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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 6 DE NOVEMBRE DE 2019 

Mercantil, Civil i Administratiu

Euro
Resolución de 5 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 06-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/06/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/06/index.php?s=3


NOTÍCIES DE PREMSA DEL 6 DE NOVEMBRE DE 2019  

Fiscal

El Banco de España pide una política fiscal que se decida en Bruselas
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha abogado por una política fiscal que se decida en Bruselas, ya que, en su opinión, esta medida sería "más efectiva" que pedir a Alemania o a otros países que apliquen políticas fiscales expansivas para impulsar el crecimiento.

De Cos ha participado este martes en la Conferencia Internacional de Banca organizada por el Banco Santander, en la que ha destacado que la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) ha hecho "todo lo necesario" para salvaguardar la zona del euro, aunque quizás "esté llegando a su límite".

Ahora, ha recordado, el BCE intenta que la política fiscal ayude, y ha pedido a países que cuentan con espacio fiscal como Alemania o Países Bajos, que adopten políticas fiscales expansivas. No obstante, el gobernador ha considerado que intentar obligar los países a que apliquen dichas políticas "no es la forma", y se ha mostrado a favor de una estabilización fiscal que se decida en Bruselas, algo que, en su opinión, sería más efectivo.

En su intervención y preguntado por la situación del sistema financiero, el gobernador ha insistido en que lo que más preocupa a los bancos centrales y a los supervisores no es tanto el alza del riesgo, si no la baja rentabilidad. Creo que el sector reconoce que el entorno estructural es distinto y tenemos que centrarnos en cómo adaptarnos a ello, ha dicho Hernández de Cos.
(El País, 06-11-2019)

Asturias y Murcia, comunidades con el mayor crecimiento anual del PIB en el tercer trimestre
Las comunidades autónomas de Asturias (+2,3%) y Murcia (+2,2%) fueron las dos regiones españolas que registraron un mayor crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2019, según la estimación publicada este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Tras ellas, con un crecimiento del 2,1% de su PIB, se sitúan Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, seguidas de Navarra, Cataluña y Madrid, todas ellas con un aumento del 2% en sus economías.

A continuación, se encuentran La Rioja (+1,9%), Cantabria (+1,8%), Castilla y León (+1,8%), Baleares (+1,7%), Extremadura (+1,7%), Canarias (+1,6%), Aragón (+1,6%) y País Vasco (+1,6%). En lo que se refiere al crecimiento trimestral entre julio y septiembre, la Airef estima que Murcia creció un 0,6%, seguida por Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia, todas ellas con un crecimiento del 0,5%.

Con un aumento trimestral del 0,4% en el PIB la AIReF sitúa a Andalucía, Castilla y León, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, y con un 0,3% a Aragón y Cantabria. Por último, la Airef calcula que la economía de Baleares y Canarias creció un 0,2%. La AIReF, además, calcula que la economía española acelerará su crecimiento hasta situar en el 0,54% el avance intertrimestral del PIB tanto del cuarto trimestre como en los tres primeros meses de 2020.

El avance estimado por la AIReF supera el crecimiento registrado por la economía española tanto en el segundo como el tercer trimestre, que se ha situado en el 0,4%. La AIReF ha actualizado este martes sus estimaciones con los datos de afiliación a la Seguridad Social de octubre y volverá a revisarlos el miércoles con el índice PMI de servicios y el índice de producción industrial.
(El Mundo, 06-11-2019)

Laboral

Un juez condena a una empresa por obligar a sus empleados a falsear el registro horario
Así lo ha determinado el juzgado de lo Social nº 3 de Ciudad Real en una reciente sentencia en la que obliga a una empresa a compensar con 1.090 euros a una trabajadora o readmitirla y abonarle el salario que no disfrutó desde el cese.

La mujer ejercía como auxiliar de peluquería con un contrato a tiempo parcial (por circunstancias de la producción) de seis meses de duración para un total de 24 horas semanales y con vinculación formativa. Su sueldo era de unos 680 euros y trabajaba de lunes a jueves cinco horas cada día, los viernes desde la diez de la mañana hasta las 21:00 horas con una hora para comer y los sábados de 10 a 15:00 horas. Es decir, un total de 35 horas semanales (11 más de la que se le pagaba).

