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NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 8 DE NOVEMBRE DE 2019

Mercantil, Civil i Administratiu

Reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles
Real Decreto 596/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles.
(BOE, 08-11-2019)

Modificación del anexo I por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica el anexo I de la de 16 de noviembre de 2011, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
(BOE, 08-11-2019)

Euro
Resolución de 7 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 7 de noviembre de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
(BOE, 08-11-2019)

Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios
Resolución de 4 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 08-11-2019)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/index.php?s=3

 

NOTÍCIES DE PREMSA DEL 8 DE NOVEMBRE DE 2019 

Fiscal

La armonización fiscal de Sánchez costaría 5.900 millones a los madrileños
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha declarado la guerra al modelo de baja fiscalidad de la Comunidad de Madrid en aras de una armonización tributaria que, en la práctica, supondría un alza masiva de impuestos en la región. El consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, cuantificó ayer el impacto de la cruzada fiscal de Sánchez: un mazazo de 5.904 millones para el bolsillo de los contribuyentes madrileños.

El mayor mordisco provendría de la armonización de Sucesiones y Donaciones, tributo en la actualidad bonificado al 99% en Madrid, y que representaría un alza de 3.332 millones. La equiparación de Patrimonio, bonificado en su totalidad, supondría una subida de 1.100 millones, mientras que los madrileños abonarían 780 millones más por la posible armonización del IRPF, que ayer adelantó el asesor económico de Sánchez, Manuel de la Rocha, y otros 692 millones de euros por la del AJD.

Fernández-Lasquetty aseguró en declaraciones que "una victoria de Pedro Sánchez sería para los madrileños doble ronda de subida de impuestos. Una, la de todos los españoles: 1.000 euros al año más de impuestos. La segunda, sólo para los madrileños: 5.900 millones, o lo que es lo mismo, 2.000 euros más por contribuyente, que es lo que costaría armonizar para Madrid los impuestos de las comunidades autónomas socialistas". Y es que el Ejecutivo madrileño ha tomado como referencia los modelos fiscales de otras comunidades en las que gobierna el PSOE, en algunas, con Podemos, donde la presión fiscal es muy superior.

Así, los valencianos y asturianos (cuyo presidente, Adrián Barbón, llegó a calificar la rebaja fiscal prometida por el PP madrileño como "el mayor ataque que yo he visto a la Constitución en tiempo") afrontan el pago de un tipo del IRPF del 48% (incluidos los tramos estatal y autonómico), mientras que aragoneses y extremeños pagan un 47,5%, todos ellos muy por encima de 43,5% de Madrid, que el gobierno de Ayuso se ha comprometido a rebajar en medio punto en esta legislatura. Como muestra, un botón: un contribuyente madrileño con dos hijos paga 77,74 euros menos que un asturiano si tiene 20.000 euros de renta y 235,46 euros menos si sus rentas ascienden a 45.000 euros.

Las diferencias son abismales en relación a otros tributos: un asturiano que heredase bienes por 800.000 euros debería abonar más de 103.000 euros por Sucesiones y Donaciones (ver gráfico adjunto); un castellanoleonés, 81.018 euros; un madrileño, en cambio, apenas pagaría 1.586 euros.
(Cinco Días, 08-11-2019)

Calviño insiste en que el PIB de España crecerá al menos el 2% pese a la revisión de Bruselas
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, afirmó este jueves que la previsión de que la economía española crecerá por debajo del 2 % no se corresponde con la realidad del país, después de que la Comisión Europea haya rebajado este jueves su proyección de avance del PIB español al 1,9%.

"Sobre la base de los datos y la información que tenemos en este momento, para que la economía española cerrarse 2019 con un crecimiento inferior al 2 % tendríamos que estar viviendo una realidad en nuestro país que no se corresponde en absoluto con los indicadores que estamos recibiendo", dijo Calviño a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

Declaraciones de la ministra al ser preguntada por las previsiones macroeconómicas publicadas hoy por la Comisión, que han rebajado en cuatro décimas el crecimiento de la economía española en 2019, al 1,9 %, por debajo del 2,1 % que proyecta el Gobierno.

