Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 30 D'OCTUBRE DE 2019  

Fiscal

Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Dirección General de Ordenación del Juego para el intercambio de información
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Dirección General de Ordenación del Juego para el intercambio de información.
(BOE, 30-10-2019)

Laboral

Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social
Orden TMS/1066/2019, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden TMS/667/2019, de 5 de junio, por la que se crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
(BOE, 30-10-2019)

Acuerdo parcial del Convenio colectivo del sector de cajas y entidades financieras de ahorro
Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo del sector de cajas y entidades financieras de ahorro.
(BOE, 30-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de octubre de 2019
Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de octubre de 2019.
(BOE, 30-10-2019)

Euro
Resolución de 29 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 29 de octubre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 30-10-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/index.php?s=3



NOTÍCIES DE PREMSA DEL 30 D'OCTUBRE DE 2019  

Fiscal

Madrid demandará al Gobierno para reclamar el mes de IVA impagado
La Comunidad de Madrid ha decidido llevar al Gobierno central ante los tribunales para reclamar el mes de IVA de 2017 que quedó sin repartir a las autonomías como consecuencia de la reforma del tributo que se aprobó aquel año.

El gobierno regional que dirige Isabel Díaz Ayuso estima que, de los 2.500 millones de euros pendientes de abono a las comunidades, a Madrid le corresponden unos 377 millones de euros, que reclamará este miércoles por vía judicial ante la Audiencia Nacional.

En concreto, la región presentará un recurso contencioso-administrativo, al entender vulnerado el principio de "lealtad institucional" que señala que “en el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá́ todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas contengan la valoración correspondiente.”

La entrada en vigor en 2017, durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, del sistema de información inmediata (SII) del IVA demoró los plazos de liquidación provocando que las comunidades solo recibieran 11 de los 12 meses de ingresos. El abono definitivo se realiza dos años después, por lo que el ingreso correspondiente debía efectuarse este año.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció que subsanaría el efecto del calendario mediante una medida incorporada a su plan de Presupuestos Generales del Estado para 2019 si bien, tras fracasar este plan en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo liquidó en verano el monto de 2017 sin el mes extra.

En los últimos días, Hacienda ha venido avanzando que el mes perdido no podría abonarse si nuevas cuentas públicas para este año, lo que supone que las comunidades perderían este ingreso definitivamente. Este riesgo es el que ha llevado a Madrid a acudir a los tribunales.
(Cinco Días, 30-10-2019)

CEOE pide al futuro Gobierno que baje impuestos a las empresas y suprima Patrimonio
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elaborado una serie de propuestas de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre, entre las que se encuentra la rebaja de impuestos a las empresas, la supresión del Impuesto de Patrimonio y la reducción del Impuesto sobre Sucesiones, "que en la actualidad alcanza niveles excesivos en algunas comunidades autónomas".

Estas propuestas, que se estructuran en torno a un decálogo de prioridades, reiteran y complementan las que la patronal presentó el pasado mes de marzo con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril. El documento diseñado por la CEOE, de ocho páginas, arranca con la convicción de que la diversidad parlamentaria proseguirá después del 10 de noviembre, por lo que la organización empresarial cree que será "imprescindible y urgente" llegar a acuerdos de gobernabilidad.

La patronal se compromete a que el diálogo social "asuma un mayor liderazgo" en las reformas de interés general que necesita España para afrontar la situación actual y los retos de futuro y, en este sentido, lanza un aviso: en la última década se ha abusado de la figura del Real Decreto, lo que impide tanto el debate parlamentario como la posibilidad de participación de sindicatos y empresarios en el diseño de las normas.

"Por tanto, es necesario un Gobierno que garantice la estabilidad política e institucional y abra una nueva etapa de diálogo y consensos. Esta es la única vía para lograr predictibilidad y seguridad jurídica, ambas condiciones necesarias para que se mantenga e incremente la confianza de los ciudadanos, empresas e inversores", sostiene.

Las prioridades de la CEOE de cara al nuevo curso político pasan por fomentar el espíritu empresarial, la formación y la economía sostenible; reforzar la innovación y la digitalización; intensificar la internacionalización de las empresas; continuar con las reformas estructurales; mejorar la eficiencia del gasto público; rebajar la tributación de las empresas; favorecer la inversión garantizando la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, y proteger la libertad de empresa en una economía con unidad de mercado.

Entrando más en el detalle de sus propuestas, la CEOE insta a reducir la "elevada" deuda pública avanzando en el proceso de consolidación fiscal y evitando aumentos adicionales del gasto público estructural. En este contexto, aboga por introducir "criterios de racionalidad, disciplina presupuestaria y de evaluación continua" para mejorar la eficiencia del gasto de las Administraciones Públicas.