Según consta en los hechos probados de la sentencia, el contrato se firmó meses después de comenzar a trabajar y en él se refleja que la trabajadora pasa a desempeñar funciones de mayor responsabilidad desde el momento de la firma: pasó de ser auxiliar a oficial de peluquería y de estética. Un año después de comenzar a ejercer en esa peluquería, y tras encadenar otros contratos temporales a tiempo parcial, su jefa le comunica verbalmente el despido justo cuando coincide la terminación de su contrato laboral. La empleada demandó a la peluquería porque en realidad estaba trabajando a jornada completa (y no parcial como decía en su contrato) y porque la dueña les obligaba, a la afectada y a sus compañeras, a firmar partes de horas falsos. Por su parte, la empresa alegó que no aprecia que sea un despido sino una simple terminación del contrato.

Según la sentencia, la contratación temporal ha sido tradicionalmente en nuestro derecho laboral “una excepción a la regla general de la relación laboral indefinida” y, por tanto, es necesario una determinada causa que justifique ese tipo de contratación. De este modo, la jueza explica que los requisitos para avalar un contrato eventual son: la naturaleza extraordinaria de la necesidad de trabajo a atender y el carácter transitorio o temporal de esta necesidad.

En este caso, asegura que “no consta causa alguna que determine el motivo por el que se decidió la modalidad contractual a tiempo parcial” y, por tanto, el incumplimiento de esta obligación genera la presunción de que el contrato es indefinido “para evitar situaciones de indefensión en el polo más débil de la relación laboral: el trabajador”.

Otro de los motivos de fraude que aprecia la sentencia es que en los dos contratos que constan firmados se refleja que son a tiempo parcial con vinculación formativa “sin que haya realizado la empresa la más mínima prueba de que se ha llevado a cabo una actuación formativa”. Y, además, la afectada ha pasado de ostentar en el primero de los contratos la categoría de auxiliar a pasar a ser oficial de peluquería y estética, y a pesar de esto, “sigue reflejándose en el contrato que tiene vinculación formativa”.

En el finiquito de la trabajadora se fijó una indemnización de 12 días por año trabajado, basándose en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores (ET) previsto para cuando finaliza el contrato en el tiempo convenido. Sin embargo, este criterio no es de aplicación en casos de interinidad y contratos formativos, lo que hace más patente que no se ajusta a la legalidad. “Debe convertirse en indefinido y el despido solo puede ser calificado como improcedente”, zanja la sentencia.
(Cinco Días, 06-11-2019)

CEOE pide diálogo y consenso para frenar el desempleo
La patronal CEOE ve imprescindible abrir una nueva etapa de diálogo y consenso para frenar el avance del desempleo y porque es la "única vía" que garantiza un clima de estabilidad favorable a la actividad empresarial y a la creación de empleo. "La actividad empresarial responde positivamente a medidas que garanticen la estabilidad y la moderación", incide la CEOE en un comunicado en el que recuerda que España sigue "superando los tres millones y medio de desempleados".

El número de parados registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) alcanzó 3.177.659, tras aumentar en octubre en 97.948 personas respecto al mes anterior, mientras que el número de afiliados alcanzó 19.429.993 tras sumar 106.541 personas, la mayor cuantía en octubre tras el logrado el pasado año.

El desempleo crece en términos mensuales y desestacionalizados, pese a que se produce un repunte de la afiliación a la Seguridad Social que responde principalmente a las contrataciones del sector público, más concretamente del ámbito de la educación, explica la CEOE. Lamenta que por tercer mes consecutivo se produzca una caída en el empleo más pronunciada en el sector privado.