Calviño instó a no "caer en la sobrerreacción" ante este empeoramiento y destacó que la Comisión Europea no ha tenido en cuenta en su evaluación los datos estadísticos más recientes, en concreto los datos de crecimiento de la contabilidad nacional del tercer trimestre ni las cifras de afiliación a la Seguridad Social de octubre.

La ministra consideró que "en términos generales la previsión de la Comisión está muy alineada con las previsiones del Gobierno" y subrayó que apunta a que la economía española crecerá a tasas "significativamente superiores" a las de los grandes países de la Unión Europea.

A juicio de Calviño, las previsiones de Bruselas "tienen que llevarnos a reforzar la confianza" puesto que, además del crecimiento superior a la media, "los fundamentos del crecimiento son más equilibrados" que en el pasado.

Igualmente, apuntó a que no se están registrando burbujas inmobiliarias como antes de la crisis, está aumentado la tasa de ahorro, la demanda interna se está recuperando y el sector público y privado han reducido su deuda en los últimos años.

La ministra recordó que, mientras que en primavera la mayoría de organismos internacionales mejoraron las previsiones para España, el Gobierno no lo hizo previendo ya que en otoño habría "focos de incertidumbre" por el "brexit" y la sentencia del "proceso".

"La inestabilidad política, la tensión social que se ha vivido estos últimos dos años no crea un marco muy favorable para el crecimiento y la inversión", dijo Calviño, quien añadió que los disturbios de las últimas semanas en Cataluña tampoco contribuyen.

Aunque el impacto de esta inestabilidad en el conjunto de España "no ha sido material -añadió-, no resulta descabellado pensar que nuestro país hubiera tenido un crecimiento incluso superior al registrado si no hubiéramos tenido este factor de inestabilidad".

Desde el punto de vista fiscal, Calviño apuntó que el análisis del Gobierno sobre el déficit estructural "no se corresponde en absoluto" con el de la Comisión Europea, que prevé que este desvío suba dos décimas, al 3,1 %, este año y al 3,2 % en 2020. Y destacó que la política fiscal española "tiene un tono neutro" que se corresponde con el hecho de que haya unos presupuestos prorrogados y con la "realidad" del país.

Insistió además en que prevén respetar su objetivo de déficit público nominal del 2 % este año (la Comisión estima que se irá al 2,3 %) y doblar el ritmo de reducción de la deuda pública, que se ha bajado dos puntos en tres años.
(El País, 08-11-2019)

El Tribunal de la UE avala el impuestazo a las nucleares
La factura de los residuos nucleares es muy cara y Endesa e Iberdrola deberán seguir sufragando su gestión a razón de casi 300 millones de euros al año. El Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado este jueves que el impuesto aprobado por el Gobierno español en 2012 para obligar a algunas eléctricas a colaborar financieramente en la gestión de los residuos nucleares es compatible con la normativa europea.

El breve y contundente veredicto rechaza los argumentos esgrimidos por las dos eléctricas y por la patronal del sector (UNESA), que acusaban al Gobierno de haber violado la directiva europea del mercado eléctrico al introducir un impuesto discriminatorio hacia algunas compañías.

Las propietarias de las centrales nucleares españolas se consideraban maltratadas en relación con otras empresas del sector al verse sometidas a un tributo adicional para cubrir el llamado déficit de tarifa (diferencia entre el pago de los consumidores y el coste del suministro). Pero los jueces europeos, en respuesta a una consulta prejudicial del Tribunal Supremo español, han fallado que "el principio de no discriminación previsto en la Directiva no se opone a la normativa española".

