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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2019  

Laboral

Acuerdo de la comisión paritaria del Convenio colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la comisión paritaria del Convenio colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.
(BOE, 07-11-2019)

Acuerdo sobre el registro de la jornada de trabajo, derivado de lo establecido en el Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre el registro de la jornada de trabajo, derivado de lo establecido en el Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
(BOE, 07-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Requisitos técnicos exigibles para la homologación nacional de vehículos y se concretan aspectos del procedimiento para autorizar la puesta en circulación en España de vehículos ya matriculados en otros Estados
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, relativa a los requisitos técnicos exigibles para la homologación nacional de vehículos y se concretan aspectos del procedimiento para autorizar la puesta en circulación en España de vehículos ya matriculados en otros Estados.
(BOE, 07-11-2019)

Euro
Resolución de 6 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 6 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 07-11-2019)

Contable

Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 31 de octubre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019.
(BOE, 07-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/index.php?s=3



NOTÍCIES DE PREMSA DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2019  

Fiscal

La Comisión Europea rebajará este jueves las previsiones de crecimiento de España en cuatro décimas
La desaceleración económica sigue sin dar tregua a Europa. Las incertidumbres que siguen frenando el ritmo de crecimiento de la UE obligan de nuevo a rebajar sus perspectivas para este año. España no es ajena a ese enfriamiento y el Ejecutivo comunitario cree que cerrará el año con un avance del PIB del 1,9%, cuatro décimas menos que en las previsiones publicadas en julio. El mismo recorte contempla para 2020, cuando España crecería el 1,5%. Bruselas estima, además, que el déficit será del 2,3% en lugar del 2% previsto por el Gobierno, según los datos del borrador al que han tenido acceso fuentes comunitarias.

Los ministros de Finanzas de la zona euro se reunirán este jueves en Bruselas con el nuevo documento de previsiones elaborado por la Comisión Europea encima de la mesa. Y solo un día después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) llamara a los países del euro a preparar planes de contingencia por si la economía acaba despeñándose a causa de un recrudecimiento de las guerras comerciales que se libran desde el otro lado del Atlántico o si el Brexit acaba descarrilando.

El Gobierno estimó en el cuadro macroeconómico que mandó a Bruselas el pasado mes de octubre que el crecimiento económico se situaría en el 2,1% este año y un 1,9% el que viene, una décima menos de la previsión inicial. Y mantuvo su objetivo de déficit en el 2% del PIB, desde el 2,5% del cierre de 2018.

Sin embargo, las previsiones que la Comisión publicará hoy recogen una expansión menor: el 1,9% este año y el 1,5% el que viene, según adelantó El Mundo este miércoles por noche y confirmó EL PAÍS. No obstante, fuentes diplomáticas españolas confiaron en que España crecerá este año por encima del 2%. Según explicaron, las previsiones de Bruselas se elaboraron antes de que se publicara el dato del PIB del tercer trimestre del año, que arrojó un crecimiento del 0,43%. En lugar de eso, según estas fuentes, Bruselas consideró que España creció un 0,3%. Asimismo, Bruselas considera que España crecerá un 0,3% en el tramo final del año.

Sin unos Presupuestos que permitan nuevos ingresos, Bruselas considera, además, que esa inercia llevará el déficit al 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB), tres décimas por encima de lo previsto por el Gobierno. Y en un escenario de políticas constantes, el desfase presupuestario seguiría el año que viene. Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que si el año se cierra en línea a las previsiones del Gobierno —dos décimas más—, el objetivo de déficit planteado por la ministra Nadia Calviño es alcanzable.

La Comisión Europea remitió una carta a España hace apenas dos semanas en la que le recordaba que incurría en el “riesgo de una desviación significativa” del déficit pese decir que era consciente de la situación política por la que atraviesa el país. Tras salir del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas exige a España llevar a cabo unos ajustes con independencia del ciclo económico. Es decir, permanentes. Eso significa que España debe realizar unos ajustes por 6.600 millones (con una cierta flexibilidad). La imposibilidad de aprobar unos Presupuestos por segundo año ha hecho que España siga reduciendo el déficit casi en exclusiva por el efecto del crecimiento económico, según ha advertido el Consejo Fiscal Europeo.
(El Mundo, 07-11-2019)

Laboral

Una empresa con problemas económicos no puede despedir a empleados de áreas rentables
Tener una situación económica negativa en la empresa no justifica cualquier despido. Así se desprende de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja en la que declara improcedente el cese de un empleado que trabajaba en un área que arrojaba beneficios.

Aunque el TSJ considera acreditada la difícil situación financiera en la que se encontraba la compañía, descarta que ello conlleve al despido de ese trabajador en concreto, ya que "presta servicios en una sección distinta en la que no se estaba registrando una disminución en las ventas". Por ende, los magistrados consideran que el cese no cumple con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad y lo califican de improcedente.

