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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L'1 AL 4 DE NOVEMBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019
Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019.
(BOE, 01-11-2019)

Circular del Banco de España, por la que se ejerce la facultad de definir el umbral de significatividad de las obligaciones crediticias vencidas
Circular 3/2019, de 22 de octubre, del Banco de España, por la que se ejerce la facultad conferida por el Reglamento (UE) 575/2013 de definir el umbral de significatividad de las obligaciones crediticias vencidas.
(BOE, 01-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02index.php?s=3

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DE L'1 AL 4 DE NOVEMBRE DE 2019  

Fiscal

Gestha cifra en 59.000 millones de euros la pérdida recaudatoria de España por su menor presión fiscal respecto a la UE
El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) cifra en 59.000 millones de euros la menor recaudación de España respecto a lo que le correspondería de tener una presión fiscal media con la UE-28, y achaca la mayor parte a la economía sumergida, ya que si se redujese en 10 puntos se podría recaudar unos 38.000 millones de euros.

Estos son los cálculos realizados por Gestha sobre las diferencias de presión fiscal de España respecto a Europa en 2018, en el que cifra en 58.907 millones de euros la pérdida de recaudación en España por la menor presión fiscal con la UE-28 y en 75.738 millones la pérdida respecto a la de la zona del euro.

Los datos apuntan que, respecto a la media de la UE-28, el mayor déficit recaudatorio se registra en los impuestos sobre la renta y el patrimonio de las personas (20.400 millones), seguida de las contribuciones sociales (10.800 millones).

En relación con la zona del euro, el mayor 'gap' recaudatorio se registra en las contribuciones sociales (33.600 millones) seguidas de los Impuestos sobre la renta y el Patrimonio de las personas (28.800 millones).

Según Gestha, el diferencial de la presión fiscal española se debe en primer lugar a la abultada economía sumergida española, que se sitúa casi 10 puntos por encima de la media del resto de los países de la Eurozona. Si el volumen de economía sumergida se redujera en 10 puntos se podrían recaudar unos 38.000 millones de euros anuales entre impuestos y cuotas de la Seguridad Social defraudadas, según sus cálculos.

La elusión de las grandes fortunas, seguida por el déficit de la progresividad de la renta dual y de las escalas de gravamen en el IRPF, así como las altas bonificaciones autonómicas en el Impuesto de Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones son las causas principales la brecha recaudatoria en los impuestos personales.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda apuntan que el Impuesto de Sociedades aún está muy lejos de sobrepasar los 44.823 millones ingresados por España en 2007, hace 12 años. De hecho, este tributo acumula aún un desplome del 44,2%, de forma que los 19.819 millones de euros que las empresas no ingresarán respecto a 2007 conforman la segunda "grieta" más importante, después de la del fraude fiscal, por la que España pierde ingresos.

En este contexto, Gestha urge a abrir un amplio debate para llevar adelante una propuesta de reforma integral de los impuestos que posibilite disponer de recursos suficientes para atender a los gastos públicos e inversiones, así como reducir el déficit y el endeudamiento.

A su juicio, la reforma debería plantear el reto de lograr una mayor redistribución de la renta y la riqueza entre los ciudadanos, al tiempo que insta a priorizar en la reducción de la elusión y la evasión fiscal y la mejora de la gestión de los fondos públicos son prioritarios para los Técnicos.

Esto pasa, en su opinión, por una reorganización tanto de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT), funcionando de forma independiente de las injerencias políticas o económicas, como de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para conseguir un más eficaz control del gasto público para contener el déficit sin necesidad de aumentos impositivos generalizados.

En este sentido, Gestha propone, entre otras medidas, establecer un nuevo régimen de exigencia de responsabilidad administrativa, y en su caso, patrimonial, al gestor del gasto, que corrija la actual impunidad de muchas actuaciones que, aun no constituyendo delito o incumplimiento contable, supongan una "irresponsable disposición de los fondos públicos en infraestructuras con escaso o nulo aprovechamiento o con costes exagerados".
(Expansión, 03-11-2019)

El IEE considera que el Impuesto de Patrimonio "no tiene sentido" y que Sucesiones y Donaciones son "confiscatorios"
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que el Impuesto de Patrimonio "ha dejado de tener sentido" y avisa que el diseño del tributo puede hacer que la suma de dicho impuesto sobre el patrimonio supere la totalidad de la renta, al tiempo que considera que los gravámenes de Sucesiones y Donaciones vulneran el principio de no confiscatoriedad.