El Tribunal con sede en Luxemburgo ni siquiera considera relevante el hecho de que el principal objetivo del impuesto español no sea paliar las consecuencias medioambientales de los residuos sino pura y simplemente aumentar los recursos financieros del sistema eléctrico. El veredicto apunta que esa aparente desviación de la finalidad no es incompatible con la norma europea porque la Directiva no busca establecer un marco para las disposiciones fiscales de los Estados.

Las dos grandes eléctricas pierden así una batalla con la que esperaban paliar el coste de unas divisiones nucleares cuyos ingresos han caído en los últimos años mientras la factura fiscal va en aumento. El envejecimiento del parque nuclear y la proximidad de su posible desmantelamiento agravan la perspectiva de una actividad que, sobre todo para Iberdrola, arroja un saldo crecientemente negativo.

El Tribunal Supremo tampoco sale bien parado, porque tres de las cinco cuestiones remitidas a Luxemburgo encaminaban el procedimiento hacia la verificación del principio de que "quien contamina, paga", que hubiera favorecido a Iberdrola y Endesa dado el carácter puramente recaudatorio del impuesto nuclear y su escasa vinculación con el objetivo medioambiental.

Pero los magistrados europeos recuerdan al Supremo que ese principio está recogido en el artículo 191 del Tratado de la UE, mientras que la directiva eléctrica se aprobó en base al artículo 175. El Tribunal, en consecuencia, rechaza las preguntas relativas al "quien contamina, paga" que hubieran permitido a Iberdrola y Endesa reivindicar el presunto carácter discriminatorio del impuesto.

El fallo zanja, a nivel europeo, una larga saga judicial iniciada en 2013 ante la Audiencia Nacional con un recurso contra la Orden ministerial que aprobó el modelo para la autoliquidación del "Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica".

La Audiencia Nacional rechazó la impugnación, pero las eléctricas recurrieron en casación ante el Supremo. Y el caso daba un aparente giro favorable a las eléctricas, que podían albergar esperanzas de que se anulase el impuesto. El Supremo, según la sentencia leída este jueves en Luxemburgo, consideraba que "la libre competencia en el mercado de la electricidad se ve falseada si determinadas empresas quedan sometidas a tributación por su forma de producción, aunque el impuesto no grave directamente la propia producción de electricidad ni la electricidad producida, sino el combustible y los residuos, y el almacenamiento de los medios utilizados para ello, sin una justificación objetiva".

Las esperanzas de las eléctricas empezaron a disiparse en mayo de este año, cuando un dictamen previo a la sentencia, elaborado por Gerard Hogan, uno de los Abogados Generales del Tribunal Europeo, ya apuntaba a la compatibilidad de la norma española con la directiva comunitaria. El veredicto ha confirmado esa tesis, lo que deja una importante factura para Iberdrola y Endesa más allá de las costas judiciales.
(El País, 08-11-2019)

Laboral

Bruselas alerta de un frenazo brusco del empleo en 2020: crecerá menos de la mitad
La Comisión Europea ha derramado sobre el Gobierno de Pedro Sánchez un jarro de agua fría a solo tres días de las elecciones generales. Bruselas ha actualizado sus previsiones de crecimiento y, además de la rebaja de la estimación de PIB para España, lo más preocupante es el frenazo del empleo que anticipa. Una estimación que va en sentido contrario a la del Ejecutivo, que prevé una desaceleración lenta del empleo que todavía permitirá crear más de 360.000 puestos de trabajo al año.

La Comisión Europea teme que el crecimiento del empleo en España pase del 2,2% de este año al 1% en 2020 (medido en empleo equivalente a tiempo completo). Si se cumple esta previsión significaría que España pasaría de crear 412.000 empleos en 2019 a apenas 184.000 en 2020. O lo que es lo mismo, la creación de empleo caería a menos de la mitad.