Como reflejaba la carta de despido, la compañía resolvió despachar al empleado a causa de un descenso drástico del volumen de producción que generó una "situación insostenible" para la organización. Esto se debía a que uno de los principales productos comercializados era venezolano, y dejaron de recibirlo debido al contexto político del país.

Para equilibrar esta caída de ingresos, la empresa decidió tomar medidas para "optimizar recursos y reducir costes" y despidió a varios trabajadores de diferentes departamentos. Ahora, el tribunal confirma el criterio del juzgado de instancia que se opuso a esta decisión y determina que la empresa no puede basarse en la pérdida de su potencial cliente para avalar el cese de un empleado que, además, no trabaja en la sección afectada.

En su lugar, agregan los magistrados, debe justificar que en la sección del trabajador "concurre una razón organizativa o productiva que haga patente la necesidad de reducción de personal". Dicha decisión, por tanto, ha de estar fundamentada en base a dos principios: razonabilidad y proporcionalidad. En este caso, insisten los jueces, la situación económica por sí sola no justifica la salida del demandante.

Para el TSJ, a pesar de que el empresario tiene la potestad de elegir al personal afectado por una medida laboral como es el despido, "no cabe entender tal facultad en el sentido de aplicarla a un trabajador que realiza una actividad productiva que la empresa mantiene y que le reporta beneficios", sin alegar ninguna explicación lo justifique.

Por todo ello, los magistrados confirman la sentencia de instancia y dan a elegir a la empresa entre readmitir al trabajador (y abonarle los salarios de tramitación) o indemnizarle con casi 9.000 euros.
(Cinco Días, 07-11-2019)

La Audiencia Nacional dice que los interinos deben optar a su plaza por oposición y no por antigüedad
La Audiencia Nacional ha respaldado el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado en marzo de 2017 por el Ministerio de Hacienda y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF, según el cual los trabajadores interinos de las administraciones deben presentarse en libre concurrencia con el resto a un concurso oposición si quieren optar a convertirse en funcionarios propietarios de la plaza que ocupan.

Así queda establecido en la sentencia de la sección séptima de la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, dada hoy a conocer por el sindicato de funcionarios CSIF, en la que se desestima un recurso presentado por la Asociación de Interinos y Laborales (ANIL) contra el citado acuerdo de estabilización del empleo público sellado por el Gobierno y los sindicatos mayoritarios de la función pública.

Los magistrados niegan así la pretensión de la asociación demandante de que los interinos de larga duración pudieran acceder a la propiedad de sus puestos a través de un concurso de méritos, sin oposición, en el que se valoraría su antigüedad. Sin embargo, la sentencia considera que "no tiene ninguna base jurídica la pretensión de que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos".

Los responsables de este fallo lo argumentan en que "la preferencia por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a oposiciones restringidas, salvo supuestos excepcionales, y la prohibición de integración automática de determinados grupos en la función pública, es una constante en la jurisprudencia constitucional".

De hecho, el texto conocido hoy hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2014, citada por la Abogacía del Estado en esta causa, en la que se admite que "la consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público (...) pero no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable".

En opinión de la Audiencia "tampoco tiene ningún apoyo legal la pretensión de que el personal laboral indefinido, no fijo, al que se le haya reconocido esta cualidad por sentencia, se le garantice un tiempo de permanencia en sus puestos, mediante el mecanismo de no incluirlos en las primeras ofertas públicas de empleo". Así, a este personal solo le reconoce "el derecho a permanecer en su puesto de trabajo mientras no sea cubierto".

La demanda de la Asociación Anil exigía la nulidad del acuerdo de estabilización del empleo público por causas de forma y de fondo. Concretamente, denunciaban que este pacto "no ha sido publicado" y es "ineficaz", además de considerar que el ministro de Hacienda y Función Pública "no tiene facultades para obligarse en nombre del Gobierno ni haber sido sometido a previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

En cuanto a los motivos de fondo, esta asociación asegura que el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos "discrimina al personal interino que ha prestado durante mucho tiempo servicios para la Administración" porque "se le impone superar una fase de oposición para el acceso a la función pública como funcionario de carrera".

También aseguran que "se discrimina al personal indefinido no fijo, contratado antes del 1 de enero de 2005" porque "se obliga a incluir en la oferta de empleo público todas las plazas ocupadas por este personal, y se fija como sistema de selección el concurso-oposición". Además, la asociación de interinos reclama una indemnización para los empleados indefinidos no fijos que no obtengan plaza en las respectivas convocatorias de provisión de los puestos que ocupan.
(La Vanguardia, 07-11-2019)

Primer despido por bajas intermitentes pero justificadas
La multinacional especializada en la atención telefónica Atento ha despedido a la presidenta del comité de empresa de su centro de Lleida por bajas intermitentes pero justificadas. La compañía ha invocado el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, avalado la semana pasada por el Tribunal Constitucional, para aplicar un despido objetivo sobre la sindicalista de UGT, tal como constata la carta de.