Así se desprende del informe 'La propiedad privada en España. Índice de Derecho de Propiedad 2019', presentado por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa; el director general del instituto, Gregorio Izquierdo, y la profesora Sary Levy-Carciente, coordinadora internacional del estudio.

El informe subraya que los derechos de propiedad permiten reconciliar dos movimientos "aparentemente incompatibles", como son la competencia y la cooperación social, lo que "redundará en un mayor crecimiento económico, generación de riqueza, bienestar a largo plazo, estabilidad y paz social".

Por ello, el IEE ve "chocante" el renovado auge de algunos autores que proponen la toma de capital en aras de una supuesta justicia redistributiva mediante "medidas de corte expropiatorio, camufladas bajo propuestas supuestamente de carácter tributario", como, por ejemplo, cuando se propone una imposición patrimonial al tipo del 90%.

A este respecto, advierte de que se implementaran estas propuestas, se estaría negando la propiedad privada y socavando el Estado de derecho, destinado a salvaguardar a las personas y la propiedad. A su juicio, se debe limitar a un porcentaje de la renta el total de los impuestos directos pagados por el individuo para respetar el principio de no confiscatoriedad.

Respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, que fue creado con carácter censal, considera que ha "dejado de tener sentido" tras el avance en los medios informáticos de control a disposición de la Administración, y avisa de que el diseño del tributo puede provocar que la suma del Impuesto sobre el Patrimonio supere el 100% de la renta. "Por mucho menos, los tribunales constitucionales alemán y francés lo han considerado inconstitucional", añade al respecto.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) considera que sí que existe una "clara vulneración del principio de no confiscatoriedad" en materia tributaria, puesto que es un tributo que "fácilmente llega a extremos que obligan a los contribuyentes a prescindir de su derecho a la propiedad privada".

En concreto, señala que la escala progresiva de gravamen, unida a la aplicación de los coeficientes multiplicadores en función del parentesco y del patrimonio preexistente, puede llevar el tipo marginal del ISD en España al 81,6%.

Desde el IEE explican que un caso especial de vulneración de los derechos de propiedad es la llamada expropiación indirecta, procedimiento normalizado de expropiación por el cual la Administración "priva físicamente a un propietario de parte o de la totalidad del contenido del derecho de propiedad".

"La expropiación indirecta supone una expropiación de hecho a través de un cambio normativo que, como poco, reduce el valor de la propiedad y, en ocasiones, lo elimina por completo, llegando a producirse una verdadera confiscación regulatoria", añade.

Por ello, opina que en estos casos es necesario analizar las consecuencias de dicha normativa para delimitar si la regulación, aunque formalmente válida, es excesiva, pudiendo considerarse, desde el punto vista económico, como equivalente a una expropiación.
(Expansión, 03-11-2019)

El Constitucional declara inconstitucional la plusvalía municipal si es mayor que la ganancia
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el cobro del impuesto municipal de plusvalías cuando la cuota resultante a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, en respuesta a un requerimiento del Tribunal Supremo.

En Pleno y por unanimidad, el tribunal, que no ha hecho pública la sentencia, responde a una cuestión planteada por el Supremo en julio de este año, sobre tres artículos de la ley de Haciendas Locales, los relativos al cálculo de la plusvalía municipal cuando ésta es superior al beneficio obtenido por la venta de un inmueble.

Y ha declarado que el art. 107.4 de la Ley de Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional. La sentencia conocida este jueves, de la que ha sido ponente Pedro González-Trevijano, indica que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia.

