiendo bonificar a los denunciantes de fraudes, "como ya se hacía en los años 80", y se les autorice a realizar inspecciones de incógnito, para recabar pruebas antes de que el inicio de una pesquisa oficial ponga al contribuyente investigado en alerta.
(El País, 27-10-2019)

La AIReF mantiene su previsión de crecimiento del PIB cerca del 0,5% para el tercer trimestre
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha mantenido su pronóstico de crecimiento para la economía española ligeramente por debajo del 0,5% para el tercer trimestre, antes de volver a superar este umbral en la recta final del año.

Así se desprende de la última actualización del termómetro en tiempo real que realiza la Autoridad Fiscal sobre la evolución de la economía española, que se elabora a partir de las previsiones del crecimiento del PIB en tiempo real generado por el modelo MIPred.

De esta forma, el organismo prevé un crecimiento del PIB del 0,48%, rozando el 0,5% que creció la economía en el primer trimestre del año, y casi una décima por encima del avance que registró el PIB entre abril y junio de este año.

Para el cuarto trimestre, la AIReF pronostica un mayor dinamismo para la economía española, que crecería hasta un 0,54% antes de acabar el año. No obstante, el organismo todavía no cuenta con ningún indicador referente al último trimestre del año, a la espera de la publicación del avance del PIB el próximo 31 de octubre.

Sin embargo, la previsión realizada para el tercer trimestre del año sí se sustenta en un mayor número de indicadores publicados, al contar con todos los relativos a los meses de julio y agosto y con el 50% de los de septiembre.

En su último informe ejecutivo sobre las previsiones macroeconómicas del proyecto del plan presupuestario 2020 del Gobierno, la AIReF avala las nuevas previsiones del Ejecutivo, que rebajó al 2,1% su estimación de crecimiento del PIB para este año, aunque difiere en una décima respecto al déficit público, al prever un 2,1% del PIB, frente al 2% del Gobierno.
(El Mundo, 27-10-2019)

Grandes rentas y grandes patrimonios son las que más facilidades tienen para eludir sus obligaciones fiscales
Los inspectores de la Agencia Tributaria, reunidos en Zaragoza este jueves y viernes con motivo del XXIX Congreso del ramo, centrado esta edición precisamente en el colectivo de grandes patrimonios aseveraron que se trata de uno de los nichos de actuación prioritaria.

En 2018, detallaron, la oficina de control de estas fortunas centró sus esfuerzos en unos 170.000 contribuyentes, entre empresas y particulares, lo que se saldó con 494 expedientes abiertos que acabaron arrojando una liquidación de 347 millones de euros.

Más allá de las cifras, los inspectores y la ministra pusieron sobre la mesa algunos de las irregularidades más llamativas que han detectado en los últimos meses, muchas de ellas vinculadas al uso de sociedades patrimoniales para desgravar gastos indebidamente o esconder parte del patrimonio al fisco.

Así, de un lado, la ministra de Hacienda reveló que la unidad de control de grandes patrimonios ha detectado 600 sociedades extranjeras propietarias de viviendas en España por valor de unos 1.200 millones de euros que, presuntamente, ocultan a propietarios españoles que no habrían declarado la posesión de esos bienes.

Los propios inspectores de la Agencia Tributaria, por su parte, detallaron también que como resultado de su labor han identificado sociedades a las que algunos contribuyentes cargaban el coste del colegio privado de sus hijos o a través de las cuáles alguna celebridad televisiva ha intentado deducirse el IVA de una operación de estética defendiendo que su imagen era parte de la labor profesional de su compañía.

Con todo, la ministra aseveró que la recaudación fiscal lograda sobre los grandes patrimonios apenas supone el 0,32% del total y planteó la necesidad de mejorar el control y revisar los gravámenes a los que se somete el colectivo.
(Expansión, 26-10-2019)

Laboral

Las horas extras no pagadas caen el 23,7% desde la aplicación del registro de jornada
El número de horas extras trabajadas en España han caído el 10,4% desde que las empresas tienen la obligación de implementar el registro de jornada. Y con mayor intensidad lo han hecho las no pagadas, que se han reducido hasta el 23,7%. Así lo constatan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año, la primera que recoge los efectos de la nueva normativa desde que esta entró en vigor el pasado 12 de mayo. No obstante, patronales y sindicatos coinciden en señalar que el descenso de las horas extraordinarias tiene visos de ir más ligado al frenazo de la economía experimentado en los últimos meses que no debido a la influencia del control de las empresas de los horarios que hacen sus trabajadores.