No obstante -señala- en la evaluación de estos datos no se puede ignorar que octubre es un mes tradicionalmente negativo para el empleo, a lo que se une este año la desaceleración de la economía mundial, la incertidumbre y la falta de confianza. La patronal de las agencias de colocación Asempleo apunta en una nota de prensa a un enfriamiento del mercado laboral y alerta de que el comportamiento del desempleo muestra que los 3 millones de parados suponen "un suelo difícilmente reducible sin políticas estructurales".
(Expansión, 06-11-2019)

Los sindicatos perseguirán la inconstitucionalidad del despido por absentismo
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional avalando el despido objetivo por absentismo reiterado, aunque este esté provocado por bajas médicas justificadas ha levantado las iras de las cúpulas sindicales. La sentencia, conocida la pasada respalda esta modalidad de despido tal y como fue regulada en la reforma laboral de 2012.

Los máximos líderes sindicales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, arremetieron ayer visiblemente preocupados contra esta sentencia del Constitucional que calificaron de “inhumana”, “despiadada” y “claramente discutible”, ya que tuvo tres votos particulares en contra, “probablemente de los votos más duros que se recuerdan en una sentencia del Constitucional”, dijo el líder ugetista.

Aunque el uso de este tipo de despido ha sido prácticamente residual hasta ahora –”probablemente por desconocimiento empresarial”, dijo Sordo– este fallo judicial “ha generado una comprensible y justificada alarma social”, añadió el responsable de CC OO. Es más, ante la posibilidad de que exista un “efecto contagio” y los empresarios que no usaban este tipo de despido pasen a considerarlo, los sindicatos anunciaron ayer que “seguirán persiguiendo que se declare inconstitucional”.

Así, Sordo explicó que el TC no se ha pronunciado sobre todos los posibles factores susceptibles de ser declarados inconstitucionales y, por lo tanto, los sindicatos pretenden mantener abierta la vía judicial para conseguirlo.

Para ello, tendrán que utilizar próximos casos de despido por absentismo de otros trabajadores, que recurrirán –por la vía judicial española y europea– argumentando que son inconstitucionales por discriminación, algo que no ha sido juzgado. Concretamente, Sordo explicó que esta modalidad de despido objetivo es discriminatoria por tres razones: las de género (afecta más a mujeres que a hombres); por razones de genética (discrimina a aquellos trabajadores con mayor propensión a enfermar); o por motivos personales o sociales (los trabajadores que residen en barrios más pobres tienen estadísticamente más enfermedades).

Además, otro de los argumentos esgrimidos ayer por los sindicatos es que estos despidos podrían también vulnerar el derecho a la protección de datos relacionados con la salud, porque al no poder aplicarse por tratamientos de cáncer o enfermedad grave, el trabajador debe facilitar datos personales sobre su dolencia.

Asimismo, consideran que el fallo del TC va también en contra de una norma de rango superior como es el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dice que todo despido debe basarse en una causa justa y dice expresamente que nunca puede justificarse con las ausencias de un trabajador por su enfermedad.

Junto a esta advertencia de mantener la vía judicial abierta, los líderes de CC OO y UGT también anunciaron otra línea de trabajo que consistirá en pedir a todos los comités de empresa, delegados y juntas de personal que se dirijan al Constitucional para que le expliquen cómo afecta que un trabajador vaya enfermo a trabajar, "para que esto no quede como una demanda exclusiva de las direcciones de los sindicatos".
(El País, 06-11-2019)

El mercado laboral ofrece mejores señales en cuanto a la afiliación
El mes pasado se saldó con un incremento del paro registrado de 97.948 personas, en el peor octubre desde el 2012. Así, los registros de las oficinas de empleo suman 3.177.659 parados, según ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En términos absolutos, Catalunya es la segunda comunidad con mayor incremento del desempleo (14.644 personas), por detrás de Andalucía (23.759). Sólo en la Comunidad Valenciana se redujo levemente el paro registrado (-542).

El mercado laboral ofrece mejores señales en cuanto a la afiliación. Los cotizantes aumentaron con respecto a septiembre en 106.541 personas, hasta rozar los 19,43 millones de ocupados. Se trata del mayor incremento de la serie en un mes de octubre, sólo superado por el del 2018. Con todo, el ritmo anual de creación de empleo se va reduciendo poco a poco. En los nuevos registros, se sitúa en un 2,3%, acercándose al crecimiento del PIB –actualmente en un 2%–. En el último año, el sistema de la Seguridad Social ha ganado casi 437.000 afiliados.