Ello es contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad, señala el Constitucional. Lo que planteaba el Supremo, en un auto fechado el pasado 1 de julio, es si cabía en el marco de la Constitución que un contribuyente "ante la precariedad de su situación económica -escenario en modo alguno infrecuente en los años de crisis económica-" que se ve obligado a vender un inmueble tenga que pagar una plusvalía mayor que la ganancia obtenida.

La Sala de lo contencioso explicaba que "en el mejor de los casos", se obtiene una plusvalía por la venta del inmueble, pero al mismo tiempo el vendedor es desposeído de una suma de dinero de importe superior a la ganancia patrimonial conseguida con dicha compraventa. En estos casos, proseguía el Supremo, no es solo que la carga fiscal adquiera "una naturaleza confiscatoria", es que la cuota tributaria girada por la Hacienda local supone, según el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE), "una carga fiscal excesiva para la situación financiera".

El caso concreto que llevó al Tribunal Supremo a acudir al Constitucional es el de un matrimonio de Zaragoza que vendió por 153.000 euros un inmueble que habían comprado por 149.051 euros, en el que hicieron mejoras valoradas en 34.800 euros y al que el Ayuntamiento aplicó una plusvalía de 6.902 euros.
(El Mundo, 01-11-2019)

Laboral

El Supremo dirá si se puede obligar a un funcionario a jubilarse por bajo rendimiento
El Tribunal Supremo deberá decidir próximamente si la administración pública puede obligar a jubilarse a un empleado público que ya ha cumplido la edad de jubilación pero que ha solicitado seguir en activo, argumentando este retiro forzoso porque que el trabajador tiene bajo rendimiento en sus tareas.

Así se desprende de la admisión a trámite, por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de un recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que había sentenciado que un funcionario no puede ser obligado a jubilarse por su bajo rendimiento y declaró el derecho de este trabajador a prolongar su servicio. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, este colectivo puede solicitar permanecer en su puesto “como máximo hasta que cumpla setenta años de edad”.

Los hechos sobre los que deberá pronunciarse el Supremo se iniciaron el 5 de septiembre de 2017, cuando la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) rechazó la solicitud de un funcionario de este último organismo para prolongar su permanencia en el servicio activo una vez cumplida la edad de jubilación.

Este rechazo a que el trabajador siguiera en su puesto fue justificado en informe o propuesta desfavorable de la Dirección del Departamento de Recursos Humanos de la delegación especial en Aragón de la AEAT, por “las deficiencias en el rendimiento de este funcionario”.

Sin embargo, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón al funcionario argumentando que “la motivación de la negación no está basada en hechos objetivos correspondientes a decisiones de organización del servicio o carga presupuestaria, sino que se basa en el comportamiento individual y subjetivo del demandante”. En este punto, el TSJA se refiere a otra sentencia del Supremo de 3 de diciembre de 2012, para señalar que dichas causas de rechazo son “subjetivas” y “no son suficientes”.

En opinión del tribunal autonómico aragonés que respaldó el derecho del funcionario a seguir en su puesto, lo que imputa la AEAT a este trabajador es “una falta de interés en determinadas cuestiones” que su empleador considera de trascendencia. Por ello, lo que debería hacer la Agencia Tributaria es abrir un expediente disciplinario y, en caso de que se lo mereciera, una sanción por ello. Es más, los magistrados consideran que en el rechazo a la solicitud del funcionario “se esgrime indebidamente una supuesta actividad negligente del funcionario que, hasta momentos previos a la jubilación nunca fue puesta de manifiesto ni denunciada por la Administración, ni le supuso consecuencia alguna de naturaleza sancionatoria”.

Si bien, el abogado del Estado, en representación de la AEAT decidió presentar un recurso de casación contra la sentencia del TSJ de Aragón, sosteniendo que el rechazo de la petición del empleado público “tiene sustento razonador y motivación suficiente, en las razones de baja productividad del funcionario que allí se ofrecen”. Además, entiende que de esta forma “se cumple así el deber de motivación” que exige el artículo 67.3 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este artículo dice que “la Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación” de la actividad.