Estas cifras muestran claramente que Bruselas prevé un duro frenazo del empleo en España para 2020 una vez que la desaceleración económica global impacte en la confianza de los hogares y las empresas. Esta estimación de crecimiento del empleo es justo la mitad de la que mantiene el Ejecutivo, que en octubre comunicó a Bruselas que estima un avance del empleo del 2%. Eso significa que Bruselas prevé que España creará unos 180.000 empleos menos de los que estima el Gobierno.

De esta forma, la Comisión Europea estaría alertando de que el empleo frenará mucho más rápido que el PIB el próximo año, ya que la demanda externa permitirá mantener un cierto dinamismo al sector exportador. Eso sí, de cumplirse las estimaciones de Bruselas se confirmaría que una vez que España crece menos del 2% se ralentiza significativamente el empleo. Aunque, eso sí, seguiría aumentando.

La brusca ralentización del empleo supondría también un frenazo en el ajuste del desempleo. Si se crean menos empleos y, además, aumenta la población activa, el resultado es que apenas se podrá reducir la tasa de paro. La Comisión Europea prevé que España cierre el ejercicio con un desempleo del 13,9%, en línea con la previsión del Gobierno y un punto y medio inferior al cierre de 2018. Sin embargo, para 2020 estima que la tasa de paro apenas caerá hasta el 13,3%, un ajuste de solo seis décimas. Esta previsión de Bruselas sitúa el paro un punto por encima de la estimación del Gobierno.

Y la situación no mejoraría de cara a 2021, año para el que la Comisión Europea prevé un avance del empleo de solo el 0,8%, lo que supondría menos de 150.000 empleos nuevos. Por su parte, la tasa de paro se situaría en el 12,8%, esto es, medio punto por encima de lo que prevé el Gobierno para 2020. Una brecha muy amplia que evidencia la gran incertidumbre sobre la evolución económica para los próximos meses.

En julio, cuando la Comisión Europea publica sus previsiones de verano, parciales y menos específicas que las de otoño y primavera, Bruselas ya alertó de que “la creación de empleo se ralentizará, pero continuará expandiéndose de forma robusta, permitiendo nuevas reducciones en la tasa de desempleo”. En las previsiones de primavera, publicadas en mayo, el Ejecutivo comunitario esperaba que la creación de empleo en 2019 se situara en el 2%, y Bruselas era más optimista respecto al futuro: esperaba que se mantuviera en el 1,7% en 2020.

La ralentización del empleo no impedirá que el crecimiento de la renta de los hogares se frene en los próximos meses. La Comisión Europea prevé que España mantenga la subida salarial acordada por los agentes sociales en el IV AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), de modo que los trabajadores lograrán importantes ganancias de poder adquisitivo, dado el reciente parón de la inflación, que se estanca en el entorno del 1%. En concreto, Bruselas estima que la remuneración crecerá un 2,4% en 2019, un 2,2% en 2020 y un 2,1% en 2021.
(El Mundo, 08-11-2019)

Mercantil, Civil i Administratiu

El Banco de España considera inevitable que la banca baje costes
La baja rentabilidad se ha establecido en el sector financiero como un mal que ya parece crónico. Desde que estalló la crisis financiera en 2008 hasta hoy la banca no ha logrado recuperar el coste de capital para el inversor. La solución para que remonte es complicada y la cada vez mayor regulación, nuevos competidores como las fintech, la ralentización de la economía, los bajos o incluso negativos tipos de interés, o el aún lastre de los activos adjudicados y la como la pérdida de la confianza hacen más enrevesado a la banca conseguir rentabilizar su negocio.

Ángel Gavilán, responsable de la división de análisis financiero del Banco de España, añadió a estos retos el hecho de que aún hay un importante nivel de activos improductivos que tienen un impacto negativo en la cuenta de resultados (unos 40.000 millones de euros), a los que acompaña una caída de los ingresos del 30% desde el inicio de la crisis por un desapalancamiento intenso del sector privado no financiero, que se había endeudado en los años precedentes a la crisis. Por ello, el directivo del Banco de España apuntó que los gastos de explotación se han reducido en menor medida que los ingresos, lo que ha deteriorado la eficiencia.