Apuesta además por combatir el fraude (fiscal, social y laboral) para asegurar la consolidación presupuestaria y porque los resultados de ambas medidas se destinen a reducir la tributación empresarial y hacerla así más competitiva.

Así, la CEOE cree que la actual situación cíclica "desaconseja subidas adicionales de impuestos", especialmente de los que recaen sobre las empresas, pues ya soportan una presión fiscal del 10,5% del PIB, frente al 9,3% del promedio europeo. Además, considera "especialmente gravoso" el Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones sociales a cargo de las empresas y pide eliminar Patrimonio y reducir Sucesiones y Donaciones. "De cualquier modo --añade--, los activos y participaciones empresariales deben quedar exentos de cualquier tipo de imposición patrimonial".

La patronal plantea fomentar el espíritu empresarial no poniendo barreras al aumento del tamaño de las pymes; impulsando la cultura empresarial desde el ámbito educativo; apoyando el emprendimiento, y creando un entorno "especialmente favorable" para las empresas de reciente creación o de pequeño tamaño.
(Expansión, 30-10-2019)

Se trabaja en la creación de borradores similares al de la Renta para el IVA y el Impuesto de Sociedades
La Agencia Tributaria tiene marcada una hoja de ruta para los próximos años. Se trata de una serie de líneas de trabajo con los que pretende reforzar sus herramientas técnicas y su modelo de asistencia al usuario, así como también planea intensificar su lucha contra el fraude.

Estas líneas de trabajo han sido publicadas en un documento abierto que se presta a posibles modificaciones en función de las necesidades y prioridades del gobierno que se forme tras las elecciones del próximo 10 de noviembre.

Uno de los ámbitos de mejora en la asistencia que repercutirá en los autónomos está relacionado con el borrador del IVA. El concepto de asistencia integral que tiene en mente Hacienda se traduce en un proyecto piloto que se va a poner en marcha para ofrecer al usuario un borrador de la declaración del IVA, muy similar a lo que actualmente se hace con la Renta.

Se pondrá en marcha con un número limitado de contribuyentes, y en el caso de las sociedades también habrá una estrategia de cesión de datos fiscales al contribuyente para el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de favorecer la presentación de declaraciones y el cumplimiento voluntario.

A la hora de avanzar con el control tributario, la AEAT pondrá sus miras en la economía sumergida a través de un plan que abarcará un código de buenas prácticas y pymes y autónomos, así como de medidas como la supresión del software de doble contabilidad y la intensificación de inspecciones.

Según ha explicado el propio Gobierno, para las grandes empresas también hay un plan de control, y no es otro que reforzar la transparencia de los contribuyentes, permitiendo anticiparse a identificar sus contingencias fiscales.

Habrá especial atención a las grandes multinacionales tecnológicas con presencia en España, a las que se les intentará obligar al pago de impuestos directos en cada país en una estrategia conjunta entre países.

Pero en líneas generales, la gran novedad será la creación de ADI (Administraciones de Asistencia Digital Integral). Se trata de centros de atención que se sumarán a las oficinas que tendrá e la personalización su mayor virtud, tanto por vía electrónica como por teléfono.
(El País, 30-10-2019)

Montero reafirma ante los grandes empresarios su proyecto de subirles el Impuesto de Sociedades
El Gobierno intenta tranquilizar a los empresarios sobre los conflictos en Cataluña: "Actuaremos con toda la contundencia necesaria cuando las circunstancias así lo aconsejen". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró hoy a los grandes empresarios que, si el PSOE gana las elecciones del 10 de noviembre, les subirá el Impuesto de Sociedades, "gradualmente hasta igualar el tipo real al tipo nominal".

En la clausura del vigésimo segundo congreso del Instituto de la Empresa Familiar, la ministra recordó que España recauda menos que la media de la Unión Europea. Entre seis y ocho puntos menos. Incluso, la titular de Hacienda dijo que "dentro de la OCDE, España se caracteriza por tener ingresos fiscales inferiores a la media de la organización.

La ministra hizo referencia así a que muchas empresas pagan menos de lo que deberían en el Impuesto de Sociedades porque introducen deducciones fiscales en diversos capítulos, hasta conseguir pagar muchos menos de lo que deberían por su facturación y beneficios". No obstante, Montero explicó a los empresarios que su proyecto es rebajar del 25% al 23% el Impuesto de Sociedades a las compañías que facturen menos de un millón de euros.