El comité de empresa ha emitido un comunicado firmado por todas las centrales representadas en el que tacha el cese de "represión sindical", expresa su rechazo y exige su readmisión. Atento, por su parte, ha negado cualquier vinculación entre el despido y la actividad sindical de la trabajadora, se ha reafirmado en que el procedimiento empleado se ajusta a la legalidad y lo ha calificado de "un caso más de despido objetivo".

La cesada fue baja durante 18 días, de manera intermitente, entre los meses de marzo y abril, lo que representa el 42,9% de las jornadas hábiles en un periodo de dos meses. Dicho porcentaje excede el 20% en un plazo de 60 días, tal como contempla el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, y habilita la aplicación de un despido objetivo, la modalidad de menor coste para la empresa (sin contar el disciplinario, que no implica indemnización). Según cálculos de la propia compañía, comunicados a la trabajadora despedida, durante los últimos 12 meses la cesada únicamente faltó esos 18 días entre marzo y abril.

El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores ha saltado a la primera plana mediática después de que el Tribunal Constitucional avalara su legalidad el pasado 29 de octubre. Este artículo fue uno de los modificados en la última reforma laboral del PP, en el 2012. El caso que llegó hasta el alto tribunal y sobre el que unificó doctrina, que ya imperaba en otras instancias como el Tribunal Supremo, fue también el de una mujer trabajadora y empleada en el sector de la atención telefónica.
(El Mundo, 07-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

Guindos pide a los bancos más capital y prudencia con los dividendos
Los bancos de la eurozona podrían verse obligados a contar con mayores colchones de capital para absorber pérdidas y poder así hacer frente a una potencial crisis sin desencadenar una crisis de crédito (credit crunch) que agravase los efectos de la recesión, según señaló ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, durante un foro de supervisión bancaria celebrado en Fráncfort.

“Incluso si consideramos adecuado el nivel de capital, aún parece existir margen para contar con una mayor proporción de capital en forma de colchones contracíclicos”, ha cuestionado el banquero español en su discurso de apertura del acto, en el que también han participado el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, y el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa.

Guindos recordó que solo estos colchones de capital contracíclicos serían liberados durante una crisis, puesto que las entidades buscan preservar el resto de reservas macroprudenciales de capital para no incumplir las exigencias del supervisor de cara a poder repartir dividendos.

De este modo, incluso en caso de crisis sistémica, los bancos pueden verse incentivados a vender activos y desapalancarse en vez de recurrir a estos colchones de capital que rebajarían su umbral máximo de distribución, desembocando así en una crisis de crédito que agravaría procíclicamente los efectos negativos de la recesión.

Asimismo, el vicepresidente del BCE defendió que el espacio de capital liberado al retirar la exigencia de un colchón de capital contracíclico ante un deterioro económico debería emplearse en apoyar a la economía en vez de “satisfacer la demanda de dividendos de los accionistas”.

El vicepresidente del BCE advirtió de que solo 7 de los 19 países de la zona euro han activado estos colchones contracíclicos (entre los que no está España) y el mecanismo sigue representando una cantidad de capital “muy limitada” en relación al resto de requerimientos. “El limitado capital disponible para ser liberado restringe el margen de maniobra de las autoridades macroprudenciales, lo que dificulta el apoyo a la economía en caso de una recesión grave”, apuntó Guindos, para quien resulta legítimo cuestionar si el sistema bancario cuenta con colchones de capital que pueda ser empleado suficientemente grandes.

El Banco de España prefiere que sea cada banco el que eleve su capital voluntariamente, sin necesidad de activar el colchón anticíclico. Pese a ello, no descarta hacerlo en los próximos trimestres, aunque no se activarían hasta 2021, según apuntó la semana pasada. Fuentes de esta institución declararon que podría activarlo “en la primera mitad del 2021”, en espera de que la banca española captara antes el capital adicional. Pero también avisó de que, si la crisis se vuelve más dura de lo que inicialmente se estima, se produciría una “revisión de esta valoración”.