Recordó que el número de entidades registradas ha pasado de 122 a comienzos de la crisis a 61 al finalizar 2018, el empleo se ha ajustado un 30% y la red de sucursales, un 40%. En este escenario, aseguró que todavía existe “un amplio margen de mejora” y que sería “fundamental” intensificar la racionalización de los costes de explotación. “Este proceso podría requerir, en algunos casos, avances adicionales en el proceso de consolidación”, señaló, para insistir en que la banca debe buscar mayor rentabilidad y fuentes alternativas de ingresos. Gavilán participó ayer en la presentación de un informe del Instituto Español de Analistas Financieros y su Fundación (IEAF-FEF), sobre los retos del sector financiero.

Gavilán también recordó que la banca española está a la cola en ratio de solvencia en Europa. Y como hizo un día antes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, el directivo del Banco de España reclamó más capital a las entidades. “Es importante que la banca española siga subiendo su capital”, advirtió. Otros expertos que han participado en este informe también coincidieron con Gavilán y reclaman al sector reducir el número de oficinas. El director adjunto de investigación del IVIE, Joaquín Maudos, afirmó que a las entidades les “resultaría difícil cobrar por los servicios si la imagen no mejora”.

También explicó que la reducción de los costes está pendiente, sobre todo si se tiene en cuenta que España tiene la mayor densidad de red, con 1.693 habitantes por oficina frente a los 2.579 de la Unión Europea, y las sucursales más pequeñas, en las que trabajan de media 6,7 empleados frente a los 13,6 empleados de la UE.
(Cinco Días, 08-11-2019)

El Ibex echa el freno a sus máximos y a la subida semanal
Las Bolsas europeas apuntan a una corrección. La presunta oposición interna en Washington a retirar aranceles invita a la toma de plusvalías. Esta mayor cautela activa el freno en el Ibex, que en una jornada sin resultados de calado mantiene aún un amplio margen para cerrar la semana en positivo.

Los inversores aplacan su última oleada de compras, que alcanzó ayer a Europa y EEUU. La renta variable ha tenido ya más problemas esta mañana para prolongar la estela alcista. El Nikkei de Tokio ha repuntado un 0,26%, mientras que la Bolsa de Shanghai ha finalizado con descensos del 0,50%.

El optimismo comercial dio paso ayer a la esperanza no sólo de la firma de una primera fase del acuerdo entre EEUU y China. El mercado dio por buenas las expectativas de una posible retirada de aranceles. Este entusiasmo se modera en mayor medida en la jornada de hoy, en medio de informaciones que apuntan a una fuerte oposición interna en el Gobierno de Donald Trump a dar marcha atrás a los aranceles vigentes.
(Cinco Días, 08-11-2019)

El Supremo alivia a los contratistas que sufren la morosidad del sector público
El Tribunal Supremo (TS) ampara a los contratistas que sufren la morosidad del sector público y establece que los intereses de demora sí son reclamables después de la liquidación, lo que les permitirá cobrar cantidades millonarias y que llega en un momento en el que la morosidad de las Administraciones Públicas se está incrementando exponencialmente. Así lo estipula en una sentencia, que da la razón a una constructora cordobesa frente a la Junta de Extremadura, y reconoce su derecho al cobro de intereses de demora por el retraso en el pago de certificaciones de obra después de la liquidación del contrato.