La afiliación en Catalunya creció en 9.666 personas, por lo que el número de ocupados alcanza los 3,47 millones. Al tiempo, la tasa anual de crecimiento de cotizantes se sitúa en el 2,2%. Como acostumbra a ocurrir cada año con el arranque del curso escolar, la educación es el sector encargado en tirar de la afiliación –ganó 151.087 trabajadores–. Le siguen la Administración Pública (16.939), las actividades artísticas y de entretenimiento (16.520) y la construcción (12.923).

En paralelo, el final de la campaña estival se nota en la caída de cotizantes en la hostelería (-60.638). A lo que se une la reducción de ocupados en actividades sanitarias (-35.951) y actividades administrativas y servicios auxiliares (-19.323).
(La Vanguardia, 06-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Gobierno podrá intervenir servicios digitales si amenazan al orden público
El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales. Estos escenarios son: que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.

"En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional". Así lo señala el texto del Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, y que este martes aparece publicado en el BOE.

"Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación", argumenta el Gobierno en las disposiciones generales. Este Real Decreto-ley modifica varias leyes, entre ellas la General de Telecomunicaciones de 2014.

En esa ley ya se hablaba de la posibilidad de que el Ejecutivo, también con carácter excepcional y transitorio, pudiera acordar la asunción por parte de la Administración de la gestión directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional. Ahora se añade una nueva redacción del apartado y se habla de gestión directa o de intervención en los supuestos que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y nacional.

Esta decisión se podrá adoptar por propia iniciativa del Gobierno o a instancias de una administración pública competente; en este último caso será preciso que esta administración, por ejemplo, tenga competencias en materia de seguridad.

En cuanto el proceso sancionador, el Real Decreto-ley da una nueva redacción a uno de sus apartados: "previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos".

Introduce, entre ellos, el de la amenaza inmediata y grave para el orden público, seguridad pública o nacional o cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública. El nuevo decreto incluye un apartado nuevo al artículo de la ley de 2014 que se refiere a los requisitos exigibles para la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.

Así, las Administraciones Públicas deberán comunicar al Ministerio de Economía y Empresa todo proyecto de instalación o explotación de redes de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación que haga uso del dominio público, tanto si dicha instalación o explotación va a realizarse de manera directa, a través de cualquier entidad o sociedad dependiente de ella.

Todo ello se contempla en el capítulo de las medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones, mientras que, en el capítulo de las medidas en materia de identificación electrónica y ubicación de determinadas bases de datos, el nuevo Real Decreto-ley dice que deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la UE.

"Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la UE".
(Expansión, 06-11-2019)

La confianza del consumidor desciende siete puntos y encadena cuatro meses a la baja
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se situó en octubre en 73,3 puntos, 7,4 menos que en septiembre, encadenando cuatro caídas consecutivas después de que en junio se situara en 102,3 puntos, el nivel más alto desde agosto de 2018.

Así lo refleja el dato publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) donde se explica que este nuevo descenso se debe a la evolución negativa tanto del índice de situación actual, que baja 6,7 puntos, como de la valoración de las expectativas, con un descenso de 8,1 puntos.

De esta forma, el ICC acumula una caída cercana al 30% en los cuatro últimos meses y vuelve a situarse en valores similares a los registrados en los últimos meses del año 2013.

En relación con el mes de octubre del pasado año la evolución es también negativa, pero el descenso es mayor. En concreto, el ICC desciende desde octubre del pasado año 19,7 puntos, con una pérdida en términos absolutos para la valoración de la situación actual de 15,4 puntos y de las expectativas, que ofrecen un descenso más acusado, de -23,9 puntos.

En términos porcentuales el perfil de la evolución registrada es similar, con un descenso del ICC de un 26,8% como resultado de la pérdida del 22% en la valoración de la situación actual y de la caída del 31,2% en las expectativas.
(El Mundo, 06-11-2019)

 
 
 
 
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