Las horas extras trabajadas a la semana en España entre los meses de julio y septiembre ascendieron a un total de 5,4 millones, el 10,4% menos que las registradas en el anterior trimestre. Una tendencia que se refleja también en la comparativa interanual, ya que las horas extraordinarias trabajadas en el tercer trimestre del 2019 disminuyeron el 12% respecto al mismo periodo del año anterior. Y ya van nueve meses consecutivos, es decir, desde el primer mes de este 2019, que dicho indicador va a la baja.

Y, pese a los efectos que haya podido tener la nueva normativa sobre la organización del día a día de las empresas, la secretaria de Empleo de CCOO a nivel estatal, Lola Santillana, considera que la concatenación de esos tres trimestres a la baja obedece más al contexto actual de desaceleración de la economía española. "Cortar el número de horas extras es una de las medidas habituales de las empresas para adaptar su producción", afirma.

"La medida no se aprobó con el impulso que queríamos", se lamenta Santillana. Los sindicatos con representación mayoritaria defendieron que la nueva norma incorporara la obligación por parte de las empresas de remitir informes periódicos a la representación legal de los trabajadores sobre el número de horas realizadas por la plantilla. Algo que finalmente no sucedió.

La directora de relaciones laborales de la patronal de las pequeñas y medianas empresas de Catalunya Pimec, Elena de la Campa, coincide con la dirigente de CCOO en el primer diagnóstico. "Todavía estamos en una etapa de adaptación", declara de la Campa, como balance de los primeros cinco meses de entrada en vigor de la normativa. "En general no está causando grandes conflictos en las empresas, aunque algunos sectores o perfiles sí que están teniendo problemas", añade. De la Campa reconoce que, al Tribunal Laboral de Catalunya, órgano de gestión de conflictos laborales, no les están llegando una gran cantidad de casos.

La dirigente de Pimec señala que una de las quejas que les llegan desde sus asociados es la paralización de la implantación de modalidades de jornada como el teletrabajo. "Genera muchas dudas, ¿deben pagar los empresarios un plus de nocturnidad a sus trabajadores si estos deciden trabajar a determinadas horas?", se pregunta. La gestión horaria de comerciales y técnicos de campo son los oficios donde encuentran más complejidad para pactar e implementar el registro.
(Cinco Días, 27-10-2019)

La diferencia entre las pensiones de autónomos y asalariados siguen siendo desmesuradas
La pensión es un asunto que preocupa tanto a trabajadores autónomos como a asalariados. Las diferencias entre las pensiones de jubilación entre ambos colectivos siguen siendo desmesuradas con una diferencia de más de 500 euros, tal y como denuncian desde la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE).

Para realizar dicha afirmación se basan en datos oficiales del Ministerio que indican que mientras la pensión media de un asalariado es de 1.285 euros al mes, la media de un pensionista autónomo es de 762 euros, lo que pone de manifiesto una diferencia de 523 euros mensuales.

Las diferencias son más significativas, advierten, en función de la Comunidad Autónoma. De hecho, destacan que por ejemplo la diferencia de pensión de un asalariado vasco y de un pensionista autónomo gallego alcanza una brecha de 969 euros. Mientras que, en la Comunidad de Madrid, la diferencia puede ser de unos 651 euros y en Cataluña, de 430 euros.

Representantes de CIAE recuerdan también que el segmento de la población más afectado por las bajas pensiones y expuesto a cierta precariedad es el del autónomo jubilado. Actualmente hay 124.675 trabajadores autónomos en esta situación. Además, inciden que entre ellos el límite entre las condiciones de vida dignas y la pobreza “es cada vez más grande”.

Por otro lado, recuerdan la gran incertidumbre que genera unos ingresos de subsistencia que permite tan solo centrarse en el día a día. Critican a su vez los permanentes cambios en las normativas para impulsar el autoempleo y la falta de recursos propios que convenzan a los autónomos para elegir bases de cotizaciones más altas. De manera que exigen una elevación de las pensiones para este colectivo de trabajadores, así como una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores autónomos.
(Cinco Días, 26-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

La UE quiere tener 'espías' en las empresas
La nueva directiva marca un punto de inflexión en la forma de enfrentar, vigilar y castigar los delitos penales y fiscales. A la norma europea habrá que sumar la previsible intervención de un supervisor comunitario contra el blanqueo.

En mayo de 2021, los estados comunitarios amoldarán sus legislaciones al nuevo modelo que incorpora la directiva antiblanqueo aprobada por el Consejo de Ministros de la UE este año. La norma comunitaria contempla garantías para la protección de los denunciantes, además de imponer la obligación de incorporar nuevos cauces, procedimientos internos y tramitación de denuncias en casos y ámbitos concretos.

Javier Martín, socio del despacho de abogados Ideo Legal y director técnico del congreso Compliance y buenas prácticas tributarias, de Lefebvre, explica que la directiva obliga a "empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores" a que, a través de cauces internos, denuncien infracciones, en especial, las tributarias.