En este punto, el Supremo ha decidido en su admisión a trámite del recurso de la Abogacía del Estado que determinará “cuál debe ser el contenido del deber de motivación” que incluye el artículo 67.3 del Estatuto del Empleado Público antes citado. Esto es, que en el caso de que una administración deniegue a un empleado la posibilidad de seguir en su puesto tras cumplir la edad de jubilación qué es lo que debe argumentar para que esta negativa sea válida. Y, concretamente, dirimirá “si esa motivación puede estar basada en la aportación concreta del funcionario al servicio público prestado y a la consecución de los fines encomendados o habrá de ser necesariamente objetiva, basada estrictamente en causas organizativas o de reestructuración”, indica el Supremo en su auto de admisión a trámite.
(Cinco Días, 04-11-2019)

Las empresas de trabajo temporal realizarán más de 1,1 millones de contratos
Un 5% más que el año pasado, durante esta campaña navideña, cuyo inicio se adelanta al "Black Friday" y se prolonga hasta las rebajas de enero, según los datos facilitados por la patronal del sector Asempleo. En un contexto de incertidumbre en la creación de empleo para el cierre de año, la campaña de Navidad seguirá moviendo grandes volúmenes de contratación, apuntan desde la patronal que recuerda que la celebración del "Black Friday" marca el inicio de un periodo que alcanza máximos anuales y se extiende hasta después de Reyes.

No obstante, advierten que pese al gran impacto que arrastra este fenómeno, poco podrá modificar el panorama de desaceleración actual que apunta a terminar el año con una tasa de creación de empleo del 2,2 %. Por perfiles, como suele ser habitual, se necesitan trabajadores del sector de la logística y la distribución (empaquetadores, transportistas), también personal administrativo y de atención al cliente, además de dependientes, comerciales, promotores, reponedores y empleados para hostelería y restauración.

En total, comercio, hostelería y transporte absorberán cerca del 40 % de la contratación total. Asempleo también incide en que buena parte de los contratos realizados se mantendrá durante, al menos, todo un trimestre y que tres de cada diez trabajadores que empiezan con un contrato desde una empresa trabajo temporal terminan quedándose en la empresa.

En línea con los datos de Asempleo, la consultora de recursos humanos Adecco cifra en 1,15 millones el número de contratos que se rubricarán en esta campaña navideña, una cifra que marca récord y supone un incremento del 7,3 % respecto al año pasado y, todo, "pese a la incertidumbre política y económica". La campaña de Navidad crecerá no obstante a un ritmo ligeramente más moderado que el año pasado, cuando la contratación aumentó el 8 %, según Adecco.

Los sectores protagonistas en creación de empleo serán el de gran consumo y atención al cliente, aunque también fuerza de ventas, donde se espera un incremento de hasta un 40 % en la contratación con respecto al resto de meses del año, dado que muchas empresas tienen cerca del 50 % de su facturación ligada a este periodo. En esta línea, el perfil más buscado será el comercial: promotores, dependientes, gestores del punto de venta, comerciales o gestores telefónicos de ventas.

Los sectores de alimentación, distribución, comercio, logística y transporte, comercio electrónico, alta perfumería y cosmética, electrónica, juguetería, imagen y sonido, banca o atención al cliente aumentarán también su plantilla de cara a la Navidad. La hostelería y el turismo, así como en el sector aeroportuario -sobre todo en Madrid, Barcelona, Baleares y Canarias- verán también un aumento de las contrataciones en las semanas centrales de la campaña.

Cataluña se sitúa un año más a la cabeza de las previsiones de la campaña navideña y es la comunidad autónoma en la que más contratos se firmarán, según Adecco, por encima de 214.600, y la segunda que más crece con respecto a 2018, un 9,5 %. Más pesimista en sus previsiones se muestra la empresa de contratación Randstad, que considera que entre noviembre y enero se suscribirán 453.260 contratos, un 5 % más que el año anterior, sobre todo en sectores como transporte y logística, hostelería y comercio.
(El Mundo, 03-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Los brókeres de Bolsa y las gestoras piden a Economía que reforme su fondo de garantía
El Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) se creó en 2001 para blindar el dinero depositado por los clientes en sociedades, agencias de valores, gestoras de carteras y gestoras de fondos de inversión. Las entidades adheridas al fondo, que concluyó el año pasado con un patrimonio de 100,6 millones de euros, solicitan al Ministerio de Economía que reformule el funcionamiento de este vehículo de rescate y aplique una rebaja de las aportaciones y ponga en marcha determinadas exenciones.