Montero también avanzó a los empresarios que persiste en su proyecto de crear sendos impuestos tecnológicos, financieros y del medio ambiente. La ministra explicó al auditorio de 650 empresarios que el comercio tradicional está pagando más impuestos que el sector financiero y la economía digital, "cuando el objetivo del Gobierno es apoyar a las pymes y las clases medias".

Es importante destacar que, en el comienzo de su discurso, la ministra trasladó un mensaje rotundo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la crisis de Cataluña. Fue una contestación a la advertencia que ayer hizo el presidente de la empresa familiar, Francisco Riberas, al Ejecutivo sobre "la peligrosa imagen para el inversor internacional" que transmiten los conflictos callejeros en Barcelona. Montero dijo lo siguiente: "El Gobierno está dispuesto a actuar con toda la contundencia necesaria cuando las circunstancias así lo aconsejan".
(La Vanguardia, 30-10-2019)

Laboral

Calviño buscará el apoyo de los agentes sociales para implantar la mochila austriaca
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, afirmó que el Ejecutivo mantiene su intención de estudiar con los agentes sociales la posible implantación de la mochila austriaca para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo y reforzar los derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de su vida profesional. “El sistema público de pensiones es la joya de la corona de nuestro estado del bienestar. Tenemos que protegerlo porque es el pilar de protección de todos nosotros en el momento de nuestra vejez o cuando dejamos de estar en el mercado laboral”, señaló la ministra durante su intervención en el foro ‘Sostenibilidad y Finanzas’ organizado por el Consejo General de Economistas de España.

Calviño apuntó que el objetivo del Gobierno pasa por “garantizar la capacidad adquisitiva de las pensiones y su sostenibilidad a medio y largo plazo para que tengamos pensiones dignas ahora, pero también dentro de 20 y 40 años. Esa es la prioridad absoluta”. La ministra apuntó que en lo que respecta a los sistemas complementarios están analizando hasta que medida están funcionando o no los incentivos fiscales que existen para los planes de pensiones privados.

Más País recoge en su programa la propuesta de acabar con los beneficios fiscales de los planes pensiones privados y promocionar los planes de empresa privados. La responsable de economía ha señalado que antes de aventurarse a realizar cambios esperan a conocer las conclusiones del estudio que está elaborando la Airef sobre las bonificaciones fiscales y en particular cómo han funcionado los incentivos fiscales a los planes de pensiones. "Vamos a ver cuáles han sido las conclusiones de ese estudio con el que estamos colaborando desde el ministerio de Economía y Empresa antes de tomar una decisión especifica en un sentido o en otro", remarcó.

Calviño reconoce que España continúa arrastrando desde hace décadas una tasa de desempleo muy elevada y afirmó que hay que "explorar junto a los agentes sociales todos los instrumentos que puedan mejorar la calidad de los empleos y la eficiencia de nuestro mercado laboral". En este contexto, la ministra destacó que el Gobierno "introducir en nuestro país un sistema como el de la mochila austriaca que también ha funcionado en un país como Austria que tiene uno de los estados de bienestar más desarrollados", subrayó.

En referencia a la orden ministerial que ahora se encuentra en fase de audiencia pública sobre la transparencia de los créditos revolving, la ministra ha destacada que desde "el primer día el ministerio ha estado trabajando en el ámbito de la regulación financiera con el objetivo de reforzar la protección de los ciudadanos". Los créditos revolving que hasta la fecha se han comercializado a través de tarjetas pueden resultar atractivas, pero Calviño ha apuntado "para un ciudadano que no esté bien informado o que no haga un seguimiento puntual de cómo está evolucionando su deuda puede dar lugar a una deuda desproporcionada desde el punto de vista de la duración o desde el punto de vista de la cantidad".

La responsable de economía ha señalado el objetivo que persiguen no es otro que el de reforzar la transparencia e información que hay que dar a los ciudadanos para que vean las distintas opciones y "sean plenamente conscientes de la evolución de su deuda". Es decir, se busca que los ciudadanos estén más protegidos ante estos mecanismos y que se sientan seguros cuando se relacionan con el mercado de los servicios financieros.
(Expansión, 30-10-2019)

El Tribunal Constitucional avala el despido por absentismo laboral
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha hecho público el fallo de una sentencia que avala la extinción de un contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas, aunque sean intermitentes. La sentencia, que cuenta con tres votos particulares, responde a una cuestión de inconstitucionalidad presentada por un Juzgado de lo Social de Barcelona respecto al artículo 52 apartado d del Estatuto de los Trabajadores.

Este artículo establece que un contrato de trabajo podrá extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.