Asimismo, esta directiva de la UE implica que los Estados miembros deberán designar una autoridad competente, crear cauces externos de denuncias y medidas de protección para los denunciantes, denominados whistleblowers.

Con la nueva directiva, los canales de whistleblowing permitirán la formulación de denuncias a través de distintas vías -escrita, verbal, presencial- y existirá la obligación de generar un acuse de recibo de la denuncia. Ésta quedará tramitada por una persona o servicio imparcial, que mantendrá la comunicación con el denunciante, que deberá obtener respuesta en tres meses.

Los sistemas de cumplimiento normativo existentes ya contaban con recomendaciones parecidas, si bien la novedad estará en el nuevo régimen sancionador. Mientras que en las previsiones del artículo 31 bis del Código Penal, el establecimiento con carácter voluntario de un sistema de gestión de riesgos tenía como consecuencia la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica, con el incumplimiento de esta nueva norma vendrá aparejado un "régimen sancionador específico", explica el socio de Ideo Legal.

En concreto, la nueva directiva de la Unión Europea establece la necesidad de que se prevean en la normativa sanciones para las personas o entidades que impidan, o que intenten hacerlo, la presentación de denuncias, así como para las que adopten medidas de represalia o promuevan procedimientos temerarios contra los denunciantes. Además, afectará a los que incumplan la obligación de mantener la confidencialidad.

Cuando se presente una denuncia falsa, también debe ser objeto de sanción y compensación de daños. De esta forma, habrá protección para los denunciantes, sea cual sea su relación laboral en el sector público o privado o en caso de haber denunciado la infracción durante un proceso de selección.
(Expansión, 26-10-2019)

La Airef advierte de que España apenas ha reducido su deuda estos años
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avala las previsiones económicas del Gobierno de Pedro Sánchez y considera factible la senda de corrección del déficit público establecida en el plan presupuestario remitido a Bruselas. Sin embargo, reprende a los dos Ejecutivos que han estado al frente de las cuentas públicas durante los últimos cinco años: la bajada de la deuda planteada por el actual Gobierno es "improbable en 2019" y está "en el límite de lo factible para 2020". Además, el endeudamiento en relación al PIB apenas se ha rebajado en el último lustro "a pesar del fuerte crecimiento económico y unos tipos de interés históricamente bajos", dice la nota que ha publicado este viernes la institución impuesta por Bruselas para vigilar las finanzas del Estado.

Es decir, se ha desaprovechado la bonanza de los últimos años para reforzar más la solvencia financiera de las Administraciones, que estará sometida en los próximos años a fuertes presiones por el aumento de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población, sobre todo por pensiones y sanidad. La deuda en porcentaje del PIB solo ha disminuido algo porque ha ganado tamaño el Producto Interior Bruto, indican fuentes del organismo. Y añaden que en los últimos cinco años ha habido "un esfuerzo nulo" para recortar de manera permanente el agujero de las cuentas públicas. España ha sido uno de los países de Europa que menos ha rebajado el endeudamiento sobre PIB.

En definitiva, la política fiscal "se ha fiado simplemente al crecimiento económico", y eso deja a la economía española "en una situación muy vulnerable que todavía hay que abordar", afirman. "El plan presupuestario del Gobierno contempla una reducción insuficiente de la ratio de deuda. [...] Los escenarios de proyección de la deuda en ausencia de medidas o a políticas constantes implican sendas de crecimiento de la deuda no sostenibles", zanja el informe de la Airef. En un estudio previo la institución había defendido que la vinculación al IPC de las pensiones podía elevar la deuda hasta en 50 puntos de PIB en las próximas tres décadas si no se tomaban medidas que compensasen las revalorizaciones.

La Autoridad Fiscal constata además que se incumplen los esfuerzos que exige Bruselas. Según sus números, el Ejecutivo no hará el ajuste estructural requerido del 0,65% del PIB en 2019, el equivalente a unos 8.000 millones de euros. Tampoco en 2020. Y, por supuesto, no respetará el límite que impone la Comisión Europea de aumento del gasto computable, fijado en el 0,6% para 2019 y en el 0,9% para 2020.

El incremento del gasto que dibuja el Gobierno en su plan presupuestario es bastante mayor: del 4,5% en 2019 y del 3,6% en 2020. Tales cifras están en línea con el crecimiento de la economía incluyendo la inflación, lo que a pesar del incumplimiento permite ir reduciendo muy lentamente el desfase presupuestario al crecer los ingresos un poco más por la recuperación económica y las subidas aprobadas de cotizaciones. Dicho esto, la Airef ha criticado el límite de gasto que dicta Bruselas por considerarlo demasiado exigente.
(La Vanguardia, 26-10-2019)

 
 
 
 
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