La regulación del Fogain data de hace 18 años y contempla unas aportaciones exigentes para sus miembros. Primero, un importe fijo de 20.000 a 40.000 euros en función de los ingresos; segundo, el 2 por 1.000 del dinero en efectivo que tengan depositado más el 0,05 por 1.000 del valor de los instrumentos financieros (bonos, acciones o derivados, principalmente); y tercero, el resultado de multiplicar el número de clientes por tres euros. Las empresas de asesoramiento (EAF) son las únicas firmas de servicios de inversión que no tienen que aportar dinero al fondo.

Fuentes del sector señalan que se ha pedido a Economía que se renueve toda la regulación relativa a este fondo de rescate y que se actualice en un momento de debilidad para este tipo de intermediarios. Sin embargo, una portavoz del departamento que dirige en funciones Nadia Calviño matiza que este tema no está sobre la mesa del ministerio. Las empresas de servicios de inversión (agencias y sociedades de valores) han visto mermado su beneficio entre enero y agosto un 40%, hasta los 44,3 millones, debido a los costes tecnológicos y administrativos derivados de la puesta en marcha de la directiva europea Mifid 2, en vigor desde enero de 2018.

La nueva regulación obliga, entre otras cuestiones, a que las entidades adopten todas las medidas "suficientes" para que sus clientes obtengan el mejor resultado posible en sus operaciones en el mercado. BME continúa siendo líder por liquidez entre los valores nacionales –su cuota de mercado en septiembre fue del 69%–, pero hay otras plataformas, como Turquoise, Bats CXE o Chi-X en las que también se negocian valores españoles. Y participar en ellas es caro y exige invertir en tecnología.

Con un patrimonio de 100,6 millones al cierre del año pasado, un 13,8% más que en 2017, según el último informe anual de la CNMV, las entidades adheridas a este fondo piden árnica en cuanto a las aportaciones. Estos recursos son más que suficientes para afrontar posibles problemas, según fuentes conocedoras de las peticiones. El Fogain, al igual que el FGD, fue potenciado en octubre de 2008 para que se homologara el importe garantizado en todos los países de la Unión Europea. Este pasó de los 20.000 a los 100.000 euros en plenas turbulencias tras la quiebra de Lehman Brothers.

A cierre del año pasado, había 167 entidades adheridas. El 54,5% de ellas eran sociedades y agencias de valores, y el 45,5% restante, gestoras de fondos, principalmente de inversión.
(Cinco Días, 04-11-2019)

El BCE prefiere que los bancos no cobren al cliente por los depósitos
El dinero se penaliza en este mundo de tipos de interés negativos. Al menos, las grandes cantidades aparcadas en depósitos. El Banco Central Europeo (BCE) cobra a la banca por el dinero que dejan parado en Fráncfort con la intención de forzar a que esa liquidez se invierta y se vuelva productiva. Ahora, tras años de tipos negativos y con un impacto estimado en más de 20.000 millones de euros, cada vez más entidades estudian cobrar a sus clientes por grandes depósitos, como hacen ya en muchos casos con los de las grandes empresas.

Pero el BCE no comparte esta medida de la banca para aliviar la tensión en sus cuentas. "Es preferible que los bancos asuman el coste para una correcta transmisión de la política monetaria y para evitar que se encarezcan las condiciones del crédito", señalan fuentes cercanas a la institución.

Si los bancos cobran a empresas y particulares por los depósitos, tendrán menos incentivos para conceder crédito barato y la transmisión de la política monetaria europea, fundamentalmente bancaria, podría verse deteriorada. Además, sostienen estas mismas fuentes, "se alimentaría la teoría de que el BCE chupa la sangre de los pequeños ahorradores europeos".