El Supremo tiene pendiente otro caso similar con lo que, si vuelve a fallar lo mismo en los próximos meses, sentará jurisprudencia. Esta sentencia anula la del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) que entendió que la reclamación de tales intereses había sido extemporánea, pues se presentó con posterioridad a la liquidación del contrato, sin que dicha empresa hubiese opuesto ninguna objeción o reserva a dicha liquidación. La Administración no discutió la demora ni la cuantificación de los intereses reclamados.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo se posiciona a favor de los contratistas en el debate sobre cuál es el plazo para reclamar intereses de demora por el pago extemporáneo de certificaciones de obra en aquellos casos en los que la el contratista reclama los intereses después de la liquidación del contrato.

Algunas Administraciones, como la Junta de Extremadura, consideran que desde el momento en el que se produce la liquidación formal de una obra, sin recurso ni reserva por parte del contratista, éste pierde el derecho al reconocimiento de intereses de demora por el pago tardío de las certificaciones de obra que se habían ido expidiendo durante la vida del contrato, con la única excepción del reconocimiento de intereses por la certificación de liquidación en el caso de que la Administración también se retrase en el pago de la liquidación.

De esta forma, consideran que la aceptación y firma de la liquidación por parte del contratista supone su renuncia a cualquier reclamación, incluida la de intereses de demora por los retrasos en el pago de las certificaciones. En el otro extremo del debate se sitúan los contratistas y tribunales como la Audiencia Nacional -y ahora el Supremo-, que entienden que los intereses de demora se generan por ley, de forma automática, y pueden ser reclamados y reconocidos con posterioridad a la liquidación, siempre que se haga en el plazo de prescripción de cuatro años.

El Tribunal Supremo ha zanjado ahora la cuestión y ha "dado un paso más en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y en la protección a los contratistas en su relación con las Administraciones Públicas, al sostener la legalidad de la segunda interpretación jurídica, que, dicho de paso, se basaba en el criterio sentado por dicho tribunal en aquellos casos en los que se reclamaban intereses en obras no liquidadas formalmente, en los que determinaba que el plazo de prescripción de cuatro años no se debía computar individualmente desde la emisión de cada una de las certificaciones de obra, sino que debía computarse de forma unitaria desde la liquidación definitiva del contrato o desde el último acto contractual, por ejemplo la devolución de las garantías entregadas por el contratista para responder del buen fin de la obra.

Así, en los casos en los que no había una liquidación formal de la obra, no prescribían las reclamaciones de los contratistas", señala Alejandro Ramos Calvet, asociado del Departamento de Derecho Público de Zaforteza & Romero Rey. Este abogado señala que "esta doctrina del Supremo resulta de aplicación universal, con independencia de cuál sea la normativa de contratación pública aplicable al caso concreto".
(Expansión, 08-11-2019)

China y EEUU acuerdan retirar los aranceles de forma progresiva
"La guerra comercial comenzó con aranceles y debería terminar con su cancelación", ha señalado hoy Feng, según informa la agencia Reuters. El portavoz del ministro no ha dado detalles sobre el calendario para aplicar este acuerdo, pero sus palabras han tenido un impacto inmediato en los mercados europeos. "En las últimas dos semanas, los negociadores de ambas partes han mantenido discusiones serias y constructivas para resolver varias cuestiones clave", ha explicado Feng.

"Ambas partes han acordado cancelar aranceles adicionales en distintas fases ya que está habiendo progresos en las negociaciones", ha añadido. La proporción de aranceles eliminados por ambas partes para una "primera fase" del acuerdo deberá ser equivalente, pero el número de cancelaciones puede ser negociado, ha indicado. Antes de este anuncio, una fuente había revelado a Reuters que los negociadores chinos estaban presionando a Estados Unidos para que "eliminara todos los aranceles tan pronto como sea posible".

El acuerdo definitivo podría ser firmado en el plazo de un mes por el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un lugar que todavía no ha sido elegido. Esta misma fuente considera que una de las ciudades candidatas es Londres, donde ambos mandatarios podrían coincidir el próximo tras la reunión de la OTAN que se celebrará en la capital británica el 3 y 4 de diciembre.
(El Mundo, 08-11-2019)

 
 
 
 
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