Esta cuestión de inconstitucionalidad se planteó después de que una trabajadora fuese despedida de su trabajo por causas objetivas en virtud de lo establecido en el artículo del Estatuto de los Trabajadores antes citado, puesto que, según la compañía, la trabajadora se ausentó nueve días hábiles de los cuarenta disponibles en dos meses continuos, superando el 20% establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Además, en la carta de despido, también se afirmaba que las ausencias en los doce meses anteriores alcanzaban el 5% de las jornadas hábiles. Sin embargo, la empleada interpuso una demanda solicitando que se declarase la nulidad del despido por vulneración de los derechos humanos y sostenía que el artículo 52 apartado del Estatuto de los Trabajadores conllevaba una "evidente amenaza de coacción hacia el trabajador enfermo al disuadirle de permanecer en situación de incapacidad temporal por temor a ser despedido".

Para el Tribunal Constitucional, una determinada actuación empresarial relacionada con las bajas por enfermedad del trabajador solo podría reputarse cuando existiera un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse, es decir, cuando se genera un peligro grave y cierto para la salud del afectado. No obstante, la sentencia apunta que "esta circunstancia no se advierte que concurra en el supuesto de la norma que se cuestiona".

"Es difícil encontrar una conexión directa entre el derecho a la integridad física y la actuación de un empresario que, al amparo del precepto legal cuestionado, despida a un trabajador con motivo del número de veces que en un determinado periodo de tiempo haya faltado al trabajo por estar aquejado de una enfermedad de corta duración", explica.

Además, recuerda que no se debe olvidar que la causa de despido no era el mero hecho de estar enfermo, sino la reiteración intermitente del número de faltas de asistencia al trabajo, justificadas o no, que han tenido lugar en un determinado periodo de tiempo.

Para el TC, el artículo 52 apartado d del Estatuto de los Trabajadores "no genera un peligro grave y cierto para la salud de los trabajadores afectados por la decisión extintiva que a su amparo pueda adoptarse por el empresario, abonando la indemnización correspondiente".
(El País, 30-10-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Supremo anula por "abusiva" una cláusula que fijaba una comisión de 30 euros por descubiertos
La sala civil del Tribunal Supremo ha anulado por abusiva una cláusula de Kutxabank que establecía una comisión de 30 euros por reclamación de posiciones deudoras vencidas o descubiertos. La sentencia da la razón a una acción colectiva planteada por la asociación Uribe Kosta de Consumidores y Usuarios 'Urkoa' (actualmente Asociación de Consumidores Vasca EKA/ACUX), y ratifica la resolución de la Audiencia Provincial de Álava y del juzgado de lo mercantil número 1 de Vitoria, que estimó íntegramente su demanda y condenó a Kutxabank a eliminar la indicada cláusula de sus condiciones generales.

Esa cláusula de la entidad bancaria establecía un recargo en concepto de comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas o descubiertos de 30 euros. Con esta resolución, la sala primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre la comisión de reclamación de posiciones deudoras. En relación a la cláusula establecida por Kutxabak, el Supremo considera que no cumple las exigencias del Banco de España para este tipo de comisiones, porque prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática.

Asimismo, cree que tampoco discrimina periodos de mora, de modo que "basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión". La resolución considera que, tal y como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo porque lo deja para un momento posterior, de manera que, a juicio del TS, no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo.

El TS señala que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2019 ha establecido, respecto de los gastos que puede conllevar un contrato de préstamo, que el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen.

Por su parte, también cita otra sentencia del mismo tribunal de 26 de febrero de 2015, referida -entre otras- a una denominada comisión de riesgo, que declaró que una cláusula que permite, "sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva".

A juicio del Supremo es precisamente la "indeterminación" de la comisión la que genera "la abusividad", puesto que supondría, sin más, "sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto. Ello, según la resolución, supone infringir lo previsto en los artículos 85.6 TRLGCU -Ley General de Consumidores y Usuarios- y 87.5 TRLGCU, referidos a indemnizaciones desproporcionadas y cobro de servicios no prestados.

Además, la resolución considera que una cláusula como la enjuiciada contiene "una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor", ya que debería ser el Banco quien probara la realidad de la gestión y su precio, pero, con la cláusula, "se traslada al consumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que no ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias". Ello, a su juicio, también podría incurrir en la prohibición prevista en el artículo 88.2 TRLGCU.
(Cinco Días, 30-10-2019)

Las hipotecas se hunden un 30%
El mercado hipotecario sigue dando tumbos. La firma de hipotecas sobre viviendas se hundió un 30% en agosto respecto al mismo mes de 2018 y apenas registró 20.385 operaciones, la cifra más baja de los últimos tres años, debido al impacto de la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria a mediados de junio, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo recuerda que su estadística recoge las operaciones remitidas a los Registros de la Propiedad después de haber sido elevadas a escritura pública ante notario, por lo que en realidad reflejan las firmas realizadas con anterioridad, esto es, en los meses de junio y julio.