El mensaje ha calado especialmente en Alemania y encontró su máximo exponente en la portada de Bild del 13 de septiembre, en la que comparaba a Mario Draghi, que finalizó el jueves pasado su mandato como presidente del BCE, con el conde Drácula.

El propio Draghi reconoció hace apenas dos meses que "aunque hasta donde sabemos se cobra sólo a depósitos corporativos, es un porcentaje cada vez mayor y nos preocupa". Christine Lagarde, que reemplazó en su cargo a Draghi el viernes, no se ha manifestado todavía al respecto, pero se espera que no se desmarque de la posición oficial de la autoridad monetaria.

Aunque el BCE se opone a la idea de que las entidades cobren por los depósitos, las fuentes consultadas aseguran que la decisión pertenece exclusivamente al sector. "Se trata de una decisión privada que los bancos pueden tomar en el marco de la libre competencia y no habrá intervención", sostienen.

Por su postura, queda descartado "al menos bajo las actuales circunstancias" que el BCE atienda a las peticiones de Jean-Pierre Mustier, consejero delegado de UniCredit, que solicitó que fuera la propia autoridad monetaria la que forzase a las entidades a cobrar por los depósitos. Mustier quería evitar el riesgo reputacional y el posible impacto a la captación de depósitos que asumiría el primer banco anunciara tipos de interés negativos para todos sus depósitos, algo que, de momento, parece lejano.

De momento, el BCE fía a la competencia entre entidades el evitar que aumente el cobro por depósitos, pero ya ha tomado medidas de política monetaria encaminadas a prevenirlo.
(Expansión, 03-11-2019)

El euríbor suma dos meses de mínimos avances
El euríbor volverá a dar buenas noticias a los hipotecados que revisen su crédito con el indicador del mes de octubre. Este índice hipotecario cerrará el mes con un mínimo repunte respecto al mes anterior, aunque volverá a permitir el abaratamiento, aunque sea reducido, de las hipotecas a interés variable que tengan una revisión anual y también semestral.

A falta aún de una sesión para que concluya el mes, el euríbor a doce meses cerrará octubre en el -0,307%. Avanza apenas unas milésimas desde el -0,339% de septiembre y confirma dos meses seguidos de mínimos ascensos desde el mínimo sin precedentes marcado en agosto, en el -0,356%. El dato de octubre supone en todo caso un descenso frente al euríbor de hace un año, en el -0,154%, y el de hace seis meses, en el -0,112%, lo que facilitará la reducción de la cuota mensual en las hipotecas.

Así, para una hipoteca con revisión anual de 140.000 euros a un interés de euríbor más 120 puntos básicos a un plazo de 25 años, el pago mensual pasará de los 530,5 euros a los 520,8 euros al mes. En definitiva, un ahorro mensual de casi 10 euros. Y si la revisión es cada semestre, el ahorro será de casi 13 euros, desde una cuota anterior de 533,22 euros.

El euríbor hipotecario sigue en zona de mínimos históricos, y sin visos de un repunte significativo en el corto plazo, después de que el BCE diera un giro a su política monetaria desde el inicio de año. La creencia de que serían necesarios más estímulos a la vista de la creciente desaceleración económica, desencadenada por incertidumbres como la guerra comercial o el Brexit, terminó por confirmarse en septiembre con un nuevo paquete de política monetaria, que incluyó la rebaja de la facilidad de depósito al -0,5%, la reanudación de las compras de deuda y un cambio en la hoja de ruta del BCE por el que una futura subida de tipos se vincula al alza de la inflación, renunciando a fijar una fecha concreta y dibujando un horizonte de tipos cero sine die.

Tal perspectiva de tipos bajos aleja en el tiempo el encarecimiento de las hipotecas si bien el descenso del euríbor habría tocado ya fondo en agosto. Los actuales niveles de euríbor están además provocando el hecho insólito, aunque minoritario, de hipotecas a interés negativo, aquellas contratadas en su día a diferenciales mínimos de apenas 20 puntos básicos sobre euríbor. Las entidades sin embargo no están pagando al cliente por su hipoteca en tal caso y sí dejando el tipo de interés del crédito al cero.
(Expansión, 01-11-2019)

 
 
 
 
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