En la actualidad solo tienen activado ese colchón Alemania, Francia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Eslovaquia y Bélgica, con un recargo de capital del 0,25 a los 2 puntos.
(Expansión, 07-11-2019)

La banca privada ya cobra por los depósitos de particulares en España
Las grandes entidades de banca privada internacional ya cobran a sus clientes de altos patrimonios en España por sus depósitos. Hace un par de semanas ningún banco quería ser el primero en anunciar que cobraría por el dinero aparcado en el BCE, pero las circunstancias ahora son radicalmente distintas: ninguno quiere asegurar que no va a cargar a sus clientes con la tasa que estipula el BCE por la liquidez sobrante.

La mayor parte de las firmas internacionales de banca privada ya aplica una tasa estándar del 0,5% a determinados clientes por sus depósitos domiciliados en España. Y los que no, han elegido el primero de enero de 2020 para empezar a hacerlo. En todo caso, como es habitual con cualquier cambio en las condiciones de los servicios ofrecidos, la banca internacional ha empezado a remitir cartas o emails a sus clientes, informándoles del cobro mensual por la parte de su patrimonio que custodian en efectivo.

La respuesta de los clientes no se ha hecho esperar. La llegada de las cartas ha desatado un baile de clientes de unas entidades a otras, para trasladar su saldo en depósitos y mantener su ahorro a coste cero. Los clientes con elevada liquidez han dejado de ser rentables y éste ha sido el detonante para que se haya acelerado la decisión por cobrar por el efectivo de grandes fortunas en el mercado español.

Y es que, hasta ahora, solamente Credit Suisse, UBS y UniCredit habían comunicado abiertamente su decisión de aplicar una tasa sobre los depósitos de sus grandes clientes. Aunque no habían especificado en qué mercados, los bancos suizos Credit Suisse y UBS ya han trasladado su decisión al mercado español (el banco central de Suiza tiene los tipos de interés en el -0,75%).

En menos de dos semanas se ha unido a ellas el resto de bancos internacionales con divisiones de banca privada. "A partir de determinada cantidad, los depósitos comienzan a suponer un lastre y para las entidades que gestionan altos patrimonios es muy caro mantener depósitos", explica el responsable en España de un importante banco especializado en altos patrimonios.

Todas las entidades coinciden en gravar exclusivamente a partir los 100.000 euros en depósitos, aunque algunas están elevando el suelo en función de la vinculación del cliente. Por ejemplo, hay entidades que varían el coste, según los clásicos servicios que la banca privada ofrece a cada cliente, como asesoramiento, o contratos discrecionales.

Los bancos españoles estaban esperando un primer paso de una de las grandes entidades (Santander, CaixaBank o BBVA) que provocara el efecto arrastre o dominó en el resto. Finalmente, han sido los grandes bancos extranjeros los que han tirado la primera piedra y en el sector aseguran que a partir de enero todos cobrarán ya por grandes depósitos.

Los bancos españoles con importantes divisiones de altos patrimonios aseguran no haber tomado por el momento ninguna decisión en firme. Pero también han transformado su discurso en solamente un mes. Hoy ninguno niega rotundamente que vaya a cobrar a clientes particulares con altos patrimonios aparcados en cuentas. La semana pasada, los grandes ejecutivos de los bancos del Ibex empezaron a calificar como "inevitable" cobrar por determinados depósitos y abrían la puerta a gravar la liquidez de "grandes clientes".
(Expansión, 07-11-2019)

La producción industrial marca en septiembre su segundo mejor dato del año, con un alza del 3,1%
El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 3,1% en septiembre en relación al mismo mes de 2018, su segundo mejor dato del año tras el de julio, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el avance interanual de septiembre, la producción industrial regresa a tasas positivas después de haber retrocedido en agosto un 0,8%.

No obstante, corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió sólo un 0,8% respecto a septiembre de 2018, tasa seis décimas inferior a la registrada en agosto. Con este repunte, la producción industrial en tasas corregidas encadena seis meses consecutivos de avances interanuales. En tasa mensual (septiembre sobre agosto), la producción industrial disminuyó un 0,8% eliminando los efectos estacionales y de calendario, frente al avance mensual del 0,6% que experimentó en agosto y al retroceso del 0,3% de un año antes.

La tasa anual de la producción industrial aumentó en 12 comunidades autónomas y disminuyó en las otras cinco. Los mayores incrementos se produjeron en Comunidad Foral de Navarra (14,5%), La Rioja (10,5%) y Región de Murcia (10,3%). Y los mayores descensos en Islas Baleares (-8,6%), Principado de Asturias (-7,0%) y Cantabria (-2,9%). Esta semana, se conoció el indicador adelantado del PMI manufacturero, que asegura que el sector ha acentuado su moderación en octubre.

En concreto, este índice se ha situado en los 46,8 puntos en octubre, frente a los 47,7 puntos de septiembre. Si permanece por encima de los 50 puntos significa expansión en el sector, mientras que si está por debajo supone contracción.
(El País, 07-11-2019)

 
 
 
 
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