En agosto, se registraron 20.385 préstamos hipotecarios para adquirir una vivienda, en mínimos desde julio de 2016, cuando tan solo se alcanzaron 18.700 operaciones. Si se compara únicamente con los meses de agosto, es la cifra más pequeña desde 2015. En términos relativos, no se veía un desplome de esta envergadura en más de cinco años: la última caída de proporciones similares fue en febrero de 2014, con un retroceso del 33%, tras la eliminación en 2013 de las deducciones fiscales por la compra de vivienda habitual. De hecho, los números rojos para agosto son los primeros para ese mes desde 2013, ya que desde entonces los préstamos habían ido creciendo año a año.

Los malos resultados para el octavo mes del año ya se esperaban después de que a principios de mes se conociera que la compra de viviendas había registrado su peor agosto en cuatro años con una caída del 21%. Los expertos también habían mostrado su cautela tras las cifras de hipotecas de julio, que subieron un 13% después de caer un ligero 2,5% en junio, advirtiendo de que el efecto regulatorio –que paralizó algunas operaciones por problemas técnicos en el canal usado para el intercambio de información entre entidades bancarias y notarías–, todavía estaba por llegar y se podría seguir viendo en las estadísticas de los próximos meses. No obstante, el BBVA Research prevé que en adelante la situación se recupere, en base a los datos facilitados por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), que reflejan un menor desfase temporal que los del INE.
(La Vanguardia, 30-10-2019)

Sector

La Abogacía internacional pospone un congreso en Barcelona por inseguridad
La 'Global Mediation Conference', que se iba a celebrar en Barcelona entre el 21 y el 23 de enero, pospuesta por "asuntos relacionados con la seguridad, el transporte y problemas políticos". La Global Mediation Conference, congreso que iba a reunir a lo más granado de la Abogacía mundial en Barcelona entre el 21 y el 23 de enero, se pospone "por asuntos relacionados con la seguridad, el transporte y problemas políticos". Así lo ha trasladado la organización en un correo electrónico que ha enviado a los participantes, abogados, mediadores, jueces y personalidades del mundo jurídico mundial.

El lema del congreso era Nuevas Herramientas para los profesionales de la resolución de conflictos (New Tools for New Challenges in Advocacy) y se trataba del primer simposio global sobre la mediación, una práctica de resolución de conflictos alternativa al arbitraje y a los tribunales que está en auge y que se iba a centrar en su faceta empresarial. Desde la organización contaban con la presencia de los principales despachos de la Abogacía de los negocios con prácticas de mediación, como Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez, Gómez-Acebo & Pombo, Freshfields, Linklaters y Clifford Chance, entre otros.

El congreso iba a ser inaugurado por Esther Capella, consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; María Eugenia Gay, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB); Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de Abogacía Española (CGAE); Rosalía Fernández Alaya, presidenta del European Group of Judges for Mediation (GEMME), entre otras personalidades, y esperaba contar con la ministra de Justicia del gobierno ejecutivo o en funciones que hubiera en enero y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), uno de los órganos colaboradores del evento. Lo organizan el ICAB y GEMME, y colaboran y los promueven algunos de los antes citados y otros. También colaboraban la Fédération des Barreaux d'Europe (FBE), la Unión Iberoamericana de Jueces (UIJ), la Asociación Europea de Arbitraje e iba a tener ponentes de la Comisión Europea y de la American Bar Association.

El congreso, que contaba con cerca de 1.500 participantes, se preparaba desde hace meses y la fecha tope para registrarse fue el 29 de julio. Tenía un coste de 450 euros que podía pagarse hasta el 31 de octubre, aunque el plazo de las tarifas especiales expiró el 30 de septiembre.

La organización emplea el término "pospuesto" en sus correos electrónicos, aunque los juristas que iban a asistir con los que ha contactado este diario han entendido que se les trasladaba que se cancelaba. Ha habido comunicaciones posteriores en las que se les ha informado de que el 5 de noviembre el ICAB va a realizar una comunicación oficial sobre el futuro del congreso. Fuentes próximas a la organización cuentan que la previsión es que el próximo día 5 se informe de que el congreso se pospone a enero de 2021. En las fechas en las que se iba a celebrar, se prevé que se organice una jornada sobre mediación de cariz local.
(Expansión, 30-10-2019)

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).